¿En qué consiste el derecho a elegir el canal a través del cual nos dirigimos a la Administración?

Valga el presente como un homenaje a la difunta Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los. Servicios Públicos (LAESP), una de las leyes más incumplidas de la Historia, y cuya aplicación hubiera tenido como consecuencia la fácil implantación del ¿nuevo? procedimiento electrónico que según algunos inventa la Ley 39/2015. Sigue leyendo

Propuestas de TI-España sobre la Proposición de Ley Integral contra la corrupción

Transparencia Internacional España ha elaborado un conjunto medidas o propuestas para mejorar la Proposición de Ley Integral contra la corrupción, actualmente en el Congreso de los Diputados, ya que aunque valora positivamente sus contenidos, entiende que el texto adolece de ciertas lagunas y limitaciones en lo relativo a protección de denunciantes contra la corrupción, que propone subsanar a través de estas recomendaciones o enmiendas a dicha Proposición de Ley.

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¿Cómo podemos realizar los pagos a la Administración por la vía electrónica?

Ante todo: tal posibilidad existe. Que no le envíen al banco a guardar una segunda cola. Según la Ley de procedimiento, podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos, como tasas e impuestos, a las Administraciones Públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios (art. 17.6).  Sigue leyendo

Cómo recuperar el PIN de su DNI electrónico

Como adelantamos en ¿Qué es cl@ve?, el PIN es la contraseña personal que, una vez comprobada por el microprocesador incluido en el chip, nos permite el acceso a las funcionalidades disponibles en el DNI. Si lo ha perdido, lo quiere cambiar o por algún otro motivo no lo recuerda puede resultarle útil la siguiente información. Sigue leyendo

¿Puede el Ayuntamiento grabar las conversaciones que mantiene con los ciudadanos?

En ocasiones dos personas no tienen la misma versión de los hechos de un mismo suceso, como no la tienen de una misma conversación. ¿Cómo demostrar, pues, que el funcionario ha atendido correctamente? Para empezar defendemos la presunción de que, ante versiones contradictorias, prevalece la del servidor público. Esto es así en numerosas ocasiones ex lege, como en el ejercicio del ius interpretandi, potestad por la cual la Administración puede imponer su interpretación del tenor literal de un contrato o la presunción de veracidad de los hechos plasmados en documento público por los funcionarios que tienen la condición de autoridad (valgan como ejemplo los “partes” de la policía), con la base legal del art. 77.5 de la Ley de procedimiento.

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