10 malas prácticas (alguna de ellas inaceptable) en los informes jurídicos

Como dijimos en nuestra charla del Congreso Novagob correspondiente a este 2020, personalmente me gusta empezar los informes por los principios generales del derecho: eficiencia, buena fe, confianza legítima, para ir descendiendo. También me agrada citar el art. 3 del Código Civil, que dice que las normas se interpretarán de acuerdo con la realidad social del momento. Sin embargo hay funciosaurios que empiezan (y casi acaban) por un reglamento súper sectorial, donde encuentran un artículo perdido, seguramente el menos posibilista. Su informe, por supuesto contrario a la iniciativa que se trata de impulsar, se basa absolutamente en ese artículo. Mejor dicho, en el párrafo tercero de ese artículo (sí, siempre es el tercero). Esta sería una de las 10 malas prácticas aludidas, pero vamos a recapitularlas empezando por desarrollar esta misma dividiéndola en dos (1 y 2):

1.- Basar la conclusión principal del informe en una normativa que se encuentra muy abajo en el sistema de fuentes.

Un matiz importante es que el principio competencia puede y suele desplazar al de jerarquía en tanto en cuanto un reglamento sectorial de la Administración competente puede prevalecer y prevalece sobre una norma de rango superior. Es la materia, y no la jerarquía formal, la que se impone. Es cierto que existen materias muy específicas, en las que encontrar un reglamento que se refiera al caso concreto puede ser todo un hallazgo, pero no se puede utilizar este argumento para forzar a toda costa la aplicación de una norma muy rebuscada que de alguna manera se utiliza para vestir el santo de una conclusión predeterminada, conclusión que suele ser, como decíamos, muy poco posibilista. Esto nos lleva al siguiente punto.

2.- Informar siempre negativamente.

Esto no es posible. Un servidor lleva más de dos décadas trabajando en la Administración, y con esto quiero decir que he visto corrupción e intentos de corrupción de todos los colores. Eso hay que pararlo inmediatamente y al más mínimo indicio, pero tampoco ocurre todos los días (afortunadamente). Y es que la razón de ser de un informe no es decir lo que no se puede hacer, sino cómo hacer de forma legal aquello que se plantea. Y casi siempre existe un cauce. Por eso, sin perjuicio de que el informe negativo o reparo es un recurso con el que el técnico que informa debe contar, llegado el caso, para hacer valer la legalidad frente a otros intereses, su objetivo principal en un informe debería ser el de dar opciones, encauzar, orientar, abrir puertas por así decirlo. Y no cerrarlas. Nunca he entendido esa forma de trabajar que consiste en torpedear las iniciativas de los demás, con la falta de respeto adicional que supone esa desconfianza velada en la honradez ajena. Y mucho menos la que consiste en ir sistemáticamente en contra de la Entidad que te abona la nómina el día veintitantos de cada mes. ¿Para quién trabajamos?

Letrado “agorero” proclamando su visión jurídica de una propuesta o iniciativa

3.- Hacer informes “a la carta”.

Una mala práctica que me disgusta especialmente es la de los “compañeros” que se prestan a hacer el informe contrario (o “contradictorio”, que quizá sería la palabra exacta) al que uno ya ha podido elaborar. A veces este informe teledirigido no se hace en relación a otro anterior, sino simplemente “a la carta”, con tal de contentar y de blanquear los deseos de ese sector de la parte política o directiva al que le agrada tener sus propios letrados mamporreros. En un abogado externo lo puedo entender, hasta cierto punto, que conste, porque dicen que quien paga manda, si bien sigo pensando que la integridad no tiene un precio. Pero en un empleado público, funcionario técnico o jurídico, no… ¿Y el interés general? ¿Y la independencia? Uno informa lo de que debe informar según su legal saber y entender (como reza la famosa cláusula), no lo que le dicta un superior jerárquico, por la razón que sea, aunque sea buena, por el mero hecho de darle el gusto. Y mucho menos si ese “favor” tiene retorno de alguna forma. Adiós a la ética. Por eso esta mala práctica me parece particularmente lamentable.

4.- Hacer informes sin conclusión.

Y/o sin propuesta. Enredar, enredar y a ningún sitio llegar. Si no se tiene claro, se dice. O mejor, se estudia un poco más el tema y se llega a algún tipo de conclusión, la que sea. ¿O acaso el motivo que hay detrás de esta mala práctica es el temor a “mojarse”? Pues traigo noticias: hay que hacerlo. Al pan, pan y al vino, vino. No hay que tener miedo a decir que sí cuando todos esperan el no, del mismo modo que no hay que temer decir que no cuando esperan el sí. Para no concluir nada es mejor no hacer el informe. Hay que cumplir el trámite formal, pensará alguno. Sí, pero los informes se hacen para ayudar al órgano que resuelve a formarse un juicio de valor. Los actos discrecionales deben motivarse. Si los informes son inocuos, neutros o intrascendentes, entonces no sirven para nada. Otra cosa son los informes que abren dos puertas, reconociendo ambas como opciones válidas, dejando al órgano competente la posibilidad de optar por una de ellas. Pero esta supuesta ambigüedad es aceptable, porque aporta soluciones. Un informe vago, impreciso y sin propuesta o conclusión de ningún tipo, es un pésimo informe.

5.- Dejar de informar en algunos expedientes.

Todos los expedientes deben incorporar un informe. Esto no significa que todos deban incorporar el informe del mismo técnico, por supuesto, salvo quizá en los Ayuntamientos muy pequeños en los que el Secretario-Interventor es el único funcionario que informa. En todo caso, es muy poco profesional elegir aquellos expedientes en los que se informa (incluso más de una vez) y desechar aquellos otros, quizá incómodos, en los que se prefiere escurrir el bulto. Hablando de escurrir el bulto, también hemos visto casos de “este tema no me gusta, que informe Fulanito”, una costumbre muy fea y poco profesional en mi opinión. Si cobramos por hacer un trabajo lo hacemos, y si cobramos por asumir una responsabilidad, debemos asumirla.

6.- Informar cuando a uno le viene en gana, más allá de un expediente.

Esta sería la mala práctica contraria, por así decirlo, de la anterior. Consistiría en informar más allá de que se deba o se pueda informar, y de forma independiente e indiferente a la posible tramitación de un expediente. Siempre hay una razón oculta, claro, y en pocas ocasiones está justificada. A veces esta categoría de informe se queda solo, asilado del mundo, digamos “perdido en la nube” si es electrónico, o en un cajón si es, como suele ser, papelónico.

7.- Utilización de un lenguaje poco (o nada) accesible.

Es cierto que la jerga jurídica es un mal necesario, entiéndase la expresión, en un informe jurídico. La Administración tiene otras oportunidades en el expediente para relajar ese formalismo administrativista y “traducir” sus escritos a fin de que al menos la resolución que se notifica sea entendible. En este sentido, es evidente que el informe no puede prescindir de ningún término jurídico, aunque sea desconocido para el gran público, porque un buen informe, riguroso y bien razonado, más adelante puede ser un elemento decisivo en el hipotético contencioso administrativo. Pero todo tiene un límite. La pedantería, por ejemplo. El abuso de latinajos o de expresiones propias del castellano antiguo no le da más categoría a un informe. Ni a su autor, por cierto. Además, muchas veces la mayoría de párrafos, y casi siempre las propuestas, se arrastran y se reproducen, tal cual, en la resolución. Esta parte, como decimos, debe ser comprensible para un ciudadano medio.

8.- Superar la extensión de 20 páginas.

Salvo excepciones, que las hay, un informe no suele necesitar una extensión superior a las 10 páginas para poder llegar a la aludida conclusión. Pongamos que se redacta en Arial 12 e interlineado simple, por dar una pauta. En ocasiones el informe puede llegar a 20 páginas, porque hay temas y temas. Más de eso, paja. En este caso salvo contadísimas excepciones en las que la complejidad del asunto o el número de los frentes abiertos sobre los que debemos pronunciarnos, nos lleven a una gran extensión que sí sea necesaria, pero en estos supuestos es más por la acumulación de reflexiones jurídicas, algo así como si juntáramos varios informes en uno. En todo caso, somos de la opinión de que los informes realizados “a peso”, a parte de llamarse “dictámenes” (este chiste hay que entenderlo, pero seguro que alguien habrá sonreído), no suelen aportar más calidad por su cantidad de páginas. Se trata de resolver el problema objeto de estudio, no de escribir una tesis. Personalmente no tengo tiempo de realizar informes tan largos, sino que expongo los antecedentes, entro directamente en los razonamientos jurídicos y concluyo. Un servidor no pretende mostrarse como modelo de nada, pero sí diré, por si a alguien le interesa, que mis informes no suelen superar las 7 páginas.

9.- Copiar y pegar (I). Reutilización de modelos anteriores.

Pasa en los informes y pasa en todo tipo de documentos. Esa gran utilidad que es sin duda el copiar y pegar, tiene también un cierto peligro. El peligro de ese interesado que “heredamos” del expediente anterior, o quizá solo su DNI. O solo su dirección. El de ese fundamento jurídico tercero que olvidamos borrar porque escribimos sobre el informe anterior y, el nuevo, solo tiene dos, por lo que entre el segundo fundamento y el tercero se produce una especie de déjà vu que muestra por escrito una extraña mezcla entre las formas de gestión de los servicios públicos y la consolidación de los trienios de un policía local. Hay que fijarse en estas cosas.

10.- Copiar y pegar (II). Exceso de citas legales y doctrinales.

Podría ser un pecado menor, sobre todo comparado con alguno de los anteriores. Pero un exceso en este aspecto puede afear, y mucho, la calidad del informe. Estamos convencidos de que no hace falta copiar, y mucho menos de forma íntegra, todos los artículos que se citan. De hecho para eso se citan. Sí pueden reproducirse, por supuesto, algunas partes relevantes, o bien resaltarse en cursiva (no nos suele agradar la negrita), pero un informe no puede ser un collage de preceptos legales reproducidos todos ellos en su literalidad. Lo mismo ocurre con las citas doctrinales o jurisprudenciales. Si un autor o una Sentencia arrojan luz sobre el asunto, deben citarse también aquellas partes cuyo contenido pueda ser determinante, o al menos interesante, en relación al caso concreto. Y dicha relación debe ser directa, no indirecta o circunstancial. El letrado autor del informe debe comportarse como tal. No es un estudiante de Derecho haciendo un trabajo para aprobar una asignatura. Es un profesional que puede tener sus fuentes, pero también su propia opinión. El informe debe ser principalmente de la cosecha de su autor.

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