La fuerza del equipo viene de cada miembro. La fuerza de cada miembro es el equipo
(Phil Jackson)
Tal y como expreso en el tuit abajo citado, es para mí un honor formar parte, ya desde hace varios años, del magnífico equipo de colaboradores de la revista Tecnología y Sentido Común (#TYSC).
Un año más, tal y como hicimos en agosto del año pasado, pensamos que puede resultar útil para el lector que desde aquí podamos compartir y difundir por este otro canal todos los artículos suscritos por un servidor en la temporada que termina, y que nuevamente han sido recopilados en un especial, cortesía de Javier Peris y compañía.
Leer edición especial de «La nueva administración», temporada 7
Por último, este año queremos destacar el artículo «Corrupción en Miami», habida cuenta de su clara conexión con mi nueva responsabilidad en la Agencia Antifraude, y sin perjuicio de que, de alguna forma, todos los empleados públicos trabajamos en «anticorrupción».
Corrupción en Miami
Curiosamente, la famosa serie de los ochenta llamada Miami Vice en versión original se tradujo al castellano como “Corrupción en Miami”. En realidad tiene sentido, porque aunque la traducción literal sería “Vicio en Miami”, la palabra vicio tiene más significados que el más habitual de “mala costumbre”. Por un lado, la R.A.E. acepta como sinónimos palabras como precisamente corrupción, degeneración, o inmoralidad (y una que me gusta mucho: “sinvergonzonería”); mientras que “viciar” se define como “dañar o corromper física o moralmente”.
No podemos caer en el error de pensar que únicamente los delitos relacionados con la corrupción (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias…) son corrupción. El Código Penal tipifica determinadas conductas, pero ni remotamente recoge ni puede llegar a recoger la infinita casuística que puede producirse, de modo que podemos afirmar con total certeza que numerosas actuaciones antiéticas que no constituyen delito pueden ser corruptas. Es más, podría darse el caso de que la conducta ni siquiera alcance a infringir norma alguna (tampoco de Derecho Administrativo) pero sí sea como mínimo fraudulenta. El fraude supone un menoscabo claro del erario público, además de un perjuicio al servicio, que tiene su causa en la acción intencionada de una autoridad o funcionario público. El fraude es una corrupción sutil, una micro corrupción, realizado en ocasiones por personas que incluso conocen bien el Derecho y el procedimiento, con el que cumplen a nivel formal para librarse de las consecuencias por incumplimiento, pero en el análisis del fondo se puede observar un uso de recursos públicos para el logro de fines particulares, esto es, lo contrario del interés general. En el fraude no siempre hay ilegalidad, pero sí desviación de poder.
Europa dota los muy necesarios fondos Next Generation, que tienen un destino claro en la recuperación de la maltrecha economía, pero también en la modernización de las instituciones públicas, que especialmente durante la pandemia demostraron ser muy poco resilientes. La digitalización, enfocada a la mejora en eficacia y eficiencia de lo público, será una de las inversiones estrella. Precisamente la digitalización de la actuación pública es una herramienta de enorme potencia contra la corrupción, ya que permite una trazabilidad y una rendición de cuentas que podían camuflarse con el papel. La otra vertiente de estos fondos en la lucha contra la corrupción, es que deberán justificarse con sumo detalle, cubriéndose las espaldas Europa en este sentido mediante la exigencia del cumplimiento de aspectos como la aprobación de los Planes de Medidas Antifraude o un riguroso control de los conflictos de interés. Así las cosas, lo más sensato (y lo más ético) es apostar por la aplicación de estas normas de control con respecto a la ejecución de hasta el último euro de dinero público, proceda de Europa o no, lo que nos lleva a la aprobación de Planes de Integridad, de ámbito general, y no solo ceñidos a las ayudas europeas, y a la interiorización de una cultura de la integridad y la ética pública como sello de calidad de la nueva gestión de los servicios públicos. Una gestión que, independientemente del origen de la financiación, siempre se sufraga, directa o indirectamente, con el dinero de los contribuyentes.
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