El Derecho Administrativo ha muerto (RIP)

Nos explicaron que el modelo continental de Administración Pública (España, Francia…) es el que se apoya en el marco regulatorio formado por todas las Leyes y Reglamentos del llamado Derecho Administrativo, cuantitativamente la rama más extensa del Derecho, con diferencia. O viceversa, ya que dicho marco existe -nos decían- por y para regular la organización y funcionamiento de las AAPP. El ciudadano, las personas, no aparecían demasiado en esta configuración académica.

También nos explicaron, precisamente, que Derecho Administrativo es el que regula la organización, funcionamiento y los negocios jurídicos relativos o en los que participa la Administración.

Actualmente Wikipedia -incuestionable pozo de la sabiduría para los curiosos de esta época- todavía recoge esta concepción clásica, haciendo algún guiño a la modernidad:

El derecho administrativo (del latín ad “junto a”, y ministrare, “manejar las cosas comunes”) es aquella rama del derecho público que regula la Administración pública, la función administrativa y la relación entre los particulares y el aparato público. Además, es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, el funcionamiento y los poderes y deberes de la Administración pública en sus relaciones con otros sujetos.

En otras palabras, el derecho administrativo es aquel que regula la organización y el funcionamiento de las Administraciones públicas. Por extensión, suele ser también aplicable a la actuación materialmente administrativa de los demás poderes del Estado y entes del sector público. Y todo ello, desde la doble perspectiva de procurar la eficacia de las Administraciones pero también garantizar los derechos de los particulares en sus relaciones con ellas.

Sin ser incorrecta la referencia al Derecho Público -del cual el D.A se considera “una rama”-, actualmente manejaríamos dos acepciones de la expresión Derecho Público (recuerden los ex-estudiantes de Derecho cuando debíamos optar entre Público o Privado), pero que con el tiempo será solo una, la cual no será otra que la referida a las normas que regulan el sector público.

En realidad a Europa nunca le ha gustado nuestro “Derecho Administrativo”, que hasta cierto punto choca conceptualmente con el Libre Mercado. El argumento de que las AAPP debían tener un marco jurídico especial simplemente porque prestaban servicios públicos estaba justificado solo en parte, y desde luego no por razones subjetivas (es Administración se aplica; no es Administración no se aplica), sino objetivas: ¿qué tipo de servicio se está prestando? ¿quién está detrás del servicio?

Rombo normativoEn efecto, el Derecho de la Comunidad Europea -que aboga por el rechazo del clásico service public y en favor del abstencionismo intervencionista de la Administración en el Libre Mercado, así como el abandono, salvo excepciones, de su posición privilegiada- no existe dicho concepto)… Pero sí “otros”, tales como “servicio de interés económico general”, “servicio universal”, y “obligaciones de servicio público”. Son estos servicios los que hay que regular, incluso si los prestan empresas privadas. Más abajo de Pirineos se prefería “huir del Derecho Administrativo” justificando la aplicación del Derecho Privado a otras entidades públicas que no son Administraciones Públicas, pero Europa se cansó y el TJUE dijo que eso era corrupto. A partir de ese momento se invirtió la tendencia legal de limitar el ámbito subjetivo de las normas a las AAPP territoriales (Estado, CCAA, Entes Locales), ampliándolo a estas otras entidades. Las normas aprobadas en los últimos años son inequívocas al respecto (vean sus artículos 2 ó 3, en los que normalmente se establece esto), siendo especialmente amplio el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de transparencia. Por su parte, paradójicamente, la Ley de Régimen Jurídico se denomina “del sector público” mientras que la de Procedimiento sigue titulándose “de las Administraciones Públicas”, aunque luego afortunadamente la propia Ley sí determina que se extiende al resto del sector público.

También se ha ampliado, como es lógico, el ámbito subjetivo de las normas sobre control financiero, debiéndose controlar incluso (pero con toda la lógica) a contratistas y subvencionados.

Añadan la penetración en las relaciones de Derecho Público del llamado Derecho de las TIC o Derecho digital, como siempre decimos, no tanto una nueva rama del Derecho como la producción de efectos de derecho a través de otros formatos. Lo cierto es que conceptos como firma electrónica o interoperabilidad suenan anacrónicos al lado de “Derecho administrativo”.

Y les daré un argumento más, aunque parezca un simple juego de palabras: la Administración se debe al público. Pues eso: Derecho Público. El Derecho Administrativo parecía más centrado en lo que ocurre “de puertas hacia dentro”, pero esto fue un error, y lo sigue siendo por parte de quienes mantienen esta creencia. Nos divierte que hoy en día todavía se manejen, como casi antagónicas, las expresiones “relaciones ad intra” y “relaciones ad extra”, cuando todo el mundo sabe que son imposibles de separar.

Encaramos ya la recta final de nada menos que 2017, un año que será recordado como el de la aprobación de la segunda Ley de Contratos del Sector Público. Ya ninguna Ley se apellida “de las Administraciones Públicas” (excepto el despiste de la Ley de procedimiento), y por eso el Derecho Administrativo ya no existe. Requiescat in pace.

© Todos los derechos reservados. Nosoloaytos. Web oficial de Víctor Almonacid Lamelas 2017. Aviso legal.

Anexos. 

 

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2 thoughts on “El Derecho Administrativo ha muerto (RIP)

  1. Hay veces que, como bien señalas, no nos queda otra que admitir que los avances traen cambios o, incluso, nuevos paradigmas. Yo creo que este -el del derecho administrativo- es un buen ejemplo. Es por eso que es nuestro deber como profesionales intentar, en la medida en que podamos, preverlos y actuar proactivamente, mas no de forma reactiva. Justo esto lo comentaba hace unas semanas con un buen colega del gremio que ha trabajado como abogado administrativo cerca de dos décadas.

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