Mucho hemos hablado en este blog (y en otros) de la llamada «huida del Derecho Administrativo«, que en esencia consiste en la proliferación de entidades satélite de las administraciones públicas, pero cuya forma jurídica privada, con la intención de escapar de las formalidades del ya difunto Derecho Administrativo, hoy en día sustituido por el Derecho Público (el aplicable a todo el sector público), precisamente como reacción a esta perversión del sistema.
Una de estas modernas normas de Derecho público o del sector público es la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, cuyo ámbito subjetivo de aplicación, amplísimo, no deja lugar a dudas de que se aplica prácticamente a todas aquellas entidades que pertenecen de manera directa e incluso indirecta al sector público, las cuales, dicho grosso modo, deben ser transparentes, con todo lo que esto conlleva.
Hace poco nos entrevistaron en Televisión del Mediterráneo sobre el lamentable caso de corrupción en la RFEF (caso Villar). Como se puede ver denunciamos cómo determinadas entidades «apátridas» se prestaban como caldo de cultivo a estas corruptelas, precisamente por no tener establecidos sobre ellas los mismos controles que últimamente se ciernen también sobre otras instituciones que, en el fondo, son públicas. Pero no todas. Cierto es que las Federaciones deportivas son entidades asociativas privadas pero qué duda cabe de que ejercen funciones públicas. Hoy en día este tipo de entidades no pueden actuar al margen del Derecho público (si bien la #RFEF actuaba al margen del Derecho en general). Obviamente, que su facturación y funcionamiento en general fueran electrónicos, y que se limite el mandato de sus gobernantes a dos legislaturas serían otras medidas que también ayudarían muy mucho a evitar la repetición de casos como el aludido.
En cuanto a la transparencia, concepto que socialmente se percibe como lo contrario a la corrupción (algo inexacto pero no lejano a la realidad), qué duda cabe de que a este tipo de entidades se les aplica la citada Ley de transparencia, tanto en su vertiente de publicidad activa (publicación de información jurídica y contable) como pasiva (derecho de acceso ejercido por otras personas), como muy bien analiza Miguel Ángel Blanes en su blog. Incluso existe una norma menor, el Código de Buen Gobierno de las Federaciones Deportivas Españolas aprobado por el Consejo Superior de Deportes, si bien en el nivel de recomendaciones, careciendo por tanto de la imperatividad de una Ley.
Por otra parte, lo que ha pasado en la RFEF y en entidades similares no es en absoluto una sorpresa. En esta ocasión dimos difusión al largo histórico de advertencias de Transparencia Internacional sobre la corrupción en el fútbol español. No fueron pocas. Pero a los dirigentes les fueron resbalando de manera clara. Al final solo impone algo de respeto el Poder Judicial. Su jurisdicción penal, claro está.
En definitiva, sirva todo esto como aviso para navegantes. Para que determinadas cosas no vuelvan a ocurrir, pues no solo es corrupción cuando se produce en un Ministerio, una Conselleria o un Ayuntamiento. Añado que personalmente me da mucho coraje que se contamine precisamente el mundo del deporte, el cual debería representar justo todo lo contrario. Así es, de modo que háganme más caso que a Transparencia Internacional.
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Buenas Tardes:
Yo me veo en una situación de la misma naturaleza que se menciona por el Sr. Villacis. Una Empresa Pública, en la que me veo atado de pies y manos en el control de la misma. Solo desde mi punto de vista tengo la posibilidad de realizar sobre ella un control financiero, o lo que es lo mismo a posteriori, con los margenes de tiempo tan largos desde la comisión de sus fechorias a la emisión de los informes de fiscalización tan espaciados en el tiempo que no son operativos. Ya que solo en la formación de la Cuenta General es cuando se abre la puerta a dicho control.
No se sí algunos de los compañeros pueden darme alguna herramienta para mejorar mi actividad fiscalizadora de esta empresa, si pasa por buscar el beneplacito pólitico no es útil, ya que dos corporaciones de colores muy distintos la entieden como una herramienta muy operativa para el ejercicio de sus funciones de gobierno.
Muchas Gracias