Checklist del grado de cumplimiento de los ítems necesarios para la implantación de la administración electrónica en una entidad local

Desde el departamento de Prevención de la Agencia Valencia Antifraude, ponemos a disposición pública, para su uso y consulta, una serie de documentos de tipo práctico en forma de Guías, Recomendaciones y Catálogos. Los pueden encontrar principalmente en el apartado de «publicaciones» y «publicaciones AVAF«. De este modo, abordamos de forma preventiva aspectos de la gestión pública que presentan posibilidades de riesgo para la integridad pública, tales como la figura del enriquecimiento injusto, la actividad del sector público instrumental, los conflictos de interés o la necesidad de planificar. Y todo ello, en cumplimiento de las funciones atribuidas en el artículo 4.f) de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana consistentes en asesorar y formular propuestas y recomendaciones en materia de integridad, ética pública y prevención de la corrupción en las entidades incluidas en su ámbito de actuación. Ya hemos indicado en numerosas ocasiones la importancia de la prevención, y no en vano la situación ideal es que la corrupción o el fraude no lleguen a producirse.

Uno de estos documentos preventivos es nuestro «Checklist del grado de cumplimiento de los ítems necesarios para la implantación de la administración electrónica en una entidad local«, para el que hemos contado con la colaboración de uno de los mayores expertos en la materia, Nacho Alamillo, a quien agradecemos mucho sus aportaciones.

¿Por qué una herramienta así es preventiva? Lo explicamos en la Exposición de Motivos del documento. La ya inequívoca vigencia y obligatoriedad del funcionamiento electrónico de todas las entidades que integran el sector público nos obliga a plantearnos cuál es el grado actual de cumplimiento que presentan nuestras entidades públicas de normas como las Leyes como la 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, o la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, entre otras muchas disposiciones legales y reglamentarias (contratación electrónica, facturación electrónica, transparencia, reutilización, accesibilidad, ENI…). A toda esta normativa se añaden dos recientes Reglamentos: el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que desarrolla las citadas leyes 39 y 40, y el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, que por fin actualiza a la normativa europea y nacional sobre seguridad y ciberseguridad, y al mismo devenir de los acontecimientos, el Reglamento ENS de 2010.

En este escenario, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana considera oportuno ofrecer esta herramienta de autodiagnóstico, denominada “Checklist del grado de cumplimiento de los ítems necesarios para la implantación de la administración electrónica en una entidad local”, previsto inicialmente para su empleo por parte de las entidades locales (tal y como indica su nombre), especialmente los Ayuntamientos, que de esta forma pueden realizar la foto fija que les indique dónde están exactamente y en consecuencia qué pasos deben dar. No obstante, lo anterior, este sencillo chequeo se puede reutilizar por parte de cualquier entidad pública, con muy pocas adaptaciones.

De este modo la Agencia actúa dentro de sus competencias de prevención, habida cuenta de la incuestionable utilidad de las diferentes herramientas jurídico-técnicas propias de la administración electrónica (registros y archivos electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, marcas de tiempo, encriptación de documentos, etc.…) en la prevención de todo tipo de irregularidades que, con el empleo estos medios, quedan fuera del sistema.

Portada del documento

Y todo ello enfocado, naturalmente, a dos objetivos principales. Por un lado, a nivel funcional, para mejorar en agilidad, seguridad, transparencia, eficacia y eficiencia. Y por otro, desde el punto de vista de la ciudadanía, para asegurar la puesta a disposición y el mantenimiento de servicios electrónicos más sencillos, accesibles e idóneos para facilitar su utilización por parte de los usuarios a los que la ley obliga a tramitar de forma electrónica, fomentando al mismo tiempo su uso por parte de aquellos que no están obligados, quienes deben encontrar las mismas facilidades tanto si se decantan por la tramitación electrónica como si eligen hacerlo de forma presencial.

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