Algunas notas sobre identidad digital, pseudonimato, anonimato e impunidad

He tenido el placer de compartir la mesa redonda virtual “Derecho a la identidad digital: pseudonimato, anonimato e impunidad” con Borja Adsuara y Nacho Alamillo. A continuación paso a limpio alguna de las notas que he podido aportar al respecto. Por supuesto el tema es mucho más amplio, pero sí podemos dejar al menos apuntados algunos de los debates más interesantes que genera.

En primer lugar, la categorización jurídica de estos conceptos es la de derechos digitales. Quizá no alcancen la categoría de fundamentales (o sí, he aquí un buen debate), pero sí tienen relación directa con estos, especialmente con el contenido en el artículo 18 de la Constitución. Es cierto que la parte de “derechos digitales” de la Ley Orgánica 3/2018 no se refiere a ellos expresamente, pero la futura Carta de Derechos Digitales, redactada precisamente por el propio Adsuara (entre otros), sí lo hará.

Por lo demás, la identidad digital es un concepto ya reconocido en algunas normas, si bien de forma de escasa, pero basado directamente en el Derecho Natural. La existencia determina la identidad. Todo el mundo es alguien, aunque las abuelitas digan a menudo “no somos nadie”, y en la actualidad la identidad física se plasma además en una o varias identidades digitales. De hecho la inexistencia que deriva del fallecimiento ya ha generado la problemática del llamado “testamento digital”.

En cuanto al pseudonimato, es un recurso clásico. Hace muchos siglos que algunos autores firman sus obras bajo pseudónimo, o incluso las publican de forma anónima. Sus razones tenían. De alguna manera estas figuras garantizan la libertad de expresión. También tienen otras finalidades, como la de proteger a la persona (en realidad, otra vertiente de la anterior). En la Administración hace años que se utiliza la firma electrónica con pseudónimo, por ejemplo en colectivos como la policía, por la especialidad de sus funciones. Por supuesto, la posibilidad de identificar al funcionario, un derecho incuestionable de los interesados en los procedimientos, permanece intacta.

Por otra parte, los Secretarios de los Ayuntamientos a menudo identificamos a distintas personas dentro de nuestra función de fe pública. Se trata de la clásica identificación notarial. Esta tarea va “a menos”, por la fehaciencia que da el propio certificado del empleado, autoridad o persona física, acreditativo de su identidad, pero aún se ejerce por ejemplo en la sesión constitutiva de la Corporación que se celebra cada cuatro años, donde los futuros concejales electos acuden provistos de su credencial electoral (que en realidad suele estar ya en poder del Secretario) y su DNI. Tras la identificación del Secretario pueden tomar asiento para, minutos más tarde, tomar posesión. No es infrecuente, y me ha ocurrido varias veces en mi carrera profesional, que con los nervios del momento algún concejal comparezca desprovisto del documento. En tales casos un servidor los ha identificado por constarme de forma pública y notoria que ese señor o señora es quien dice ser. Esto también es fe pública, supuestos en los que la identificación es memorística y uno acaba comparando a la persona que tiene delante con el recuerdo físico que almacena en su mente.

Hablando del Secretario, este es uno de los protagonistas de la llamada actuación administrativa automatizada. El ejemplo típico de la misma es el del certificado de empadronamiento “firmado” por el sello de órgano de secretaría. Obviamente, el funcionario o autoridad que se encuentra tras el sello, no solo es fácilmente identificable sino que es el responsable del acto o trámite automatizado.

Por lo demás, la identificación electrónica es uno de los ítems más importantes de la administración electrónica, y aunque la Ley de procedimiento aboga claramente por la necesidad de firma, la identificación gana terreno en las últimas normas y también lo hace por el propio contexto de la pandemia, siendo en este sentido la novedad más interesante la identificación por videollamada.

Para acabar, haremos la mención obligada a las Redes Sociales. En ellas se desenvuelven infinidad de trolls y haters que dicen muchas estupideces. Decir tonterías no es delito, pero en ocasiones estos perfiles pueden llegar a superar la frontera de lo permitido legalmente, quizá animados (que no amparados) en una falsa sensación de impunidad. Pero es solo la sensación, porque ante la Ley no son impunes y desde luego son identificables. Cuando el post o tuit constituye, presuntamente, un delito, sus autores son tan responsables como los perfiles que se registran con nombres y apellidos. Esto, que es una obviedad, parece que se desconoce en determinados ámbitos políticos que, ante una eventual desgracia, exigen o prometen reformas legales para impedir que en la Red actúen “anónimos”.

Anexo. Anonimización de datos de carácter personal (AEPD).

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