¿Necesita una reforma la Constitución?

El pasado día 6 de diciembre, la vigente Constitución española celebró su cumpleaños cuadragésimo primero… ¿Es vieja nuestra Carta Magna? Depende. Resulta interesante comparar las distintas Constituciones del Mundo, en cuya tabla (ver), que no muestra un dato importante como la cantidad y calidad de las reformas, la española aparece con una edad intermedia, incluso más bien joven. Todo es relativo. Comparada con Kirk Douglas, quien precisamente también acaba de cumplir años, pero en este caso la friolera de 103, es una adolescente. Pero, sobre todo, una Constitución puede resultar “vieja” o “actual”  (con vigencia real y no solo legal) según el encaje que tenga o siga teniendo su contenido en el contexto presente. Precisamente el día del aniversario planteábamos una consulta a través de Twitter:

Ante todo cabe decir que la encuesta por supuesto no fue multitudinaria (87 votos), en parte por el puente y en parte también porque un servidor no es el INE, sino un simple usuario de la Red, pero sí podría ser representativa del sentir general una vez contrastados los resultados con otras opiniones que hemos podido ir escuchando y sobre todo leyendo estos días…

Esto querría decir, así las cosas, que la inmensa mayoría de los españoles considera que la Constitución debe reformarse (74%, es decir, 3 de cada 4), frente a una segunda opción bastante minoritaria que aboga por la no reforma (16%), y un digno 8% que reconoce que “no lo sabe”, opción que si la gente fuera más honesta habrían elegido unos cuantos más, porque hasta un servidor, que se supone que está puesto en estas lides, tiene sus (serias) dudas… Por último, el 2% que indica que “debe derogarse” no merece apenas mención, ya que marcar esta opción significa literalmente que uno desea que su país no tenga Constitución propia, ni la actual ni siquiera una nueva versión ultra reformada, al tiempo que de paso se derogaría por ejemplo el Título I, uno de los mayores reconocedores de derechos del ordenamiento jurídico.

Dando por sentado que, como así expresa la mayoría, la Constitución debería reformarse, a continuación se plantea una nueva pregunta aún mucho más difícil de contestar: ¿qué partes o artículos?

En algunos casos y para algunas tendencias, tal dificultad será inexistente: por ejemplo, es de suponer que un republicano eliminaría el Título II (La Corona) sin pestañear. Otros Títulos, como el VIII (organización territorial), suelen ser objeto de tensos debates. Y otras cuestiones que siempre se han cuestionado son, también, el papel del Senado y la forma de designación de miembros de alguno de los altos estamentos del Estado, ciertamente muy politizada.

Los detractores del texto actual de la Constitución suelen argumentar que “se ha quedado desfasada”, pero ante este alegato también se podría argumentar que para actualizar los artículos más antiguos ya están la Leyes, cuya temporalidad suele ser más breve que la de una Constitución, y, sobre todo, porque la desarrollan. También tenemos la propia vía interpretativa. Recordemos que el artículo 3 del Código Civil: “Las normas deben interpretarse teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad”. El Código Civil, por cierto, es una Ley de 1889 que sigue vigente (aunque desde luego se ha reformado en numerosas ocasiones). constitución encuesta

En todo caso, reformar la Constitución es constitucional, ya que cualquier modificación de la norma debería hacerse mediante uno de los procedimientos previstos en ella misma (véase el TÍTULO X.  De la reforma constitucional), procedimientos que ya ha sido utilizados en alguna ocasión, porque nuestra Constitución, para el que no lo sepa, ya ha sido reformada en dos ocasiones: una, muy lógica, en el 92, cuando se añadió al artículo 13.2 la expresión «y pasivo», referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, a fin de adaptar la Constitución a una exigencia del Tratado de Maastricht; y otra, a mi juicio innecesaria, relativa a la “estabilidad presupuestaria”, como si este concepto no estuviera suficientemente claro en las Leyes, o como si los ingresos no tuvieran por qué ser igual a los gastos a no ser que lo diga la mismísima Constitución.

Evidentemente no es fácil revisar totalmente la Constitución (calificada desde este punto de vista como “rígida”), ni tampoco lo es modificar las partes que definen el modelo de Estado. Por eso parece poco probable que se produzca esta circunstancia salvo que cambiara radicalmente el panorama político y la representatividad actual de las Cortes. Recordemos lo que dice el art. 168:

1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.

Dos tercios de cada Cámara es una barbaridad, sobre todo pensando en el posible contenido de una modificación sustancial del texto constitucional y la actual fragmentación política, poco dada a consensos tan elevados. Como bien se apunta en el artículo “Constitución analógica, política digital” (Fernando Vallespín, El País): “La gran cuestión es si hoy, en este mundo tecnológico tan propenso a las salidas populistas, podemos sumar los necesarios consensos para reformar la Carta Magna”.

Lo cierto es que dos tercios de cada Cámara de las nuevas Cámaras (en medio se celebrarían elecciones generales) vuelve a ser mucho. Y el posterior referéndum al pueblo español podría ser el equivalente a lanzar una moneda al aire. Además, como puede verse, la Constitución exige el cumplimiento de todos estos trámites y quórums de manera imperativa y preceptiva, de manera que si falla uno solo de ellos la reforma quedaría frustrada.

En conclusión, habría que estudiar muy bien qué artículos siguen plenamente vigentes y qué artículos podrían o, mejor, deberían, reformarse. En este segundo caso la nueva redacción debe ser útil a la realidad social (y política, y económica) del presente. Una reforma verdaderamente “solucionadora” de problemas. Si es así, y apelando a la sensatez, puede ser que una mayoría cualificada de nuestros diputados y senadores la aprueben, y, posteriormente, que la mayoría de los ciudadanos la ratifiquen.

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