Menores controles para los contratos menores ¿Cómo queda la cuestión?

Ante todo indicar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se encuentra en fase de proyecto (aquí su texto consultable), y que aún debe recorrer un trecho para ser aprobada por el Congreso. Alguien podría preguntarse por qué analizamos entonces uno de sus preceptos non natos, pero igualmente les podría responder que pensamos que es en esta fase de elaboración de las normas cuando más hay que discutirlas, incluso si finalmente se ignoran o ni siquiera llegan las enmiendas, aunque lo que estamos viendo últimamente es que la tendencia es más bien esperar a que estén publicadas en el BOE y entonces desobedecerlas sistemáticamente hasta que las modifican o como mínimo las demoran.

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La potestad normativa local ¿LPAC o LBRL? Las dos…

El ejercicio de la potestad reglamentaria local, una de las principales si no la principal que ejercen las Corporaciones Locales, se plasma en una serie de Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el procedimiento legalmente establecido. ¿Cuál es ese procedimiento? Hasta hace poco tiempo la cuestión se presentaba mucho más clara, pero en la actualidad debemos empezar disipando la duda de la aplicación (o no) de una serie preceptos de la LPAC (Título VI, arts 127 a 133: De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones) a un procedimiento que, por lo demás, está (o sigue) regulado en la legislación sobre régimen local 

Administración (de justicia) electrónica: nuestros comentarios a la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Acaba de ver la luz la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Es el momento de analizarla desde el punto de vista de su impacto en la administración (de justicia) electrónica, en lo que parece un hito más del camino iniciado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. La tecnología es un medio. La mejora del servicio es el fin.

¿Qué responsabilidad tienen una Administración y sus empleados “por no ser electrónicos”?

¿Qué responsabilidad tienen una Administración y sus empleados por no aplicar debidamente la Ley de procedimiento (lo cual prácticamente equivale a decir “por no tramitar de forma electrónica”)? Mucha, y no creo que ni el más ingenuo piense que alguien que se sienta agraviado por una mala tramitación administrativa vaya a esperar a 2020 para defender sus intereses. Dejaremos a un lado, para no asustar más de la cuenta, el resto de alusiones legales a las distintas responsabilidades en las que puede incurrir una entidad pública, sus autoridades y empleados públicos, centrándonos exclusivamente en los distintos preceptos de la Ley de procedimiento que regulan la cuestión. A saber:

Cómo se computan los plazos cuando estos se establecen en meses (en la LPAC)

Según el art. 30.4 LPAC: “Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes”. Esta es la vieja regla del “de fecha a fecha”, pero… ¿Está realmente claro? Vamos a intentar arrojar algo de luz porque como mínimo se observa una contradicción:

¿Qué es un plagio?

La cuestión, de rabiosa actualidad, es no obstante un clásico en los trabajos y publicaciones académicas y de investigación. Desde pequeños nos han enseñado que copiar está mal. De mayores sabemos que puede ser ilegal, e incluso un delito… ¿Cómo copiar de manera legal? A veces no resulta fácil saber dónde está la frontera. Decía mi querido ex profesor Manuel Ballesteros, con su excelente humor, que “copiar de uno es plagio; copiar de varios es trabajo de investigación”.

Caducidad, prescripción y el tiempo en la Administración (y en la vida)

¿Saben cuál es la diferencia entre caducidad y prescripción? Es bueno saberlo porque, en Derecho, el transcurso de tiempo tiene consecuencias jurídicas.