Normas y más normas pero… ¿Quién lidera?

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Con la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (cuyo mayor acercamiento a la verdadera modernización de la Administración se halla en el título), se nos acumulan las normas sobre mejora de los procesos administrativos, de manera que, cada vez que el BOE alumbra una nueva, es una más la que enviamos al saco de las que nos faltan por cumplir.

Y si no que se lo pregunten a la buena Ley 11/2007, que nació y murió ocho años después habiendo alcanzado un grado de cumplimiento real tremendamente bajo. O al ENS y el ENI, absolutamente capitales en la correcta implantación de la administración electrónica, que justo ahora cumplen once años desde su regulación reglamentaria y siete desde su obligatoriedad. Y qué decir de la eternamente prorrogada Ley 39/2015. A nivel estratégico, e incluso psicológico, la reciente aprobación del aludido RDL 36/2020, es absolutamente incompatible con la enésima prórroga de la Ley 39/2015, cuya total entrada en vigor, al menos teórica, se va a producir más tarde que una norma aprobada un lustro más tarde. Este nuevo RDL, una norma muy coyuntural y con la modernización solo en el nombre, trata de agilizar los procedimientos administrativos, especialmente los de contratación, por lo que claramente no hubiera sido necesario si ya se hubieran dado los pasos para implantar las leyes anteriores, como la Ley 9/2017 (de contratos del sector público), o la Ley 39/2015.

Pero tareas como la simplificación, la mejora o la digitalización de los procesos es algo que hacemos las personas, no el BOE. Solo necesitamos las normas para una cosa: las normas deben permitirlo… Pero es que ya lo permiten desde hace muchos años (hay buenas leyes de «administración electrónica temprana» desde 2003, como la Ley General Tributaria, la del Patrimonio de las AAPP o la de firma electrónica). Y normas como la citada Ley 11/2007 no solo lo permitían, sino que incluso lo incentivaban.

Como ya hemos afirmado en distintas ocasiones, administración electrónica es reingeniería procedimental y funcional, accesibilidad, simplificación, automatización, interoperabilidad, seguridad, transparencia, estrategia, comunicación, formación interna/externa, asistencia interna/externa y, sobre todo, cambios organizativos y funcionales…. Mucho por hacer, y nada de esto no lo va a realizar el BOE. Y no digamos ya la gestión del cambio. Ese intangible de la máxima importancia que comporta precisamente esos cambios organizativos, funcionales, culturales, aptitudinales, éticos y hasta emocionales. Esa es la verdadera madre del cordero de la tan manida «modernización administrativa», y requiere acción, requiere impulso. Requiere estrategia. Requiere, en definitiva, liderazgo.

¿Pero quién lidera? La administración electrónica es sobre todo una cuestión organizativa, «de recursos humanos» por así decirlo. Curiosamente, en los instrumentos que recogen el inventario de funciones de los empleados públicos (Ley, Reglamentos, Relaciones de Puestos de Trabajo), rara vez aparece el verbo «liderar». Sí, en ocasiones, «impulsar» y «coordinar», pero sobre todo en la definición de los altos cargos o directivos de la AGE y las CCAA, y también algunas EELL solo las de gran tamaño. En consecuencia, liderar sigue siendo una iniciativa fundamentalmente voluntaria. No pagada, no premiada y sí castigada. Por eso esta infografía se acerca mucho a la realidad:

Esto es aplicable al cambio en las organizaciones públicas. Con algún matiz importante, claro está. El principal es que, afortunadamente, sí que surgen de vez en cuanto valientes que dan un paso al frente. Pero la premisa es otra, ya que en la práctica no existe esa figura de una persona que desde un pedestal pide voluntarios. En la Administración nadie te pide nada en realidad. La voluntariedad no consiste en levantar la mano, sino en percatarse de que podemos hacer las cosas de una forma mucho más eficiente y, a continuación, desafiar al viento y la marea emprender una travesía a nado a través de una tempestad para, quizá cambiarlo todo o quizá ahogarte. Esta segunda parte es, evidentemente, la más difícil.

Descendamos pues, de nuevo, a planteamientos realistas, a proyectos factibles, a casas que comienzan por los cimientos de la mejora de los procesos administrativos y no por el tejado de la inteligencia artificial, aunque sin perderla de vista. Planifiquemos este plan de acción y dejemos su dirección en manos de los que pueden ejecutarlos desde su conocimiento técnico y experiencia, y en el horizonte temporal de más allá de una legislatura.

En definitiva, hasta que las cúpulas política, funcionarial y sindical entiendan (y asuman) que resulta necesario incentivar el liderazgo en general, y profesionalizar la dirección pública en particular, podemos olvidarnos de esa «modernización» que, con el paso de los años y el fracaso de los proyectos, ha pasado a ser una palabra obsoleta que deberíamos sustituir, aunque solo sea por el efecto psicológico, por «innovación».

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Un comentario Agrega el tuyo

  1. La palabra “modernización” les causa fístulas. Se les termina el chollo al establishment que existe e las Administraciones Públicas, en el cual están: políticos, sindicalistas y una importante mayoría de funcionarios…

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