Prontuario de trabajo para la implantación la Agenda Urbana Española por parte de un Ayuntamiento

Publicamos el presente, sin mayores pretensiones doctrinales, para que pueda servir de recopilatorio de información útil tanto para los Ayuntamientos que se hallen inmersos en este proyecto (por ejemplo, el de Alzira) como para los estudiosos del mismo, en general, por el motivo que fuere.

Agenda Urbana Española | Agenda Urbana Española

Preámbulo (Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre)

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la necesidad de realizar en estos momentos un esfuerzo acorde con la magnitud del problema, acordó un paquete de medidas de gran alcance que aúnan el futuro marco financiero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de Recuperación, denominado «Next Generation EU». Dentro de dicho contexto, los proyectos que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por la Comisión Europea el 16 de junio de 2021 como paso previo a su aprobación por el Consejo de la Unión Europea, y por el Gobierno de España el 13 de julio de 2021, deben permitir la realización de reformas estructurales en los próximos años que, mediante cambios normativos e inversiones, nos preparen para enfrentar con éxito el presente y el futuro.

En este contexto, mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública para la ejecución del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se visualiza la necesidad de un adecuado concurso de las instituciones y las Administraciones Públicas, un modelo de gobernanza que permita asegurar la mayor eficiencia en el gasto público y el papel especial de la Administración General del Estado para garantizar el éxito de la ejecución y el control y la salvaguarda necesarios para justificar fehacientemente la solicitud de reembolsos y la absorción de los citados fondos. Y en relación con éstos últimos se reclaman los principios de planificación estratégica y de gestión por objetivos.

¿Qué es la Agenda Urbana Española?

En efecto, según la web oficial de la Agencia Urbana Española (ver aquí), «la Agenda Urbana Española, tomada en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019, es la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones a llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia amables, acogedores, saludables y concienciados. Constituye un verdadero “menú a la carta” para que todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos campos de actuación, puedan elaborar sus propios Planes de Acción».

Por su parte, la citada Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, se refiere a la Agenda Urbana Española (AUE) como la Política Nacional Urbana que, de forma estratégica y con una metodología precisa y detallada, define y desarrolla los objetivos –ya reconocidos por las Agendas urbanas internacionales– para conseguir un desarrollo urbano sostenible medioambientalmente, cohesionado socialmente y económicamente competitivo. Fruto de un amplio consenso derivado del proceso de participación puesto en marcha al efecto, esta política nacional urbana de marcado carácter integrado, holístico y transversal, reconoce el papel fundamental de las Entidades Locales para llevar la perseguida sostenibilidad a todos los pueblos y ciudades, con independencia de su tamaño y población. Mediante el reconocimiento de un decálogo de objetivos estratégicos, reclama actuaciones concretas con un enfoque integrado que engloban:

– La ordenación del territorio y el uso racional del suelo.

– El modelo de ciudad y la revitalización de la ciudad existente, evitando la dispersión urbana.

– La necesidad de atender a los impactos del cambio climático desde los fenómenos urbanos.

– La gestión sostenible de los recursos y la economía circular.

– El fomento de la proximidad y de una movilidad sostenible.

– La búsqueda de la equidad y una mayor cohesión social.

– El impulso de la economía urbana.

– La garantía del acceso a la vivienda.

– El impulso de la innovación digital.

– La necesaria mejora de los instrumentos de intervención existentes en la actualidad.

La implementación de esta importante Estrategia resulta clave para lograr la necesaria transición verde, digital y cohesionada socialmente, desde una diversidad de ámbitos y sin perder de vista el carácter holístico e integrador.

El Plan de Acción de la Administración General del Estado, integrado por medidas normativas, de planificación, de financiación y de gobernanza se aprobó conjuntamente con la propia Agenda Urbana Española y comenzó a desarrollarse desde el mismo momento en el que la misma se aprobó. Pero la escala que resulta clave es la local y debe permitir alcanzar modelos estratégicos integrados que contribuyan a la consecución de objetivos de prevención y mitigación de los impactos del cambio climático, modelos urbanos bajos en carbono, vivienda accesible y asequible, cambios modales en el transporte y una movilidad sostenible, el uso de tecnologías limpias y la economía circular, la inclusión social y, por supuesto, la eficiencia energética en el sector de la edificación. Todo ello sobre la base de ese necesario marco estratégico que identifica acciones en el corto, medio y largo plazo y con una batería de indicadores que permite, no solo su seguimiento y evaluación a nivel local, sino también su contribución a la consecución de los objetivos globales mediante el correspondiente reporte de cara a los Informes periódicos que reclaman los Acuerdos internacionales: Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana y Agenda Urbana para la Unión Europea.

Las ciudades y las áreas urbanas tienen un papel fundamental en la transformación económica y social, pero es importante tener en cuenta igualmente su relación con otros entornos, como los territorios rurales. Así, la implementación de la Agenda Urbana Española en los pequeños municipios potenciará su dinamización, impulsando la innovación social y territorial y permitiendo luchar contra la despoblación en estos territorios. De esta manera, la armonización de las distintas perspectivas que propone la Agenda permitirá avanzar en un modelo basado en el equilibrio y cohesión territorial, mejorando la habitabilidad del conjunto del territorio.

El Componente 2 del Plan de Recuperación, denominado «Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana» es uno de los tres liderados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, e incluye programas de inversión y reformas que ofrecen un marco de apoyo a diferentes escalas: desde el propio territorio hasta los edificios –públicos y privados– y las viviendas, con preferencia en las sociales, abarcando áreas urbanas y metropolitanas de todos los tamaños, incluyendo también el ámbito rural, permitiendo afrontar desafíos como la despoblación, entre otros. Todo ello apoyado en la acción concertada y en la colaboración interadministrativa, para lograr actuaciones que se sustenten sobre los cuatro grandes ejes de transformación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: transición ecológica, digitalización, igualdad de género y cohesión social y territorial.

Para su consecución, y con el objetivo de impulsar la implementación de la Agenda Urbana Española y la planificación estratégica que ella propugna como una de las reformas estructurales que reclama Europa, –en concreto la Reforma 1 de la componente 2 (C2.R1)–, y como apoyo a la misma, se ha diseñado la inversión 6 de la componente 2 (C2.I6), a la que responde el «Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción local de la Agenda Urbana Española». Este Programa busca su implementación específicamente a escala local mediante el reconocimiento de experiencias piloto exitosas y transferibles a otros lugares. Según la Decisión de Implementación del Consejo (CID por sus siglas en inglés), el cumplimiento del Programa queda sujeto al objetivo 38 del PRTR que prevé que para el cuarto trimestre de 2022 se hayan aprobado por las Entidades Locales al menos 100 proyectos piloto de Planes de acción de la Agenda Urbana Española. Con ellos será posible aterrizar los objetivos de sostenibilidad social, económica y medioambiental en las políticas específicas de desarrollo urbano correspondientes a dicha escala territorial, que es la más directamente implicada y también la más cercana a los ciudadanos. Su elaboración supone abordar un procedimiento de planificación integrada siguiendo la metodología propuesta por la Agenda Urbana Española y de acuerdo con sus objetivos estratégicos.

Los beneficiarios últimos de las ayudas que contiene el citado «Programa de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de Planes de Acción local de la Agenda Urbana Española» son las Entidades Locales, bien sean Municipios, Diputaciones Provinciales, Cabildos y/o Consells insulares. También podrán ser beneficiarias de las mismas las llamadas «áreas funcionales» o agrupaciones de Entidades Locales que deseen dotarse de un mismo Plan de Acción para atender retos e intereses territoriales, culturales, sociales o económicos comunes, formen parte o no de una misma provincia o Comunidad Autónoma. Esta ayuda dirigida a las Entidades Locales responde, además, a la necesidad de que las mismas se adapten a los nuevos condicionantes de las ayudas europeas que, cada vez con mayor frecuencia, reclaman la elaboración de verdaderas estrategias de ciudad, integradas y transversales, superando el estricto régimen de competencias establecido en materia sectorial. Este es, básicamente, el mensaje de la Nueva Carta de Leipzig, aprobada el 30 de noviembre de 2020, en la Reunión Informal de Ministros de la UE responsables de Desarrollo Urbano, documento que marca los siguientes pasos de la Agenda Urbana para la UE.

Se trata en definitiva de un proyecto de gobernanza a todos los niveles, inspirado y financiado por Europa, liderado en nuestro país por las personas responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y que se implementará con la colaboración de las CCAA y las Entidades Locales, así como del resto de actores públicos. Y por supuesto, todo ello en el marco contextual de la Agenda 2030, de la pandemia y de los planes de recuperación y resiliencia.

Los conflictos de intereses

Pero solo a través de la ética se puede gestionar este importante punto de inflexión de lo público. Como bien expone el maestro Rafa Jiménez Asensio en esta entrada absolutamente imprescindible sobre la cuestión, no estamos ni mucho menos ante un nuevo concepto (recordemos la ya derogada Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado), pero ahora mismo ha saltado a la palestra ante la necesidad de esa salvaguarda preventiva de la legalidad que nos impone la gestión de los fondos propios y ajenos que deben ser destinados para la recuperación, y no para otra cosa.

Según el art. 11 de la vigente Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado («Definición de conflicto de intereses«):

«1. Los altos cargos servirán con objetividad los intereses generales, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.

2. Se entiende que un alto cargo está incurso en conflicto de intereses cuando la decisión que vaya a adoptar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15, pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos.

Se consideran intereses personales:

  • a) Los intereses propios.
  • b) Los intereses familiares, incluyendo los de su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.
  • c) Los de las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente.
  • d) Los de las personas con quien tengan amistad íntima o enemistad manifiesta.
  • e) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que el alto cargo haya estado vinculado por una relación laboral o profesional de cualquier tipo en los dos años anteriores al nombramiento.
  • f) Los de personas jurídicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estén vinculados por una relación laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración.»

Y todo ello en coherencia con la ya «antigua» Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que en su olvidada parte de «Buen Gobierno» exige a los altos cargos públicos el cumplimiento de determinados principios, entre otros:

  • Ejercer sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.
  • Respetar el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
  • Desempeñar su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

En definitiva, el interés de un cargo público solo puede ser uno, y ese no es otro que el interés general.

Planes antifraude y ¿compliance?

Bienvenidos al mundo de la salvaguarda preventiva de la legalidad y la ética. Compliance es un término inglés que se traduce por “cumplimiento normativo” (no utilicemos, por favor, esa palabra horripilante de “complianza”) y hace referencia a las normas, tanto internas como externas, establecidas por una empresa, ente público o entidad. Hablando del sector privado, el modelo de prevención y cumplimiento normativo existente en nuestro país, tiene como finalidad aplicar programas que fomenten actuaciones respetuosas con la ley, derivadas de la entidad y/o de los trabajadores, para así evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La manera de evitar estas sanciones es, a través de programas de cumplimiento normativo. A destacar la figura del Compliance Officer, que puede recaer en uno o varios sujetos. En cuanto al compliance penal, se regula en el artículo 31 bis del Código Penal, situado en el Título II (de las personas criminalmente responsables de los delitos). Por lo demás, el Código Penal establece que las personas jurídicas pueden cometer 24 delitos diferentes, como estafablanqueo de capitalescohechoinsolvencia punible o tráfico de influenciasentre otros. Aunque con la reforma del Código Penal de 2010 se introdujo la obligación de crear un sistema de compliance, no fue hasta la reforma de 2015 cuando el legislador se preocupó finalmente de desarrollar específicamente cómo debía cumplirse con dicha obligación de crear un modelo preventivo. Cierto es que el artículo 31 quinquies excluye a las AAPP de este nuevo sistema de responsabilidad penal corporativa (“1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. 2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal”), pero no es menos cierto que el tan manido buen gobierno exige una actitud de ética y diligencia al menos equiparable al de las entidades jurídico privadas, por lo que no es defendible el empleo de un menor espero en el cumplimiento normativo por el mero hecho de quedar las entidades públicas, como tales, fuera de la sanción penal.

Por lo demás, compliance encaja como anillo al dedo en la Administración, especialmente en las funciones de algunos empleados públicos, como es el caso de los encargados del control y fiscalización de la actuación administrativa. Estos, en lugar de centrarse en controlar a posteriori pequeños gastos reclamando documentos ridículos como el certificado de pernocta, deberían sin embargo aprovechar la oportunidad de incorporar, en el mismo diseño de los procesos y los protocolos funcionales (by desing), una suerte de check list de los ítems a cumplir y que, por así decirlo, proceden tanto del Derecho positivo (normativa) como del Derecho Natural (ética y buen gobierno), siempre con carácter preventivo y no reactivo. La integración del compliance y la inteligencia (de cualquier tipo) a los procesos administrativos ponen en jaque a los funciosaurios. No es el momento de tramitar un expediente de revisión de oficio, con dictamen del Consejo de Estado, ante la recepción de una factura de 40 euros «sin contrato». Esto es ineficiente y “reactivo”. Simplemente hay que hacer las cosas bien y con sentido común desde el principio.

Y para ello compliance es el instrumento. “Confianza” no es la traducción, es la consecuencia. El desarrollo de una cultura administrativa (interna y externa) que tiene interiorizados una serie de principios legales y éticos inquebrantables evitará la proliferación de perfiles de «funcionarios controladores» que viven de la desconfianza para con los controlados (ciudadanos, empresas, otros funcionarios)…

A continuación me gustaría diferenciar las palabras corrupción y fraude. La corrupción es pública y notoria, incluso descarada en ocasiones. Implica una conducta puntual o habitual (más frecuente la segunda) de desprecio por el cumplimiento de la legalidad, especialmente del procedimiento administrativo, primando los intereses particulares sobre los generales, viéndose de esta forma favorecidas determinadas personas físicas o jurídicas que obtienen beneficios o situaciones jurídicas y económicas privilegiadas sin reunir los requisitos legales para ello, o bien reuniéndolos pero sin haber competido en condiciones de igualdad con otros de igual legitimidad y condición. Por lo demás no existe en nuestro Código Penal un delito “de corrupción”, pero sí se asocia a los tipos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación (principalmente). Por otra parte, y tras los casos más mediáticos y vergonzosos de finales de los 90 y principios del presente siglo, la corrupción ha encontrado formas menos espectaculares de abrirse camino. A dichas formas les podemos llamar corruptela y fraude. Se caracterizan por su apariencia de legalidad, siendo prácticamente imperceptibles. De forma concreta, fraude tiene que ver con “fraude de ley”, un modus actuandi que legitima situaciones que se amparan en un encaje legal aceptable. Esto ocurre cuando se cumple la forma, pero no el fin público. Y ocurre, por ejemplo en contratación, donde todos recordamos la mala praxis en el antiguo procedimiento negociado sin publicidad, donde se vestía el expediente con la aparición de tres empresas que aparentemente competían, o la proliferación de contratos menores que muchas veces son la consecuencia de una pésima planificación, teniendo por tanto un coste en eficacia, eficiencia y calidad del servicio.

Por lo demás, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se erige como la base para el desembolso de la contribución financiera de la UE, en el marco del Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero, que establece el mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, MRR), habiendo sido objeto de dictamen núm. 6/2020 del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, destacando como fin último de las medidas contra el fraude e irregularidades la de prevenir riesgos derivados de la existencia de unos recursos adicionales importantes que deben gastarse en un plazo breve, en línea con las normas financieras aplicables a la gestión compartida del presupuesto general de la UE contenidas en el Reglamento UE Euratom 2018/1046, de 18 de julio. En ese sentido, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que incluye en su ámbito de aplicación a todas las entidades del sector público de acuerdo con el artículo 2.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y a cualesquiera otros agentes implicados en la ejecución del PRTR como perceptores de fondos, pretende proteger los intereses financieros de la UE obligando a las entidades decisoras y ejecutoras a incorporar a su ámbito interno de gestión y control los Principios o criterios de gestión específicos del Plan contenidos en el artículo 2 de la Orden y, entre ellos, conforme señala en su apartado 2 d) el “Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés”. Cabe destacar, por su relevancia, que se trata de medidas tendentes a reforzar los mecanismos ya existentes en cada una de las organizaciones, por lo que resulta esencial que, con carácter previo a su elaboración, dichas entidades destinatarias de los fondos UE realicen su previa autoevaluación del procedimiento aplicado por los órganos ejecutores del Plan en relación con el adecuado cumplimiento de los principios establecidos, cumplimentándose al efecto por cada una de ellas los cuestionarios del Anexo II y, en particular, el cuestionario del Anexo II.B.5 “Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción”. La mencionada Orden (artículo 6), con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, impone a España en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de los fondos, la obligación a toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del Plan, de disponer de un “Plan de medidas antifraude” que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. A esos efectos, la Orden concreta en su anexo II.B.5 el estándar mínimo a cumplir en relación al refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de interés, si bien deja abierta la posibilidad de que los órganos responsables y gestores puedan ampliar dicho estándar mínimo, que, a su vez, podrá ser actualizado por la Autoridad Responsable (Secretaría General de Fondos Europeos) novando el contenido de los anexos de la orden. En concreto, el Anexo III.C “Referencia medidas de prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de interés” es el encargado de aportar medidas orientativas en relación a estos aspectos, sin perjuicio de las medidas adicionales que se tomen atendiendo a las características y riesgos específicos de la entidad. La elección de las medidas de prevención y detección se deja a juicio de la entidad que asuma la responsabilidad de gestión, atendiendo a sus características específicas (art. 6. 4 in fine).

Por tanto, desde este planteamiento ético del Buen Gobierno, y espoleados por las circunstancias, consideramos que ya ha llegado el momento de abandonar la época en la que el objetivo de la de políticos es, única y tristemente, el de repetir mandato; y el de algunos funcionarios cobrar a fin de mes y nada más. Nuestra historia reciente está repleta de ejemplos de corruptela, clientelismo, egoísmo, vagancia y desapego por lo público. Para superar esa etapa oscura debe delimitarse el ámbito de responsabilidad de cada empleado público (en el sentido más amplio del término). Empleado que a su vez es un responsable público, porque ya no basta con “no robar”, sino que se debe alcanzar un alto grado de buena gestión y consecución de los objetivos, de manera que perjudicar el interés general o las arcas públicas, incluso de buena fe, tenga consecuencias como mínimo políticas. Cumplir la ley es la premisa innegociable, pero en este momento debemos dar “algo más”.

Entidades locales

En este apartado de la web de la Agencia Urbana Española se recogen las Agendas y los Planes de Acción Local que, de manera progresiva, se van elaborando por parte de las Entidades Locales. Aquellos Planes de Acción que por sus características, singularidad  y capacidad de servir de ejemplo a otras Entidades Locales, se han identificado como Proyectos Piloto están firmando con el Ministerio un Protocolo tipo de acompañamiento y colaboración, que ha recibido el Informe favorable de la Abogacía con fecha 3 de junio de 2021.

Pautas para la contratación de obras, servicios y suministros financiados con fondos europeos

En este punto cabe referir la INSTRUCCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE (de 2021) DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, sobre «ASPECTOS A INCORPORAR EN LOS EXPEDIENTES Y EN LOS PLIEGOS DE CONTRATOS QUE SE FINANCIEN CON FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA».

En resumen, estos son los aspectos a incluir en el expediente de contratación:

a) Se hará constar en un documento que forme parte del expediente cuáles son las actuaciones previas ya realizadas.

b) También se hará constar la acreditación de que se ha realizado una evaluación de riesgo de fraude, corrupción o conflicto de interés aplicada al contrato público en cuestión.

c) Se hará referencia a la disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses y fraudes.

d) Se incluirán todas las DACI cumplimentadas por los intervinientes en la licitación por parte del órgano de contratación y las de contratistas y subcontratistas cuando se obtengan.

e) Por su importancia, es necesario también incluir constancia de la verificación que debe realizar el órgano gestor para garantizar la ausencia de doble financiación del contrato.

Normativa de referencia

REGLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Análisis de la Orden 1030/2021 por parte del experto Javier Vázquez Matilla

Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Orden TMA/957/2021, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la elaboración de proyectos piloto de planes de acción local de la Agenda Urbana Española y la convocatoria para la presentación de solicitudes para la obtención de las subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva.

FEMP – Guía Divulgativa sobre los contenidos de la Agenda Urbana Española

En el marco del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Federación Española de Municipios y Provincias se ha elaborado una Guía divulgativa que, a modo de resumen ejecutivo y en un formato de preguntas y respuestas, acerca los contenidos de la Agenda a todos los ciudadanos. Enlace:

Más información sobre la Agenda Urbana Española (fuente: web de la AUE)

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