Proyecto de Ley de racionalización: enmiendas presentadas en el Senado que afectan al colectivo

Apreciados/as compañeros/as: 

En www.cosital.es podéis encontrar las enmiendas presentadas al Texto que ha tenido entrada en el Senado del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ver aquí 

Aquellas que nos pueden afectar de manera más directa son las siguientes: 

  • Enmienda del Grupo Popular sobre nombramientos provisionales: Enmienda a su vez la presentada por el Grupo Popular en el Congreso, que consideramos más acertada que la redacción que actualmente se propone, que refuerza, aunque los permite, el carácter excepcional de los nombramientos provisionales cuando no han transcurrido más de dos años desde la obtención del puesto en concurso de traslados. La enmienda es la número 429 al artículo Primero. Veinticinco del Proyecto. Ver aquí
  • Enmienda sobre eliminación de la reserva de la función de gestión tributaria a FHN. Consideramos que ello puede constituir la pérdida de una buena oportunidad para garantizar una mayor profesionalización, transparencia, neutralidad, objetividad y legalidad en el ejercicio de esta función, en caso de aprobarse la misma.  La enmienda es la número 428 al Artículo Primero. Veinticinco del Proyecto. Ver aquí
  • Enmienda del Grupo Popular de adición a la Disposición Transitoria Séptima que deja clara la vigencia de la normativa reglamentaria sobre nuestra Escala. COSITAL
    La aprobación de esta enmienda es de vital importancia para evitar un vacío normativo que podría perjudicar gravemente la seguridad jurídica. Además su aprobación supondrá que las condiciones del cese en libre designación son las establecidas reglamentariamente en la actualidad: puesto con funciones reservadas e inferior en dos niveles como máximo a aquel en el que se cesa. La enmienda es la número 444 a la DT7ª del Proyecto. Ver aquí
  • Enmienda relativa a las funciones reservadas en las EATIM. Consideramos favorable la misma para el colectivo, especialmente en Comunidades como Castilla y León y otras en las que el número de EATIM es muy alto. La enmienda es la número 427 al Artículo Primero. Veinticinco del Proyecto. Ver aquí
  • Enmienda que matiza la introducida por el Congreso sobre el régimen aplicable a la Escala en el País Vasco. Consideramos que aclara la voluntad del legislador respecto de las especialidades del régimen foral vasco en nuestro régimen jurídico, si bien consideramos conveniente, como habíamos propuesto, que los porcentajes relativos a los baremos de méritos estuviesen en consonancia con los porcentajes aplicables en el resto del Estado. La enmienda es la número 434 al Artículo Primero. Treinta y tres del Proyecto. Ver aquí 

Creemos que las propuestas de enmienda aprobadas por la Comisión Ejecutiva y la Junta de Representantes Autonómicos del Consejo General, tanto las que han sido aceptadas como aquellas que han sido rechazadas, incidían en una mayor profesionalidad en orden a la efectividad del derecho de los ciudadanos a una buena Administración de los recursos públicos y una garantía de objetividad que podía ayudar a prevenir incluso brotes de corrupción. No obstante el balance es, en general, muy positivo, habiéndose aceptado en la tramitación parlamentaria gran parte de los postulados propuestos, como la competencia estatal para la selección y provisión de puestos, así como la mejora sustancial y esencial del régimen disciplinario, entre otras cuestiones.

Continuamos realizando las gestiones necesarias para mejorar aún la redacción de la Ley en todo aquello que sea posible, intensificando los contactos para llevar a buen término estas mejoras.

Seguiremos informando puntualmente de todo ello.

Un cordial saludo.

LA COMISIÓN EJECUTIVA

Consejo General Cosital
Calle Carretas, 14, 3ºA
28012, Madrid
www.cosital.es

#oGov II: hacia la democracia real efectiva

Como ya dijimos en la entrada #oGov, el Gobierno abierto (open government), bien articulado, está muy cerca de la verdadera democracia. Esto es tan claro y sencillo como entender que partiendo de la transparencia, de los datos abiertos (open data), y de la reutilización de esa información; y articulando simultáneamente todos cauces participativos posibles (con la empatía suficiente de acudir a los que suele utilizar el ciudadano, como los móviles o las redes sociales); y en tercer lugar escuchando al ciudadano cuando utilice esos cauces, el gobierno será de verdad, por primera vez en la Historia, del pueblo. Si esto no es democracia real efectiva se le parece mucho.

Y mucho estamos hablando últimamente de Gobierno abierto, no solo nosotros, sino todo el mundo. No siempre se hace con propiedad y sobre todo no con “realidad”, pero es bueno que se hable, para que vaya sonando. Se trata de un tema evolutivo, y no concebimos otra forma de política que la política 2.0 (y el gobierno municipal, como más adelante subrayaremos), si bien queden claros dos matices:

  • El “2.0” no significa que la tecnología sea el único cauce de participación. Mecanismos como los presupuestos participativos o la tan poco utilizada iniciativa legislativa popular son clásicos y desde luego muy democráticos.
  • Hablamos de política 2.0, si bien dicha política, en sentido amplio, se divide en dos subconceptos: ciberpolítica, más relativo a una campaña electoral, y cibergobierno, cuyo ámbito natural estaría más cercano al Gobierno abierto, pues consiste en una manera concreta de gobernar.
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I Foro Intraemprendizaje en la Administración Pública

Después del #ENBP13, de la firma del Compromiso del Innovador Público, y de las presentaciones en sociedad de las plataformas Novagob y por supuesto COSITAL Network, la propia inercia de la moderna gestión pública, empujada por la iniciativa de unos cuantos, sigue poniendo el acento en el intraemprendizaje, el uso de las TIC, la formación, la información, la innovación, el liderazgo, las RRSS y el intercambio de conocimientos y de experiencias como herramientas fundamentales, incluso como filosofía personal, para el cambio de modelo de lo público (cambio que nadie sensato duda que sea necesario).

En este contexto, se “suma a la fiesta” el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) organizando el I Foro Intraemprendizaje en la Administración Pública. El papel de las nuevas tecnologías en la formación, que se celebrará el próximo 4 de diciembre en el Aula Magna de su sede principal (calle de Atocha, 106 – Madrid). I foro de intraemprendizaje INAP

Con esta jornada se pretende incorporar al decálogo de la Administración los rasgos y competencias claves del intraemprendizaje, del emprendizaje corporativo, consiguiendo un Sector Público creativo, flexible, colaborativo, crítico y con poder de difusión. Con esta jornada el INAP desea destacar el papel de las nuevas tecnologías en la formación, motivo por el que ha organizado para este foro tres paneles con los que se recorrerá el pasado, el presente y el futuro de la Administración a través de las tecnologías de la información y la comunicación mediante la intervención de destacados especialistas en la materia. Durante la jornada se presentará una nueva plataforma, el Ecosistema Social y de Conocimiento del INAP, formado por su Banco de Conocimiento e Innovación y su Red Social Profesional para Empleados Públicos.

Por nuestra parte tendremos el placer de intervenir en el panel El cambio en la Administración Pública con habituales como @alorza, @davidrjordan, @madebas y @g_yanez. Las temáticas de los otros dos paneles son Las nuevas tecnologías y la formación y Social Media y la creación de valor. El acto central consistirá en la presentación de este Ecosistema Social del INAP (Banco de Conocimiento e Innovación y la Red Social Profesional para empleados públicos). Antonio G. Beteta Barreda, secretario de Estado de Administraciones Públicas, clausurará este Foro de Intraemprendizaje en la Administración Pública.

 PROGRAMA: PDF del evento @INAP_ES #intraemprendizaje #ecosistemaINAP

 

Administración inteligente y puede que Smart City

El concepto Smart City es universal. Interesa mucho en Latinoamérica, continente muy interesante para el municipalismo mundial, pues parte de situaciones políticas extremas, digamos “de muy abajo” y, sin nuestra crisis, aborda sin complejos un salto de calidad hacia lo tecnológico y lo legal que a lo mejor en España, partiendo de una situación “solo regular” y no mala, está lleno de complejos. Y desde luego interesa en China, ese gigante que un día será aún más colosal, agrupando aproximadamente tres de cada cuatro de todas las ciudades del mundo de población superior a un millón. Además, la población de muchas superará los cinco millones de habitantes. Esas ciudades deben ser inteligentes, o no subsistirán.

También es un concepto muy europeo. Hace un mes estuvimos en los Open Days del Comité de las Regiones y quedó claro y demostrado que las políticas públicas de la Estrategia 2020 van en la línea de la tecnología, el medio ambiente y la reactivación de nuevos sectores económicos (en ocasiones volviendo a los antiguos, como las zonas rurales).

Por lo que respecta a mi Ayuntamiento, la gran noticia es que el pasado día 19 la Junta Directiva de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), en su reunión de Barcelona, tuvo a bien aceptar la candidatura de Alzira para formar parte de ese grupo selecto de ciudades españolas, ahora compuesto por 49, y quien sabe si próximo a su cierre. Ya somos, por tanto, oficialmente Smart City, pero por supuesto también somos y seremos cada vez más una administración inteligente que presta servicios inteligentes (sensorizados, sostenibles, eficientes…) porque nadie con un mínimo de ética se conforma con parecer sin ser. Esto no se hace para ganar unas elecciones, sino por vocación de servicio público. Al menos así debería ser. En todo caso, quede claro, es un honor estar en la RECI. Creo que podemos intercambiar ideas y experiencias de manera muy provechosa para todos.  También lo haremos con la Red RENER portuguesa.

Por su parte, el Congreso Smart City Expo celebrado en Barcelona, fue por un lado un excelente foro de encuentro pero por otro estuvo un tanto politizado (es mi opinión). Está claro que cuando un proyecto es rentable políticamente hay mucho interés en colgarse las medallas. Un hito más en todo caso en la construcción del modelo, si bien vaya por delante que ni remotamente existe un modelo único.

En Alzira abordaremos el nuestro, basado quizá más que otros en la administración electrónica y apoyando la gestión inteligente sobre la misma. De hecho el Proyecto Smart City (Alzira inteligente) se integra en nuestro Plan de Mejora e Innovación, que no es otra cosa que una versión extendida del Plan de Implantación de la Administración Electrónica al que se refiere la Ley de Economía Sostenible. Precisamente hace unos meses comparamos administración electrónica con Smart City (pinche aquí). Si vamos directamente a los servicios públicos sin automatizar los servicios internos probablemente estaremos construyendo la casa por el tejado. Hay proyectos que son muy bonitos, pero para que no sean un fiasco, hay que hacer las cosas bien. La punta del iceberg es un espectáculo maravilloso pero la parte sumergida es mucho más enorme y sólida. Por otra parte tampoco todos los municipios son “ciudades”, de hecho la inmensa mayoría no lo son, y no por ello deben ser menos “inteligentes”. Es absurdo relacionar población y recursos con buen funcionamiento. Eso sería eficacia, no eficiencia. Seamos pues administración inteligente, en todo caso, y además puede que Smart City. Es como lo de ganar y dar espectáculo, ya me entienden los aficionados al deporte, pero lo que en el fondo todos queremos es ganar. Es muy bonito también ganar cuando no eres el Madrid ni el Barcelona (en nuestro caso cuando no eres Madrid ni Barcelona, valga el paralelismo).

La Alcaldesa, Ignacio Vera y un servidor presentando el otro día “Alzira al mòbil”

Es por ello que afirmamos, y siempre afirmaremos más allá del impacto político de la expresión Smart City o la entrada de nuestra ciudad en la RECI, que Alzira (y cualquier administración en la que yo esté hasta donde me dejen) será una administración inteligente, gestionada de forma inteligente. ¿Qué es en definitiva una Smart City? Una administración que presta sus servicios (no importa tanto si propios o “impropios”) pensado en el ciudadano, sensorizando los inmuebles y espacios públicos y en general aprovechando la tecnología para hacer la vida más fácil; que tiene implantada la administración electrónica para dar cobertura a los derechos electrónicos de los ciudadanos y también (que no se olvide) para responder de  la mejor manera posible la atención presencial; que es legal y transparente y está donde está el ciudadano (en la Red, en los móviles, en las redes sociales…) a fin de ofrecerle toda la información e interactuar (open government); que fomenta el ahorro de energía, la economía y las iniciativas empresariales de futuro, es decir, las tecnológicas y sostenibles… El gran beneficiario de todo ello no será por tanto el político, ni el técnico (que también), sino toda la ciudadanía. Es un proyecto precioso, complejo pero factible, con un coste de inversión más bajo de lo que parece y en todo caso subvencionable o financiable con la colaboración público privada, siempre con retorno de la inversión (en el Ayuntamiento estamos ahorrando cientos de miles de euros con la reducción de cargas administrativas, RCA) y ese intangible que no se valora en dinero que es la excelencia. Manos a la obra porque vale la pena.

Muchos años “huyendo” del derecho… Y ya está bien

El presente constituye la versión extendida de mi artículo para el Diario Levante EMV publicado el 17/11/13, titulado “Canal 9 – Políticos 0“.

1.- Nada nuevo bajo el sol

Lo que ha ocurrido en C9-RTVV, y que salvo milagro que lo impida concluirá con su clausura, liquidación y cierre, es un hito más en la triste Historia de las mercantiles de capital público, creadas y usadas como medio para ese fin tan ilegal como inmoral que llamamos popularmente corrupción.

En efecto, si hablamos de antecedentes, y como jurista, les puedo decir que en este tema llueve sobre mojado. Históricamente las sociedades mercantiles de capital público –que no “empresas públicas”- han sido (y son) la excusa perfecta para saltarse a la torera el “incómodo” derecho administrativo, plagado de procedimientos, algo que no siempre nos gusta, pero al mismo tiempo de garantías. Dicho de otra forma, la creación de una mercantil era la forma de que las distintas AAPP contrataran a las personas (si hablamos de relaciones laborales) y empresas (de servicios y suministros) que subjetivamente considerasen, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que una entidad privada no se sujetaba al derecho público –afirmación hoy día muy matizable-. Una empresa privada hace lo que le da la gana, sí, pero claro, con el dinero público o con el servicio público el realganismo no vale, al menos a largo plazo, porque luego pasa lo que ya ha pasado.

Europa lo veía, sobre todo en España, y nunca ha avalado este tipo de fraudes de ley. El Informe y conclusiones de la Comisión de Expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la contratación pública del año 2004, señalaba que el estatuto de Derecho privado de una Entidad no constituye un criterio que pueda excluir su calificación como poder adjudicador, es decir, como entidad sujeta por la ley de contratos públicos. Como se pone de manifiesto en las Conclusiones del Abogado General Sr. ALBER presentadas el 7 de noviembre de 2002 en el Asunto C-283/00, Comisión vs. España, si fuese decisivo a qué rama del Derecho está sujeto el organismo según las disposiciones nacionales, las autoridades de un Estado miembro podrían eludir fácilmente la aplicación de las Directivas sobre contratos públicos. Ésta elusión o huída del derecho administrativo, es la que se ha venido produciendo con la proliferación de entidades dependientes, y “dependientes de las dependientes” (dependencia “en cascada”), sujetas a derecho privado, pero a través de las cuales actúan realmente los entes públicos. En el mismo sentido apreciado por el Abogado General, fue dictada el 16 de octubre de 2003 la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en este Asunto, en relación con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S.A. En esencia, según la aludida argumentación del Letrado, «bastaría con crear una sociedad, por ejemplo, una sociedad anónima de suministros, sujeta únicamente al Derecho privado, y prever como objeto social el suministro de mobiliario de oficina, papel, etc., a las autoridades estatales. Aunque el Estado sería accionista único y podría influir en todas las decisiones de la sociedad anónima de suministros, no estaría obligado a publicar anuncios de licitación, porque la sociedad anónima de suministros no estaría sujeta al Derecho público, sino al privado. 

Para acabar de situarnos cabe recordar que Radiotelevisión Valenciana, SA (en adelante RTVV) es una sociedad mercantil –es decir, una empresa privada- pero de titularidad pública, dotada de personalidad jurídica y con plena capacidad. Adopta la forma de sociedad anónima, cuyo capital social será participado en su totalidad por la Generalitat o sus entidades autónomas. Esto dice el artículo 6 de la, aún vigente, Ley 3/2012, de 20 de julio, de la Generalitat, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana -y modificada por el Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell, “por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat”-.

2.- Huída del derecho

Esta “huída del derecho administrativo” -el que regula los procedimientos de selección de los contratistas o proveedores, y también el de los empleados de la entidad- se traduce en definitiva en una “huída del derecho”, de cualquier derecho, lo cual ha situado siempre a estas entidades, con muy pocas excepciones, en la clandestinidad jurídica. Como hemos visto Europa lo ha denunciado desde hace muchos años, pero aquí hemos hecho caso omiso. Para colmo se ha sobredimensionado un sector público ya per se cargadísimo en España. Es muy probable que esté justificada la creación de una mercantil para la prestación del servicio público de radio y televisión, no discutimos hoy eso –sí podemos discutir la creación de muchas otras entidades- pero esta situación de ilegalidad crónica, de mala gestión, y de ausencia de controles y auditorías jurídicas y económicas han ido acumulando despropósitos, y cómo no, deudas e ilegalidades. Y esto sí se puede aplicar a RTVV. Había mucho en juego, pero se ha optado por el clientelismo y no por la eficacia, enchufando (así de claro) a los afines para puestos directivos, los cuales han servido a su amo pero simultáneamente han machacado la entidad. Con la honrosa excepción de Rosa Vidal, una persona justo del perfil contrario al del “sobrino tonto”, pero a la que han pasado una “patata caliente” en el último momento, y que por si tenía poca dificultad su tarea de reflotar la mercantil, no la han dejado trabajar.

3.- Las peores formas para tomar una decisión ya tomada

Lo cierto es que RTVV ha funcionado, en mi opinión desde su inicio pero de forma radicalizada en las dos últimas décadas, de esa manera viciada. Vicio que se agrava al tratarse de un medio audiovisual e informativo público… Y de este modo, desangrándose el enfermo, hemos llegado a los últimos años, los peores… Por razones de espacio no recapitularé en este momento los acontecimientos relacionados con el ERE, y su reciente Sentencia. El caso es que el fallo, como era de esperar, estima la demanda de los trabajadores indebidamente despedidos -el ERE hacía aguas sobre todo en lo formal- y cuatro horas más tarde el Consell toma la decisión más importante de la historia de la Generalitat Valenciana con un nivel de celeridad en el mejor de los casos criticable.

Y se emite una nota de prensa, todo ello a una velocidad impropia de la Administración y con un nivel de detalle que hace pensar que la decisión estaba ya tomada, y que únicamente faltaba el detonante, la excusa. Y después de haber estudiado, mal si ha sido en cuatro horas y casi peor si ha sido en varios meses, todas las opciones, la única conclusión posible, la única solución –para el Consell- es que “només queda l’altra via que és, lamentablement, procedir a la supressió del servici públic de la ràdio i la televisió d’àmbit autonòmic”. Menudo jarro de agua fría leer esto de repente, sobre todo para quien se va de cabeza al paro, pero también para 5 millones de personas más…

Al día siguiente hubo -dicen que más vale tarde que nunca- una rueda de prensa en mi opinión demagógica, porque aunque la sanidad o la educación en efecto son más importantes que la televisión o la radio, si hacemos la misma reflexión sobre todos los servicios no quedaría ni uno salvo quizá la asistencia sanitaria básica. Un muy dudoso fondo apoyado en unas formas aún peores. En Grecia, un país que destaca por sus altos niveles de corrupción y su mala gestión pública, pasó exactamente lo mismo hace unos meses. Dudoso honor para el Gobierno valenciano ser el segundo en cerrar una televisión pública. Esto es especialmente grave incluso en el caso de que el cierre estuviera justificado. Podremos negar o no la oportunidad de la medida, pero nunca la mala gestión acumulada a la que hacíamos alusión. Aquí somos mucho de decir que “entre todos la mataron y ella sola se murió”, pero en otras democracias más avanzadas ante una cosa así –caso improbable de que ocurra- se buscarían responsables.

Canal 9 Políticos 0 (goleada, pero por desgracia la victoria es solo moral)
Canal 9 Políticos 0 (goleada, pero por desgracia la victoria es solo moral)

4.- Triplicando la audiencia (menuda lección)

Y tras el anuncio de cierre la reacción de los trabajadores de RTVV, y también de la sociedad valenciana, y española. En las redes sociales, en la calle, y sobre todo en la propia televisión y radio. Sintiéndose por primera vez independientes, los empleados han seguido haciendo televisión y radio, siendo reivindicativos pero profesionales, trabajando como nunca en los peores momentos al mismo tiempo que intentaban recuperar su tele, su radio, su trabajo, su vida (y de la muchos otros). #RTVVnoestanca ha sido un grito unánime estos días.

Aplaudo la lección de profesionalidad, compañerismo, madurez, lucha y ética que los empleados del ente han mostrado tras el anuncio, eso sí, y todo hay que decirlo, alguno tan paniaguado como los directivos de antaño, por lo que me han parecido extraños en su papel reivindicativo. Bueno, más vale abrir los ojos tarde que seguir en la penumbra… El caso es que la audiencia se triplicó de martes al jueves de esa semana.

Al final, y para evitar el “desmadre”, el anteriormente citado Decreto Ley del Consell, corta por lo sano –por segunda vez en tres días- esta pequeña rebelión, con el loable objetivo de “reestablecer el correcto funcionamiento del servicio público” y porque los trabajadores “no han respetado desde el miércoles las condiciones del contrato-programa”. Cierto: claro que no….

5.- Servicio público con mayúsculas. Sobre la transversalidad

Es cierto, insisto, que la televisión y la radio son servicios públicos menos importantes para la sociedad que tener una salud pública (?) y una educación de calidad (?). En términos estrictos así es, pero si analizamos el verdadero alcance del servicio que un medio público presta a la sociedad nos hallamos ante un servicio público de primer nivel, transversal, ya que además del papel que en sí mismo representa, difunde y fomenta muchos otros: la cultura y la lengua valenciana, la educación (de jóvenes y adultos), el deporte, el empleo, los hábitos saludables, la ciencia… Y por supuesto la información y el entretenimiento. Que nadie se ofenda, pero las privadas ni remotamente cumplen tales funciones. Por otra parte hay otras televisiones públicas, pero no son valencianas.

Un abrazo para todos los valencianos, especialmente para los más afectados por la decisión del cierre (los trabajadores y sus familias), y valga el presente como un granito de arena más para que #RTVVnoestanque.

En contra de la administración electrónica

Venga, va, las he contestado tantas veces por separado que ya me he animado a agruparlas y las contestaré todas juntas. A continuación expongo las preguntas y tópicos más recurrentes de quienes se posicionan –a veces sin saberlo- en contra de la administración electrónica y, en general, “en contra”. Eso sí, me voy a permitir responderlas de manera más irónica que la que emplearía en una charla formal.

La administración electrónica va en contra de la gente mayor 

La administración electrónica no supone la sustitución de una administración por otra, o mejor dicho, sí, pero solo internamente. Desde luego que la administración debe ser íntegramente electrónica pero el ciudadano, ese que paga sus impuestos, puede elegir entre serlo y no serlo. Tenga la edad que tenga. Alguno se sorprendería del enorme uso de los medios electrónicos en la franja de la tercera edad. Hay miles de cursos de informática a nivel de usuario para personas mayores, y les aseguro que son mayores, no tontos, de modo que “controlan”. Y si no siempre se le puede encargar al nieto una gestión… En definitiva, el ciudadano puede optar por relacionarse con la administración por medios electrónicos o, si así lo desea, del modo tradicional. La eAdministración es una puerta más que se abre, pero no se cierra ninguna. No se discrimina a nadie. Precisamente las administraciones más modernas tienen a disposición del público oficinas de atención ciudadana de mayor calidad. La catalogación y la automatización interna de los procesos lo facilita, pero el ciudadano, hoy en 2013 y dentro de 50 años en 2063, que haga lo que quiera. Por último: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones, y no en las próximas elecciones” (W. Churchill)

La administración electrónica es cara

Falso. Niego la mayor. No es cara y sí tiene un coste que, por definición, se amortiza rápidamente. La organización debe destinar recursos propios y, sobre todo si es pequeña, subvenciones, para cumplir sus obligaciones legales y sociales en la efectividad de los derechos electrónicos de los ciudadanos. Una vez implantados, los servicios electrónicos propician de forma natural una reducción de cargas administrativas que se traducen en un menor gasto y en ocasiones incluso en mayores ingresos. Retorno de la inversión (RCA -> ROI). Pronto la administración electrónica “estará pagada”, y si alguien no se lo cree que pregunte en Picanya, Alzira o Catarroja…

En todo caso tiene un coste, y aunque el ciudadano tiene derechos electrónicos ese dinero se podría invertir en satisfacer otros derechos primarios y de necesidad más imperiosa, como el empleo o la vivienda.

Desde luego, precisamente con el ahorro generado se puede y se debe invertir en esas políticas públicas primarias, con las que la administración electrónica y la “inteligente” están muy relacionadas. En algunas ocasiones la administración electrónica se encuentra incluso tanto en la forma como en el fondo de estas políticas públicas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alzira hemos implantado medidas de interoperabilidad-RCA en el trámite de ayuda a las familias que se encuentran en especiales situaciones de desempleo, ahorrando 200.000 euros a los solicitantes, alguno de los cuales además por supuesto resultará beneficiado con un puesto de trabajo.

En todo caso tiene un coste, y muchos ayuntamientos pequeños no pueden abordarlo, por lo que de alguna forma quedan excluidos de aplicar la Ley 11/2007.

Decía la Ley 11/2007 que si el 31 de diciembre de 2009 no había “disponibilidades presupuestarias” la implantación de la Ley se podía demorar. ¿Cuánto tiempo? De momento han pasado 6 años desde la Ley, 4 desde el citado plazo, 10 desde la Ley de firma electrónica o la Ley General Tributaria y 21 desde la Ley 30/92… No sé, diría que algún día habrá que ponerse, ¿no? Ya hemos comentado que hay ayudas y desde luego es importante el papel de las administraciones supramunicipales. La nueva ley de régimen local coloca la competencia de administración electrónica en el listado de las competencias propias de las Diputaciones. Por último, un ayuntamiento pequeño tiene menos recursos, claro está, pero en la parte positiva tiene menos expedientes y mucha menor complejidad. La administración electrónica es barata, y además como hemos dicho se amortiza rápidamente. Pocas administraciones han implantado totalmente la Ley pero ha pasado mucho tiempo desde que se aprobó como para no haber movido un solo dedo en este sentido. Muchas veces confundimos el “no poder” con el “no querer”. La administración electrónica tiene enemigos de mucho mayor calado que el coste de la inversión.

¿Para qué perder tiempo y dinero construyendo aviones si mientras tanto podemos avanzar a pie? (piensan algunos)
¿Para qué perder tiempo y dinero construyendo aviones si mientras tanto podemos avanzar a pie? (piensan algunos)

Puedan o no, quieran o no, lo cierto es que algunos ayuntamientos no van a implantar los servicios electrónicos, ¿habrá ciudadanos de primera y de segunda?

Por desgracia sí, y no solo en cuanto a los servicios electrónicos, sino en lo referente a muchos servicios, máxime cuando entre en vigor la reforma del régimen local. La calidad de vida de una persona va a verse muy afectada, repito que por desgracia, por el municipio en el que se encuentre empadronada. No solo habrá brecha digital, sino que habrá “brecha”.

La firma electrónica no es una firma.

No, y el caballo blanco de Santiago no es blanco… ni caballo, ni nada vamos. Ni siquiera es de Santiago, lo ha robado.

La firma electrónica sí es una firma, pero ¿reúne los requisitos de seguridad jurídica necesarios?

No solo los reúne (ver Ley de firma electrónica, Ley 11/2007, Esquema Nacional de Seguridad, etc…) sino que de hecho es infinitamente más segura que el garabato que hacíamos antes (o aún hacemos). Falsificar mi firma electrónica es tan difícil (o tan fácil) como robarme la tarjeta y sondear mi mente con procedimientos de espionaje de la guerra fría para extraerme el pin.

La fe pública no se puede ejercer con la firma electrónica, porque no permite el “ante mí”.

Hay que replantearse seriamente, en las profesiones de Notario y Secretario de Ayuntamiento, la función de fe pública. En los Ayuntamientos, y es mi opinión, actualmente quien da fe de que el Alcalde es el Alcalde en la firma de un decreto es su propia firma electrónica reconocida. Por otra parte el Secretario ya no interviene ni en las compulsas electrónicas ni en los certificados de empadronamiento. Nos guste o no, la fe pública, la fehaciencia, ahora la ejercen instrumentos como el certificado de firma o el timestamping.

Entonces los Secretarios de Ayuntamiento ya no son necesarios.

Al contrario, lo somos más que nunca. Adiós burocracia, hola gestión pública. Podemos y debemos ejercer funciones directivas (por ejemplo liderando la implantación de los Planes de modernización). #eficracia

El procedimiento electrónico no permite sacar un decreto con fecha anterior a la de su emisión/firma.

No, no lo permite.

La subasta electrónica es un “gitaneo”.

Pues la ley dice que se debe adjudicar a la oferta “económicamente más ventajosa”, y la subasta electrónica ayuda muy mucho a este fin. ¿Qué problema hay en adjudicar al más barato si ya hay un pliego administrativo, un pliego técnico, un proyecto de obras, un contrato, las propias ofertas técnicas de los licitadores y toda una batería de documentos que rigen la ejecución del contrato y que son Ley (además de la Ley) para los contratistas? Las cosas no se hacen mejor porque se paguen más caras, más bien depende de que el contratista sea profesional y serio. En todo caso me hacen gracia las lecciones de moral por parte de quien lo que en realidad quiere (y ya no puede) es adjudicar en base a criterios subjetivos, y no objetivos (y económicos) como el precio. Si se me permite el juego semántico, a algunos enemigos de la contratación electrónica paradójicamente les encanta la contratación digital (a dedo). Ahora hasta los contratos menores tendrán un procedimiento (electrónico). Lo siento por corruptos y compañía.

El vídeoacta perjudica a los sordos.

No más de lo que el acta tradicional perjudicaba a los ciegos (con todos los respetos). En todo caso los vídeos se pueden subtitular, siempre y cuando (y mis respetos al máximo, nuevamente) a la persona sorda le interese leer la parte de debate del Pleno, es decir, las disertaciones de los concejales, porque la parte dispositiva sigue constando por escrito. En todo caso aplaudo la imaginación de quien cayó en la cuenta de este “problema” del Vídeoacta. Los hay que tienen madera para ser abogados del Diablo.

Las tareas adicionales que supone adaptar un ayuntamiento a la administración electrónica son inabordables pues saturan la jornada de trabajo de unos empleados públicos ya cargados de por sí con otras tareas más inmediatas e importantes (subtítulo: “a mi déjame en paz”).

Más inmediatas vale, más importantes “ni harto vino”… Pero incluso esas tareas inmediatas puede que tras la implantación pasen a mejor vida y nuestra vida, valga la redundancia, sea mejor. No creo que un funcionario pueda escudarse en que tiene que poner escudos (valga otra vez la redundancia), o realizar miles de fotocopias, o trasladar pesados expedientes de un departamento a otro como pretexto para no formarse, informarse y “remangarse” en la implantación de sistemas que en el futuro le van a permitir realizar las mismas cosas en mucho menos tiempo y, a medio plazo, con mucho menos esfuerzo. Incluso si no tiene vocación de servicio público y le dan igual las ventajas para el ciudadano, tendría que pensar en sí mismo. Lo que pueda hacer un sistema automáticamente no lo debe hacer una persona. La persona, superior intelectualmente a la máquina (¿?), debe supervisar el sistema, pero no picar la piedra. Puedo pedir que me dejen en paz porque en mi RPT han puesto que debo descargar 100 sacos de 100 kg de un camión, pero por muy fuerte que yo sea la máquina siempre lo va a hacer mucho más rápido y sin inmutarse. Eso sí, primero debo aprender a manejarla. Afortunadamente la mayoría lo ven claro y hablamos de casos contados (cada vez más contados) de la famosa “resistencia al cambio”. Esto es un tema psicológico, no nos engañemos. Ni técnico ni económico. Muchas de las personas que en su organización no rinden están en contra de los procesos de cambio, un cambio que está demostradísimo que es a mejor (¿quién quiere estar peor pudiendo mejorar?). Precisamente por mi experiencia he comprobado que dichos “resistentes” son los que luego en los foros (presenciales, no telemáticos, claro está) realizan preguntas como las que estamos analizando.

¿Por qué no lo asume todo el Estado con plataformas comunes y gratuitas, evitando una especie de “brecha digital” que se está produciendo entre las distintas administraciones, sobre todo ayuntamientos?

Esta es una buena pregunta (para variar) y la respuesta es que “ojalá”. Apuntábamos el papel de las “administraciones superiores”. Algunos ayuntamientos necesitan como agua de mayo la ayuda no solo del Estado, sino también de las CCAA y sobre todo de las Diputaciones. También se pueden mancomunar servicios. Hay algunos servicios electrónicos comunes, como las centrales de compras, que han puesto a disposición estas administraciones, pero es cierto que al final nos vemos abocados a hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta, lo cual provoca, como hemos dicho, una indeseable brecha digital.

Para ser Smart City hay que ser una ciudad, lo dice la propia expresión.

Claro, y los de menos de 100.000 habitantes no pueden ser inteligentes. Nacen y mueren tontos. Vamos, que solo se puede implantar la tecnología en los servicios, sensorizarlos, adoptar políticas públicas de empleo joven, de medio ambiente, y de mejora de la calidad de vida si gestionas una ciudad grande. Si no, te aguantas, y aunque quieras no puedes. Al no ser “city” no se es “smart”… Pues Smart es un coche. Hablemos mejor de administración inteligente para no excluir a nadie, ¿verdad que parece más justo?

Avanzando hacia el municipalismo europeo… Y mundial

Como ya adelantamos, el mes pasado estuvimos en los OPEN DAYS del Comité de las Regiones, una de las instituciones más importantes de la Comunidad Europea que curiosa y desgraciadamente pasa por ser la más desconocida, tal y como se desprende de la encuesta realizada por el interesante programa sobre temas europeos que actualmente emite @Nou24RTV: A2 Europa (@A2Europa#A2europaNOU). Sin embargo lo cierto es que el COR es capital en el desarrollo del modelo europeo (y de la propia esencia de la idea de la integración europea) porque es precisamente la institución en la que están representadas las autoridades regionales y locales (en nuestro caso CCAA, Diputaciones y entidades equivalentes, y municipios). Ninguna política pública del futuro que no tenga en cuenta los principios de subsidiariedad, descentralización y proximidad puede prosperar.

Con el Presidente Eulalio Ávila antes de empezar una de las ponencias
Con el Presidente Eulalio Ávila antes de empezar una de las ponencias

En cuanto a los Open Days, tal y como estaba previsto tuvimos la oportunidad de hablar y sobre todo aprender más de temas como Smarts Cities, colaboración público privada, medio ambiente, mejora de la productividad, recuperación del entorno rural (una de las conferencias que más me convenció), y muchos otros temas de interés comunitario, y aún mundial, todo ello en un clima de colaboración e intercambio de opiniones y experiencias muy propicio para el crecimiento y homogeneización del municipalismo europeo. Sorprende ver lo parecidos que somos. No hay ninguna otra administración que presente caracteres tan comunes en todo el mundo.

En cuanto a nosotros, nuestra presencia se centraba, al margen de las citadas conferencias sectoriales, en la Asamblea anual de UDITE, la Federación europea de Jefes ejecutivos de los Gobiernos Locales; y en la presentación de la publicación Strengthening partnerships between the public and private sectors – From theory to best practice (UDITE & Veolia Environnment, 2013), en la que tengo el privilegio de colaborar con el estudio COST EFFECTIVE LOCAL INFRASTRUCTURES IN CHALLENGING ECONOMIC TIMES.

Precisamente la colaboración público privada (que no la privatización) aparece como una de las vías fundamentales para la superación de esta crisis que, pese a todo, desde luego no ha finalizado. En Europa existe la sensación de que no hay dinero, créanme, y eso que la mayoría de países están mejor que España, así como la cultura de la eficiencia y de las “buenas ideas” el servicio de la necesidad de gestionar mejor. Los Ayuntamientos, como siempre, son el paradigma de esta reflexión. Por ejemplo, los parques tecnológicos empresariales para emprendedores y otros eventos como los Campus para empresas tecnológicas incipientes son buenas iniciativas. Lo bueno de todos estos proyectos es que Europa los financia. Llamo la atención sobre el Programa Horizon 2020.

En definitiva, todos estos asuntos son más que interesantes para los Ayuntamientos españoles. En pocos días tendremos nuevamente el honor de estar, esta vez en Barcelona, en un evento aún más importante: el Congreso Mundial Smart City Expo, De todos los temas que tenemos los municipios (del mundo) sobre la mesa el más importante al tiempo que más complejo es cómo dar mayor servicio al menor coste, algo que únicamente se puede lograr con una gestión inteligente, la cual consiste en incorporar la tecnología a los servicios y espacios públicos, teniendo en cuenta el medio ambiente y la mejora de la calidad de vida. Esto es algo que ya sabíamos y que también quedó claro en Bruselas cuando fuimos en octubre.

Cena (informal) de España con Malta, Holanda y GB
Cena (informal) de España con Malta, Holanda y GB

En definitiva, vemos una Europa unida, y ello a pesar de que el modelo europeo, por sus mecanismos de corrección económica, no pasa por su mejor momento en tiempos de crisis. Lo que en todo caso no se puede dudar -y quien lo haga debería asumir todo lo negativo de “salir de Europa- es la legitimidad de las instituciones europeas a la hora de elaborar las políticas públicas principales y las directrices para su aplicación. Los responsables de dicha aplicación son los Estados miembros, mientras que las instancias intermedias -los propios Estados, las entidades regionales, y las provinciales- están llamadas a desempeñar un rol colaborador. Por último, los municipios aparecen relegitimados por Europa y por los ciudadanos, a partes iguales, pues ambos poderes reclaman proximidad. Avancemos pues hacia el modelo de municipio europeo, o mejor dicho, modelos, dada su heterogeneidad. Pero esta se vuelve homogeneidad si hablamos de competencias objetivas y no de modelos subjetivos (según el número de habitantes, la capitalidad, la condición de turístico o de rural, la tenencia de aeropuerto, etc..). Y las competencias, las políticas públicas en definitiva, deben tener un corte municipalista, pues el principio de subsidiariedad señala que deben incumbir a las autoridades más cercanas. En el mismo sentido se expresa la Carta Europea de Autonomía Local. Si las competencias municipales fueran además acompañadas de recursos financieros suficientes (también lo señala la CEAL y la propia Constitución) esto sería lo ideal.

También tenemos claro, ya para acabar, que Europa no está sola en el mundo, y que es muy importante, por ejemplo, integrar a China si es que un día queremos dar un paso más y hablar de municipalismo mundial y de Smart Cities… En pocas décadas el gigante chino tendrá más de la mitad de las grandes ciudades del mundo y esas urbes superpobladas deberán ser ecológicas, económicas y tecnológicas, o lo van a tener francamente difícil. Abogamos porque un día todas las grandes ciudades del mundo sean muy similares, a partir de modelos estándar adaptables de Smart City.

ANEXO. COST EFFECTIVE LOCAL INFRASTRUCTURES IN CHALLENGING ECONOMIC TIMES (Víctor Almonacid – Spain)