¿Se puede sustituir un decreto ya firmado (y notificado) por otro?

Seguro que conocéis esta problemática, una de las más habituales en los Ayuntamientos en relación a esos actos administrativos que queremos “dejar sin efecto”, bien porque eran erróneos, desfavorables para el ciudadano, hayan cambiado las circunstancias o por cualquier otro motivo. Vista la diferente casuística que presentan las propuestas de esos nuevos Decretos referidos a uno anterior, hemos considerado oportuna la aclaración de determinados conceptos, todo ello con el fin de facilitar la redacción de dichas propuestas y propiciar la calidad de los escritos administrativos, generando así seguridad jurídica y agilidad en la tramitación.

Bien. Con carácter general conviene recordar las siguientes figuras reguladas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC):

  • Actos nulos y revisión de los mismos (arts. 47 y 106 LPAC, y 39 de la Ley de Contratos del Sector público).
  • Actos anulables y declaración de lesividad (arts. 48 y 107 LPAC, y 40 de la Ley de Contratos del Sector público).
  • Disposiciones comunes a los dos supuestos anteriores:
    • Artículo 49 LPAC. Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad de los actos
    • Artículo 50 LPAC. Conversión de actos viciados
    • Artículo 51 LPAC. Conservación de actos y trámites
    • Artículo 52 LPAC. Convalidación
  • Revocación de actos (109.1 LPAC)
  • Rectificación de errores (109.2 LPAC)
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Muchas veces nos empeñamos en mantener “costumbres administrativas” por no molestaros en hacer el ejercicio de amplitud mental de replantearnos si son o siguen siendo correctas. Pero estamos en otro nivel de servicio público. Ya no sirve el “siempre se ha hecho así”

Sin entrar en este momento en los supuestos de mayor gravedad en cuanto a los vicios de los que puede adolecer un acto administrativo por infringir directamente el ordenamiento jurídico (nulidad y anulabilidad), las cuales, a pesar de ser más graves, entendemos que presentan muchos menos problemas conceptuales, sí hemos observado muchas más dudas a la hora diferenciar las diferentes figuras que tienen por objeto sustituir Decretos anteriores válidamente emitidos, que, a lo sumo, presentan irregularidades no invalidantes, especialmente formales (teniendo en cuenta que “el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados”, ex art. 48.2 LPAC), o bien que pretenden afectar a los efectos producidos por los mismos, ya que recordemos que “los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa” (art. 39.1 LPAC). Analicemos pues dichas figuras:

  • Revocación de actos: Señala la LPAC que “Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico” (art 109.1 LPAC). Con ello se encaja legalmente la figura únicamente en los actos de gravamen o desfavorables, por lo que no puede utilizarse en otro tipo de actos administrativos, digamos “favorables” (que otorgan o reconocen derechos) o simplemente “neutros”, respecto de los cuales no se daría el presupuesto jurídico para declarar la revocación. También es importante señalar que “Las facultades de revisión (…) no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes” (art 110 LPAC). Lo importante de la revocación es que no perjudica a nadie ni infringe las normas, y estas razones la dotan de legitimidad aunque ciertamente se base más en un criterio de oportunidad que en el de legalidad.
  • Rectificación de errores: La LPAC se refiere a la figura con el siguiente tenor literal: “Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos” (art 109.2). En consecuencia, la rectificación de un Decreto que se realiza mediante la emisión de un nuevo Decreto debe referirse a meros errores de redacción o de tipo aritmético, normalmente muy evidentes, como la errónea escritura de un apellido, de una calle, de un DNI, o de una cifra económica, sin variación alguna en el fondo del asunto.
  • “Dejar sin efecto”: Aunque en ocasiones la Administración emite Decretos de “dejar sin efecto”, dicha figura no existe como instrumento jurídico, sino que simplemente es la consecuencia de la aplicación de alguno de los mecanismos de derogación, revisión, revocación, rectificación o subsanación a los que nos venimos refiriendo (sirva a modo de ejemplo una Ley posterior que deroga, y por tanto deja sin efectos, la Ley anterior), o bien en los supuestos en los que el propio acto administrativo pierde su razón material de ser o alcanza su plazo final. Por tanto, no debemos proponer resoluciones de “dejar sin efecto”, habida cuenta de que los efectos de los actos administrativos se producen o se dejan de producir de manera automática, por derivación del mecanismo jurídico empleado o de las propias circunstancias que les afectan.
  • Mera sustitución de Decretos: Tampoco se encuentra regulada en la Ley, por lo que no cabe invocarla o calificar un Decreto como “de sustitución”, pero evidentemente se produce cuando se dicta un nuevo Decreto que incide materialmente en el fondo del asunto de un Decreto anterior, aunque no lo cite, en cuyo caso simplemente lo deroga de forma total o bien parcial en la parte afectada. En consecuencia dicha derogación deja sin efectos bien únicamente la parte afectada del anterior Decreto, por el principio de conservación de los actos administrativos, o bien dicho Decreto en su totalidad si es que resulta sustituido completamente en cuanto al fondo del asunto o su contenido deviene imposible.
  • Finalización de un plazo: Normalmente opera de forma automática, si bien en algunos casos sí es necesario declararlo mediante acto expreso, como es el caso de los acuerdos relativos a la finalización de la prestación de servicios de funcionarios (en comisión de servicios u otra situación), en los que resulta conveniente declarar el cese y en todo caso firmar el acta de cese.
  • Caducidad: Se debe declarar, y se produce en los supuestos establecidos en el art. 95 LPAC. Parte de la premisa de una paralización del procedimiento por causa imputable al interesado, en relación a los procedimientos iniciados por este. En estos casos “la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes”. Por lo tanto sí emitiremos o podremos emitir Decretos de declaración de caducidad. Un matiz a tener en cuenta es que “no podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite”. Por supuesto la declaración de caducidad no invalida por sí misma el expediente administrativo, ni por tanto afecta a la validez de sus actos de trámite.
  • Desistimiento por parte de la Administración: “En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes” (art. 93 LPAC). En efecto recordemos que deben motivarse, conforme al artículo 35.1.g) LPAC, “Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio”. Por supuesto también existe la posibilidad de que el ciudadano desista y renuncie, en los términos recogidos en el art. 94 LPAC.

En definitiva, valga el anterior repaso conceptual para la mejor elección de la figura aplicable en cada caso. La seguridad jurídica y los derechos de los ciudadanos se verán confortados, con lo cual ganamos todos.

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4 respuestas a “¿Se puede sustituir un decreto ya firmado (y notificado) por otro?

  1. Gracias D. Víctor, recientemente se me ha dado el siguiente caso, no he podido publicar en un boletín oficial un acto administrativo porque la autorización para insertar los actos administrativos estaba firmada por el anterior alcalde, nos exigían un nuevo decreto firmado por el nuevo alcalde manteniendo nuestra autorización para las publicaciones… se me escapa esa figura jdica.

    • Hola César. Pues eso no es ninguna figura jurídica. Simplemente se debe a un cambio de titular, en este caso en la Alcaldía, que en opinión de algunos obliga a sustituir (en realidad repetir) algunos documentos y autorizaciones firmados por el titular anterior, y que ahora deben ser rubricados por el actual. Se podría solucionar mediante sello electrónico de órgano, pero intuyo que esa administración (el boletín oficial) no alcanzará a verlo y se sentirán más cómodos repitiendo el trámite de siempre.

    • Porque la entrada se mueve en el ámbito de la Administración Local, donde un Decreto es una resolución de un órgano unipersonal, mientras que los Reglamentos y Ordenanzas se llaman así (y no Decreto), y los aprueba el Pleno. En el ámbito del Estado y las CCAA en efecto se habla de Real Decreto y Decreto para referirse a una norma o disposición de carácter reglamentario, y seguramente por ahí viene tu duda.

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