Entrevista con Carlos Alberto Zapata Cárdenas, Director del @ArchivoGeneral

Con el convencimiento de la importancia del benchmarking, la práctica comparada (como jurista me agrada el estudio también del Derecho comparado), y sobre todo la perspectiva de conjunto de fenómenos mundiales como la economía, el municipalismo y la administración electrónica, hoy tenemos a bien publicar nuestra entrevista con Carlos Alberto Zapata Cárdenas, Director del @ArchivoGeneral de Colombia (web oficial), realizada y publicada hace unos dos años en el apartado de “entrevistas a expertos de todo el mundo” dentro de la obra “MANUAL PARA LA GESTIÓN INTELIGENTEDEL AYUNTAMIENTO. Hoja de ruta hacia la Administración Inteligente: de la Administración Electrónica a la Inteligente, y más allá” (El Consultor. Madrid 2014).

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La potestad reglamentaria de los Ayuntamientos

Vaya por delante, por si hubiera dudas, que los Ayuntamientos pueden (y deben) dictar normas: las ordenanzas (como las ordenanzas fiscales), los reglamentos (como el reglamento orgánico), las cartas de participación ciudadana, el plan general, el presupuesto, las bases de ejecución del presupuesto, las bases de subvenciones o de oposiciones, los pliegos de contratos, los convenios laborales y pactos de funcionarios, etc… Estas normas o cuasinormas, tienen una vocación reguladora, eficacia erga omnes, y en definitiva naturaleza reglamentaria. Los reglamentos son un tipo de norma y como tales forman parte del ordenamiento jurídico. Dicho esto la pregunta que surge es: ¿tiene sentido (y utilidad) la potestad reglamentaria en los Ayuntamientos?

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¿Son titulares las personas jurídicas del derecho fundamental “al honor”?

En un momento en que algunos cargos públicos exhiben una total inmadurez  y falta de templanza en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en RRSS, no es de extrañar que el resto de las personas se hayan dejado llevar por una especie de espiral de improperios que, más allá de los insultos concretos a determinadas personas, está provocando una situación que hemos detectado y que calificamos al mismo tiempo de lamentable y “jurídicamente interesante”: las injurias a las instituciones, a las personas jurídicas públicas y privadas. Observando esta realidad nos surge la siguiente reflexión legal, que como siempre compartimos.

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Conozca la LSSI, una ley tan importante como desconocida

La ley española no es generosa a la hora de regular las cuestiones propias de esa expresión precisamente impropia que es la de “Derecho de las TIC”, toda vez que el Derecho sigue siendo lo mismo, y las TIC no son una nueva rama, sino un nuevo formato en el que se producen hechos con relevancia jurídica. Sé que “Conozca la LSSI, una ley tan importante como desconocida” suena a más al anuncio que inaugura el corte publicitario y que nos fastidia el final de la película, que a reflexión jurídica seria, pero les prometo que es decididamente esto último, o al menos lo pretende.

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Trámites electrónicos: la pelota está en el tejado de la administración (no del ciudadano)

Si me dieran un euro por cada vez que me han dicho que la administración electrónica perjudica a las señoras de 85 años sería rico; y si me dieran un dónut (y me lo comiera) sería el hombre más gordo del mundo. Pero el problema, señores resistentes al cambio, no lo tiene la pobre señora mayor (por cierto, ¿por qué no un señor de 53?), sino la administración, y los más tozudos de entre sus empleados, porque aún no ha interiorizado que esta tiene obligaciones, mientras que la señora tiene derechos, como el “derecho a no ser electrónica”. Ese es un lujo que ni la administración ni sus empleados se pueden permitir.

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Novagob 2015 – II Congreso Iberoamericano de Innovación Pública

Novagob 2015

Presentamos novagob 2015 | II Congreso Iberoamericano de Innovación Pública www.congresonovagob.com, promovido por el Cabildo de Tenerife, y organizado por la Universidad de la Universidad de La Laguna a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna y NovaGob – La Red Social de la Administración Pública www.novagob.org, junto con el patrocinio de cuatro organizaciones referentes del sector público como la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), AYTOS, la Fundación Democracia y Gobierno Local y el Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM).

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13 conceptos esenciales para comprender la contratación pública electrónica

Una vez más pensamos que procede una entrada divulgativa, de acercamiento de las complejidades jurídico técnicas de la administración al gran público, empezando en este caso por los nuevos responsables públicos. Quizá algunos de ustedes hayan “oído campanas” sobre la llamada contratación electrónica pero ¿qué es realmente? ¿Y comercio electrónico? ¿Qué diferencia hay entre licitación electrónica y subasta electrónica? ¿Todos estos términos son sinónimos? Para comprender de qué estamos hablando de una manera inicial pero ya bastante aproximada resulta necesario responder a 13 preguntas conceptuales como las apuntadas, o dicho de otro modo: definir 13 términos relacionados. Quédense con la información porque en esta legislatura debemos implantar estos mecanismos de forma voluntaria (por ser más legal, eficiente y transparente; prácticamente el arma definitiva contra la corrupción) u obligatoria (a más tardar, en 2018, por disposición de las Directivas europeas). Aquí van pues 13 preguntas con sus respuestas. Esta vez ese número dará buena suerte. Ya lo verán.

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