Actos administrativos locales: ¿ante quién se interpone el recurso de reposición?

Entiéndase, cuando hablamos de actos administrativos “locales” o, mejor, emanados de los órganos de las Entidades Locales, que nos referimos a los Decretos y Resoluciones de los órganos unipersonales (Alcaldía y concejalías delegadas) y a los acuerdos de los órganos colegiados (esencialmente Pleno y Junta de Gobierno Local). Y aunque hay muchos matices, algunos archiconocidos como el de que las disposiciones de carácter general se impugnan directamente ante la jurisdicción contencioso administrativa (art. 112.3 LPAC), o la preceptividad del recurso en materia tributaria, o la propia existencia del recurso especial en materia de contratación, la respuesta genérica que ya adelantamos es que el recurso de reposición se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto.

En efecto, como dijimos hace seis años y medio: “los órganos de la Administración Local no están jerarquizados, sin que la (necesaria) función de control del Pleno de la gestión de la Alcaldía y de su equipo de gobierno deba entenderse en ese sentido, pues no se trata de un control jurídico formal, sino político. Se basa la afirmación en el hecho de que todos los actos administrativos de los órganos decisorios locales ponen fin a la vía administrativa de acuerdo con el los arts. 52.2 LBRL y 109.c LRJPAC. Los Decretos del Alcalde son en consecuencia impugnables mediante recurso de reposición ante el propio Alcalde (art. 116 LRJPAC), o bien ante el Juzgado de lo contencioso administrativo (arts. 117 LRJPAC y 8 LJCA), pero nunca en alzada ante el Pleno, ni siquiera cuando ejerza competencias de éste por delegación”. Obviamente las referencias legales cabría entenderlas efectuadas a la Ley 39/2015 (LPAC) en la actualidad, especialmente al art. 123 respecto al recurso de reposición. Un recurso, en definitiva, que se interpone ante el mismo órgano que hubiera dictado el acto, que en principio es el mismo órgano que debería resolver, habida cuenta de que, como indicamos, los órganos de la Administración Local no están jerarquizados. Es por esto mismo que prácticamente no existe el recurso de alzada en el ámbito local, ya que “las resoluciones y actos a que se refiere el art. 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el superior jerárquico que los dictó.” (art. 121 LPAC), pero como hemos visto en la Administración Local se dan las dos circunstancias opuestas: los actos sí ponen fin a la vía administrativa y no hay superior jerárquico.

Aclarado este punto vamos con los matices: ¿qué ocurre en los casos de delegación de la competencia ante una eventual impugnación de los actos dictados por el órgano delegado?

Lo cierto es que hay una regla clara al respecto en el art. 9.2.c) de la Ley 40/2015 (LRJSP): 

En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: (…) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

Poco que debatir: en la Administración Local el Alcalde (o Presidente) no puede delegar las facultades relativas a la resolución de los recursos de reposición en ningún otro órgano municipal (normalmente suele delegar en otros concejales y a veces en la Junta de Gobierno Local), a pesar de que materialmente la competencia sea delegable conforme al art. 21.3 y 124.5 de la LBRL, por lo que se puede afirmar que respecto de determinado ámbito material se pueden delegar todos los aspectos inherentes al ejercicio de la competencia excepto la resolución de recursos de reposición, facultad que retiene el órgano delegante.

Recurso de reposición
Recurso de reposición. Imagen: Autonomoo.es

La misma reflexión resulta totalmente aplicable al resto de órganos de la Entidad Local (Pleno, Junta de Gobierno…), añadiendo respecto del Pleno el matiz de que la declaración de lesividad de un acto se adoptará siempre por el propio Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad (art. 107.5 LPAC), por lo que dicha declaración tampoco sería delegable. Por tanto, un órgano delegado del Pleno podría dictar un acto administrativo en ejercicio de la delegación pero no declararlo lesivo.

Una duda razonable se presenta ante la posibilidad de plantear una delegación de forma aislada y exclusiva para la resolución de los recursos en un órgano distinto al delegado para dictar los actos de desarrollo y ejecución material de la competencia. Bien, esto no contradice el tenor literal de la Ley, ya que si está prohibido delegar la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso, a sensu contrario está permitido delegar la resolución de recursos en otros órganos administrativos distintos a los que hayan dictado los actos objeto de recurso, por lo que el Alcalde podría delegar una competencia en un concejal, y la resolución de los recursos contra los actos del concejal delegado, por ejemplo, en la Junta de Gobierno Local.

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