La efectividad de la herramienta depende de que tenga cargada una importante base de datos de legislación y jurisprudencia. Siempre hablamos de los datos como la materia prima con la que trabaja la IA. Así pues, esta IAG aplicará unos datos a otros (la normativa al supuesto de hecho), a través de los algoritmos (programación). Y además el resultado será legible y entendible para los no expertos, y eso sin renunciar al rigor. En todo caso, es fundamental que los documentos generados por modelos de IAG sean revisados y validados por profesionales del Derecho antes de ser utilizados en situaciones legales.
La redacción de documentos jurídicos de todo tipo es una aplicación muy concreta de la IA al Derecho, más allá de la automatización de las tareas repetitivas del trabajo de oficina, o la gestión electrónica (y también automatizada) de los expedientes administrativos y judiciales.
Por supuesto, nos movemos en el terreno de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), una funcionalidad totalmente utilizable en la redacción de documentos basados en modelos, tales como contratos (mercantiles, laborales, administrativos) o escrituras; y en un nivel más avanzado, otros escritos de mayor complejidad, como informes legales e incluso demandas y contestaciones a las demandas, para lo que se requiere de la herramienta un alto grado de comprensión de la realidad, precisión, coherencia y manejo de la terminología técnica y los formalismos legales. Llegará a este nivel con el (auto)aprendizaje.
Desde el punto de vista técnico, es innegable que los modelos actuales de IAG ya pueden ser entrenados utilizando conjuntos de datos compuestos por informaciones y documentos jurídicos previamente redactados y revisados por expertos en Derecho, o incluso perfeccionados por la propia herramienta a través de su capacidad de aprendizaje. Estos modelos aprenden los patrones lingüísticos y estructurales presentes en estos documentos (dicho coloquialmente, “la jerga legal”), así como las convenciones y formalidades propias del lenguaje jurídico. Una vez entrenados, los modelos de IAG pueden generar documentos jurídicos completos y coherentes a partir de una breve descripción o un conjunto de datos de entrada proporcionados por el usuario (antecedentes, hechos). Por ejemplo, un letrado podría introducir los detalles relevantes de un caso o transacción formal, y a partir de ahí el modelo generaría automáticamente un contrato, un informe jurídico, o cualquier otro documento redactado de manera profesional y precisa, razonando correctamente conforme a Derecho.
¿Cómo debería ser esta herramienta? Ante todo, no hablamos de cualquier IAG sino de una especializada en Derecho. Este matiz es importante, ya que si a un modelo de lenguaje genérico como ChatGPT se le pide en este estado la elaboración de un informe jurídico, el resultado va a ser claramente deficiente si lo medimos con un estándar profesional, aunque sí podría servir como apoyo a un estudiante o para resolver una consulta sencilla a cualquier usuario.
Decíamos que la IAG trabaja con datos, datos que en este caso proceden de una doble entrada: por un lado, los datos precargados, literalmente la “base de datos” de legislación y jurisprudencia, en continua actualización, y por otro lado los datos incorporados al caso concreto, como los antecedentes de hecho. Esta herramienta, como buena IA, funcionará mejor a medida que se vaya utilizando, pudiendo al cabo de un tiempo incluso identificar el estilo propio de las personas que redactan los documentos e imitarlo, del mismo modo que podemos pedir a ChatGPT que escriba una poesía con el estilo de Lorca (no vamos a entrar en la polémica de si lo consigue o no, pero es indudable que reproduce pautas). En este punto la herramienta estaría más cerca del deep learning, en un nivel de emulación del cerebro humano.
Lo importante es que a partir de los datos del caso concreto, la herramienta será capaz de actuar como un letrado, uno muy torpe al principio, aunque aprenderá. Finalmente generará un texto, que evidentemente siempre tendrá que ser supervisado y validado por un jurista humano. De hecho, el problema con el tiempo será la tentación de no revisar, ya que en un nivel de redacción excelente derivado del uso y el aprendizaje continuo, podemos entender como una tentación precisamente muy humana dejar que la máquina haga parte de nuestra ingente cantidad de trabajo, con la buena intención de liberar tiempo para poder realizar otras tareas. Pero esto, a mi juicio, sería un error. Incluso en un nivel avanzado, nunca sabremos dónde va a estar el gazapo. Hay que revisar. Aunque solo sea por la falta de empatía del algoritmo con la realidad y las circunstancias «humanas».
Sea como fuere, la IAG sí será capaz de generar diferentes tipos de textos jurídicos de gran calidad y precisión. Y además el resultado será legible y entendible para los no expertos, y eso sin renunciar al rigor, porque también será capaz de generar varias versiones, al menos una impecablemente jurídica y otra en lenguaje accesible, además de que por supuesto podrá traducir a otros idiomas, lo cual es extremadamente útil en las Comunidades Autónomas con dos lenguas oficiales, y también para informar de los procesos a los ciudadanos extranjeros.
Otras funcionalidades:
- La herramienta debe incorporar un buscador avanzado, incluso que entienda los conceptos, no limitándose a la búsqueda de los términos literales.
- Debe ofrecer varias opciones de razonamiento jurídico, siempre que sea posible. A petición del usuario, debería ser capaz de defender una determinada postura, siempre que encuentre aval jurídico suficiente.
- Aprendizaje continuo a través del entrenamiento por parte de los usuarios y, en una fase más avanzada, autoaprendizaje.
- Redacción de extractos.
En resumen: dos versiones (legal y accesible), dos (o más) traducciones, decenas de posibilidades de formato, miles de datos de jurídicos e infinitos posibles estilos de redacción. Jugar de esta manera con el fondo, la forma y el estilo es algo que solo puede hacer la IA, si bien el último toque de talento y creatividad sigue estando reservado al ser humano.
En cuanto a las ventajas de utilizar IAG en la redacción de documentos, entendemos que son numerosas:
- Ahorro de tiempo y eficiencia en el trabajo. Los profesionales del Derecho podremos redactar textos y documentos de manera muy rápida y eficiente, y aunque, insistimos, debemos mantener la tarea de la revisión, no cabe duda de que a la postre será mucho el tiempo liberado que a su vez podrá ser dedicado a otras tareas de mayor valor añadido.
- Precisión y disminución de errores. Frente a la peligrosa reutilización de los formularios habituales donde se solapan datos de diferentes expedientes, la IAG actuará como una máquina perfectamente programada. Nunca llegará a la genialidad por sí misma, pero tampoco confundirá los datos y siempre dará un resultado correcto, evitando erratas y errores humanos (que suelen ser los más tontos) y garantizando el cumplimiento de los estándares legales y formales.
- Producción masiva (escalabilidad). Los sistemas de IAG pueden generar una gran cantidad de documentos de manera simultánea, lo que los hace ideales para despachos, administraciones y profesionales legales que manejan un alto volumen de trabajo.
- Personalización. Cualquier modelo de IAG puede ser adaptado y personalizado para satisfacer las necesidades específicas de una firma legal o de un cliente, incluyendo el uso de lenguaje y terminología especializada.
Para ampliar: «Las actuaciones proactivas y asistidas en el ámbito de la Administración de Justicia«.
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