Un silencio administrativo que causa vergüenza ajena

A veces, el silencio es la peor mentira (Miguel de Unamuno)

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Aplicación de las distintas leyes del sector público a las Universidades (¿deben ser “electrónicas”?)

Planteamiento

Se puede decir que el núcleo duro del Derecho Público moderno lo constituye el bloque formado las cuatro normas principales de la administración (electrónica): Ley de transparencia (y su contrapartida natural, La Ley de protección de datos), Ley de procedimiento, Ley de régimen jurídico y Ley de contratos. A esto le llamamos en su momento “rombo normativo”:

Actos administrativos locales: ¿ante quién se interpone el recurso de reposición?

Entiéndase, cuando hablamos de actos administrativos “locales” o, mejor, emanados de los órganos de las Entidades Locales, que nos referimos a los Decretos y Resoluciones de los órganos unipersonales (Alcaldía y concejalías delegadas) y a los acuerdos de los órganos colegiados (esencialmente Pleno y Junta de Gobierno Local). Y aunque hay muchos matices, algunos archiconocidos como el de que las disposiciones de carácter general se impugnan directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa (art. 112.3 LPAC), o la preceptividad del recurso en materia tributaria, o la propia existencia del recurso especial en materia de contratación, la respuesta genérica que ya adelantamos es que el recurso de reposición se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto.

Las Propuestas de resolución: concepto y tramitación

Hoy compartimos una reflexión que surgió en el seno del Curso “El proceso electoral local y la constitución de los nuevos Ayuntamientos”, finalizado esta misma semana con muy buenas sensaciones tanto por parte de la organización como de los asistentes y los ponentes. Partimos del artículo 97 del famoso ROF (Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales), teniendo en cuenta, aviso navegantes, que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) tiene carácter preeminente, si bien en la práctica muchas veces se limita a reproducir el ROF en cuanto a la regulación de este tipo de cuestiones.

Notificaciones electrónicas: la guía definitiva

La notificación electrónica o telemática (llamada así indistintamente, si bien estas dos palabras no son exactamente sinónimas) se puede definir como aquella efectuada por medios electrónicos y que pone fin a un procedimiento que también debe ser electrónico, bien porque el interesado está obligado a ello, bien porque así lo haya manifestado expresamente un interesado que no esté obligado por Ley o Reglamento a comunicarse con la Administración por medios electrónicos. Nos encontramos ya a mediados de 2019, de modo que parece un buen momento para repasar y compartir todo lo que sabemos sobre la práctica de las notificaciones electrónicas. Al fin y al cabo, en pocos años la inmensa mayoría de las notificaciones administrativas se realizará de esta forma. 

Criterios para la identificación de los interesados en las notificaciones por medio de anuncios y publicaciones

Planteada la problemática en mi propia organización, y estudiada por nosotros mismos con la inestimable ayuda de los expertos de GOVERTIS, hemos podido resolverla, razón por la cual consideramos como siempre conveniente y útil compartir dicha solución con el resto de personas y organizaciones, ya que como siempre decimos las problemáticas se repiten pero no tenemos que inventar la rueda cada vez a la hora de afrontarlas.

¿Se puede sustituir un decreto ya firmado (y notificado) por otro?

Seguro que conocéis esta problemática, una de las más habituales en los Ayuntamientos en relación a esos actos administrativos que queremos “dejar sin efecto”, bien porque eran erróneos, desfavorables para el ciudadano, hayan cambiado las circunstancias o por cualquier otro motivo. Vista la diferente casuística que presentan las propuestas de esos nuevos Decretos referidos a uno anterior, hemos considerado oportuna la aclaración de determinados conceptos, todo ello con el fin de facilitar la redacción de dichas propuestas y propiciar la calidad de los escritos administrativos, generando así seguridad jurídica y agilidad en la tramitación.