Impacto de la COVID-19 en el desarrollo telemático de las relaciones jurídico administrativas (especial abogados)

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He tenido el placer de impartir la charla “Impacto de la COVID-19 en el desarrollo telemático de las relaciones jurídico administrativas“, a través de videoconferencia organizada por el Colegio de Abogados de Málaga, dentro de su iniciativa #AprendemosDesdeCasa.

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Hemos hablado de teletrabajo, sede electrónica, facturación electrónica, licitación electrónica, gestión de tributos y administración electrónica en general, obviamente dentro del enfoque de esta nueva normalidad, y todo ello desde la óptica de la noble profesión de la abogacía.

0.- Introducción. Numeramos el primer ítem con un 0 porque parece que ahora este es el primer número, algo extraño la verdad. Pero tan mala es esa expresión de “fase 0” (y otras como “desescalada” o “distancia social”) como atinada es la de “nueva normalidad”. En efecto, estamos ya prácticamente asentados en una normalidad nueva, muy distinta de la vieja, la verdad. Una normalidad, o mejor, una realidad, en la que estamos abocados a ser telemáticos. Hace poco decíamos: “… la mejor arma para luchar contra todos los problemas que tenemos, todo lo malo que nos está pasando (no sólo el virus, sino también la ineficiencia, la corrupción, la crisis económica, la despoblación del mundo rural y la propia destrucción del planeta), es la actuación telemática: teletrabajar, teletramitar, tele reunirse, tele pagar, tele operar, tele comunicarse, tele firmar… Telecualquiercosa.”  (“Telemáticos a la fuerza… Pero telemáticos“, publicado en el Diario Levante EMV el pasado 10 de junio). Por eso hoy #AprendemosDesdeCasa (tele formación).

1.- Gran impacto. La Ley 39/2015 ya está en vigor. Cierto bichito microscópico ha cerrado el debate. En todo caso, las comunicaciones de los abogados ya eran obligatoriamente electrónicas en los supuestos de las letras c) y d) del art. 14.2 LPA, tanto si se representan a sí mismos como a terceros. La facturación ya era electrónica, y la licitación también. En cuanto al ámbito procesal, el incumplimiento de esta obligación ya está teniendo consecuencias por la no utilización de LexNET, pudiéndose declarar la inadmisión de un escrito dirigido al Juzgado o Tribunal por la simple razón de su presentación en papel. Y ello sin entrar en la cuestión, de rabiosa actualidad, de los juicios telemáticos. Entendemos que el órgano administrativo debe también inadmitir en idéntica situación, si bien la previa es, por supuesto, que dicho órgano también esté cumplimiento con su obligación de disponer de registros y plataformas electrónicos.

2.- La actuación por medio de representante (art. 5). Véase La actuación por medio de representante en la nueva Ley de procedimiento (10 cuestiones).

3.- Identificación y firma (arts. 9-11). Véase Identificación y firma de los interesados en el nuevo procedimiento administrativo (10 cuestiones).

4.- Documentación a presentar (art. 28). La Ley de Procedimiento aboga claramente por la simplificación de la burocracia. Destaca la figura, ya consolidada en el ámbito de la contratación, de la Declaración responsable. Por otra parte el interesado (o su representante) no están obligados a presentar documentos que se originen en una Administración Pública, pudiendo la entidad tramitadora recabarlos en su nombre con su consentimiento. Tampoco pedirá la Administración ningún documento que no exija la norma.

5.- El momento del Registro (art. 16). Véase .

6.- Intervención durante la tramitación. El interesado tiene derecho de acceso al expediente, derecho que hay que conjugar con el de cualquier persona a acceder a la información, en los términos de la propia Ley de Procecimiento pero también de las Leyes sobre transparencia y acceso a la información. Los interesados también tienen obligaciones, como el deber de colaboración (art. 18 LPA), de cara a facilitar inspecciones y actos de investigación.

7.- Cómputo de plazos. Véase El cómputo de plazos en la Ley de procedimiento.

8.- Resolución (arts. 21 a 24 y 84 a 92 LPA). Se producen pocos cambios. La Administración tiene la obligación de resolver y notificar dentro de plazo (ver punto anterior), sin perjuicio de la posibilidad de que dichos plazos se suspendan (art. 22) o se amplíen (art. 23). El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas (art. 24). Se recoge la posibilidad de terminación por pronto pago, con descuentos, en los procedimientos sancionadores (art. 85.3): “cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí”.

9.- Notificación. Véase .

10.- Recursos. En la interposición se debe indicar el código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige (art. 115.1.d). Con la LPA se ampliaron las posibles causas de inadmisión del recurso (art. 116), incluso por defectos formales, como en el contencioso. El plazo para recurrir un acto presunto es indefinido, si bien computa con normalidad desde el momento de una hipotética resolución tardía (art. 124.1), ya que la Administración sigue teniendo el deber de resolver.

11.- Futuros cambios legales. Se prepara una futura Ley del teletrabajo. También se prepara una Carta de los Derechos Digitales de las personas. Se encuentra prácticamente redactado el borrador de Reglamento de administración electrónica que desarrollará las Leyes 39 y 40. Habrá una Ley de transformación digital del sistema financiero, y otra reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Habrá más cambios en la legislación procesal, todos ellos en pos de los trámites telemáticos. Habrá más normativa sobre accesibilidad, sobre ciberseguridad… El legislador está totalmente orientado hacia lo telemático. Sin ir más lejos, en el BOE de hoy, se publica el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. Esta norma modifica la Ley 58/2003, de 27 de diciembre, General Tributaria dando cobertura a las relaciones jurídico tributarias no solo telemáticas, sino de forma concreta a través de videoconferencia. Así, se introduce un apartado 9 en el art. 99 con el siguiente tenor literal: “Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad. La utilización de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y requerirá la conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo.”

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