10 puntos débiles de la Administración pública española que nos están perjudicando en esta crisis

Cuando no se sabe muy bien qué hacer, quizá haya que empezar por no seguir haciendo aquello que resulta nocivo. Personalmente soy el primero que rechaza esa osada vanidad de quienes afirman tener recetas mágicas ante una situación capaz de desbordar a cualquiera. Pero sí podemos detectar lo que nos está perjudicando. Por supuesto también tenemos puntos fuertes, que mencionaremos al final, pero incluso en estos se observa un punto débil, y es que no los protegemos lo suficiente.

1.- Una administración electrónica eternamente demorada. Cuando acabe todo esto, o al menos este primer y fortísimo envite, vamos a ver quién es el guapo que reabre el tema de los plazos de entrada en vigor de la Ley 39/2015. Ya saben: que si octubre de 2020, o antes, o después… De hecho hasta los más cavernícolas reconocen estos días que si hubiéramos abrazado la administración electrónica mucho antes, la gestión ordinaria “de oficina” durante este periodo habría sido casi indiferenciada de la gestión habitual. En cuanto a nuestros usuarios, tampoco habría estado nada mal obligar a tramitar electrónicamente a los sujetos ya obligados por ley a hacerlo, así como formar y asistir a estos y, especialmente, a los no obligados, porque de haberlo hecho así en este momento tampoco tendría sentido esa medida paralizante de la suspensión de plazos.

2.- Falta de transparencia. Pese a la repulsa social que nos generó la época fuerte de la corrupción y pese a la aprobación de numerosas leyes de transparencia en la última década, nunca ha sido nuestro punto fuerte, no nos engañemos. En esto de la transparencia siempre se ha preferido parecer que ser, salvo honrosas excepciones evidentemente. Tampoco se visualizó la transparencia como el instrumento del gobierno abierto, como canal para la rendición de cuentas y la apertura de datos en fomento de la participación, la colaboración y la promoción económica y social. Sólo hemos “publicado cosas”, normalmente en formatos no reutilizables, en portales que no siempre son accesibles e interoperables. El colmo es la actual suspensión de facto del derecho de acceso a la información, lo cual se intenta relacionar de una manera absolutamente artificial y enrevesada con los bulos y las fake news. Triste. Pensé que esto no lo iba a ver jamás en mi país.

constitución cádiz
Art. 13 de la Constitución de Cádiz de 1812: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”.

3.- Excesiva politización de las instituciones. La dirección pública profesional independiente sigue siendo la gran asignatura pendiente en la estructuración de los altos cargos. No es el momento del clientelismo, el partidismo o el dictado de medidas en base  a algún tipo de interés político. Ahora mismo a los Gobiernos les tendría que dar exactamente igual si dentro de un par de meses siguen o no gobernando. Hay intereses mucho más elevados en juego. Tampoco la condición de amateur sirve para gestionar este tipo de situaciones. Hace falta un profundo conocimiento de la teoría y práctica de la gestión pública. No hablamos de saber de microbiología, para eso están los científicos a quienes en este momento se debe escuchar absolutamente (sin filtro político ni censura), sino de encajar esa información , y otras, en un análisis de la situación lo más completo, objetivo y ético posible, que nos permita saber qué decisiones se deben tomar en cada momento o cuál es el futuro plan de contingencia ante un problema enormemente complejo, prolongado y multidisciplinar. El sesgo político no deja pensar, sobre todo cuando uno no está acostumbrado a pensar ni a asumir responsabilidad alguna.

4.- Estructuras organizativas obsoletas. La departamentalización ya no tiene sentido. Lo estamos viendo estos días en los que estamos teletrabajando mucho más “por equipos”, en base a la naturaleza del problema o el proyecto, que por unidades orgánicas. Muchos “jefes” no han aprendido a ser jefes en esta situación (de hecho muchos manifiestan que quieren volver de una vez), quizá porque en el fondo nunca han sabido serlo. No es fácil, por otra parte, liderar en este momento, pero no cabe duda de que la jerarquización pasa a mejor vida. Adolecemos también de falta de perfiles adecuados, así de como esos puestos de trabajo tecnológicos y transversales que nunca creamos. En muchos casos (afortunadamente en muchos otros no), se muestra una carencia total de habilidades digitales, y, en general, escaso desarrollo de las “habilitades blandas” (soft skills). Pese a todo, se está trabajando francamente bien, pero las taras organizativas y funcionales que arrastrábamos, y sobre todo los perfiles tóxicos, los que siempre lo han sido, lastran.

5.- Filosofía del desempeño basada en el horario. Y no en el cumplimiento de objetivos. ¿De qué sirve ahora mismo el horario? Ha quedado demostrado que los que no trabajan en este momento es porque tampoco lo hacían antes (y viceversa por supuesto), del mismo modo que los que peor se adaptan a esta situación son los que ya estaban más aletargados. Por otra parte, el teletrabajo, tan atacado y menospreciado en la pública hasta hace poco más de un mes, está resultando una herramienta eficiente y más que válida para el desempeño laboral a pesar de haberse implantado “a pelo”, deprisa y corriendo, sin planificación ni regulación previa (salvo excepciones), e incluso a veces careciendo de la tecnología necesaria. El teletrabajo de los empleados públicos es, a mi juicio, uno de los grandes triunfadores de la pandemia. Ha venido para quedarse. Sin niños y bien organizado (teletrabajo mixto, desempeño por objetivos, reglamento que lo regule…) sólo puede ir a mucho mejor. Este es un buen momento para cambiar el modelo del presencialismo. Calentar la silla nunca ha sido productivo.

6.- Escasa colaboración público privada. El que piense que la Administración puede salir ella sola de esta situación, y además con cargo a un erario público que ya está dejando de ingresar muchos millones de euros, es que no ve más allá de sus narices o de su sesgo ideológico. La ideología está bien para los tiempos tranquilos, donde un buen debate filosófico puede enriquecer los puntos de vista. Pero en una situación en la que cada día aparecen 600 muertos más y otros tantos arruinados, no puede haber izquierdas o derechas, ni comunismo o capitalismo. Sólo puede haber sentido común, inteligencia, mesura, ética. Lo público no aguanta, no va a aguantar y es un milagro que haya aguantado hasta ahora. La Administración necesita ayuda de los distintos actores públicos: la sociedad civil, la Universidad y por supuesto el sector empresarial. Esto nos lleva a la siguiente tara.

7.- No utilización estratégica de la contratación pública. La paralización de la contratación pública es para mí una de las cuestiones más sangrantes que tengo el disgusto de estar viviendo estas semanas. Afrontamos una crisis sin precedentes en la que las Administración Públicas deben buscar el interés general y de forma concreta tienen el deber de intentar recuperar la economía. La contratación pública representa un 20% del PIB. No podemos renunciar a él hasta el 11 de mayo. Reactivar la contratación pública equivale, en este sentido, a reactivar la economía, y cuanto antes se haga, mejor. Las empresas que subsisten mayoritariamente de contratas con el sector público están despidiendo empleados, bien de forma temporal o por desgracia definitiva. Si no hay perspectivas de reanudación a corto plazo, la situación va a empeorar con toda seguridad. Tenemos que evitar más despidos y “cierres de persianas”. Y no, no se trata de favorecer a las “grandes empresas” en lugar de a los más necesitados, entre otras cosas porque las ayudas a fondo perdido, por sí solas, pueden paliar, mínimamente, las necesidades más inmediatas, pero el dinero público debe intercambiarse por bienes y servicios que redunden en beneficio de una Administración también muy necesitada. La recuperación económica no puede concebirse únicamente como un modelo de ayudas a corto plazo. Además, este componente social, por supuesto absolutamente necesario en este momento, también se puede articular a través de la contratación pública (p.ej. cláusulas sociales). Europa aboga desde hace muchos años por el carácter estratégico de la contratación pública, considerándola una política pública de fomento del emprendimiento y la innovación; así como de desarrollo de la economía de PYMES. Es un buen momento para acordarse de esto.

8.- Inteligencia artificial en pañales. Hablando de contratación, las figuras de la compra pública innovadora y el procedimiento de asociación para la innovación, no se han utilizado salvo contadas excepciones, pero ahora se aconseja más que nunca su uso, no sólo para reactivar la economía, sino para desarrollar un mercado de productos innovadores que compensen los déficits demostrados por este país en inversión previa en I+D+I, porque puede repetirse una situación de crisis vírica u otra catástrofe similar. Qué bien nos hubiera venido en este momento tener un sector de IA más desarrollado. La obtención y tratamiento de datos (agregados o desagregados) nos habría permitido identificar rápidamente los puntos calientes del contagio, la movilidad de las personas contagiadas, o si hay muchas personas mayores contagiadas y dónde. Además de lo anterior, a partir de una determinada “foto fija” de la situación se puede realizar un seguimiento, en el espacio y en el tiempo, a fin de estudiar su evolución. Todas las decisiones de los Gobiernos deberían basarse, sobre todo, en esta minería de datos, pero con más motivo en estos momentos. A partir de su captura, la inteligencia artificial y sus algoritmos sirven para analizar estos datos. La clave hubiera estado en la identificación y cuarentena de los individuos contagiados (y a ser posible también de su entorno), pero no de todos los habitantes de un país, porque los efectos para la economía son devastadores.

9.- Menosprecio de la autonomía local. Está claro que el estado de alarma otorga poderes extraordinarios al Gobierno central, por lo que en cierto modo la limitación de la automonía de las CCAA y las Entidades Locales es, hasta cierto punto, legítima. Pero no es menos cierto que se legisla a golpe de Real Decreto Ley de domingo por la noche, “soltando” en el BOE una batería de normas en ocasiones de dudosa redacción y escasa seguridad jurídica. Y conservadoras hasta decir basta estableciendo prohibiciones y paralizaciones de procedimientos, como hemos visto, que ni tiene sentido establecer, ni mucho menos imponer al resto de AAPP, sobre todo a aquellas que tienen capacidad y flexibilidad total para gestionar los problemas más inmediatos de los ciudadanos, no solo desde el punto de vista legal en base a los principios de proximidad, subsidiariedad, participación y por supuesto el de autonomía local acompañado de su listado de servicios públicos; sino también, y sobre todo, moral, porque es la misma ciudadanía la que se dirige en primera instancia a su Ayuntamiento. Si tiene sentido la autonomía local es en situaciones como esta, y por eso debemos dejar trabajar y poner en valor ese primer nivel de proximidad al que siguen acudiendo las personas con sus problemas e inquietudes, máxime con tantas dudas, incertidumbres y frentes abiertos. Y es que la gente, por lo general, no llama al Ministerio de Trabajo o al de Hacienda para preguntar por una cuestión laboral o fiscal concreta que han podido leer en el BOE o, normalmente, en la prensa. ¿Saben dónde llaman? Efectivamente, al Ayuntamiento.

10.- Escasa de protección y puesta en valor de los puntos fuertes. En una demostración de excelente gestión empresarial, chocolates Valor sube un 20% el sueldo a su plantilla en pleno estado de alarma. Aumentarán las ventas y aumentará, muchísimo, el grado de satisfacción y por tanto el rendimiento de los empleados. Pero, por supuesto, en la Administración se habla una vez más de bajar el sueldo a los funcionarios para “liberar otras partidas”. Esto es un grave error. Una empresa que no cuida a sus empleados o incluso que los desprestigia (la bajada de sueldo, por ley, es un modalidad de descrédito público) demuestra que no confía en ellos, que no los valora ni los considera productivos ni útiles. Si algún responsable público de verdad cree que no produce, que lo reconozca y que se le aplique él mismo la deducción de haberes. No a todos de forma lineal. Si se quiere reducir el gasto con cargo a las nóminas públicas que empiecen los políticos por reducirse el sueldo. O por despedir a los numerosos cargos de confianza absolutamente improductivos. Incluso en algunos casos que se animen a dimitir ellos mismos, que es lo que debería hacer esa vicealcaldesa que proclama a los cuatro vientos que se aburre por estar en casa, con todo lo que podría hacer para ayudar a sus convecinos. Bien. Al menos todos reconocerán que quitar poder adquisitivo a los funcionarios, por muy políticamente correcto que sea, no parece la mejor manera de reactivar la economía.

Por otra parte, a los sanitarios se les aplaude, pero seguro que ellos preferirían no morir.  Esto es así de duro. ¿Son héroes? Y tanto, incluso puede que la palabra se les quede corta. El problema es que son héroes forzados a serlo, a trabajar agotados, a sentir el dolor de miles de pacientes, a contagiarse… En cuanto a los policías, se les aplaude menos, aunque por supuesto también están muy bien considerados estos días. No obstante, no deja de ser curioso que los veamos como el enemigo a esquivar.

En definitiva, mucho que mejorar:

Como siempre, esperamos que la crítica, absolutamente constructiva, aporte algo en positivo. Esa es hoy, y siempre, mi única pretensión. Y que de verdad de esta crisis salgamos reforzados, aunque por desgracia vamos a salir siendo muchos menos.

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3 Comentarios Agrega el tuyo

  1. Chapeau, metiendo el dedo allí donde muchos tienen miedo o no lo hacen por ser estómagos agradecidos.

  2. Antonio Ager dice:

    Reblogueó esto en IUSLEXBLOG. y comentado:
    10 verdades “absolutas”

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