Derecho de acceso universal a Internet y Ayuntamientos

El derecho de acceso a Internet es uno de los derechos digitales que posee toda persona para acceder a Internet con el fin de ejercer y disfrutar de sus derechos a la libertad de expresión entre otros derechos humanos fundamentales que conforman la democracia, de forma que los estados y las Naciones Unidas tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a Internet sea ampliamente disponible, no pudiendo restringir injustificadamente el acceso de una persona a Internet. El acceso a Internet está reconocido como un derecho fundamental por las leyes de varios países. (fuente Wikipedia)

Es el caso de España, y así viene recogido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), cuyo artículo 81 (Derecho de acceso universal a Internet) dispone:

1. Todos tienen derecho a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica.

2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.

3. El acceso a Internet de hombres y mujeres procurará la superación de la brecha de género tanto en el ámbito personal como laboral.

4. El acceso a Internet procurará la superación de la brecha generacional mediante acciones dirigidas a la formación y el acceso a las personas mayores.

5. La garantía efectiva del derecho de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales.

6. El acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que cuenten con necesidades especiales.

Por lo demás, este artículo no puede entenderse de forma aislada, sino que debe ponerse en relación con los recogidos en los artículos 79 a 97 de la misma LOPDGDD (ver Anexo), con mención especial al 80 (neutralidad) y al 82 (seguridad).

A nivel normativo también debe tenerse en cuenta, por supuesto, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, así como alguna de sus normas de desarrollo, como el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad, con gran incidencia en el ámbito de la Administración Local. ¿Alguna más? Sí, por sorprendente que a algunos les parezca, la normativa sobre régimen local…

Y ello porque estamos ante un servicio público local. En “El servicio público municipal de WiFi: propio y obligatorio” defendíamos precisamente que estamos ante un servicio propio, obligatorio y de prestación municipal o provincial, según los casos. Ahora añadiríamos “y universal”, por influencia de la citada LOPDGDD y suponiendo que alguien entienda que esta expresión no va ya implícita en el concepto de obligatorio. También señalábamos una serie de ítems para avalar esta teoría:

  • Servicio propio: Hay un artículo en la LBRL que se incorporó nada menos que hace once años y que prácticamente defiende solo nuestra teoría.
    • Hablamos del 70.bis.3 LBRL (introducido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local), el cual establece que “las entidades locales y, especialmente, los municipiosdeberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas. Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado suficiente el deber establecido en este apartado”. Se trata como vemos de un precepto muy completo, que se refiere a todas las entidades locales, pero especialmente a los municipios, que impone un deber (entroncando con la idea de que son servicios obligatorios), y que incluso da pinceladas anticipadas de lo que hoy día llamamos Gobierno Abierto, relacionando la tradicional participación ciudadana con las TIC como vehículo para canalizar las mismas (encuestas, consultas…).
    • Podríamos decir por tanto que la administración electrónica en general y los mecanismos para hacerla efectiva en particular, son de competencia municipal desde 2003. No obstante, la discreta ubicación del precepto (se incardina precisamente en el artículo que regula el derecho de participación); el increíble desconocimiento de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos (LAESP), a la que más abajo nos referimos; y las resistencias al cambio (incluida la falta de liderazgo), han sido factores que han ocultado o quizá disimulado esta realidad.
    • Sin embargo, en diciembre de 2013 se aprueba la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que normalmente criticamos, pero que en la materia que nos ocupa clarifica de una vez por todas que estamos hablando de una competencia municipal. Según el nuevo art. 36.1.g LBRL (incorporado por la LRSAL), corresponde a las Diputaciones la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Habla de prestación (se entiende implícito que la titularidad de la competencia es municipal), y habla de administración electrónica sin eufemismos y con nombre y apellido. Si el municipio tuviera más de 20.000 habitantes se entiende que la prestación es directa por parte del mismo municipio, pero las combinaciones son múltiples, porque dichos municipios “grandes” perfectamente podrían servirse también de los servicios provinciales al igual que un municipio “pequeño” podría tener ya en este momento desarrollados sus servicios electrónicos. Cabe la gestión directa, la indirecta y la mancomunada (si bien respecto del concreto servicio de WiFi únicamente la indirecta como veremos). Por último, la referencia a la central de compras es un servicio per natura provincial al tiempo que un guiño a la licitación electrónica que será obligatoria en no más de cuatro años.
    • También dijo la LRSAL, que les corresponde a los Ayuntamientos la promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (art. 25.2.ñ). Con una redacción parecida a la del art. 70.bis.3 (seguramente peor), vuelve a referirse más bien a la participación 2.0 y al gobierno abierto. La parte “buena” es que aparece en el art. 25, que es el que regula los servicios “propios” del Ayuntamiento. También es necesario Internet para esa participación 2.0, por lo que de este modo se justificaría también la consideración del WiFi como servicio propio. Sea como fuere, la única conclusión posible es que la administración electrónica y el gobierno abierto son, desde la LRSAL, competencias municipales, aunque curiosamente no aparezcan ni claramente en el art. 25 (mejor en el 70.bis.3) ni en el 26 de la reformada LBRL.
  • Servicio obligatorio: Según la LAESP (Ley 11/2007, referencia que por supuesto hoy en día cabe entender realizada a la Ley 39/2015), los ciudadanos no sólo tienen el derecho a relacionarse con la administración por medios electrónicos, sino que esta debe facilitar el acceso por medios electrónicos de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que limiten dicho acceso (arts. 1.1 y 3.2). Evidentemente mientras exista la llamada brecha digital y algunos ciudadanos carezcan de conexión a Internet, es imposible hablar de un derecho de aquellos a utilizar la administración electrónica. En este sentido, el servicio de WiFi es de alguna manera un servicio accesorio del de administración electrónica (realización de trámites vía on line). Se trata en definitiva de un derecho de los ciudadanos recogido en la LAESP y también en el art. 18.1.g) LBRL. Y donde hay un derecho del ciudadano hay una obligación de la administración. Por si queda alguna duda la LAESP imponer este deber de facilitar el acceso. Este servicio no aparece en el citado art. 26 LBRL, pero qué duda cabe de que es obligatorio desde el momento en que la administración titular del servicio de administración electrónica tiene la citada obligación.
  • Servicio de prestación provincial: Lo es, según los términos analizados, en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Véase también Diputación electrónica.
pendiente del móvil
Internet es bueno (además de un derecho). Lo que puede llegar a ser malo es el uso que le dan algunas personas…

En cuanto a la forma de prestar el servicio, en la citada entrada reflexionábamos:

“Si, tal y como indicamos, estamos ante un servicio público municipal y no ante el ejercicio de una actividad económica, en principio el Ayuntamiento debe prestar este servicio a través de alguno de los medios previstos en el art. 85 LBRL. Sin embargo esto no es posible porque en la materia existe normativa sectorial que acota mucho las formas de gestión, avocando directamente a la prestación por parte de una mercantil, que incluso podría ser pública (no es el mejor momento para la creación de nuevas empresas de capital público), pero que en condiciones normales será una empresa privada que a buen seguro coincidirá con uno de los clásicos teleoperadores (que de este modo quedan también incluidos en esta nueva etapa en la evolución de los servicios WiFi, como es el WiFi público. En efecto, el art. 9.3 de la Ley General de Telecomunicaciones, establece:

Una Administración Pública sólo podrá instalar y explotar redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros a través de entidades o sociedades que tengan entre su objeto social o finalidad la instalación y explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas”.

Por último, decir que en la actualidad, como ha estudiado recientemente el Prof. Moisés Barrio Andrés, el debate jurídico se centra primero en la “funcionalidad” del acceso a Internet, es decir, que la garantía jurídica comprenda no sólo una velocidad sino también parámetros de calidad de la conexión. Y también se viene discutiendo si el acceso a Internet debe plasmarse en las Constituciones como un nuevo derecho fundamental (fuente Wikipedia). En cuanto a la calidad, precisamente la CNMC, sobre la conexión a la red pública desde una ubicación fija, necesaria para el acceso a Internet, pone de manifiesto la necesidad de actualizar la velocidad garantizada en el servicio universal (que actualmente es de 1 Mbps).

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Anexo. TÍTULO X LOPDGDD.  Garantía de los derechos digitales

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