Derecho a la imagen y redes sociales

El punto de partida, la base jurídica de la cuestión, es el triple derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen. Además, la Ley debe limitar el uso de la informática precisamente para garantizar estos derechos contenidos en la Constitución Española (art. 18) y protegidos por algunas normas, como las Leyes Orgánicas que protegen el derecho al honor (LO 1/82) y los datos de carácter personal (LOPD), y como otras, entre las que nos interesa destacar el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica (ENS). Para los profanos, cuando un derecho aparece en ese apartado de la Constitución y además goza de la protección de sendas Leyes Orgánicas (además de muchas otras normas) es que es muy importante. Pero dicho derecho es objeto de vulneración constante, más exactamente, de “autovulneración”…

Anoche había en la red más fotos de mesas de Nochebuena en la red, familia incluida, de las que a pesar de cierta intuición que me rondaba pude llegar a preconcebir. Y eso que solo tengo controlado twitter, que es donde tengo cuenta, si bien me consta no obstante que facebook es mucho peor. Pues bien: cuidado. Cuidado con esto, porque ya no solo nos conformamos con exhibir, inconsciente pero voluntariamente, nuestra intimidad. También exponemos la de nuestra abuela. Creo que me explico.

No es ni la primera ni la segunda vez que hablo del tema. Véase, por ejemplo, “Redes sociales y libertad de expresión”, “Cuidadín con lo que se escribe, “Internet te puede desacreditar” , y “Responsabilidad de los sitios web por contenidos de terceros”, artículos a los que me remito.

Volviendo brevemente al Derecho, cabe señalar que existe un viejo y manido debate jurídico que se refiere a los conflictos entre derechos (¿cuál se impone?). El ejemplo clásico es el aparente choque natural entre la libertad de expresión y los citados derechos al honor y a la intimidad (ver el art. 20.4 de la Constitución). Está claro que se debe estudiar cada caso en concreto para calibrar el ejercicio de cada uno de estos derechos fundamentales. Esta vieja controversia es muy actual, y es que la libertad de expresión a través de la red en general y de las redes sociales en particular vuelve a chocar, una vez más, con los mencionados derechos. Como ya indicamos, “Sin duda los medios de comunicación electrónicos se someten a las mismas normas y límites que los audiovisuales y escritos, estando sus responsables perfectamente identificados o, cuanto menos, identificables. Pero, ¿y las webs?, ¿y los blogs?, ¿y las redes sociales? Todos ellos tienen infinidad de potenciales autores (en especial las redes), los cuales muchas veces son inidentificables (firma “anómino” o un pseudónimo).

En estos casos, ante la imposibilidad de regulación nos decantamos por la autorregulación, empezando por las normas de participación de las webs (marca.com o el blog de espublico deberían endurecerlas) y terminando por la propia censura colectiva de los coautores y usuarios, si bien esto último muchas veces a los “trolls” no les fustiga lo más mínimo. Al contrario, pues son anónimos y buscan notoriedad (tremenda paradoja). Pero fomentar por la red la anorexia o la violencia es, seguramente, ilegal, y seguro, inmoral… Así que todo el mundo debería ser responsable de lo que escribe, al igual que lo es de lo que hace y de lo que dice… Es evidente que la sociotecnología va por delante del Derecho, pero al menos que no vaya demasiado por delante. Será un desmadre, o lo que es peor, se cometerán delitos por causa directa o indirecta de los contenidos inadecuados… Y luego diremos que no pasa nada, porque hay libertad de expresión” (de “Redes sociales y libertad de expresión”).

En todo caso podemos protegernos de la citada vulneración. Para empezar deberíamos atajar de raíz la ut supra llamada “autovulneración”. Y esto pasa por el control de nuestra imagen socialnet. La idea de fondo es que no nos condicione en el futuro lo publicado descontroladamente en el pasado (¿qué necesidad había de publicar la foto de la cena de anoche?), sino todo lo contrario, que nos beneficie una buena gestión o autogestión de la imagen que ofrecemos ante el mundo. Y es que, por exagerado que parezca, tenemos millones de potenciales observadores. A la gente le suele interesar lo que hace la “gente importante” (concepto un tanto complejo de precisar, como compleja es la sociedad), pero en un momento dado cualquiera de nosotros puede ser un trending topic.

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Con la multiplicación de los dispositivos móviles estamos aún más controlados

Por otra parte es cierto que existe un derecho a la imagen, que en su versión 2.0 estamos tratando de explicar, pero no solo es “en positivo”, sino también “en negativo”, más relacionado con el derecho a la intimidad. La plasmación práctica de esta otra cara de la moneda es un verdadero “derecho a ser olvidado” en Internet, idea que ya desarrollamos en este artículo, en el cual ofrecíamos datos inapelables: “El 74 por ciento de los europeos consideran que revelar información personal forma parte de la vida moderna (…) Tres de cada cuatro ciudadanos europeos opinan que deberían poder borrar la información y datos personales que almacenen los sitios web sobre ellos”.

Hablando de redes concretas, me manifiesto a favor del uso razonable de twitter (patéticos los “ligones de la red”), esencialmente en contra de facebook (muestra impunemente millones de atentados contra la intimidad), muy a favor de los blogs, y por supuesto completamente a favor de linkedin, red que puede ayudar muy mucho a la hora de encontrar trabajo o posibilidades de negocio. Como publicamos hace muy poco (véase el documento que aparece como ANEXO), “el 34% de los españoles ha encontrado trabajo gracias a las redes sociales. El Social Media se ha constituido como un efectivo canal de comunicación, que amplifica la repercusión del mensaje. Se trata de un medio utilizado también por los empleadores. Una encuesta realizada el pasado año por Reppler a 300 profesionales mostró que el 91% de las empresas recurre a las redes sociales en busca de potenciales candidatos. Un dato corroborado por Jobvite, cuya encuesta indica que 7 de cada 10 empresas en EE.UU. encuentran trabajadores gracias a las redes sociales”.

Pero esta transparencia también tiene un lado opuesto. El hecho de publicar nuestro lado más íntimo y personal permite a las empresas obtener información sobre nosotros que en otras circunstancias no revelaríamos. De un lado, hay que tener mucho cuidado con lo que se muestra sobre nosotros en las redes sociales, y de otro, debemos vigilar con especial atención nuestra reputación online, así como trabajar para mejorarla. El trabajo de Reppler refleja asimismo que aproximadamente el 70% de las empresas había descartado a un candidato debido a algo que había encontrado en sus perfiles sociales. Ya saben, algo así como “jajajajaja, vengo borracho a las 6 de la mañana, que risaaaaaa” publicado en twitter, o como “llegan vacaciones, bieeeen, trabajar es un ascooo”, o cualquier otra gracia (o no gracia) pública que puede salir cara. Piénselo dos y tres veces antes de hacerse el gracioso en la red. Nos lee más gente de la que pensamos. Y es curioso: normalmente la gente que tiene incontinencia verbal también la tiene digital (nunca mejor dicho, porque se escribe con los dedos, del latín digitum). Cuidadín. También el estudio realizado por la agencia de RR.PP. Eurocom WorldWide indicó que 1 de cada 5 empresas de tecnología rechazó contratar a un posible trabajador porque no le gustaba algún dato que mostraban sus redes sociales. 

“Otra práctica muy extendida es la de preguntar directamente a Google, quien ofrece todos los resultados relacionados con el nombre de esa persona. Nada ni nadie se escapa a los ojos de este gran buscador. Definitivamente, las redes sociales reflejan el lado más íntimo de los candidatos, sacan a relucir aspectos de su vida personal que no se mostrarían en una entrevista de trabajo. El tipo de contenido peor considerado por las empresas es el que tienen que ver con las drogas, elevado componente sexual y acciones políticamente incorrectas o de mala educación, así como fotos que muestren actitudes impropias, como por ejemplo las relacionadas con la bebida”. Por esta razón, dijimos, “es imprescindible cuidar nuestra presencia online y hacer que ésta transmita nuestra mejor imagen. Y es que la mujer del César no solo debe ser honrada, sino parecerlo“.

En definitiva, luchemos contra los ataques de otros a nuestro derecho al honor/imagen/intimidad, pero también contra la inconsciencia y la ignorancia en el uso de las redes sociales. En consecuencia sea cauteloso y, de paso, mejore su cultura en TIC a fin de evitar imprudencias. Me permito ayudar aportando un documento indispensable para mejorar su conocimiento de Internet .

ANEXO: Encuentre trabajo en 2013: crear una PYME y otros consejos

Top 10 christmas songs

Todo el mundo de mal humor, así que me voy a permitir “utilizar” la Navidad a modo del Pisuerga que pasa por Valladolid, con la finalidad de elevar el ánimo de alguno/a.

Hoy no voy a hablar de Derecho, ni de política, ni de COSITAL, ni de Administración electrónica.

Hoy voy a impregnarme del espíritu navideño, una de las mil maneras de llamar a ese espíritu humano y solidario que por supuesto deberíamos tener todo el año, incluso cuando estamos más delgados (el turrón de chocolate debería estar prohibido) y gastamos menos dinero (aunque este año desde luego los funcionarios no nos vamos a gastar la extra).

Felicitación oficial de UDITE
Felicitación oficial de UDITE

Un vicio confesable: me encantan los villancicos. Comparto con ustedes mis 10 preferidos en orden inverso (modo “cuenta atrás”). Muy emotivo:

10.- Maldita Nerea – Hecho Con Tus Sueños. El último tema en nacer es el primero en aparecer en la lista. Muy “buen rollo” y destino benéfico por cada descarga o “tuit”.

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Archivos electrónicos

Hace tiempo que venimos produciendo (en mayor o menor medida y desde la heterogeneidad que caracteriza a la Administración Local) documentos y expedientes electrónicos. Era cuestión de tiempo que, por volumen, se planteara la cuestión del archivo electrónico. Y ya se está planteando, obviamente desde el punto de vista práctico, ya que en la legislación se encuentra regulado desde hace tiempo en la Ley 11/2007 (LA LEY 6870/2007), de servicios electrónicos de los ciudadanos a los servicios públicos[1]:

1) Deberá ser capaz de conservar en formato      electrónico todo documento electrónico que forme parte de un expediente      y/o que afecte a derechos o intereses de los ciudadanos.

    • Art. 31.1:       “Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos       utilizados en las actuaciones administrativas.”
    • Art. 31.2:       “ “Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos       que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán       conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a       partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure       la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.       Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros       formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes       aplicaciones.”

2) Deberá tener en cuenta que el interesado o las AAPP podrán emitir copias auténticas siempre que el documento original esté en manos de la Administración y que la información sobre firma electrónica (y, si procede, sellado de tiempo) permitan comprobar la coincidencia con el original.

    • Art. 30.1       “Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos       emitidos por el propio interesado o por las Administraciones Públicas,       manteniéndose o no el formato original, tendrán inmediatamente la       consideración de copias auténticas con la eficacia prevista en el       artículo 46 de la Ley       30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del       Procedimiento Administrativo Común, siempre que el documento electrónico       original se encuentre en poder de la Administración,       y que la información de firma electrónica y, en su caso, de sellado de       tiempo permitan comprobar la coincidencia con dicho documento.”

3) El almacenamiento debe ser seguro (archivo securizado). En particular se deberá asegurar la identificación y el control de accesos.

    • Art. 31.3:       “Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán       contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad,       autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los       documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de       los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las       garantías previstas en la legislación de protección de datos.”

4) El almacenamiento de los documentos deberá ser en un soporte que se pueda convertir a otros formatos accesible desde distintas aplicaciones.

    • Art. 31.2:       “Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos       que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán       conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a       partir del que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure       la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo.       Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros       formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.[2]

5) Deberá entender como expediente al conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento. Debe ser posible que un documento pueda formar parte de distintos expedientes electrónicos

o       Art. 32.1: “El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan.”

o       Art. 32.2: “…siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.”

6) Por último, deberá tener en cuenta que los expedientes deberán llevar un índice electrónico firmado por la Administración.

    • Art.32.2: “El foliado de       los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un índice       electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad actuante,       según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente       electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso…”Earchivo

Decíamos hace  poco (LA LEY 16841/2012): “Otros aspectos importantes que afectan a las «nueva» Administración electrónica son los derivados de una ya notable producción electrónica de documentos: la longevidad de la firma electrónica y el archivo electrónico, cuestiones capitales en los próximos años”. De forma concreta por los siguientes motivos:

  • Archivo electrónico: importantísima es la cuestión del almacenamiento, con todas las garantías, de la ya extensa producción documental electrónica.
  • Longevidad de la firma: cuestión relacionada con la anterior, y que muestra la problemática de la actual caducidad de los certificados de firma, y por tanto de la verificación de documentos rubricados con firma hoy caducada, cuestión trascendental que sacó a la luz mi colega César Herrero.

Por último, la Ley 11/2007 reconoce el derecho de los ciudadanos a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado y a la conservación de los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza. No se trata pues, simplemente, de una cuestión que resulte más o menos conveniente abordar, sino de un derecho de los ciudadanos y de la consecuente obligación que deriva para las Administraciones. No obstante, la implantación correcta de un sistema jurídica y técnicamente adecuado de Archivo electrónico presenta una serie de problemas o complejidades prácticos que se abordan en el artículo “La problemática de la organización archivística en los procesos de modernización administrativa. Sinfonía del Caos e-Administrativo en Cinco Movimientos”, de Fernando GALLEGO GARCÍA (se publicará en unos días en mi sección “Su Ayuntamiento al día“, en El Consultor on line), al cual nos remitimos.


NOTAS AL PIE

[1] http://www.cenatic.es/

[2] Como señala EC (LA LEY 389/2012), “los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. En los supuestos de documentos emitidos originalmente en soporte papel, como sería el caso que nos ocupa, de los que se hayan efectuado copias electrónicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo que comentamos, podrá procederse a la destrucción de los originales en los términos y con las condiciones que por cada Administración Pública se establezcan.  Se plantea en la consulta si existe algún documento que no sea susceptible de ser destruido. Partiendo de que algunos de ellos tienen o tendrán un carácter histórico, estamos de acuerdo en que las actas y resoluciones de los órganos de gobierno no deben destruirse. Respecto al resto, no existe norma alguna que regule, con carácter general y directo, el denominado expurgo de la documentación obrante en los archivos municipales, y, por lo tanto, el tiempo de conservación de dicha documentación. Dicho lo anterior, si partimos de que los documentos emitidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas gozarán de la validez y eficacia del documento original, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación, y que el legislador posibilita la destrucción del papel, creemos que debemos ser ambiciosos en la eliminación de esos documentos. Al digitalizarse los archivos que se encontraban en soporte de papel, tal y como establece la Ley de acceso electrónico, el legislador ha asegurado la validez y eficacia de esos documentos. Por lo tanto, ante la duda, destruyamos los documentos de papel de forma poco restrictiva”.

Obligaciones de suministro de información contractual del sector público local

CIRCULAR COSITAL VALENCIA

Sobre: Obligaciones de suministro de información contractual del sector público local

La actual legislación en materia contractual pretende dotar de mayor transparencia a la información de la contratación pública, siendo en este momento varias las obligaciones de suministro de esta información, que se detallan a continuación:

I.      AL REGISTRO DE CONTRATOS

Se debe cumplir con aquello previsto en los artículos 30 y 333 del vigente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público:

Artículo 30. Datos estadísticos.

En el mismo plazo señalado en el artículo anterior se remitirá por el órgano de contratación a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado la información sobre los contratos que reglamentariamente se determine, a efectos del cumplimiento de la normativa internacional. Asimismo se informará a la mencionada Junta de los casos de modificación, prórroga o variación del plazo, las variaciones de precio y el importe final de los contratos, la nulidad y la extinción normal o anormal de los mismos.

Las Comunidades Autónomas que cuenten con Registros de Contratos podrán dar cumplimiento a estas previsiones a través de la comunicación entre Registros.

Artículo 333. Registro de Contratos del Sector Público.

1. El Ministerio de Economía y Hacienda creará y mantendrá un Registro de Contratos, en el que se inscribirán los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas administraciones públicas y demás entidades del sector público sujetos a esta Ley.

2. El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial central de información sobre la contratación pública en España y, como tal, el soporte para el conocimiento, análisis e investigación de la contratación pública, para la estadística en materia de contratos públicos, para el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de información sobre la contratación pública, para las comunicaciones de los datos sobre contratos a otros órganos de la Administración que estén legalmente previstas y, en general, para la difusión pública de dicha información, de conformidad con el principio de transparencia.

El Registro constituirá el instrumento de los poderes públicos para la revisión y mejora continuas de los procedimientos y prácticas de la contratación pública, el análisis de la calidad, fiabilidad y eficiencia de sus proveedores, y la supervisión de la competencia y transparencia en los mercados públicos.

3. Los órganos de contratación de todas las Administraciones públicas y demás entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley comunicarán al Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos de los contratos adjudicados, así como, en su caso, sus modificaciones, prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final y extinción. El contenido de dichas comunicaciones y el plazo para efectuarlas se establecerán reglamentariamente.

4. Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del Sector Público se efectuarán por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, en la forma que determine el Ministro de Economía y Hacienda de conformidad con las Comunidades Autónomas.

5. El Registro de Contratos del Sector Público facilitará el acceso a sus datos de modo telemático a los órganos de la Administración que los precisen para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas, y en particular a los órganos competentes en materia de fiscalización del gasto o inspección de tributos, en la forma en que reglamentariamente se determine.

Asimismo, y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de datos de carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no tengan el carácter de confidenciales y que no hayan sido previamente publicados de modo telemático y a través de Internet.

6. En los casos de Administraciones Públicas que dispongan de Registros de Contratos análogos en su ámbito de competencias, la comunicación de datos a que se refiere el apartado 3 podrá ser sustituida por comunicaciones entre los respectivos Registros de Contratos. El Ministerio de Economía y Hacienda determinará reglamentariamente las especificaciones y requisitos para la sincronización de datos entre el Registro de Contratos del Sector Público y los demás Registros de Contratos.

7. Al objeto de garantizar la identificación única y precisa de cada contrato, las Administraciones y entidades comunicantes asignarán a cada uno de ellos un código identificador, que será único en su ámbito de competencias. El Ministerio de Economía y Hacienda determinará las reglas de asignación de dichos identificadores únicos que resulten necesarios para asegurar la identificación unívoca de cada contrato dentro del Registro de Contratos del Sector Público, así como para su coordinación con los demás Registros de Contratos.

8. El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la contratación pública en España, a partir de los datos y análisis proporcionados por el Registro de Contratos del Sector Público.

ENLACE AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS (MINHAP)

II.      A LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO:

1º)   TRIBUNAL DE CUENTAS

 El  artículo 29 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), regula la remisión de información sobre los contratos al Tribunal de Cuentas.

 Mediante Instrucción del Tribunal de Cuentas (Resolución de la Presidencia de 10 de mayo de 2012, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de abril de 2012)  se concreta la información y documentación que le ha de ser remitida. Se diferencia en el ámbito temporal una doble remisión:

A) Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato se remitirá al Tribunal u Órgano de fiscalización correspondiente de la Comunidad Autónoma, una copia certificada del documento mediante el que se hubiere formalizado el contrato, acompañada de un extracto del expediente de que se derive, siempre que la cuantía exceda de determinados importes según tipo de contrato.  En la Comunidad Valenciana resulta de aplicación lo desarrollado por la Sindicatura de Cuentas, que se especifica en el apartado siguiente.

Asimismo, la obligación de comunicar las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos y extinción de los contratos indicados, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Tribunal de Cuentas y a los Órganos de fiscalización de las Comunidades Autónomas para reclamar cuantos documentos y antecedentes se estimen pertinentes en relación con los contratos de cualquier naturaleza y cuantía.

 B) Una relación certificada, comprensiva de todos los contratos formalizados por el ente matriz y sus entidades dependientes en el ejercicio anterior, con independencia del régimen jurídico al que estén sometidas, exceptuados los contratos menores, identificados a estos efectos como los contratos de obras inferiores a 50.000 euros y los contratos de cualquier otra modalidad que no superasen el importe de 18.000 euros.

La relación de anual de contratos se remitirá por procedimiento telemático a través de las aplicaciones informáticas ubicadas en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales del Tribunal de Cuentas (www.rendiciondecuentas.es), con anterioridad al vencimiento del plazo para la rendición de las cuentas del ejercicio y, en todo caso, antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente al de formalización de los contratos incluidos en la relación. La información contendrá, entre otros, los datos relativos a la entidad y órgano contratante, y los básicos del contrato o sus modificaciones, descriptivos del objeto, procedimiento, adjudicatario, publicidad, precio y plazo. En el supuesto de que no se hubiese celebrado ningún contrato que superase las cuantías mencionadas, se hará constar dicha circunstancia mediante la comunicación negativa que la citada aplicación contiene, sea como información única de la Entidad local o, como información parcial de algunas de sus entidades contratantes u órganos de contratación.

2º)   SINDICATURA DE CUENTAS

Por otro lado,  por acuerdo de 17 de octubre de 2011, del Consell de la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, por el que se aprueba la instrucción relativa a la remisión a la misma de la información contractual del sector público local,  se establece la obligatoriedad de remitir a este órgano de control externo, por parte de los  titulares de los órganos de contratación, o los presidentes o secretarios de los mismos en el caso de que sean colegiados, antes de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, la información contractual (a través de Internet con el modelo previsto en el anexo de la instrucción y adjuntando copia certificada en PDF del contrato, sin anexos ni documentos complementarios) , en los supuestos siguientes:

a) Contratos de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado cuya cuantía exceda de 600.000 euros, IVA excluido.

b) Contratos de suministros de cuantía superior a 450.000 euros, IVA excluido.

c) Contratos de servicios y contratos administrativos especiales de cuantía superior a 150.000 euros, IVA excluido.

d) Si se trata de contratos mixtos, procederá su remisión cuando la suma de todas sus prestaciones supere los 150.000 euros, IVA excluido.

Se ha de entender como cuantía a estos efectos el VALOR ESTIMADO del contrato.

Tal y como se especifica en la página web de la sindicatura, en la siguiente dirección:  http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/documento/instrucciones con esta información queda cumplida la obligación sobre las contrataciones que establece el artículo 29, debiendo remitir al Tribunal de Cuentas únicamente la relación anual.

ANEXO I: Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del registro telemático del Tribunal de Cuentas, para la recepción de las relaciones anuales de contratos remitidas por las Entidades que integran el sector público local. http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg3-2011.html

ANEXO II: INSTRUCCIONES PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL (ARTÍCULO 29 DE LA LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE)  

1. Haga clic aquí para descargar el fichero resumen en excel en su ordenador, cumplimente los datos y guarde el fichero.

2. Convierta el fichero excel en pdf para su firma digital por el titular del órgano de contratación del sector público local de la Comunitat Valenciana, o presidente o secretario del mismo.

3. Los contratos deben enviarse también en formato pdf y firmados digitalmente por el titular del órgano de contratación del sector público local de la Comunitat Valenciana, o presidente o secretario del mismo.

4. Envíe un correo electrónico por cada contrato a la cuenta sindicaturaart29lcsp@gva.es, con los tres ficheros:

  • el resumen en excel (sin firmar)
  • el resumen en pdf (firmado digitalmente)
  • el contrato en pdf (firmado digitalmente)

Respecto a esta instrucción se entenderá por cuantía del contrato el importe por el cual se adjudique el expediente, IVA incluido. Así mismo, en los expedientes de contratación que hayan originado múltiples adjudicatarios, por tanto, muchos contratos, por la existencia de lotes o prestaciones diferenciadas, se tendrá en cuenta el importe agregado de todos los contratos del expediente.

De acuerdo con la Resolución de 10 de mayo de 2012, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de abril de 2012, que aprueba la Instrucción sobre remisión de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades del sector público local al Tribunal de Cuentas (BOE de fecha 12 de mayo de 2012), se procederá del siguiente modo:

1º. La documentación contractual que ha de remitirse a lo largo del ejercicio (punto II.2 de la Instrucción de 2012), en los términos previstos en el artículo 29 del TRLCSP, podrá enviarse al Tribunal de Cuentas o al órgano de control externo de la comunidad autónoma correspondiente allí donde exista; en el caso de la Comunitat Valenciana a la Sindicatura de Comptes. En el marco de la cooperación y la coordinación existente entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas, la referida prescripción se entenderá cumplida mediante la remisión de dicha documentación a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, lo que habrá de implementarse con arreglo a las instrucciones dictadas al efecto por la propia Sindicatura.

2ª. Las relaciones anuales de contratos (punto II.1 de la Instrucción de 2012) habrán de remitirse a través de las aplicaciones informáticas ubicadas en la Plataforma de Rendición de Cuentas de las entidades locales, gestionada por el Tribunal de Cuentas (www.rendiciondecuentas.es), entendiendo así rendidas dichas relaciones tanto al Tribunal de Cuentas como a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana

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ADVERTENCIA

A partir del 1 de enero de 2013 entrará en vigor el siguiente procedimiento.

Se entenderá por cuantía o precio del contrato, a los efectos de esta instrucción, su valor estimado según el artículo 88 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, IVA excluido. Asimismo, en los expedientes de contratación que den lugar a múltiples adjudicatarios y, por tanto, a múltiples contratos por la existencia de lotes o prestaciones diferenciadas, se tendrá en cuenta el importe agregado de todos los lotes integrantes del expediente para estimar el valor del contrato.
Procedimiento para el envío de la documentación del sector público local

1. Haga clic aquí para descargar el fichero resumen en excel en su ordenador, cumplimente los datos y guarde el fichero en su equipo.

2. Tenga localizados los contratos que deben enviarse en formato pdf, para lo cual es imprescindible disponer de firma electrónica.

3. Por último, haga clic en acceder al Registro Electrónico; le aparecerá este formulario

3.1 Rellene los campos “Extracto documento” y “Email” que son obligatorios

3.2 En el campo “Tipo de documento” haga clic en el desplegable y elija “información contractual art 29 (S.P.L.)”

4. En el campo “Documentos adjuntos” haga clic en “Examinar” e incluya para anexar el fichero Excel cumplimentado; a continuación vuelva hacer clic en Examinar para añadir uno a uno los contratos en formato pdf y proceder a un único envío, firmado electrónicamente por el titular del órgano de contratación respectivo o por su presidente o secretario.

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ACUERDO DEL CONSELL DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA (DOCV Num. 6636/24.10.2011)

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Para cualquier duda puede llamar al teléfono 963876458

Sindicatura de Comptes, C/ Sant Vicent, 4   – 46002 València
Tel. +34963876400 – Fax +34963876419 –   sindicom@gva.es

#Eficracia

La Constitución ya ha cumplido 34 años, así que ciertamente no solo es mayor de edad sino que ya debería estar casada y con tres hijos (es un decir). Sin embargo, más que una joven adulta parece una vieja enferma, o al menos así nos lo quieren hacer ver. Qué lejano queda ya el 6 de diciembre de 1978, y no solo en el tiempo.

Deberíamos valorar la Constitución que tenemos en lugar que querer megarreformarla. Lo peor del sistema no es su concepción, sino la praxis, aunque eso no significa que no sean precisas reformas legales de calado.

Además, la Carta Magna surgió del consenso. Menuda lección de alta política dieron los padres del texto precisamente en un momento histórico en el que llevábamos muchas décadas sin pactar. Ahora se echa de menos un Pacto de Estado que recoja una estrategia político-económica de calidad y compromiso que cronograme medidas estructurales que mejoren el modelo organizativo y productivo español. Pero no se ve estrategia alguna que vaya más allá del medio plazo, es decir, una legislatura. Cortoplacismo, populismo, demagogia, estética presupuestaria, “dichohechismo” sin análisis previo… Subir los impuestos y bajar los sueldos acabará cuadrando las cuentas, pero eso no es “salir de la crisis”. La gente está realmente fastidiada y que se cumpla el principio de equilibrio presupuestario no es la prioridad, aunque sean “deberes hechos” de cara a Europa.

Y es que la crisis no es solo económica, y tal y como están las cosas aún cuando salgamos de ella -cosa que a la postre ocurrirá, ya que igual que hay ciclos políticos hay ciclos económicos-, aún cuando vuelva a haber dinero, si no hemos “lavado” el sistema, los zampabollos de turno volverán a repartirse y comerse el pastel. Y es que algún día, aunque parezca difícil de creer, volverá a haber pastel. Debemos convertir este lamentable círculo vicioso en uno virtuoso que se retroalimente de sus buenas premisas.

Solo tiene 34 años
Solo tiene 34 años

Por tanto no se trata simplemente de que como estamos en tiempos de crisis se ate en corto la corrupción. No se trata de contenerla provisionalmente, sino de erradicarla de una vez por todas y para siempre. Se trata de que no vuelvan a crearse empresas de capital público para contratar directamente obras públicas o relaciones laborales (luego dicen que hay muchos “funcionarios”); o a pagar a Urdangarín 500.000 euros por una conferencia de media hora; o a construirse aeropuertos sin tráfico aéreo, o estaciones de AVE en terrenos sobrinescos, o casitas para palomas pagadas con dinero del Plan E y construidas casi simultáneamente a una cara campaña de control de la población columbina por cierto por medio de gavilanes (fue una carnicería). Los ejemplos son totalmente reales. Cuando no se roba simplemente se gestiona de forma descerebrada. Tanto da si es por dolo o por culpa. Todo eso no debe volver a ocurrir jamás, ni siquiera cuando salgamos de la crisis.

Y para ello es imprescindible instaurar la #eficracia (1), entiéndase como concepto, no como fórmula constitucional de Gobierno. ya que esta debe seguir siendo, para siempre y ahora más que nunca, la democracia. La #eficracia no pretende sustituirla. Todo lo contrario, pues precisamente es su (necesaria) fase evolucionada, al igual que el Estado tecnológico de Derecho constituye la fase actual del Estado social y democrático de Derecho (y por cierto, es más social y democrático que nunca). Y es que la democracia actual, además de que obviamente debe ser eficiente, debe bidireccionarse a través de las redes sociales. Relaciones telemáticas con feedback, totalmente democráticas; Administración electrónica, eficiente. ¿E-ficracia?. Administración inteligente. Smart Cities… Y sostenible (a pesar del incremento de la tecnología): green IT. Todos estos conceptos rompen totalmente con el pasado. Hay que cambiar muchas cosas, algo que ha pasado de ser conveniente a imprescindible.

Una democracia que no evoluciona a #eficracia es como un gusano que no se convierte en mariposa. Tal democracia, como el gusano, está llamada a arrastrarse, a degenerar. Es lo que hace años llamé “demacracia”, inaceptable, y bien cara que nos ha costado. La #eficracia es justo lo contrario de la demacracia y, en consecuencia, rechaza con fuerza los pilares de la misma que son, recordemos aquel artículo: amigocracia, corrupcracia, politicracia, demagocracia, burrocracia, ignocracia, minuscracia, boicocracia, transfucracia, vagocracia, maleducracia, conflictocracia, y desproporcracia. Hay otras como la meritocracia, responsable por ejemplo de que puedan llegar a Presidente palmeros de mítines que acumulen 20 ó 30 años de fidelidad, sin ningún otro haber.

En cuanto al modelo territorial, como es bien sabido, soy municipalista. No creo en las Administraciones intermedias ni por supuesto en la sobredimensión institucional (con toda seguridad sobran OOAA, EPE y SM de capital público). Dice el FMI que España debe adelgazar su burocracia reduciendo el número de Administraciones, y eso últimamente se ha entenido, por ejemplo, como la necesidad de suprimir entidades locales menores. Pobrecitas mías. El presupuesto sumado de todas las que existen en España no llega a la mitad del de la Comunidad Autónoma más austera. ¿Dónde está acumulado el déficit público? Por cierto, menos mal que la FEMP ha detenido. o al menos matizado, esa locura anti-autonomía local que era el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Sigo diciendo que la FEMP y COSITAL debemos ir de la mano en esto. Todos somos municipalistas, y trabajando juntos, eficráticamente, podemos gestionar mejor. Ahora solo falta que en dicho Anteproyecto mi colectivo recupere el carácter estatal, como bien explica en el Diario Levante mi compañero Javier Biosca. Que seamos imparciales e independientes mejora la calidad de nuestro trabajo, y por tanto favorece la gestión.

Pero no se trata simplemente de lo que podamos hacer colectivos concretos como la FEMP, el COSITAL, o los sindicatos… En España hay 47.190.493 habitantes (2011), y creo que todos y cada uno de nosotros puede hacer, dentro de su ámbito y posibilidades, algo. Lo que sea. En España la sociedad civil ha sido históricamente débil, conformista, y aunque duela cabe reconocerlo. Ahora, habida cuenta de que toda crisis es una oportunidad, tenemos que alimentarnos de nuestro propio malestar y convertirlo en algo productivo canalizándolo a través de las redes sociales. 47 millones unidos saben infinitamente más que los 1.000 que mandan, incluso si éstos lo hicieran bien (que no es el caso). Es pura estadística y, sobre todo, pura democracia. Solo nos llaman cada 4 años para votar dentro de un sistema electoral que como bien sabemos fomenta el bipartidismo. A todas luces es totalmente insuficiente.

Así que se acabó, se terminó no ya solo la burrocracia sino también “hacer el burro”, porque no deben volver a tomar decisiones los que incluso siendo bienintencionados carezcan totalmente de conocimientos. Y desde luego se terminó el robar: vemos a diario numerosos casos de famosillos, políticos y empresarios que acumulan dinero negro al tiempo que les devuelve Hacienda. Sí, la AEAT, esa que no nos acepta el borrador porque nos hemos equivocado en 17 euros. Alguna vez he dicho que si se devolviera todo el dinero que se ha robado probablemente se compensaría el déficit del Estado. Se podría calcular, no me habré ido mucho…

(1): Eficracia: “gobierno de los legitimados por las urnas, controlados pero ayudados en un ambiente de buena sintonía en pos del interés general, por quienes saben y además no roban“.

Apoyo a un compañero (urge cambiar el sistema)

No es que me preocupe más de lo que ya me preocupaba antaño, pero reconozco que últimamente hablo más que nunca de las taras más importantes del sistema, una de las cuales es sin duda la corrupción (como concepto, como delito, y también la corrupción de las instituciones). Y me preocupa más porque “con la que está cayendo” ya debería estar erradicada. Es un lujo que a estas alturas no nos podemos permitir, entre otras cosas porque peligra, y muy en serio, la estabilidad (política, económica y democrática) del Estado. Por eso últimamente insisto tanto en la necesidad de dar un giro hacia la legalidad y hacia todas las que acaban en “encia“: transparencia, eficiencia, inteligencia… Y también hacia esa palabrita nueva llamada EFICRACIA (que se puede definir, muy coloquialmente eso sí, como el gobierno de los legitimados por las urnas, controlados pero ayudados en un ambiente de buena sintonía en pos del interés general, por quienes saben y además no roban).