Contratación pública: todo lo que usted no hace en una revisión de precios

Mientras todavía se debate, de forma machacante, sobre la obligatoriedad o no de la contratación electrónica (cuya vigencia discuten sobre todo los amantes de las corruptelas), simultáneamente existen y persisten otros frentes abiertos en el proceloso mundillo de la contratación pública y sus frecuentes malas prácticas. Uno de estos frentes es la utilización fraudulenta de la figura de la revisión de precios.

No es el momento ni el lugar de explicar en profundidad los conceptos legales de precio del contrato (art. 102 LCSP) y revisión de precios (arts. 103-105 LCSP, especialmente el primero), conceptos que damos por sabidos, pero sí puede resultar interesante recordar que el objetivo teórico de la revisión de precios es actualizar los precios ofertados por el contratista “en la época” de la adjudicación, a los precios de mercado que se alcanzan en un momento posterior de la ejecución de un contrato de tracto sucesivo (por eso se relaciona con la ejecución de las unidades de obra, aunque se revisión de precios puede darse en otros tipos de contratos). ¿Alguna vez ha (o le han) revisado el precio del alquiler? Pues es parecido.

En definitiva, la revisión de precios consiste en una modificación contractual de uno de los elementos esenciales del contrato: la contraprestación económica que recibe el contratista a cambio de la ejecución o cumplimiento del contrato. Pero ojo, no es una modificación contractual estándar, sino específica, y por eso tiene su régimen jurídico propio. El propio art. 203 LCSP, cuando habla de la potestad de modificación del contrato, comienza su enunciado reconociendo esta especialidad: “Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 207.”

Y por cierto, hablando de modificados del contrato, siempre recuerdo la impactante reflexión de mi amigo el gran experto Antonio Rodríguez Castaño, a propósito de su labor de fiscalización durante tantos años como Letrado del Tribunal de Cuentas: “En los últimos 20 años he fiscalizado miles de modificaciones contractuales… ¿Saben cuántas eran totalmente legales? Ninguna”.

Una cosa es revisar el precio, y otra romperlo

Quizá por cosas como esta, más todo lo que “ha llovido” en los últimos años, la LCSP de 2017 es especialmente restrictiva a la hora de articular la figura de la revisión de precios, de manera que se puede afirmar, sin ninguna duda, que la regla general es que el precio de un contrato no se puede revisar. En efecto:

✅ Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del art. 19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.

✅ La revisión del precio de un contrato requiere, en todo caso:

  • Que esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual deberá detallar la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato.
  • Su previa justificación.
  • La tramitación del oportuno expediente.

Véase en todo caso la regulación completa de la Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público en la LCSP. Una regulación, por cierto, que ni mucho menos acaba ahí (en los citados arts. 103 a 105 LCSP), sino que en se completa con la siguiente:

Y cabe detenerse, al menos para pararse y pensar, en los nada livianos requisitos y trámites exigidos por los arts. 8 y 9 de la norma citada en segundo lugar:

¿Estamos cumpliendo todo esto? ¿No? Pues es preceptivo (en los casos indicados). Fíjense en concreto en el apartado 7 del art. 9, que establece una tramitación previa a este tipo de revisiones de precios, que, entre otras actuaciones, debe pasar sí o sí por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado (u órgano consultivo de la CCAA en materia de contratación pública), a fin de que este informe. Dicho apartado 7 dispone, en su integridad, lo siguiente:

Para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el órgano de contratación incluirá en el expediente de contratación un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes, emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

A tales efectos, el órgano de contratación deberá:

  • a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes.
  • b) Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba de los operadores económicos mencionados en la letra anterior.
  • c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en dicho trámite, el órgano de contratación deberá valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.En el caso de los contratos de concesión de obra pública, el órgano de contratación podrá optar por incluir este trámite de información como parte del previsto en el apartado 3 del artículo 128 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
  • d) Remitir su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado deberá evacuar el informe preceptivo en un plazo no superior a veinte días, a contar desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de estructura de costes mencionada en la letra d) anterior. En caso de que el Comité considere que la información remitida no es suficiente o requiera alguna aclaración, podrá solicitar al órgano proponente información adicional. Este requerimiento suspenderá el plazo de evacuación del informe en tanto no haya respuesta del órgano de contratación.

En el caso de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como de los organismos y entidades de ellas dependientes, este informe podrá ser recabado del órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera. En caso contrario, deberá ser recabado del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

En todo caso, el órgano de contratación deberá comunicar a efectos informativos al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico consultivo correspondiente, la estructura de costes incluida en el pliego.

Nadie dijo que la contratación pública fuera algo fácil. La gestión pública en general no lo es en absoluto, y entre pelea y pelea de “los ágiles” contra los puntillosos subyace una legislación bienintencionada pero difícil de interpretar y de aplicar (sobre todo en pequeños Ayuntamientos), una legislación en cierto modo “anticorrupción”, pero que no siempre que se cumple a rajatabla alcanza su objetivo, y no siempre que no se cumple hasta sus últimas consecuencias esto convierte el expediente en ilegal. Sé que suena tremendamente complicado. Lo es. Eso sí, sin perjuicio de la anterior reflexión estoy de acuerdo en que el régimen jurídico de la revisión de precios sea, tal y como hemos visto, tan estricto. No puede ser que una empresa rompa el mercado (y la licitación) con unos precios “de top manta”, para luego, cuando obviamente se dispara el coste durante la ejecución, exija una revisión al alza de unos precios que incluso acaban siendo muy superiores que los que ofertaban sus competidores. Nuestra interpretación de la norma está muy marcada por lo que dice Europa… Y Europa prohíbe que se falsee la competencia. En esto no debería haber demasiado debate.

Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. (art. 64.1 LCSP)

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