50 leyes que usted debería conocer

La mayor felicidad del mayor número es el fundamento de la moralidad y el derecho (Jeremy Bentham)

He aquí las 50 leyes (vigentes) del ordenamiento jurídico español que todo jurista, funcionario, abogado, asesor o estudiante de Derecho debería conocer, y que a un sufrido ciudadano tampoco le vendría mal del todo saber. Cultura general e incluso mayor información para lidiar con algún problema. La “gracia” mnemotécnica es que están numeradas en el mismo orden que su número de ley. Ya saben que nos gustan estos juegos de gracejo. Nota: nos limitamos únicamente a las normas con rango de Ley (estatal), para no hacer esto ingente.

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¿Cómo elegir un buen gestor de expedientes?

Para la gestión ordinaria de los procedimientos, y en todo caso para el correcto cumplimiento de las Leyes 39 y 40 de 2015, un Ayuntamiento –y en su caso, sus entes dependientes- debe contar con un Sistema de Gestión de Expedientes (SGE), o “gestor de expedientes”, como herramienta para la tramitación electrónica y automática de los mismos. Sigue leyendo

Cómo recuperar el PIN de su DNI electrónico

Como adelantamos en ¿Qué es cl@ve?, el PIN es la contraseña personal que, una vez comprobada por el microprocesador incluido en el chip, nos permite el acceso a las funcionalidades disponibles en el DNI. Si lo ha perdido, lo quiere cambiar o por algún otro motivo no lo recuerda puede resultarle útil la siguiente información. Sigue leyendo

Cómo dotar de seguridad jurídica al proceso de implantación del procedimiento electrónico

La administración electrónica se compone, a nuestro entender, de cuatro grandes bloques principales de cuestiones:

  1. Jurídicas, a las que nos referiremos en la presente entrada.
  2. Organizativas, abordadas en distintas ocasiones, y otras de RRHH/formación.
  3. Técnicas/tecnológicas.
  4. Operativas, relacionadas con la accesibilidad y usabilidad del sistema, desde la óptica del ciudadano.

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¿Puede el Ayuntamiento grabar las conversaciones que mantiene con los ciudadanos?

En ocasiones dos personas no tienen la misma versión de los hechos de un mismo suceso, como no la tienen de una misma conversación. ¿Cómo demostrar, pues, que el funcionario ha atendido correctamente? Para empezar defendemos la presunción de que, ante versiones contradictorias, prevalece la del servidor público. Esto es así en numerosas ocasiones ex lege, como en el ejercicio del ius interpretandi, potestad por la cual la Administración puede imponer su interpretación del tenor literal de un contrato o la presunción de veracidad de los hechos plasmados en documento público por los funcionarios que tienen la condición de autoridad (valgan como ejemplo los “partes” de la policía), con la base legal del art. 77.5 de la Ley de procedimiento.

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