La habilitación de carácter nacional no se obtiene a través de un proceso de estabilización de empleo temporal

La presente entrada no pretende ser un análisis general ni una valoración de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, ni jurídico ni de opinión, sino simplemente la defensa de su no aplicación a un caso concreto.

Es incuestionable que se ha instrumentalizado la citada norma para desvirtuar un sistema de gestión y control de los Ayuntamientos (y otras entidades locales) que, visto lo visto, es de las pocas cosas que funcionan aceptablemente bien en nuestro Estado de Derecho. No es la primera ni por desgracia será la última vez que se ataca, creo que intencionadamente, al colectivo de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (en adelante FHCN), al cual pertenezco. Lo cierto es que, sin entrar a valorar la compleja casuística de plazas, puestos y funciones existentes en las diferentes AAPP, el Ministerio de Hacienda y Función Pública interpreta que una buena parte de la oferta de empleo público del Estado, en lo que se refiere a las plazas de FHCN, tiene la consideración de «oferta para la estabilización». Hablamos en concreto de 807 plazas frente a tan solo 660 de la oferta ordinaria. El desglose concreto que publica el BOE queda así:

Oferta Ordinaria (660):

Turno libre (330): Secretaría-intervención: 200, Intervención-Tesorería de entrada: 100, y Secretaría de entrada: 30.

Promoción interna (300): Intervención-Tesorería superior: 100; Secretaría superior: 30; Intervención-Tesorería de entrada: 120; y Secretaría de entrada: 50.

Oferta para estabilización (807):

Por concurso (658): Secretaría-Intervención (573); Intervención-Tesorería de entrada (53) y Secretaría de entrada (32).

Por concurso-oposición (149): Secretaría-Intervención (114); Intervención-Tesorería de entrada (31) y Secretaría de entrada (4).

Buena noticia para los interinos, muy especialmente para los que no se han presentado nunca a una oposición que, de alguna forma, ahora van a «aprobar» si se consuma el desastre. Y muy buena noticia para los políticos del mundo local que no quieren tener cerca un funcionario profesional, preparado técnicamente, imparcial e independiente. Enhorabuena. Como no puede ser de otra manera, el Consejo General de COSITAL (el Colegio profesional de los FHCN) ha impugnado dicha oferta de empleo.

Logo del Consejo General de COSITAL

Hablábamos de la casuística. ¿Por qué los FHCN son un cuerpo especial? Empezamos por un sistema de selección sui generis, aunque no menos que el de provisión. El primero corresponde al Estado, y otorga a los aprobados, tras la realización del curso selectivo en el INAP (una especie de Máster intensivo), el ingreso en la escala de FHCN, o más sencillamente la habilitación de carácter nacional. Aún no la plaza, aún no el puesto. Pero sí una especie de expectativa segura de plaza y puesto, vamos a decirlo así. Hasta hace muy poco, durante meses los nuevos aprobados no tenían nada; ni el diploma del título (que te lo envían más tarde), ni un concurso adjudicado (lo que les daría plaza y puesto simultáneamente), ni un lugar al que ir a trabajar, por lo que teníamos que ir visitando Ayuntamientos para pedir trabajo, literalmente. Del éxito de esas gestiones dependía tu primer destino (un puesto, aún no la plaza). Ahora al menos los noveles tienen su propio «concurso de primer destino», un mal menor donde van a parar las sobras, por así decirlo, de las vacantes que nadie ha solicitado. Más tarde, en su momento, se convocan los concursos habituales, el ordinario y el unitario, un proceso nada sencillo en el que intervienen de nuevo el Estado, y también las CCAA y los propios Ayuntamientos. El primer concurso suele poner las cosas en su sitio, aunque raramente es el destino soñado, pero el FHCN joven (o recién aprobado) debe asumir que tiene que bregar por esos mundos de Dios para ir mejorando con el tiempo, en el mejor de los casos, claro. También puede ocurrir que uno ocupe un puesto diferente al que tiene en propiedad (lo que dentro de nuestra singularidad podría denominarse «plaza»), algo que sucede, por ejemplo, cuando el funcionario se encuentra en situación de comisión de servicios. Y aún podríamos enrevesar esta pequeña explicación, pero ahora es más práctico dejarla aquí. Otro día explicaré el tema de las subescalas y categorías, entre las cuales se promociona bien por concurso o bien por examen (otro examencito más).

En definitiva: vacantes, plazas, puestos, funciones, habilitaciones, turno libre, promoción interna, interinajes (o interinidades si lo prefieren), comisiones, oposiciones para la selección, concursos para la provisión, y un lío competencial que corresponde en alguna medida a las tres AAPP territoriales (resultando que a la postre los FHCN son funcionarios locales). ¿Cuál de ellas debe llevar a cabo, en su caso, este proceso? Y la siguiente pregunta sería: ¿cómo se estabiliza este «empleo temporal»? Yo no sabría decir ni qué es lo que se podría estabilizar en estos casos, sinceramente. Desde luego ni el puesto ni la plaza que se ocupa. Y la habilitación de carácter nacional tampoco, porque eso se logra a través de una oposición específica realizada con todas las garantías, no a través de un sucedáneo. En realidad no hay nada que estabilizar en estos casos. Los autores de la Ley 20/2021 estaban pensando en otra cosa, no cabe la más mínima duda.

Sé que parece complejo, y lo es. Para ayudar a entenderlo mejor, podríamos decir que la clave está precisamente en el término «habilitación» (aunque no menos importante es el «carácter nacional», que también está siendo atacado en otro frente). Esta habilitación ni se «estabiliza» ni se consolida. Se obtiene a través de la superación de unos procesos selectivos muy rigurosos donde se aplican escrupulosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad, principios claves sobre los que se asientan otros principios como los de objetividad, imparcialidad e independencia, no menos claves en el ejercicio de las funciones reservadas a precisamente a los FHCN, y pilares esenciales para lograr el equilibrio y la legalidad en la gestión municipal. Precisamente nos selecciona el Estado, momento en el cual adquirimos esa habilitación para ocupar alguno de los puestos reservados, los únicos por cierto que, salvo algunas excepciones entre las que se encuentra precisamente el interinaje, permiten el desarrollo de esas funciones reservadas necesarias en todos los Ayuntamientos de España (en resumen: fe pública, asesoramiento legal, fiscalización y control del gasto, manejo y custodia de los fondos públicos). Esta es la configuración actual de un sistema que, pese a todo, funciona. Pueden plantearse cambios, mejoras, pero no su sustitución repentina por otro en el que el controlador pierde prácticamente toda la independencia con respecto al controlado, y eso sin entrar en la cuestión de la preparación técnica, un debate que no abriremos para no llegar a ofender a nadie.

Como refuerzo de lo expresado en los párrafos anteriores, resulta especialmente contundente el estudio realizado por el Catedrático Federico Castillo, cuyas conclusiones reproducimos literalmente:

Primera: Dada la jurisprudencia europea existente en materia de abuso de temporalidad cabe, aún cuando no pueda extenderse con carácter general a todos los supuestos, que existan casos en que los nombramientos interinos realizados en puestos de trabajo reservados a estos funcionarios hayan incurrido en una situación de abuso.

Segunda: No le es posible a la Administración General del Estado, al no quedar habilitada competencialmente por la Ley 20/2021, realizar un proceso de estabilización concreto y específico en puestos determinados al amparo de dicha norma legal, aún cuando estén reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, ya que:

  • En primer lugar, los procesos selectivos para la habilitación de carácter nacional que puede realizar la Administración General del Estado no pueden ser restringidos, ceñidos a un puesto o plaza, sino de concurrencia competitiva y con carácter general para todos los puestos y plazas que se encuentren clasificados como tales dentro de una determinada Escala y Subescala. A diferencia de ellos los procesos de estabilización, objeto de la Ley 20/2021, son para plazas y puestos concretos que son los que son objeto de estabilización en una entidad local concreta, pero no para obtener una habilitación.
  • Los procesos selectivos por los que se obtiene una habilitación de carácter nacional no atribuyen una plaza o un puesto de trabajo concreto -la que habría ocasionado en las previsiones de la norma legal la necesidad de convocar un proceso selectivo de estabilización-, sino que la provisión de ese puesto de trabajo se ha de realizar, con posterioridad, mediante un concurso de provisión de puestos de trabajo que no queda restringido al puesto desempeñado en la entidad local concreta sino a todos aquellos puestos de trabajo para los que se resulta habilitado tras obtener la habilitación de carácter nacional.

Lo cierto es que esto, o quizá algo parecido a esto, se veía venir. Ofertas de Empleo Público raquíticas (sigue habiendo muchos menos profesionales que puestos a cubrir) nos han llevado hasta aquí. Este déficit ha generado una especie de intrusismo sistémico, muy cómodo para algunos, no nos engañemos, presente incluso en numerosos puestos de categoría superior (hablamos de Ayuntamientos grandes, que manejan grandes proyectos y grandes presupuestos). Pero no se puede arreglar un error con otro error, sobre todo si el segundo error es mucho mayor. Las consecuencias, desastrosas. Se desvirtúa el sistema hasta el punto de hacerle perder todo su sentido. Alguien pensará que toda esta problemática es simplemente una cuestión de interpretación del Derecho (en este caso de la citada Ley 20/2021), y que nosotros simplemente defendemos una postura, tan válida como otras. Pero no se puede interpretar el Derecho de una forma que propicie la futura infracción de ese Derecho. La consolidación directa de este tipo de interinos supone el caldo de cultivo ideal para la vuelta a la peor época del caciquismo municipal. Y yo hablando de Planes de Integridad y de Planes de Medidas Antifraude para la gestión de los fondos Next Generation. Una vez más parece que existen dos Españas.

El presente comentario no pretende afrentar a ninguna persona o colectivo de personas. El ataque, si es que se puede llamar así, es contra la desafortunada medida tomada «desde arriba», mientras que el resto estamos aquí abajo obligados a gestionar la situación. Por nuestra parte, decimos lo que decimos y por lo que lo decimos, con objetividad, respaldo legal y un importante conocimiento del mundo local que difícilmente pueden llegar a tener en un Ministerio. A partir de ahí, total empatía con los interinos, quienes hacen lo que pueden en Ayuntamientos normalmente pequeños y rurales hasta que llega un FHCN. Esto puede ser durante mucho tiempo, precisamente porque las distintas ofertas de empleo público lo han permitido. Por supuesto no es su culpa. De hecho hay que darles las gracias, porque sin su buen hacer (en la mayoría de casos) el desastre seguramente sería mucho mayor. Pero ese puesto que ocupan debe cubrirlo, tarde o temprano, un FHCN…. O ellos mismos, porque si les gusta la experiencia y quieren optar a cubrir ese mismo puesto u otro similar, se pueden presentar a las oposiciones, como todo hijo de vecino según expresa claramente la Constitución. Y luego tienen que aprobar, claro. Incluso pueden tener muchas opciones si aprovechan el bagaje práctico acumulado.

Y total empatía con los opositores, futuros compañeros. Como dije hace poco, veo a un futuro compañero cuando miro a un opositor constante. Veo a un estudiante (como yo lo era hace años) al que de repente se le reducen las plazas ofertadas y por ende las posibilidades. Mucho ánimo, porque opositar es duro. Solo os faltaba esto.

El sector público tiene un papel clave en la gestión de la crisis actual. Nos jugamos mucho y hay que entender que todos estamos en el mismo barco. La clave es comprender que cada uno tiene su rol y trabajar juntos en un clima de cordialidad. Porque los Secretarios, Interventores, Tesoreros y Secretarios-Interventores de la Administración Local (los FHCN) no son el enemigo. Al contrario, son los reconducen hacia los cauces de la legalidad las decisiones tomadas, legítimamente, desde el criterio de oportunidad política. Lo que no resulta legítimo desde el ámbito político es confundir la lealtad institucional con la lealtad personal. «Mandar» tiene sus límites. La legalidad no está reñida con la agilidad, ni la gestión política con el respeto al procedimiento. Lo que sí está reñido es el interés particular con el interés general. Y por qué no decirlo: más de un Alcalde se ha librado de la cárcel por hacer caso de lo que le advirtió un funcionario o funcionaria con habilitación de carácter nacional. Pero seguro que en el momento en el que se lo dijo le resultó incómodo. Sería incómodo para ambos, por cierto. Difícil rol el de los FHCN. Pero absolutamente necesario.

Epílogo. Autocrítica y deberes para el colectivo

El colectivo FHCN está pasando por su peor momento. A lo ya expresado, podría añadirse la quiebra del carácter nacional vía cesión competencial a alguna o quizá pronto «algunas» CCAA. Cuando algo va mal no solo hay que ser crítico, sino también autocrítico. ¿Somos en parte responsables? No sería honesto decir que no. Dicen que en la vida siempre se acaban pagando las malas decisiones. De aquellos polvos, estos lodos. Estos errores que al mismo tiempo son tareas aún pendientes se pueden sistematizar en tres:

Unirse. El colectivo es numeroso y heterogéneo, pero eso no debería ser la excusa para no tener una voz única y común ante las instituciones y la sociedad en general. Durante todos estos años siempre he tenido la percepción de que estamos divididos, en parte porque el propio sistema está minado de trampas explosivas, permitiendo diferencias retributivas injustificables entre puestos similares, entre otros regalos envenenados, pero evidentemente un colectivo desunido no puede ser un colectivo fuerte.

Modernizarse. Frente al modelo burocrático que aún defienden algunos, debemos aceptar el cambio. Y cambiar, evolucionar, nosotros mismos. No podemos seguir a vueltas con la Constitución de 1812, por mucho que fuéramos creados en dicho texto legal. Todo eso ya pasó. Teníamos que haber sido los primeros en entender cuestiones como la fe pública electrónica o el encriptado de ofertas en la contratación, mientras que hablar de blockchain o de sesiones de órganos colegiados telemáticas directamente parece que ofende a algunos. Y si ya dices «teletrabajo» podrías recibir una pedrada en la cabeza, cuando precisamente el teletrabajo es la herramienta definitiva para la movilidad de los FHCN, entendida esta en sentido amplio. Este inmovilismo supone un gran obstáculo para avanzar. Es difícil que nos tomen en serio si un sector que no es minoritario del colectivo mantiene ese amor anacrónico por el papel y la pluma. Para ser importante en el siglo XXI hay que estar en el siglo XXI.

Salir del armario. Durante años he tenido presencia institucional en COSITAL, ocupando una de las vicepresidencias e intentando impulsar ese aludido cambio modernizador, contra viento y marea, y contra los propios palos en la rueda del sector más conservador, esa es la pura verdad. Entre otros objetivos, el principal de los cuales fue defender nuestro papel de funcionarios impulsores de la transparencia, la desburocratización y administración electrónica, teníamos el de salir del armario del ostracismo social, apareciendo por primera vez en los medios y en las redes sociales porque no éramos, ni somos, un colectivo conocido. Ese era el peligro, porque lo que no se conoce difícilmente se respeta. En los Congresos FHCN de 2012 y 2014 echamos el resto para que calara el concepto «una profesión en red«, pero después de mucho esfuerzo quedó claro que no era lo que quería la mayoría (o quien decidía por la mayoría) y que el desgaste no valía la pena. Entonces de repente se centró todo en la formación, llegando el Colegio a actuar como una Academia privada y en general actuando, al menos en mi opinión, de una manera desenfocada desde el punto de vista estratégico. Afortunadamente se va enderezando, y ahora COSITAL actuará contra esta medida utilizando todos sus medios (faltaría más, después de semejante afrenta). Lo que me preocupa es que esos medios se queden escasos. Porque aunque somos importantísimos, la gente no lo sabe porque no somos conocidos. Salvo en los pueblos pequeños, eso hay que reconocerlo, donde estamos al nivel de popularidad del cura y el médico. Pero desde la óptica de la sociedad en general no somos nadie, así de claro. Muchas compañeras secretarias aún tienen que pasar por la humillación de que las confundan con la secretaria del Alcalde, mientras que si usted pregunta por la calle qué es un FCHN, dudo mucho que llegue al 10% de aciertos. En el entramado sociopolítico actual solo tienen poder para negociar los lobbies. Y no lo somos. De modo que nos la jugamos a la vía judicial. Y con muy buenos argumentos, que conste, tal y como hemos tratado de explicar en la presente reflexión. Confiemos en que esto sea suficiente.

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3 Comentarios Agrega el tuyo

  1. Antonio Ager dice:

    Reblogueó esto en IUSLEXBLOG.y comentado:
    Magníficas consideraciones que se podrían hacer extensivas al resto del personal funcionario de cualquier administración pública.

  2. Floren dice:

    Acertada reflexión aunque ciertamente sesgada:

    La Habilitación se obtiene a través de la superación de unos procesos selectivos muy rigurosos donde se aplican escrupulosamente los principios de igualdad, mérito y capacidad. No obstante, nuestro Tribunal Constitucional ya ha determinado en varias sentencias que es «legítimo, desde el punto de vista constitucional, la celebración de procesos en los que prima de manera muy notable u determinado mérito, como puede ser los servicios prestados en la administración, así como la celebración de procesos restringidos … cuando existe una justificación amparada en una situación excepcional (sentencias del TC 27/1991 y 16/1998).

    1. valmonacid dice:

      Gracias por tu opinión, Floren. Yo no entraré a valorar ni su sesgo ni sus intenciones. Creo que es más elegante que cada persona defienda su postura limpiamente, sin emitir un juicio (que por definición es sesgado) en relación a la de los demás. Es muy posible que sobre esta cuestión pronto tengamos un pronunciamiento judicial (sobre esta, por cierto, no sobre otras diferentes y no equiparables). Ahí están los argumentos. Entonces todos acataremos la Sentencia, al menos en mi caso sin problema alguno, porque en eso consiste el Estado de Derecho en el que tenemos la suerte de convivir. Ojalá cuando se resuelva esta problemática no salga perjudicado el servicio público ni los derechos de la ciudadanía. En esto último seguro que estamos de acuerdo

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