#EspañaDigital2025: medidas para la transformación digital del sector público

Ya analizamos aquí los 10 ejes estratégicos del Plan estratégico #EspañaDigital2025. Como vimos, el eje número 5 se ocupa de la “Digitalización de las Administraciones Públicas”. Conste que esta palabra, digitalización y su derivada “transformación digital”, no nos acaba de parecer lo suficientemente completa o representativa de todos los cambios que precisa la Administración Pública española. Nos sigue pareciendo más propia, pese a que algunos, sin implantarla, han querido dejarla obsoleta, la expresión “administración electrónica”, concepto amplio donde los haya. Más si se habla de transformación, que sea “transformación digitotal”, como siempre decimos, y no simplemente digital. En definitiva, no nos olvidemos de cuestiones importantísimas como la simplificación, el servicio efectivo (y accesible) a los ciudadanos o los muy necesarios cambios organizativos, porque nos dejaremos más de la mitad de la cuestión.

Este importantísimo eje, que en principio está alineado con el programa Europa Digital 2021-2027, busca impulsar (¿finalizar?) la digitalización de las Administraciones Públicas, particularmente en ámbitos clave como el Empleo, la Justicia, o las Políticas Sociales mediante la actualización de las infraestructuras tecnológicas. En 2025, el 50% de los servicios públicos estarán disponibles a través de app móvil y se simplificará y personalizará la relación de la ciudadanía y las empresas con las Administraciones. He aquí nuestro tema, la administración electrónica (ahora “administración digital”). Nos preguntamos si no resulta poco ambicioso aspirar a que únicamente a un 50% de los servicios públicos sean accesibles a través de los dispositivos de mayor uso para dentro de 5 años. Dos de las palabras clave de este proceso (iniciado hace muchos años y alargado innecesariamente) que afortunadamente se mencionan, son simplificación y personalización. Echamos de menos alguna más: digitalizar, automatizar, securizar, catalogar, archivar, certificar y, más allá de estos verbos, interoperabilidad. La Administración será electrónica cuando todas las administraciones (todos los servicios) lo sean.

Dicho lo cual, y analizado el Plan España Digital 2025, sí podemos referir, con agrado, los siguientes objetivos y medidas estrella en materia de “transformación digital del sector público” (entiéndase “administración electrónica”, porque no la vamos a enterrar casi sin haber nacido):

Simplificar la relación de la ciudadanía con las Administraciones Públicas. Es un objetivo específico de este eje. Nosotros le llamaremos “interoperabilidad“. Al servicio de este importantísimo principio de funcionamiento de la moderna administración, también se encuentra el objetivo llamado “Integración de todas las Administraciones en la Transformación Digital del Sector Público”, que pretender minimizar la reducir la brecha digital entre AAPP. Resulta fundamental el desarrollo de un modelo de Administración centrada en el ciudadano. A tal efecto, deberán consolidarse progresivamente todas las relaciones de ciudadanía y empresas en un único punto: la carpeta ciudadana; ampliando la proactividad de las Administraciones Públicas mediante sistemas de notificaciones más adaptados a las demandas ciudadanas y de empresas. En esta estrategia, la Administración General del Estado ha formalizado convenios con diversas entidades representativas empresariales y sociales (Cámara de Comercio de España, CEOECEPYME, ATA, y CERMI), con el fin de que estas organizaciones puedan contribuir con su experiencia al proceso de simplificación. Entre los objetivos de los convenios, se encuentra el análisis de las cargas administrativas relacionadas con la administración electrónica, o el desarrollo de la sociedad digital y su incidencia en las relaciones con las Administraciones Públicas. Estas medidas se incorporarán anualmente en los Planes de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas de la Administración General del Estado. Con el objetivo de optimizar los procesos de mayor impacto y que sean susceptibles de optimización para ciudadanía, grandes empresas y PYMEs, se abordarán soluciones de forma que la automatización sea un factor estructural para su simplificación y la consecuente reducción de cargas administrativas, y se fomentará el avance en la implementación de nuevos mecanismos de identificación, y en su simplificación. Por último, es fundamental potenciar una Administración digital con portales renovados y una estrategia “click-less” que facilite el uso por parte de ciudadanía y empresas de los servicios digitales de las Administraciones, garantizando la accesibilidad para todos y permitiendo que los servicios más demandados tengan una orientación “omnicanal”.

Personalizar los servicios públicos digitales. Hacia un modelo Ciudadano 360º. Otro de los objetivos es este modelo “Ciudadano 360º”, si bien nosotros le llamaremos “accesibilidad“. Hoy día no es suficiente con que los servicios públicos sean accesibles en línea. Además, deben ser fáciles de usar y adaptados, en la medida de lo posible, a las necesidades de cada persona. Garantizando el respeto a la protección de datos personales, se debe minimizar la solicitud de los datos que ya obran en poder de las Administraciones, fomentando la hiperconectividad entre servicios, y se debe permitir personalizar los mecanismos de notificación por los que la ciudadanía opte. Este es el objetivo que guía el diseño de los nuevos servicios públicos digitales de las Administraciones Públicas, incorporando para ello tecnologías de Inteligencia Artificial y de procesamiento del lenguaje natural. En definitiva, poner el foco en un modelo de atención a la ciudadanía personalizado, proactivo y omnicanal, abierto a la incorporación de nuevos canales y servicios de valor añadido, plenamente adaptativo en base a la experiencia de usuario.

Objetivos específicos directamente relacionados con los ODS. Son:

  • Actualizar las infraestructuras tecnológicas de las Administraciones Públicas, avanzando hacia la consolidación, la seguridad y el respeto al medio ambiente. A este objetivo le llamamos “sostenibilidad”.
  • Impulsar la digitalización de servicios públicos y la introducción de la Inteligencia Artificial en la articulación y ejecución de políticas públicas (a esta importante cuestión le dedicaremos comentario a parte en otro momento, si bien a la introducción de la IA en la Administración ya nos hemos referido en numerosas ocasiones). A este objetivo le llamamos “automatización”.

Medidas concretas a implantar:

  • APP FACTORY PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS PERSONALIZADOS A LA CIUDADANÍA (le llamaremos, como siempre para entendernos, App “Carpeta ciudadana”).
  • ACCESIBILIDAD MULTIPLATAFORMA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (volvemos a la accesibilidad, con especial mención de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, desarrollada a nivel interno por el Real Decreto 1112/2018, y al importante principio de reutilización).
  • SISTEMA CENTRALIZADO DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS (SCNE) Y SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE REGISTROS (SIR). Llega una nueva generación (en muchos casos “versión”) de las herramientas del catálogo de servicios de la administración digitial. En primer lugar se prevé la puesta en servicio del Sistema Centralizado de Notificaciones Electrónicas para ciudadanía y empresas, con la posibilidad de acceso automatizado a las notificaciones electrónicas por parte de las grandes empresas, habilitando soluciones de tramitación automatizada (Intelligent Automation as-a-Service). Asimismo, se interconectará este sistema con el Registro Electrónico de Apoderamientos favoreciendo la integración entre servicios. Por otra parte, se completará la conexión del conjunto de las Administraciones Públicas al Sistema de Interconexión de Registros (SIR), favoreciendo la hiperconectividad digital entre Administraciones y la interoperabilidad de registros, teniendo en cuenta en su diseño los diversos usos de la información y, en particular, los fines estadísticos. Además, la plataforma de intermediación de datos será el medio para habilitar la tramitación automatizada, favoreciendo la construcción de sistemas desatendidos para la toma de decisiones, evitando solicitar a ciudadanía y empresas información que ya esté en poder de otras Administraciones. Finalmente se impulsará la facturación electrónica en contratos del Sector Público (¿?), habilitando la comunicación de operaciones de cesión de crédito.
  • ACTUALIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS DEL SECTOR PÚBLICO. Se reforzarán las infraestructuras de la Administración General del Estado mediante las que se prestan servicios en la modalidad de nube privada a la propia Administración, permitiendo el alojamiento de infraestructuras y equipos de otros diversos centros directivos. De esta forma se eliminarán centros de proceso de datos obsoletos, reduciendo el consumo energético y la huella de carbono. Estas infraestructuras se complementarán a su vez con otros servicios prestados por proveedores de nube pública que se utilizarán para determinadas necesidades.
  • PUESTOS DE TRABAJO DE NUEVA GENERACIÓN. Esta medida es importante, pero de momento no la hemos visto más que sobre el papel, pues se siguen convocando miles de puestos de trabajo de auxiliar y otros relacionados con el papel. No obstante, en teoría se prevé un cambio en el fondo y en la forma, pues se potenciarán soluciones de puesto de trabajo, conectividad y colaboración de nueva generación que habiliten la movilidad y el trabajo no presencial de los empleados públicos. Estas soluciones se configurarán de acuerdo con la nueva regulación que, para los empleados públicos, se realice del trabajo a distancia. La posibilidad de prestar los servicios desde ubicaciones diversas, no focalizadas en los centros de trabajo de manera exclusiva, requerirá prestar especial atención a las condiciones de ciberseguridad de los puestos de trabajo, para lo que será necesario disponer de capacidades avanzadas de detección y protección, facilitando el uso en la modalidad de trabajo no presencial con todas las garantías de seguridad. Resultará fundamental también prestar especial atención a la capacitación o reskilling de los empleados públicos para adaptarse a esta nueva manera de trabajo. En ese sentido, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) desarrollará un Plan de capacitación de los empleados públicos en las competencias digitales necesarias para esta adaptación (si bien paradójicamente a los ponentes “presenciales” les sigue exigiendo un papel elaborado por el hotel conocido coloquialmente como “certificado de pernocta”).
  • MEJORA DEL MARCO REGULATORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL. El ya casi inminente Real Decreto por el que se desarrollan la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, reforzará el marco normativo definido por las citadas leyes. Con ello, se mejorará la eficiencia para hacer efectiva una Administración totalmente electrónica e interconectada, así como incrementar la transparencia de la actuación administrativa y la participación de la ciudadanía en la Administración Electrónica.
  • PROYECTOS TRACTORES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Puesta en marcha urgente de procesos de digitalización en ámbitos estratégicos con el fin de reforzar la eficacia y eficiencia del sector público en la prestación de servicios públicos clave para el bienestar de la ciudadanía y la productividad de la economía, impulsando a su vez una cultura de promoción de la compra pública innovadora. También se adoptarán proyectos para iniciar una evolución de las infraestructuras que sirva de tejido de agregación de datos para el análisis y explotación de los mismos mediante tecnologías basadas en big data e Inteligencia Artificial.
  • LABORATORIO DE INNOVACIÓN GOBTECHLAB. Finalmente, se prevé el desarrollo de programas piloto de innovación para la aplicación de tecnologías avanzadas a la transformación de los servicios públicos, persiguiendo que éstos sean más inclusivos, eficientes, usables, accesibles y transparentes. En particular, se tratará de desarrollar sistemas y protocolos que permitan garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos en cualquier nueva aplicación o desarrollo tecnológico por parte del sector público en el conjunto del territorio nacional. Se perseguirá, además, la creación de servicios públicos personalizados e innovadores que se puedan enmarcar en actuaciones europeas, participando con los Estados miembros de la Unión Europea en proyectos como el European Blockchain Services Infrastructure (EBSI, una red blockchain que permitirá prestar servicios públicos a lo largo de toda la Unión Europea de forma segura), o propuestas relacionadas con los datos y con la Inteligencia Artificial.

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