El Tribunal Constitucional se harta de salvar la “plusvalía”

Por Beatriz Moreno Serrano

Según las últimas cifras oficiales de 2018, los ayuntamientos españoles liquidaron “plusvalías” por más de 2.600 millones de euros, casi el 5% del conjunto de ingresos municipales.

Cuando se creó el impuesto en el año 1988, con el fin de hacer tributar los incrementos de valor que experimenten los terrenos urbanos con ocasión de su transmisión, el legislador optó por una sencilla fórmula de cálculo del mismo, intentando evitar así las dificultades en su gestión.

El cálculo consistía en multiplicar el valor catastral del suelo en el momento de la transmisión, por el número de años entre la anterior y la actual transmisión, por un porcentaje anual y por el tipo de gravamen.

Desde el momento de su aprobación, siempre se ha discutido si el impuesto se debía liquidar en aquellos casos en los que el contribuyente acreditaba que, en la transmisión del inmueble, este no había experimentado ningún incremento de valor. Unos consideraban que, en estos casos, el Ayuntamiento no podía liquidar el impuesto. Otros, por el contrario, sostenían que sí se debía liquidar.

Se trataba de un debate doctrinal que, sin embargo, comenzó a tener relevancia jurídica con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Las ventas de inmuebles con pérdidas empezaron a ser supuestos bastantes frecuentes.

Fue entonces cuando comenzó la larga agonía de este impuesto. El primer mazazo se lo llevó cuando algunos Jueces y Tribunales admitieron una fórmula de cálculo del impuesto distinta a la establecida en la Ley, la conocida como “fórmula de Cuenca” (rechazada por el Tribunal Supremo), que consideraba que debía de tomarse en consideración el valor del inmueble en el momento de su adquisición, y no en el del momento de la transmisión.

Pero lo peor para este impuesto aún estaba por llegar. Algunos Jueces y Tribunales comenzaron a plantear cuestiones de inconstitucionalidad en relación con varios preceptos reguladores de este polémico tributo.

Tres casos diferentes que dan lugar a tres importantes sentencias.

El Constitucional ha estado ocupado con el IIVTNU en los últimos años

La primera, la STC 59/2017, declara la inconstitucionalidad del impuesto en los casos de ventas con pérdidas. Recalca el máximo intérprete de la Constitución Española que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, llevando a cabo las modificaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto con el fin de arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

A raíz de esta sentencia, se enfrentaron dos posturas. La llamada “tesis maximalista”, que defendía que los ayuntamientos ya no podían liquidar el impuesto, puesto que no sabían cómo determinar si el terreno había o no experimentado un incremento de valor. Y, en el polo opuesto, la “tesis minimalista”, que entendía que el impuesto debía seguir liquidándose, salvo que el contribuyente demostrara la ausencia de incremento de valor.

Después de un año con esta disparidad de criterios, el Tribunal Supremo aclaró que el impuesto debía ser liquidado, salvo que el contribuyente acreditara, con cualquier principio de prueba, la ausencia de incremento de valor, en cuyo caso el Ayuntamiento debía abstenerse de liquidar, salvo que probara en contra de las pretensiones del contribuyente, demostrando que el inmueble sí que había experimentado aumento de valor. En definitiva, era una cuestión de prueba.

La segunda, la STC 126/2019, declaró inconstitucional el impuesto en los casos en los que, a pesar de haber habido ganancia en la transmisión, el importe del impuesto es superior. El Tribunal Constitucional recuerda al legislador que no está haciendo sus deberes.

Y a la tercera va la vencida. En su reciente sentencia del pasado 26 de octubre, analizando un caso en el que el importe del impuesto es algo más de la mitad de la ganancia obtenida, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional la fórmula de cálculo del mismo. Y, por supuesto, “regaña” nuevamente al legislador por no haber hecho nada para poner fin al caos jurídico en el que se ha convertido el impuesto.

Lo más controvertido de esta sentencia han sido sus efectos. No se podrán rectificar autoliquidaciones, a pesar de estar en plazo para ello, ni se podrán recurrir liquidaciones, a pesar de estar en plazo de recurrirse, en base a la sentencia. Y no con efectos desde su publicación en el «BOE», sino desde el mismo día en que se dictó.

La llamada “plusvalía” ha pasado de ser un impuesto bastante poco conocido, a ser el protagonista indiscutible de la tributación local.

De la situación de la “plusvalía” se ha hecho eco la práctica totalidad de los medios de comunicación (por lo que me han dicho, hasta en el programa Sálvame se habló del tema).

En esta ocasión, el legislador sí ha modificado la norma y además de forma inminente:

En fin, resulta sorprendente que se declare la inconstitucionalidad de la fórmula de cálculo de un impuesto después de más de tres décadas liquidando conforme a la misma.

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