Me pide un compañero mi opinión sobre el tema de la tramitación de los contratos privados “de bajo importe”, y tratando de darle una buena respuesta prácticamente ha salido la presente entrada, la cual compartimos deseando que pueda arrojar luz sobre casos similares que alguien más pueda tener sobre la mesa. Sigue leyendo
Ante el debate generado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 15.06.2018 (Res 579/2018, Rec. 613/2015), que plantea la posible indefensión que puede producirse ante la omisión del aviso de notificación dentro de una notificación por lo demás impecable, parece un buen momento para repasar y compartir todo lo que sabemos sobre la práctica de las notificaciones electrónicas. Al fin y al cabo, en pocos años la inmensa mayoría de las mismas se realizará a través de estos medios. ¿Cómo encaja el trámite preceptivo y electrónico del aviso en esta práctica? Este es un tema complejo, pero con solución. A continuación compartimos nuestras reflexiones al respecto, como siempre con el ánimo de arrojar luz sobre la cuestión. Sigue leyendo
Ante todo indicar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se encuentra en fase de proyecto (aquí su texto consultable), y que aún debe recorrer un trecho para ser aprobada por el Congreso. Alguien podría preguntarse por qué analizamos entonces uno de sus preceptos non natos, pero igualmente les podría responder que pensamos que es en esta fase de elaboración de las normas cuando más hay que discutirlas, incluso si finalmente se ignoran o ni siquiera llegan las enmiendas, aunque lo que estamos viendo últimamente es que la tendencia es más bien esperar a que estén publicadas en el BOE y entonces desobedecerlas sistemáticamente hasta que las modifican o como mínimo las demoran.
El ejercicio de la potestad reglamentaria local, una de las principales si no la principal que ejercen las Corporaciones Locales, se plasma en una serie de Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el procedimiento legalmente establecido. ¿Cuál es ese procedimiento? Hasta hace poco tiempo la cuestión se presentaba mucho más clara, pero en la actualidad debemos empezar disipando la duda de la aplicación (o no) de una serie preceptos de la LPAC (Título VI, arts 127 a 133: De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones) a un procedimiento que, por lo demás, está (o sigue) regulado en la legislación sobre régimen local Sigue leyendo
Acaba de ver la luz la Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Es el momento de analizarla desde el punto de vista de su impacto en la administración (de justicia) electrónica, en lo que parece un hito más del camino iniciado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial. La tecnología es un medio. La mejora del servicio es el fin.
¿Qué responsabilidad tienen una Administración y sus empleados por no aplicar debidamente la Ley de procedimiento (lo cual prácticamente equivale a decir “por no tramitar de forma electrónica”)? Mucha, y no creo que ni el más ingenuo piense que alguien que se sienta agraviado por una mala tramitación administrativa vaya a esperar a 2020 para defender sus intereses. Dejaremos a un lado, para no asustar más de la cuenta, el resto de alusiones legales a las distintas responsabilidades en las que puede incurrir una entidad pública, sus autoridades y empleados públicos, centrándonos exclusivamente en los distintos preceptos de la Ley de procedimiento que regulan la cuestión. A saber: Sigue leyendo
Según el art. 30.4 LPAC: “Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes”. Esta es la vieja regla del “de fecha a fecha”, pero… ¿Está realmente claro? Vamos a intentar arrojar algo de luz porque como mínimo se observa una contradicción: Sigue leyendo
