Aunque no es una tendencia nueva en absoluto, parece que este año proliferan los planes de reforma de la Administración, donde de momento destacan el de transformación de la AGE (aún en periodo de consulta) y el de Andalucía Simplifica (más avanzado), a los que ahora se añade el nuevo Plan Simplifica de la Generalitat Valenciana.
Por supuesto, se plantean algunas preguntas más:
- ¿Cómo se articularán las nuevas funciones de los empleados? ¿A través de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) o de instrumentos más flexibles?
- ¿Seremos capaces, por fin, de orientar la Administración hacia la ciudadanía?
- ¿Podremos automatizar la mayoría de trámites y procesos para mejorar en eficacia y eficiencia?
- ¿Se visualizará una «innovación de conjunto» de todas las AAPP en ciertas condiciones de homogeneidad?
- ¿Acabaremos con la corrupción?
- ¿Desaparecerán, de verdad, el papel y «el papeleo»?
- ¿Avanzaremos a la gestión basada en datos o continuaremos con el modelo que llamamos OOO (triple «o»), de ocurrencias, obviedades y oportunismo?
- Con todo esto… ¿Mejorará la calidad del servicio?
Sea como fuere, el texto, que entendemos que entronca con el Plan estratégico #EspañaDigital2025, cuyo eje número 5 se ocupa de la «Digitalización de las Administraciones Públicas», parte de seis principios generales: la institucionalización del proceso de transformación; la participación de los empleados y directivos de la administración, las organizaciones sindicales y empresariales, la sociedad civil y el conjunto de la ciudadanía; la innovación; la transparencia; la evaluación y la alineación con las estrategias e iniciativas de transformación nacionales y supranacionales. Además, se articula en cuatro objetivos (administración abierta a la inversión en las capacidades del sector público, administración abierta a las políticas públicas informadas por la evidencia y a las mejores herramientas innovadoras, administración abierta a la ciudadanía, accesible y humanista y, por último, administración abierta a la transparencia, participación pública y rendición de cuentas), y esos objetivos se concretan en 18 proyectos referidos a áreas tan diversas como la Inteligencia Artificial y los espacios de datos, la gestión previsional del capital humano, la elaboración de mapas de políticas públicas, la interconexión de los servicios de atención a la ciudadanía, el desarrollo de la cultura de la integridad o la mejora de la participación ciudadana en el diseño de normas y planes, entre otros. El documento está accesible en la web del INAP (www.inap.es) y las aportaciones pueden realizarse en consenso@digital.gob.es
Un servidor hubiera insistido más en la simplificación burocrática, que a mi juicio sigue siendo la madre del cordero, donde debemos hacer buenas tres herramientas: las declaraciones responsables, la interoperabilidad y la reducción de cargas administrativas (RCA), que a su vez presenta varios niveles y posibilidades (muchas de ellas derivadas de las dos anteriores):
En definitiva, nos encontramos ante el enésimo intento, pero siempre hay que pensar que esta vez es la buena. Quizá el antecedente más destacado sea el de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA). En octubre de 2012, el Gobierno encomendó a esta Comisión la elaboración de un informe para mejorar el funcionamiento de las Administraciones, aprovechar todas las economías de escala, evitar solapamientos y duplicidades, y establecer procedimientos simples y estandarizados. El informe de la CORA, publicado finalmente en junio de 2013, mostró una interesante radiografía de la Administración, realizada por profesionales de la propia Administración y con la participación de sindicatos y patronales, universidades y otras instituciones de la sociedad civil. Ya en aquel momento los ciudadanos aportaron, a través de un buzón electrónico especialmente habilitado, más de 2.000 propuestas.
Del «intento CORA» (nosotros le llamamos así), al menos nos quedó un buen marco normativo constituido fundamentalmente por la Ley de transparencia (2013), las leyes de procedimiento y régimen jurídico (2015), y la ley de contratos (2017), todas ellas relacionadas entre sí:
Es un buen marco legal, mejorable (sobre todo la LCSP) pero suficiente. A nivel práctico, pasan los años y la Administración sigue siendo, salvo honrosas excepciones, lenta, burocrática y poco transparente. Ahora llega un nuevo impulso y la sensación que uno tiene con estos planes es un poco la del día de la marmota, ante lo cual es difícil evitar cierto escepticismo. En definitiva, lo que se está proponiendo, ni es nuevo ni es extraordinario. Y aunque más vale tarde que nunca, en realidad no se está planteando ni pidiendo otra cosa que se cumplan las leyes 39 y 40 de 2015. Valga como ejemplo la declaración de intenciones del Plan Andalucía Simplifica:
«Menos retrasos, menos cargas administrativas, menos trámites, menos duplicidades… Andalucía necesita menos para crecer más. Por eso, la Junta de Andalucía pone en marcha el Plan Andalucía Simplifica, que trabaja en transformar la administración pública para que sea más ágil y digital».
Nos parece perfecto, que conste, pero tampoco podemos arrancarnos en una ovación. Al fin y al cabo, tras casi una década y con cuatro prórrogas y una pandemia de por medio, ya va siendo hora. Pero si por fin se consigue, adelante, faltaría más. Estar en contra de estas cosas sería como estar en contra de mí mismo. De hecho, bien es sabido que la modernización (en sentido amplio) de la Administración, es mi consigna y, si nos podemos románticos, mi sueño a nivel profesional. He sido y soy un activista de la desburocratización, un enemigo declarado de la burocracia. Y no me refiero solo al activismo teórico, ya que las charlas, artículos, libros y blogs como este mismo, son herramientas importantes que, no obstante, creo que suman pero no marcan la diferencia. Sí la marca hacer además de decir. Y obviamente la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y es que a nivel práctico, todos mis/nuestros proyectos en todas las entidades públicas en las que he tenido la oportunidad y en ocasiones el honor de trabajar, planteaban esto mismo; proyectos de transformación (nos gusta más llamarlos «de innovación»). Lo más difícil ha sido gestionar la resistencia al cambio, una labor inconmensurable, que solo pueden entender quien la ha vivido y que no hace falta explicar a quien ha sufrido gestionando sus contratiempos. Y ya son muchos años haciendo esto, porque nos remontamos a la época en la que no había que implantar las leyes de 2015, si acaso la 11/2007, que era la única que había. Hablamos de antes, incluso… Recuerdo, hablando de planes, que la tramitación para solicitar una ayuda del Plan Avanza de 2005 para modernizar el Ayuntamiento no era precisamente innovadora. Ha llovido mucho. Algunos lo hemos peleado con fuerza, sin cobrarlo en dinero y pagándolo con la salud, cada uno por supuesto desde su ámbito y responsabilidad. Pero nunca se consiguió a nivel global. Ahora llega este nuevo impulso que recibimos con los brazos abiertos, y a nivel personal solo deseo de todo corazón que ocurra, aunque esto se llene de arribistas y a otros no se nos asigne mérito alguno, porque a la postre será una victoria de todos, que es lo que realmente importa. Ojalá, con la aparición de todos estos planes cargados de buenas intenciones, estemos más cerca de conseguirlo.
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