Legislativo, ejecutivo, judicial y… Redes Sociales. Un nuevo poder

La suspensión de la cuenta de Donald Trump reabre el debate del potente rol de juez y parte que se han auto atribuido las RRSS, con nuestra aquiescencia, en los últimos años.

Así luce ahora mismo la cuenta de Donald Trump

Y aunque se puede hablar de «nuevo poder», esta cuestión no es precisamente nueva. Venimos advirtiéndolo desde hace años en reflexiones como «El impacto de las TIC en la configuración clásica del derecho. Especial referencia al principio de territorialidad» (Revista Tecnología, Ciencia y Educación, ISSN 2444-250X, ISSN-e 2444-2887, Nº. 4, 2016, págs. 11-32, ver texto completo pdf):

Y en este contexto surge precisamente un nuevo “legislador” o poder legislativo, impropio pero real, lo cual supone sin duda uno de los paradigmas más interesantes que presenta la nueva realidad sociotecnológica desde el punto de vista jurídico. Nos referimos a los gigantes de la Red. Hablábamos de protección de datos, y nos preguntamos qué importa la normativa española o incluso la europea al respecto, cuando usted acepta las condiciones de uso de Whatssap o Facebook y, como vimos ut supra, simultáneamente acepta también, expresa o implícitamente, someterse a la normativa de protección de datos del Estado de California. Y hablamos de condiciones de uso, conste, no de condiciones de privacidad. Hoy en día pasan muchas cosas pero muchas de ellas “pasan” en Internet. Internet se rige por sus propias reglas y si usted se pasa de la raya en Twitter sepa que le cancelarán la cuenta. No será una sanción gubernativa sino de la propia Red Social. Seamos conscientes de quien marca las reglas del juego hoy en día.

Vaya por delante que el susodicho Trump no es, naturalmente, santo de mi devoción. Pero no debemos centrar el debate en su persona, sino en la discrecional potestad de suspensión o cancelación de una cuenta en una Red Social por la expresión, difusión o potencial generación (futura) de contenidos presuntamente violentos, o instigadores, o de otra forma inadecuados respecto de los que, de momento, no se ha determinado su ilegalidad o carácter delictivo. Esta nueva censura del siglo XXI no es mejor que la que no hace tanto sufrimos en el siglo XX.

Y es que indeseables en las Redes hay muchos. Y por desgracia muchos de ellos tienen una cierta capacidad de influencia sobre una parte de la sociedad. El límite de lo que pueden o no pueden decir, lo debería poner la Ley. Una Ley interpretada y aplicada por el poder judicial, y todo ello dentro de un sistema que equilibrios que nos concedimos hace siglos. Un sistema que es sin duda mejorable, y sobre todo «modernizable», pero que no deberíamos abandonar tan fácilmente antes de concebir otro que sea objetivamente mejor y más justo. Pero por definición no es objetivo, sino subjetivo, dejar en manos de las personas que gestionan las reglas del juego del ejercicio de la libertad de expresión en el siglo XXI, calificar las acciones o las palabras de los aludidos indeseables que, en algunos casos, simplemente serán haters o trolls con carencias afectivas que únicamente buscan su minuto de gloria en unas redes que, ya ven qué triste, son sus únicas amigas.

In fine, Trump es un imbécil, seguramente un imbécil peligroso. Pero un imbécil también goza del derecho a la libertad de expresión. Lo hemos visto muchas veces, y las que nos quedan. Las redes están repletas de barbaridades inenarrables. Hoy mismo he visto varias fotos de influencers animándonos a revolcarnos desnudos por la nieve a varios grados bajo cero (algo que puede llegar a causar la muerte por hipotermia), y el propio Trump dijo en plena pandemia que una posible solución consistía en ingerir lejía. Pero si debe ser destituido o ir a la cárcel por sus palabras o sus actos, lo debe determinar el poder judicial. No el «socialmediático». Dejemos que se retrate diciendo lo que le apetezca (con las consecuencias legales que esto tenga, desde luego), o de alguna manera estaremos alimentando sus teorías conspiranoicas.

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