El iceberg de la corrupción

Aunque aún nos llegan sus ecos a través de los juicios más mediáticos, lo cierto es que pasó la era de las grandes tramas corruptas. Ahora España es un país de lobos con piel de cordero, de micro corrupción, de fraude, y por eso creo, deseando equivocarme, que la nueva Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción no va a servir absolutamente para nada. La corrupción actual es más inteligente, casi quirúrgica, y mucho menos pomposa que lo que vimos en la época de los grandes pelotazos, esas tramas espectaculares de corrupción a gran escala con cientos de implicados y miles de millones para arriba y para abajo. 

El caso es que ya tenemos Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, cuya aprobación, jurídicamente obligatoria (de hecho el plazo para trasponer la directiva europea a la legislación nacional venció en diciembre de 2021) y estéticamente positiva, no va a tener sin embargo consecuencia alguna de cara a la reducción de la corrupción y el fraude en los sectores público y privado del estado español. Sobre la norma en sí, nos remitimos a análisis rigurosos, como el de Rafa Jiménez Asensio, y otros excesivamente optimistas, incluso ingenuos, que no vamos a referir pero a los que no restamos mérito.

Ya teníamos la Directiva, por cierto, la 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, ahora incorporada al ordenamiento jurídico interno. La crítica entre paréntesis es que nuestros aplicadores del Derecho parece que aún no han comprendido el efecto directo de la normativa europea. Y no solo de los Reglamentos, sino también de las Directivas. Por tanto, había «ley» desde 2019. Y también existían, existen, leyes autonómicas, las cuales de alguna manera ahora se tendrán que adaptar a la Ley estatal en el plazo poco realista de seis meses, máxime en año electoral.

Todas estas normas pivotan alrededor de la figura del denunciante (al que, por cierto, el legislador no se atreve a llamar así, sino que se siente más cómodo con el eufemismo «informante» o «persona que informa»). La nueva Ley establece la obligatoriedad para las AAPP de la creación de canales de denuncia, que en realidad se denominan «sistemas internos de información» y «canales externos». ¿Serán eficaces? Mucho se habla de la protección del denunciante, pero en la cultura mediterránea siempre se le corta la cabeza al «chivato». La mafia no perdona. ¿Cómo se va a tolerar al que denuncia si ni siquiera toleramos al que discrepa? Cuando sabes que va a haber represalias, la denuncia se convierte casi en un acto de temeridad. Personalmente estoy harto de que me llamen «valiente» las personas que con su silencio y neutralidad colaboran de forma cómplice con lo que saben perfectamente que está mal.

El gran problema de fondo es que España es un país corrupto, en el que a muchos le interesa mantener ese statu quo​, y en el que incluso se aprovechó la pandemia para hacer negocio con el pretexto infame de que determinados contratos se justificaban en el noble fin de salvar vidas. Pero era mentira: ni mucho menos todo lo que se contrató durante el periodo 2020-2022 tenía relación, ni siquiera indirecta, con la situación de crisis sanitaria. Sin embargo con esta excusa se evitaron los procedimientos. Parece legal, pero no lo es. A la postre, dinero público colocado a dedo, puesto en manos de particulares bien relacionados a cambio de la prestación de servicios innecesarios o, como mínimo, sobrepreciados. Desviación de poder, fraude de ley y toda una serie de conductas que no se ven a simple vista. Es por eso que hemos elaborado este «Iceberg de la corrupción».

Un iceberg es un trozo de hielo gigantesco en el que la parte sumergida, invisible por quedar bajo el agua, es no obstante mucho más grande que la parte visible, llamada «punta del iceberg». Por eso no tenemos ni idea hasta qué punto el sistema es corrupto. Solo vemos lo que tiene relevancia mediática: los juicios por corrupción (y no todos, sino solo los de mayor impacto), y poco más. Debajo quedan una infinidad de prácticas fraudulentas, pero absolutamente arraigadas y repetidas hasta la saciedad, como la mentira institucional, la omisión del procedimiento, la falta de planificación, el cumplimiento meramente formal o estético de la norma, la falta de participación de la ciudadanía y el resto de los actores públicos, la insufrible burocracia, la no implantación de los procedimientos electrónicos, o las pésimas políticas de gestión de recursos humanos, donde claramente prima el fichaje sobre el rendimiento.

Por todo ello, repetimos con gran pesar que España es un país institucionalmente corrupto. Es una cuestión de ADN, de arraigo, de costumbre, tal y como ocurre con la burocracia, la prima hermana de la corrupción. España es un país en el que incluso las entidades de control deberían estar mucho más controladas. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción no va a mejorar este problema, pero sí mejorará la estética, por lo que de alguna forma la podríamos colocar en la zona noble de la punta del iceberg. Pero la integridad es un valor interno. Muchos de nuestros responsables públicos se conforman con salir airosos de los procedimientos penales, pero eso no les da ni remotamente la consideración de íntegros. La integridad pública nos llevaría a otro nivel en la gestión. Un nivel en el que no admite ni siquiera la más mínima irregularidad, ni la normalización de errores o negligencias que conllevan una gestión ineficiente del dinero público. Si los aludidos responsables no lo roban, menos mal, pero tampoco lo destinan de una manera eficiente a la mejor prestación posible de los servicios públicos, que no esperen un aplauso. Qué mal lo vamos a pasar con la ejecución y justificación de los Next Generation.

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