Los procedimientos de licitación pública NO están suspendidos

Argumentos de las personas que defienden que los procedimientos de licitación pública están suspendidos:

  1. Los plazos lo están y los órganos consultivos ratifican esta interpretación.

Argumentos a favor de entender que los procedimientos de licitación pública NO están suspendidos:

  1. Porque no podemos adoptar, por defecto, un criterio pro suspensión de toda actividad. Y a mayor abundamiento: ni la suspensión de plazos equivale a la suspensión de los procedimientos; ni la Ley de Contratos del Sector Público está, evidentemente, suspendida; ni el funcionamiento de los servicios (esenciales o no esenciales) se encuentra en absoluto suspendido.
  2. Porque, aún desde la interpretación más restrictiva posible del alcance de esta suspensión, los procedimientos de licitación (en realidad todos los relacionados con la contratación pública, incluida por supuesto la formalización), deben realizarse obligatoriamente por medios electrónicos. Esta obligación afecta a todos los entes del sector público y a todos los licitadores (también personas físicas), desde marzo de 2018. El espíritu de la suspensión de plazos que se acompaña como medida a la declaración del estado de alarma, radica en no perjudicar los derechos de los sujetos que dependen de un trámite físico para relacionarse con la administración (o viceversa).
  3. Porque las AAPP estamos teletrabajando, y podemos (tele)tramitar.

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    Le tenemos pavor
  4. Porque las empresas están teletrabajando, y pueden licitar.
  5. Porque las plataformas, también electrónicas, funcionan. Se puede licitar electrónicamente, no está prohibido. Por supuesto también podemos publicar en ellas, así como en los distintos boletines, todos ellos electrónicos.
  6. Porque las normas establecidas durante los primeros días del estado de alarma deben ser reinterpretadas para un nuevo y longevo estado de alarma que va a alcanzar al menos la duración de casi dos meses (como mínimo hasta el próximo 10 de mayo).
  7. Porque afrontamos una crisis sin precedentes en la que las Administración Públicas deben buscar el interés general y de forma concreta tienen el deber de intentar recuperar la economía. La contratación pública representa un 20% del PIB. No podemos renunciar a él hasta el 11 de mayo. Reactivar la contratación pública equivale, en este sentido, a reactivar la economía, y cuanto antes se haga, mejor.
  8. Porque las empresas que subsisten mayoritariamente de contratas con el sector público están despidiendo empleados, bien de forma temporal o por desgracia definitiva. Si no hay perspectivas de reanudación a corto plazo, la situación va a empeorar con toda seguridad. Tenemos que evitar más despidos y “cierres de persianas”.
  9. Porque las ayudas a fondo perdido, por sí solas, pueden paliar, mínimamente, las necesidades más inmediatas, pero el dinero público debe intercambiarse por bienes y servicios que redunden en beneficio de una Administración también muy necesitada. La recuperación económica no puede concebirse únicamente como un modelo de ayudas a corto plazo.
  10. Porque este componente social, por supuesto absolutamente necesario en este momento, también se puede articular a través de la contratación pública (p.ej. cláusulas sociales)
  11. Porque se debe potenciar la colaboración público-privada,  ya que el sector público, por sí mismo, no tiene la capacidad para afrontar en solitario esta grave situación sin contar con el sector empresarial y otros actores de lo público.
  12. Porque Europa aboga desde hace muchos años por el carácter estratégico de la contratación pública, considerándola una política pública de fomento del emprendimiento y la innovación; así como de desarrollo de la economía de PYMES.
  13. Porque, en esta misma línea, las figuras de la compra pública innovadora y el procedimiento de asociación para la innovación, no se han utilizado salvo honrosas excepciones, pero ahora se aconseja más que nunca su uso, no sólo para reactivar la economía, sino para desarrollar un mercado de productos innovadores que compensen los déficits demostrados por este país en inversión previa en I+D+I, porque puede repetirse una situación de crisis vírica u otra catástrofe similar.
  14. Porque el Código Civil permite e incluso aconseja esta interpretación, por ser la más coherente con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada la norma.
  15. Porque esta interpretación no va a perjudicar a nadie, al contrario, beneficia a todo el mundo (Administración, empresas, trabajadores de las empresas, ciudadanos). Por tanto, la reanudación de los procedimientos no va a producir litigiosidad.
  16. Porque el Gobierno, leyendo estos y otros argumentos, va a modificar la norma. Y lo hará, esperemos que en breve, porque no tiene otra opción si es que quiere evitar males mayores. Con ello, los intérpretes del Derecho más rígidos y/o menos empáticos con la realidad podrán acogerse a la nueva literalidad de los preceptos y descansar tranquilos, sabiendo que no van a ir a la cárcel por reanudar los procedimientos de contratación.
ahorro
Se percibe que el plan de choque que se ha pensado para reactivar la economía consiste en el otorgamiento directo de ayudas. Por supuesto no estoy en contra, pero ¿y si reactivamos de una vez la contratación en lugar de paralizarla? Podríamos “cambiar” ese dinero público por bienes y servicios. Si sólo sabemos darlo a fondo perdido, se intuye un déficit sin precedentes.

Acceda al webinar en el que hemos explicado estos argumentos y respondido a otras cuestiones (videoconferencia): https://register.gotowebinar.com/recording/6504606742596326915

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2 Comentarios Agrega el tuyo

  1. Qué bueno saber que a pesar de estas circunstancias esta posibilidad sigue en marcha. Muchas gracias por la ayuda

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