10 preguntas a… Miguel Ángel Blanes

“Estamos ante una oportunidad inmejorable para mejorar nuestra democracia, haciéndola más justa y transparente, y la estamos desperdiciando” (Miguel Ángel Blanes).

Tenía ya ganas de hablar con alguien, sin sesgos ni tapujos, de transparencia. foto nueva miguel

En palabras de Borja Adsuara, la transparencia consiste en una serie de derechos sobre los datos; mientras que la protección de datos contiene derechos sobre nuestros datos, de modo que son disciplinas absolutamente emparentadas. La transparencia es en efecto un derecho, uno de rango fundamental según la doctrina más autorizada. Nos preguntamos si este derecho ha sufrido algún menoscabo durante las últimas semanas. O mejor dicho, se lo hemos preguntado al experto.

Miguel Ángel Blanes Climent es Doctor en Derecho y Máster en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante. Su tesis doctoral, que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude (2013), versó sobre “La transparencia informativa de las Administraciones Públicas. El derecho de las personas a saber y la obligación de difundir información pública de forma activa”. Esta tesis doctoral fue publicada por la editorial Thomson-Reuters Aranzadi (2014)[1] y recibió en 2016 el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Alicante. El Sr. Blanes es funcionario de carrera en servicio activo desde 1990. Ha trabajado en distintas Administraciones públicas. Actualmente es Técnico Jurídico del Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana. Forma parte de la lista de expertos en Derecho Administrativo del Parlamento Europeo (call for expressions of interest EPRS/COLL/SER/16/004/CEI) y de la lista de expertos en transparencia, lucha contra la corrupción y lavado de dinero negro de la Comisión Europea (call for expressions of interest CEI/2018/SRSS/01). Especialista en temas de transparencia y acceso a la información pública, participa habitualmente en masters universitarios, cursos de formación, conferencias, etc. y publica artículos sobre esta cuestión detallados en su perfil de LinkedIn y en su Blog.

Más información:

Vamos ya con las 10 preguntas a Miguel Ángel Blanes, y por supuesto con sus respuestas, como siempre valientes y asertivas, como es de agradecer en los tiempos que corren.

1.- He visto que al menos los cinco últimos comentarios publicados en tu blog se refieren a la falta de transparencia durante la crisis provocada por el coronovirus, ¿no te has obsesionado un poco con el tema? Vivimos en un país en el que ya habrá quien piense que pretender atacar al Gobierno…

Nada más lejos de la realidad. Si los partidos de la oposición estuvieran ahora gobernando, hubiera dicho exactamente lo mismo. La transparencia es necesaria para luchar contra el Covid-19, gobierne quien gobierne. Apunto algunas razones:

– Compartir la información entre todos países y entre todas las entidades territoriales para no cometer los mismos errores. Este virus no conoce fronteras.

– Informar a la ciudadanía para que pueda controlar las decisiones adoptadas por los poderes públicos.

– Luchar contra la desinformación. Son muchas las noticias falsas que circulan estos días por internet y las redes sociales. Esta desinformación genera mucha confusión y angustia a la ciudadanía. La transparencia es el mejor desinfectante contra el virus de los bulos.

2.- Según las noticias aparecidas en los medios de comunicación, ha habido mucho lío con las cifras oficiales. ¿Qué ha pasado?

Nos hemos encontrado con los siguientes problemas: datos básicos pocos fiables, con escasa información desagregada por edades, patologías y sexo de las personas afectadas; diferencias entre los sistemas de recogida de datos entre Comunidades Autónomas y hospitales; descentralización y dispersión de los datos y falta de actualización diaria de los mismos, entre otros.

Se ha echado en falta el funcionamiento coordinado e integrado, en una única página web centralizada, los datos diarios de la expansión del coronavirus, en lugar de tener que ir navegando por las distintas páginas web de los servicios de salud pública autonómicos.

La información no puede facilitarse  de cualquier manera, sino de forma desagregada por edades, patologías previas, sexo, etc. para que cada uno de los colectivos afectados la pueda comprender. Además, debería ser publicada de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.

3.- ¿Cómo se podría haber gestionado mejor esta cuestión de los datos?

Algunos epidemiólogos entrevistados por los medios de comunicación achacan estos fallos a los diferentes y obsoletos sistemas de gestión estadística entre Comunidades Autónomas, cuyos indicadores no son comparables, así como a la escasa inversión económica y política durante los últimos años para actualizarlos.

La falta de inversión económica y de interés político también fue denunciada en un estudio científico que un grupo de expertos epidemiólogos publicó en 2017.

También es importante destacar que, nueve años después de la Ley General de Salud Pública de 2011, sí, no me he confundido, he dicho nueve años, todavía no se ha aprobado por el Estado el reglamento necesario para la configuración y funcionamiento de la Red de Vigilancia en Salud Pública, impuesta por el art. 13.3 de dicha Ley.

Esta red es necesaria para coordinar los diferentes sistemas de vigilancia autonómicos, incluyendo entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida, con un funcionamiento continuo e ininterrumpido las veinticuatro horas del día, con el objetivo de centralizar, analizar, interpretar y difundir información para fundamentar las actuaciones de salud pública, velar por un desarrollo homogéneo de la vigilancia en el territorio nacional y crear mecanismos eficaces de coordinación para posibilitar una vigilancia integral.

4.- Te lo tengo que preguntar… ¿Qué opinión tienes de las primeras ruedas de prensa del Gobierno con preguntas previamente seleccionadas sin publicidad?

Me parecía un gran error. Afortunadamente, la presión de la gran mayoría de los medios de comunicación y de la opinión pública, provocaron un cambio en el formato y una mejora en la transparencia de las mismas.

Las ruedas de prensa en un sistema democrático consolidado deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos: preguntas libres, sin filtros ni censuras, en directo; respuestas breves, directas y sin evasivas; posibilidad de repreguntar; claridad para facilitar la comprensión y tiempo suficiente.

5.- Y ahora te voy a pinchar un poco con un tema que sé que realmente te enerva (y no es para menos)… ¿Era o no era necesario suspender los plazos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública durante el estado de alarma?

No solo no es necesario, sino que, en mi opinión, es una medida ilegal. La declaración del estado de alarma puede limitar el ejercicio de ciertos derechos fundamentales, pero no suspenderlos, ya que ello es más bien propio del estado de excepción.

Aunque el derecho de acceso a la información pública todavía no ha sido reconocido como un derecho fundamental, cuando se suspende, también se están suspendiendo los siguientes derechos fundamentales: a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (art. 20.1.d), a participar en los asuntos públicos (art. 23.1) y a acceder a la información pública cuando lo ejercita un cargo electo (concejal, diputado o senador).

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 83/2016, de 28 de abril, ha recordado que  la suspensión de derechos fundamentales solo se puede producir durante la declaración de los estados de excepción y sitio, pero no durante el estado de alarma en el que nos encontramos.

6.- La reflexión jurídica está meridianamente clara, pero me vas a permitir que insista. Según tu opinión, ¿por qué a pesar de todo el Gobierno tomó esta decisión?  

 No tiene ningún sentido. Es una decisión absurda por las siguientes razones:

Por un lado, el estado de alarma vacía absolutamente de contenido real el derecho de acceso a la información pública precisamente durante un periodo en el que es muy importante saber lo que está pasando, al margen de la información que se publique de forma activa por parte de las entidades públicas en las páginas webs oficiales. Esta suspensión no tiene ningún sentido en un estado democrático de derecho.

Por otro lado, si el propio Gobierno consideró que las personas que trabajan en los medios de comunicación y en las agencias de noticias de titularidad pública y privada son servicios esenciales en esta crisis del coronavirus (apartado 11 del Anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo),  ¿cómo van a desarrollar su trabajo los periodistas si se considera que los plazos de tramitación de las solicitudes del derecho de acceso a la información pública están suspendidos durante el estado de alarma?

Lo lógico sería al revés. No solo que los plazos no estuvieran suspendidos, sino que se hubieran acortado por razones de urgencia para permitir un acceso más rápido a la información por parte de quienes acrediten que trabajan en los medios de comunicación o agencias de noticias, por ejemplo, en un plazo de 5 días, ampliable como máximo a 10. De lo contrario, el interés de la opinión pública en acceder a la información, se retrasa en exceso hasta que desaparece por completo o se reduce considerablemente.

7.- El estado de alarma está durante más de lo inicialmente previsto. De hecho, ya llevamos varias prórrogas. Pronto se cumplirán los dos meses y la medida se sigue manteniendo. Supongo que si opinas que no tuvo ningún sentido establecerla aún menos justificado está prolongarla tanto tiempo. Pero si los funcionarios de los Ministerios están teletrabajando, ¿por qué no se reactivan los plazos de tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública?

Sinceramente, en mi opinión, porque no hay voluntad. El apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, por el que se declaró el estado de alarma, permite que las entidades del sector público acuerden la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios, como son aquellas solicitudes de información referidas a la gestión del Covid-19.

Lógicamente, a nadie se le escapa que no es lo mismo denegar el acceso o no contestar a las solicitudes “durante” el estado de alarma, con tantas víctimas mortales y con la opinión pública muy sensible, que denegarlo “después” del estado de alarma, cuando esa negativa puede pasar más desapercibida varios meses después, o incluso años, y el interés público haya decaído casi por completo. ¿Quién asegura que las resoluciones serán favorables y se entregará la información rápidamente? Y si se deniegan las solicitudes o no se contestan, ¿cuántos meses o años tendrán que pasar para poder acceder a la información tras agotar todas las reclamaciones y recursos judiciales posibles?

8.- ¿Qué nos cuentas de la publicidad activa. ¿Se suspendió también el funcionamiento de los portales de transparencia?, ¿por qué no se publicaban los contratos de emergencia adjudicados por el Ministerio de Sanidad?

Conviene destacar que el funcionamiento de los portales de transparencia no fue suspendido por la declaración del estado de alarma. Cuestión distinta es que publicaran con rapidez, y de forma actualizada, toda la información, sobre todo, la más comprometida y sensible.

El Ministerio de Sanidad tardó en publicar los contratos más polémicos, pero al final, se publicaron. La Junta de Consultiva de Contratación Pública del Estado, difundió una nota informativa en la página web del Ministerio de Hacienda, recordando la obligación de publicar todos los contratos, incluidos los de emergencia, tanto en el perfil del contratante, como en los portales de transparencia.

El problema con la publicación de los contratos de emergencia en los portales de transparencia es que no tienes la certeza ni la seguridad de que estén todos los adjudicados. Puede ser que se cuelguen algunos para evitar críticas y retrasar u ocultar los que puedan resultar más polémicos.

9.- Tampoco puedo dejar de preguntarte sobre la negativa a facilitar información respecto a la identidad de las personas que forman parte del comité de expertos que asesora al Ministerio de Sanidad. ¿Qué opinas?    

En efecto, el Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en la rueda de prensa celebrada el día 6/5/2020, se negó a revelar la identidad del equipo de expertos del Ministerio de Sanidad que está asesorando al Gobierno en la aplicación de los criterios que cada territorio tendrá que cumplir para cambiar de fase en la ejecución del plan de desescalada del confinamiento provocado por el coronavirus. La razón dada es evitar la presión social y mediática sobre estos profesionales.

La cuestión es que publicar la identidad de estas personas no es algo voluntario, sino obligatorio. El artículo 11 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, impone la obligación de publicar “la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente”.

La protección de los datos personales no es obstáculo, puesto que está prevista la cesión sin consentimiento por una norma con rango de Ley.

En la medida en que dichos dictámenes o informes están teniéndose en cuenta para adoptar las decisiones por parte del Ministerio de Sanidad en un sentido o en otro, es decir, forman parte de la motivación de dichas decisiones, no se trataría de informes internos de carácter auxiliar o de apoyo respecto de los cuales el artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013, de transparencia, permitiría impedir el acceso a los mismos.

Así pues, hay que publicar su identidad y también sus dictámenes. Se trata de personas que, en su calidad de expertos, y con independencia de su relación jurídica con la Administración (bien sean funcionarios de carrera, interinos, personal eventual o agentes externos), están desempeñando funciones públicas de asesoramiento especial al Ministerio de Sanidad y, por tanto, al Gobierno.

10.- Y ya para terminar, ¿algún consejo más para mejorar la transparencia en la gestión de la crisis provocada por el coronovarius?

El estado de alarma no puede ser entendido como una autorización para suspender derechos fundamentales o para incluir la legalidad existente con anterioridad. Se atribuyen potestades exorbitantes a los poderes públicos, y en la misma medida, la transparencia también debe ser excepcional. Estamos en un Estado Social y Democrático de Derecho que no tiene interrupciones ni excepciones.

Se suspende el derecho de acceso a la información pública durante el estado de alarma, precisamente cuando más falta hace, en lugar de potenciarlo y facilitar el rápido acceso a la misma, en especial, por parte de los periodistas y medios de comunicación que conforman la opinión pública libre e informada.

Cuanto mayor es la información que se comparte con la ciudadanía, mayor es la confianza hacia las autoridades e instituciones públicas y menor es la alarma social que sufren los ciudadanos por no saber lo que sucede, por no saber la verdad.

Estamos ante una oportunidad inmejorable para mejorar nuestra democracia, haciéndola más justa y transparente, y la estamos desperdiciando.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. NOSOLOAYTOS. WEB OFICIAL DE VÍCTOR ALMONACID LAMELAS 2020. AVISO LEGAL.

[1]http://www.tienda.aranzadi.es/productos/libros/la-transparencia-informativa-de-las-administr/5940/4294967293

2 Comentarios Agrega el tuyo

  1. Un gran profesional pregunta y otro contesta, no se puede pedir más, una combinación perfecta.

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