¿Qué es el #HabeasCorpus?

El llamado «Habeas Corpus» es un instituto propio del Derecho anglosajón, donde cuenta con una antiquísima tradición y se ha evidenciado como un sistema particularmente idóneo para resguardar la libertad personal frente a la eventual arbitrariedad de los agentes del poder público. Su origen anglosajón no puede ocultar, sin embargo, su raigambre en el Derecho histórico español, donde cuenta con antecedentes lejanos como el denominado «recurso de manifestación de personas» del Reino de Aragón y las referencias que sobre presuntos supuestos de detenciones ilegales se contiene en el Fuero de Vizcaya y otros ordenamientos forales, así como con antecedentes más próximos en las Constituciones de 1869 y 1876, que regulaban este procedimiento, aun cuando no le otorgaban denominación específica alguna (Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 6/1984).

En la actualidad, el «Habeas Corpus» es, ante todo, un derecho fundamental recogido en nuestra vigente Constitución. Se reconoce en el art. 17 de la misma (derecho a la libertad), el cual vale la pena referir de forma íntegra:

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.

Este derecho, de los más importantes dentro de la categoría más importante (los “derechos fundamentales”), tiene no obstante sus límites. Por un lado, todos los derechos reconocidos el artículo 17 pueden ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción. Por otro lado, una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en el artículo 17, apartado 2, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes (art. 55 de la Constitución).

En desarrollo del mandato constitucional establecido en el art. 17.4 se aprobó la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus», cuyo artículo 1 define exactamente el alcance de dicho derecho:

“Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente Ley, se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.

A los efectos de esta Ley se consideran personas ilegalmente detenidas:

  • a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las Leyes.
  • b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
  • c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes, si transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
  • d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida”.

El resto de detenciones son absolutamente legales, y por lo tanto ante las mismas se pueden ejercer otros derechos, pero no el «Habeas Corpus». Dicho lo cual, su mera invocación tampoco produciría, en ningún caso, el efecto de la puesta en libertad, sino “la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial”. En todo caso se requiere de una solicitud formal, no únicamente una manifestación in voce. Una vez el procedimiento se encuentra en manos del Juez, este resolverá finalmente mediante auto motivado, adoptando alguna de estas resoluciones:

  • 1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el citado artículo 1 de la Ley, acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Derecho la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando.
  • 2. Si estima que concurren alguna de las circunstancias del artículo 1 de la Ley, se acordará en el acto alguna de las siguientes medidas:
    • a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente.
    • b) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la custodia de personas distintas a las que hasta entonces la detentaban.
    • c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención.
detenido
Imagen de una detención legal, como la inmensa mayoría de las que se producen en los países democráticos. Fuente: Policía Nacional

En definitiva, y como reza la citada Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 6/1984:

“La pretensión del «Habeas Corpus» es establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales. Por consiguiente, el «Habeas Corpus» se configura como una comparecencia del detenido ante el Juez; comparecencia de la que proviene etimológicamente la expresión que da nombre al procedimiento, y que permite al ciudadano, privado de libertad, exponer sus alegaciones contra las causas de la detención o las condiciones de la misma, al objeto de que el Juez resuelva, en definitiva, sobre la conformidad a Derecho de la detención.

La eficaz regulación del «Habeas Corpus» exige, por tanto, la articulación de un procedimiento lo suficientemente rápido como para conseguir la inmediata verificación judicial de la legalidad y las condiciones de la detención, y lo suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos y permita, sin complicaciones innecesarias, el acceso a la autoridad judicial”.

O más gráficamente, citando el tuit de la excelente cuenta de Twitter de la @policia:

La conclusión es que no debemos invocar el «Habeas Corpus» de manera indebida, ni mucho menos hacerlo con intencionado alboroto y confundir con ello a la población, haciéndole creer que tiene un derecho que no tiene (siendo necesario al mismo tiempo explicarle el alcance del derecho que sí tiene), dado que, afortunadamente, en este país la inmensa mayoría de detenciones son legales. Aún así, y como garantía de que esto siempre se cumpla, como debe ser, a los detenidos ilegalmente les asiste el «Habeas Corpus».

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. NOSOLOAYTOS. WEB OFICIAL DE VÍCTOR ALMONACID LAMELAS 2020. AVISO LEGAL.

2 Comentarios Agrega el tuyo

  1. Antonio Ager dice:

    Reblogueó esto en IUSLEXBLOG. y comentado:
    El daño de las películas norteamericanas en nuestro acervo cultural jurídico …

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