La gestión de los procedimientos tributarios durante el estado de alarma

La cuestión principal, que resolvemos desde el principio, consiste en determinar si dichos procedimientos se encuentran suspendidos, y la respuesta por adelantado es que no. El régimen de suspensión de plazos que deriva de la declaración del estado de alarma se establecen, con carácter general, en las Disposiciones Adicionales  3ª y 4ª Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (RDEA), cuyas reglas reproducimos actualizadas con la redacción del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo:

  • Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
  • La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
  • No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
  • Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
  • La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
  • Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Hemos omitido, intencionadamente, el apartado 6º de la ya famosa D.A.3ª. Lo referiremos más adelante porque recoge una excepción.

AEATPrecisamente, en cuanto a las excepciones, además del la expresamente establecida relativa a la Seguridad Social, en un primer momento el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 se refiere a los aplazamientos de deuda tributaria. Así, y en principio sólo para el ámbito de las competencias de la Administración tributaria del Estado, “a los efectos de los aplazamientos a los que se refiere el artículo 65 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha reúnan los requisitos a los que se refiere el artículo 82.2.a) de la Ley anterior” (art. 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19).

No cabe duda, por tanto, de la singularidad de la gestión tributaria, personificada en el Estado por la AEAT, de la que cabe preguntarse seriamente si está vinculada, en cuanto a sus procedimientos, por la citada regla de “La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015”. Precisamente su ley hermana, la Ley 40/2015, establece en su Disposición adicional 17ª (“Régimen jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria”): “La Agencia Estatal de Administración Tributaria se regirá por su legislación específica y únicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislación específica por lo previsto en esta Ley”,

A mayor abundamiento, siguiendo a Enrique Ortiz, aquí citado por Leopoldo Gandarias, “la AEAT forma parte de la Administración pública, en su condición de exponente específico de la llamada Administración institucional o instrumental, al haber sido dotada por el legislador, a través del expediente técnico de la atribución de personalidad jurídica, de un estatuto singular, que le faculta para desarrollar sus funciones con autonomía operativa o funcional (dotada de presupuesto propio), con ciertas notas fiduciarias respecto del Ministerio de Hacienda del que al cabo depende. Su singularidad, en fin, permite al menos tantear la duda de su integración en el ámbito subjetivo de aplicación del decreto de alarma”.

Por otra parte, dentro de esa ración extra de BOE que estamos recibiendo en los últimos días (y que ni por asomo ha finalizado), también se aprueba el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, cuyo artículo 33 regula expresamente la “Suspensión de plazos en el ámbito tributario”. Aconsejamos la lectura íntegra del precepto, sobre todo si usted debe lidiar con la gestión tributaria, pero en este momento únicamente referiremos de forma literal su primer epígrafe:

“1. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.

Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020″.

Téngase en cuenta, según la Disposición transitoria tercera del mismo real decreto-ley, lo dispuesto en el citado artículo 33 será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley.

Por último, el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo añade el aludido párrafo 6 a la disposición adicional tercera del RDEA: “La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.”

En base a todo lo anterior, entendemos (genéricamente) que procede la continuación de los procedimientos, los cuales se encuentran interrumpidos en cuanto a sus plazos pero no en cuanto a sus trámites. Esta opinión, que no es pacífica pero cobra más sentido cuando uno trabaja en una organización pública y ve todo lo que hay que hacer (téngase en cuenta el concepto “gestión ordinaria” y “extraordinaria”) y, por desgracia, cuanto más se alarga el estado de alarma, implicaría con más motivo la continuación de los procedimientos tributarios, cuyos plazos se encuentran únicamente ampliados. Considerando estos procedimientos de forma particular, la paralización de la gestión tributaria supondría un serio revés en la financiación del estado de alarma.

En efecto, del mismo modo que el Real Decreto 463/2020 amplía como hemos visto los plazos de los procedimientos para que esta situación excepcional no afecte negativamente a los derechos de las personas, la declaración del estado de alarma tampoco debe perjudicar al interés general, el cual debería considerarse en un lugar muy elevado durante la gestión de una pandemia. Una situación de crisis sanitaria, pero también económica, en la que es más que apropiado (obligatorio diría yo) que el Estado identifique y atienda de forma concreta o incluso individual a los colectivos, sectores y personas más perjudicados, pero si el resto no paga impuestos el gasto público no lo podrá soportar.

En definitiva, la interrupción y ampliación de plazos que conlleva el estado de alarma no suspende los procedimientos, y en cualquier caso parece indudable que no suspende los procedimientos de gestión y recaudación tributaria, porque el erario público necesita recaudar con cierta normalidad, y estar debidamente financiado para atender al interés general, representado en este momento en la adopción de medidas para amortiguar y paliar la crisis sanitaria causada por el coronavirus, así como al funcionamiento básico de los servicios, es decir, los servicios esenciales, básicos y mínimos que estos días siguen funcionando, alguno de ellos con más intensidad que nunca. El triste ejemplo por desgracia más que conocido estos días, es una Sanidad que está funcionando al 200%, a pesar de lo cual podría incluso colapsar. Por último aprovecho para felicitar, una vez más, a los empleados públicos y resto de personas que estos días están arrimando el hombro para paliar los terribles efectos de esta situación. Gracias. Al resto, a la mayoría, sólo se les pide quedarse en casa y, salvo casos concretos especialmente damnificados, pagar impuestos. Parece justo.

Anexos. Documentos de interés:

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