¿Es posible el voto telemático de los concejales en el Pleno?

Una vez más la realidad del día a día nos ofrece un tema interesante para compartir en abierto.

A la pregunta planteada vamos a responder que sí. Con matices, claro (como ya expresamos en esta ocasión), porque dicha posibilidad no puede caer en un mal uso o abuso que acabe desvirtuando la institución, y además porque no se contempla directamente en la normativa básica sobre régimen local. Por eso, sin perjuicio de que por esta razón la aludida posibilidad se defiende mucho peor sin la cobertura del ROM, a continuación ofreceremos unos cuantos argumentos (jurídicos) a favor de una interpretación legal que permitiría teleasistir (y tele votar). Pero háganlo con moderación.

Pese al silencio al respecto de la LBRL, cuyo año de aprobación (1985) no es en absoluto una buena excusa como para no haber regulado posteriormente esta cuestión, tenemos una referencia legal inapelable en la Ley 40/2015.

En efecto, y aunque no es directamente aplicable a la administración local, el art. 17, 2º párrafo de la Ley de Régimen Jurídico dispone rotundamente que “en las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos, considerándose también tales los telefónicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que éstas se producen, así como la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesión. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias”. Este artículo, que regula genéricamente y en defecto de norma específica las sesiones de los órganos colegiados de la Administración, permite literalmente esta posibilidad. Resulta evidente que las sesiones de los órganos colegiados locales se rigen por la normativa sobre régimen local (cuya norma fundamental, de 1985, difícilmente podía contener dicha previsión en su redacción original y tampoco ha sido modificada en tal sentido), pero no es menos cierto que resulta difícil defender que determinados miembros de determinados órganos colegiados tienen un derecho de participación superior al de los concejales en un Pleno, cuyo derecho es fundamental al derivar directamente de la Constitución (art. 23) y de los principios básicos de la democracia (y de la participación democrática).

En este sentido cabe recordar dos importantes preceptos de nuestro ordenamiento jurídico:
  • Art. 9.2 de la Constitución: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”
  • Artículo 3 del Código Civil: “Las normas deben interpretarse teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad”.
Pleno Alzira
Imagen de archivo del Pleno del Ayuntamiento de Alzira. Todos los concejales y concejalas están físicamente presentes. Es su obligación (y su derecho).

Además:

  • Llegó a elaborarse “una iniciativa  legislativa que propone modificar la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local «para permitir el voto telemático de los concejales en ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, en supuestos de baja por maternidad, paternidad, embarazo y enfermedad grave» (ver Boletín Oficial de las Cortes Generales de 02/06/2017).
  • Este precepto finalmente non nato puede ser una buena referencia, incluso un buen copia-pega, para futuras modificaciones de los Reglamentos Orgánicos Municipales. En efecto, no parece razonable dejar de asistir sin una muy buena causa a una sesión de un órgano colegiado al que se tiene la obligación constitucional de asistir (es un derecho-deber), máxime teniendo en cuenta que normalmente la periodicidad es mensual (con lo cual tampoco es una obligación tan gravosa). Si además en la modificación del ROM se incluyen los medios técnicos y los requisitos mínimos de conexión, mucho mejor. El voto telemático debe ser tan indubitado como el presencial.
  • El antecedente normativo directo de la LPAC, la Ley 11/2007, ya preveía esta posibilidad: “Los órganos colegiados podrán constituirse y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos” (D.A.1ª).
  • A pesar del silencio de la normativa básica estatal en materia de régimen local, en algunas CCAA esta posibilidad está permitida directamente por la norma. Véase en este sentido la Ley de grabación de Plenos municipales (CV) que tuvimos el honor de redactar, y especialmente la D.A.2ª.4 del Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat Valenciana (Decreto 220/2014 de 12 de diciembre, del Consell): “Los órganos colegiados podrán realizar sus sesiones mediante videoconferencia, multiconferencia u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales, que garanticen la seguridad tecnológica, la participación de todos ellos en condiciones de igualdad, y la validez de su realización, debates y de los acuerdos que se adopten. En especial, se entenderá que el lugar de realización de la reunión virtual es el del domicilio del órgano colegiado y, en su defecto, el del órgano, Administración o entidad al que esté adscrito”. Según el artículo 2.3 del citado Decreto 220/2014, la norma se aplica a las entidades que integran la Administración local de la Comunitat Valenciana, de manera bien directa o bien supletoria, deberíamos añadir a tenor del resto del articulado. No importa: a los rigurosos en la interpretación del sistema de fuentes cabe pedirles que reconozcan que un reglamento autonómico es, cuanto menos, “doctrina” en el resto del Estado.
  • El voto telemático ya se permite en numerosas instituciones (incluidos un número apreciable de Ayuntamientos), instituciones en las que ha sido regulado en sus normas orgánicas, dando así cobertura a esta posibilidad. Es por esto por lo que insistimos en que cualquier informe que se elabore al respecto se debe proponer, de lege ferenda, la incorporación de esta posibilidad en el Reglamento Orgánico Municipal.
  • Otra opción, hasta que se apruebe la modificación del ROM, es hacer un informe para cada solicitud concreta, y ponderar la persona titular de la Secretaría del Pleno si concurren circunstancias razonables y proporcionales para considerar que el derecho a teleasistir está por encima de la obligación de asistir, atendiendo al caso concreto. Se puede utilizar por analogía la casuística que ya se establece en algunos Reglamentos Orgánicos, incluida la reforma non nata de la LBRL. En el aludido informe debería establecerse si el supuesto de hecho encaja o podría encajar en alguno de estos tres cajones: “no poder asistir de ningún modo”, “no poder asistir físicamente pero sí telemáticamente”, o “no querer asistir aunque el impedimento sea leve”, teniendo siempre en cuenta el mencionado deber democrático de asistir a las sesiones, y al mismo tiempo su vertiente de derecho constitucional que a su vez nos obliga a permitir, en la medida de lo posible, dicha asistencia. En los casos de enfermedad aconsejamos documentar la concesión de la teleasistencia/televoto con el parte de baja médica. En los casos de enfermedad muy grave podría resolverse, desde el más estricto principio de proporcionalidad, que el concejal/a no está capacitado ni siquiera para teleasistir. La ponderación en Derecho se resuelve en base al bien jurídico protegido. El caso de las concejalas embarazadas que no dispongan de la baja por embarazo también debería ponderarse el estado de la gestación y por supuesto la salud de la futura madre, lo cual sin un parte médico podría basarse en un dato objetivo como el número de semana de embarazo.

Véase también:

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