10 preguntas a… J. R. Chaves

Un algoritmo puede dictar sentencia al igual que un microondas puede hacer una paella. (José Ramón Chaves)

Es para mí un placer publicar hoy una nueva entrevista correspondiente a la sección “10 preguntas a…” de este blog Nosoloaytos. Sección que, como su nombre indica, consiste en un pequeño cuestionario de 10 preguntas que se plantean a la persona invitada en relación con su trabajo y ámbito de conocimiento, y que fue inaugurada con las “10 preguntas a… @alorza“.

Nuestro invitado de hoy es José Ramón Chaves, quien probablemente no necesita presentación, y que, entre otros haberes, es Magistrado, doctor en derecho y “comunicador social”, autor de casi veinte libros y un centenar de artículos sobre derecho administrativo, además de webmaster del famoso blog delajusticia.es y colaborador habitual en prensa. ¡Muchas gracias por participar en esta sección José Ramón! Vamos con la interesantísima entrevista:

1.- ¿Por qué un Magistrado debe tener un blog?

Es una decisión tan personal como escribir un diario, practicar un deporte o jugar al ajedrez. Se trata de una actividad complementaria de la labor profesional pero con el valor añadido de que puedes ser útil ofreciendo perspectivas desde la experiencia profesional en un campo, como es el jurídico, donde los jueces con blog son sospechosos de moverse en la foto fija. Sin embargo, muchas veces he recordado lo natural en los jueces alemanes y estadounidenses, incluso del propio Tribunal Supremo, de contar con un blog donde ofrecer reflexiones o comentarios jurídicos.

No obstante, personalmente mi blog, que cuenta con doce años de continuidad, advierte que ni persigue ánimo de lucro, ni admite consultas jurídicas, como tampoco comento asuntos judiciales de mi competencia.

2.- Por lo demás, ¿ves algún problema en que los jueces tengan perfiles activos, en los que manifiesten su opinión personal, en las RRSS?

A mi juicio, todo debate respetuoso enriquece, respetando el límite de no comentar casos de su competencia ni casos que estén pendientes de resolución. Lo mismo que si un juez interviene en el debate originado tras su charla en un foro público.

José Ramón Chaves con un sombrero
Imagen de José Ramón Chaves con un sombrero (que no con sombrero)

3.- Un procedimiento administrativo de contenido correcto pero tramitado en papel, ¿es en tu opinión nulo de pleno derecho por prescindir totalmente del procedimiento legalmente establecido?

En principio, como sabes, toda nulidad de pleno derecho es restrictiva y limitada a los casos tasados. Es posible que cuando se implante en su plenitud y vigencia la administración electrónica puede asimilarse vía de hecho a la omisión del procedimiento  electrónico e incluso encajarlo en el supuesto de falta total y absoluta del procedimiento establecido.

Aunque hoy por hoy, imperativos de confianza legítima, seguridad jurídica, buena fe y elementales garantías, llevarán a que la actitud de la jurisprudencia sea flexible y analizar caso a caso la trascendencia de la vulneración de las exigencias del cauce electrónico, así como la actitud del afectado, lo que podrá en determinados supuestos conducirnos excepcionalmente a supuestos de nulidad radical y en la inmensa mayoría a supuestos de anulabilidad e incluso irregularidad no invalidante. Lo digo porque no pueden perderse de vista dos poderosas circunstancias. Primera, estamos en período de transición de administración y ciudadanos hacia lo digital, y me incluyo (no puede pedírsele al ciudadano mayor seriedad electrónica que la que da la propia administración con su titubeante ejemplo). Segunda, que las formas – y lo electrónico es una forma o modo de comunicarse-, formas son, y como tales instrumentales de lo realmente importante en un procedimiento que es canalizar intereses y fundamentos de las partes.

4.- Imaginemos (aunque no hay mucho que imaginar) que un ciudadano desea ejercer su derecho a relacionarse con una Administración por medios electrónicos pero esta no se lo permite; o peor, que una persona jurídica intenta utilizar dichos medios por su condición de “sujeto obligado”, pero la Administración no tiene habilitados los mecanismos necesarios. Imaginemos que una de estas personas presenta un recurso contencioso-administrativo por inactividad de la administración… ¿Podríamos encontrarnos con una Sentencia que condene a esa Entidad Pública a cumplir las Leyes 39 y 40? ¿Acabará implantándose la administración electrónica a base de ejecución de Sentencia?

Hay que tener presente el viejo principio de que nadie puede obtener beneficio de su propia torpeza y eso afecta a las administraciones que no hacen los deberes, por lo que no puede perjudicar a los ciudadanos que deben usar medios electrónicos el que la administración se duerma en los laureles. En cuanto a la inactividad de la administración es sabido que si existe una obligación legal tasada, como es el procedimiento electrónico tras agotarse los plazos legales, cabe que un interesado promueva acciones contencioso-administrativas para la condena a la administración para que haga lo que debe. Es más, tratándose de obligaciones legales que inciden sustancialmente en derechos ciudadanos y servicios públicos podría generarse tanto responsabilidad patrimonial de la administración como de las autoridades morosas. En cuanto a cómo se implantará finalmente la administración electrónica en España pues me temo que como todos los avances públicos, una mayoría de administraciones serias cumplirá en plazo, una minoría se esconderá en excusas presupuestarias o institucionales, y alguna que no lo hará sin otra razón que la inercia y comodidad, pues seguramente será espoleada por sentencias ya que la Justicia está para que se cumplan las leyes por todos, autoridades y administraciones.

5.- Más allá de las dificultades prácticas que pueda presentar la implantación de Leyes como las de procedimiento, régimen jurídico, contratos o transparencia… ¿Por qué crees que la administración electrónica genera tantísimas resistencias dentro de la propia Administración?

Hay razones técnicas pues no todas las administraciones tienen la misma infraestructura tecnológica ni posibilidades presupuestarias. Sin embargo, la fundamental es la vieja razón burocrática del “siempre se hizo así”, y “donde esté el papel, que se quite la pantalla”. Eso sin olvidar algunas autoridades que estaban más familiarizadas y cómodas con el viejo sistema del papel que soporta todo unido al correveidele, que con el advenimiento de un sistema electrónico y automatizado que muestre con exactitud qué se hace, cómo y a quién; y es que lo electrónico supone mayor control de autoridades y funcionarios, y algunos no es lo que quieren.

6.- ¿Cómo encajan las nuevas (o no tan nuevas) tendencias, no sólo tecnológicas, en el mundo del Derecho y la Administración: blockchain, drones, Inteligencia Artificial, compliance…? ¿Estamos preparados?

No hay mas remedio. No se pueden poner puertas al campo tecnológico y la administración que no se adapte, como las especies animales, se anquilosará y no podrá competir. Explicará la extinción del respeto y utilidad de los políticos que no luchen por ello.

A mi juicio el problema es que avanzan mas rápido las tecnologías que las garantías. Aquellas son fruto de millones de cerebros anónimos y universales, y éstas tienen que pasar test democráticos y procedimientos estatales para traducirse en leyes. O sea, primero se alza la trampa tecnológica y luego viene la ley para intentar solucionarlo; un terrible desajuste que es el reto que tenemos los juristas: no frenar la tecnología sino dar respuesta a las garantías de los derechos que deben acompañarlas.

En el caso español creo que existe una reducida pero brillante vanguardia formada por catedráticos, abogados, blogueros y altos funcionarios que creen en las tecnologías y que pilotan el proceso de transición. Estamos preparados siempre que figure en la agenda de prioridad de los políticos.

7.- ¿Un algoritmo puede dictar una Sentencia?

Las sentencias son datos de hechos y normas, y por eso es posible que se dicten sentencias por computadores. Es innegable que hay algunas materias donde posiblemente un ordenador pueda dictar sentencia con gran exactitud y mayor congruencia que un juez. De igual modo, que los computadores podrán efectuar pronósticos de las sentencias una vez volcada la trayectoria o precedentes del juez.

Otra cosa es que hay campos – no solo el penal, donde la tecnología puede perpetrar atrocidades- donde existen tantísimas variables sometidas a ponderación humana y reflexión mental que ninguna máquina sustituirá al juez, p.ej. valorar la credibilidad de un perito o fiabilidad de testigo en armonía con otros datos, optar por uno u otro criterio de interpretación de las normas (¿literalidad, finalidad, contexto?) o identificar la norma aplicable en la fronda de principios no siempre automáticos ( vigencia espacial, temporal, jerarquía, supletoriedad, prevalencia, primacía comunitaria,etcétera). Son campos donde la reflexión, la visión holística y la empatía entran en juego y eso no hay chip que lo proporcione.

En definitiva, un algoritmo puede dictar sentencia al igual que un microondas puede hacer una paella. Pero no saben igual, y desde luego que el factor humano en la impartición de justicia (con la necesidad de empatía, intuición y experiencia) jamás podrá sustituirlo ningún robot.

8.- ¿No crees que el silencio administrativo, más allá de su configuración como figura legal con efectos jurídicos, es un tanto irrespetuoso con el ciudadano?

El silencio administrativo es una perversión. El ciudadano, por imperativo legal y por elemental cortesía, tiene derecho a una respuesta sobre lo que solicita, pues flaco consuelo es saber que si no llega, puede plantear una demanda  con su incertidumbre y costes. Entiendo que la administración tarde, porque los procedimientos son serios, pero no que siga la política del avestruz. Menos todavía en tiempos en que la administración electrónica ha aligerado plazos.

Siempre he sostenido por escrito y en charlas que toda demanda estimada frente a una desestimación presunta debería comportar la imposición de costas a la administración, y que la legislación procesal así debería establecerlo.

9.- El Derecho Administrativo aún conserva palabras y expresiones un tanto arcaicas y de origen religioso: ruego, fe, oficio, providencia… ¿La justicia es humana o es divina? Y un poco más en serio: ¿el lenguaje jurídico se debe modernizar, o tiene sentido “mantener la jerga”?

El lenguaje jurídico debe renovarse y ser preciso. No me agrada ni el lenguaje sacramental (es anacrónico), ni el políticamente correcto (es artificial y a veces ridículo) ni el lenguaje vulgar (confunde tanto en el mensaje de la ley o sentencia, como en lo que percibe el ciudadano). Por eso creo que como toda ciencia, el derecho es riguroso y cada vez más complejo, por lo que debe tener su propio lenguaje que no está reñido con la claridad. Y si hay dudas, ahí está el abogado para explicarlo a su cliente.

Llevada la simpleza a sus límites acabaríamos dictando sentencias al estilo romano con el pulgar arriba o abajo, pero me temo que el ciudadano y el abogado consideran que el pleito es algo serio y requiere una motivación, y motivar es explicar con precisión. Un lenguaje simplista lleva a que cada uno interprete lo que le place y eso supone una forma de arbitrariedad en manos de todos, del que legisla, del que sentencia y del ciudadano que lo recibe. 

10.- ¿Crees que se debería modificar el art. 99 de la Constitución para facilitar que la lista más votada sea la que gobierne o simplemente los políticos deben aprender a negociar?

Creo que una Constitución no es un juego cuyas reglas deban cambiarse ante la torpeza de los jugadores. Cada pieza debe jugar su papel. La Constitución es el marco de consenso flexible que nos garantiza estabilidad y seguridad. Los políticos deben fijar estrategias y negociar para alcanzar resultados conforme a la Constitución y que se mantengan funcionando las instituciones del Estado. Y el político que prime intereses particulares, partidistas o clientelares sobre el interés general del Estado, hasta el punto de sacrificar nada menos que el funcionamiento de todo el Estado, me temo que merece el ostracismo griego y que deje de jugar con las cosas serias. Sea el que sea, del partido que sea. De pequeño me enseñaron que con las cosas serias no se juega.

Bonus track. Y la última: ¿por qué tiene sentido mezclar el humor con una cosa tan seria como el Derecho?

Ya decía Chesterton que “divertido no es lo contrario de serio sino de aburrido” y añado que no está reñido con el rigor jurídico unas pinceladas de humor que facilitan la comprensión y nos ayudan a tener una perspectiva realista y fresca del Derecho, un mundo frío por donde transita lo humano. De hecho, la mayoría de los funcionarios que sois blogueros y gurús mediáticos demostráis rigor y humor tanto en la red como en el trato personal. Excelente combinación. En suma, que una buena  manera de sobrevivir o luchar contra la injusticia, la situación jurídica claudicante, es endulzarlo con humor, pues  como me gusta decir “hay vida mas allá del Derecho”.

© Todos los derechos reservados. Nosoloaytos. Web oficial de Víctor Almonacid Lamelas 2019. Aviso legal.
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2 respuestas a “10 preguntas a… J. R. Chaves

  1. Qué gran combinación!!!. Dos de los mejores profesionales de dos ámbitos importantísimos de nuestra sociedad, la Administración Pública y Justicia. Excelente nuevo formato, que no podía tener mejor manera de comenzar, Chapeau.

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