Pautas para un uso adecuado de las RRSS por parte de los empleados públicos

La lectura del interesante Dictamen de la Comisión de Ética Judicial (Consulta 10/2018), de 25 de febrero de 2019 denominado “Implicaciones de los principios de ética judicial en el uso de redes sociales por los miembros de la carrera judicial”, nos obliga a plantearnos la misma reflexión respecto del uso de las redes sociales (en adelante RRSS) por parte de los empleados públicos.

No vamos a hablar en este caso del uso de las RRSS por parte de las instituciones (comunicación institucional “oficial”), ya que de comunicación institucional suele hablar mucho (y muy bien) Amalia López Acera, y también lo hemos hecho nosotros en alguna ocasión en este mismo blog.

Sí vamos a hablar de la forma en la que los empleados públicos, como individuos y como colectivo, deberíamos utilizar las RRSS, sin ni siquiera abrir el debate de si debemos estar o no, ya que la respuesta solo puede ser afirmativa:

 

Precisamente hemos preguntado a Amalia, como gran experta que es, qué opina al respecto, coincidiendo totalmente en la necesidad (al menos conveniencia) de la presencia de los empleados públicos en las RRSS: “Creo que es importante y necesario que las personas que trabajan en las administraciones públicas estén en redes sociales. No podemos hablar de una administración pública en redes sociales sin funcionarios que estén en redes sociales”.

El primer beneficiado de esto sería en propio funcionario, algo que también explicamos en el vídeo. Es curioso porque este beneficio quizá no siempre se ve, pero no deja de ser paradójico que muchos de los empleados públicos que desconfían de las redes sociales son los mismos que luego se lamentan de la soledad (profesional) del funcionario, muchas veces desasistido técnica y personalmente, y rodeado de políticos y otros perfiles con los que suele chocar. En la misma línea Amalia opina que “Uno de los problemas del uso de las redes sociales por parte de las personas que trabajan en las administraciones públicas es que nadie nos ha enseñado a utilizarlas de forma profesional. Aunque las redes sociales tengan un componente de entretenimiento y distracción también son una buena herramienta para acceder a la información o para estar en contacto con otras personas que trabajan en otras administraciones públicas”. Personalmente doy fe de que esas redes informales de empleados públicos son buenísimas tanto en lo profesional como también muchas veces anímicamente. Resulta que los problemas que a uno le pasan ya le han ocurrido antes, en un 99% de las ocasiones, a otro compañero. Poder compartir esto no tiene precio. 

Por lo tanto sí a compartir información, faltaría más, y cuanta más mejor… ¡Pero citando la fuente! Amalia indica al respecto que “entre las recomendaciones básicas estarían respetar la privacidad, los derechos de autor y la confidencialidad de la información que conocemos por el desempeño de nuestro trabajo”. Ojo también a esa debida confidencialidad, que debería estar en el ADN del empleado público, y que en modo alguno es incompatible con esa vocación de compartir e informar. Informar, por cierto, no solo a los compañeros de otras AAPP, sino también al ciudadano. Las RRSS (twitter, facebook, incluso un canal de youtube o un blog) son una buena manera de explicarle al resto del mundo aquello que hacemos, demostrando también así una actitud proactiva, implicada, vocacional y social. 

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Una buena manera de combatir los tópicos sobre la supuesta ineficacia de los funcionarios es utilizar las RRSS para informar de los ciudadanos de lo que hacemos, prestigiando así la profesión

Pero ¿qué ocurre si, ya convencido el funcionario de que debe usar (para bien) las RRSS, es su Administración la que no se lo permite? Amalia lo tiene muy claro: “En muchas administraciones públicas se prohíbe el acceso a las redes sociales por el mal uso que puedan hacer de ellas las personas que trabajan en esa administración pública. Pues bien, si alguien hace un uso indebido de las mismas, que se le sancione. Es como si quitamos todo los teléfonos de la administración porque alguien se pasa 30 minutos hablando con su madre o las impresoras porque alguien imprime dibujos de Dora la Exploradora para que su hijo coloree”.

Por otra parte, cierto es que los empleados públicos también somos personas, y como tales tenemos necesidades comunicativas en relación a nuestras impresiones y experiencias personales, o simplemente de cara a compartir informaciones y opiniones sobre ocio (cine, deportes). No les costaría mucho, en este sentido, encontrar en mi muro de facebook fotos sobre senderismo, o en mi timeline de twitter información u opinión sobre baloncesto. Bien, al margen de la normalidad de este tipo de comentarios entiendo que incluso en estos casos no debe producirse una total desconexión de los temas más o menos triviales con la condición de empleado público, condición que subyace en todos los aspectos de nuestra vida. Es algo tan sencillo como encontrar el tono, que incluso puede ser reivindicativo (como es nuestro caso), pero formal y moralmente correcto. Estos dos aspectos no son en absoluto incompatibles: de hecho reinvindicar lo que es justo o denunciar lo que es ilegal, dejando claro lo que son opiniones y separándolo de los datos objetivos, es una manera más que adecuada y coherente de utilizar las redes por parte de un servidor público. Lo que no podemos hacer es aplaudir siempre al legislador o al gobierno (como institución, no como color político) cuando las decisiones legislativas o ejecutivas chocan, al menos en nuestra educada opinión, con los principios jurídicos o éticos. La crítica constructiva mejora el funcionamiento de las instituciones.  Seguramente quedarían fuera de esta crítica legítima los casos de crítica directa a la institución de la que precisamente uno forma parte, por ejemplo un secretario de Ayuntamiento emitiendo un juicio sobre su Ayuntamiento, pero que dicho secretario tenga y comparta una opinión sobre, por ejemplo, el legislador de la Ley de Contratos, debe ser totalmente aceptable. De hecho me preocuparía que no la tuviera. Es por esto que dicho uso de las redes no chocaría, en absoluto, ni con la lealtad ni con la ética.

Hemos dicho ética. Esta palabra es la clave. No en balde el citado Dictamen se elabora por Dictamen la Comisión de Ética Judicial y se denomina “Implicaciones de los principios de ética judicial”. Uno puede expresar su opinión sin faltar a los valores que deben ser propios de quienes desempeñan funciones públicas. La clave en este sentido es equilibrar la libertad de expresión con el respeto a los demás y a la institución pública que uno representa. Porque la representa, ya bien sea el Ministro, el Alcalde, un concejal de la oposición, el interventor, el letrado de urbanismo o un auxiliar de jardinería. Es deber de los funcionarios públicos prestigiar la imagen de las Administraciones Públicas, y la suya propia como individuos y como colectivo, y personalmente no avalo el uso de las RRSS para “airear los trapos sucios” de la organización a la que uno pertenece. ¿No te gusta cómo funcionan las cosas? Existen otros cauces para combatir las supuestas irregularidades. La utilización de las RRSS para malmeter, atacar, decir medias verdades o hacer demagogia es una mala práctica que por desgracia han interiorizado los políticos (afortunadamente no todos), pero que no tiene ningún sentido que repliquen los funcionarios. Solo se puede llegar a entender como una pataleta, pero ya les digo que nada bueno puede salir de ahí.

Está en juego por tanto la imagen de la institución, pero también nuestra propia marca personal. Amalia también advierte al respecto: “Tenemos que pensar que cuando publicamos una información, comentamos un tema o retuiteamos afecta directa o indirectamente a la imagen que proyectamos, es decir, a nuestra marca personal. Por tanto, tenemos que tener clara cuál es la imagen que queremos que los demás tengan de nosotros. Si vamos de troll, no esperemos que nos traten de otra cosa”.

Por último reproducimos algunas recomendaciones del Dictamen de la Comisión de Ética Judicial que consideramos extrapolables, tal cual (quizá en algún caso con mayor laxitud), al uso de las RRSS por parte de los empleados públicos:

  • Los jueces, en el ejercicio de su libertad de expresión, pueden expresar en las redes sociales sus opiniones particulares, ya tengan naturaleza jurídica o no, así como reaccionar ante publicaciones ajenas en las formas habitualmente utilizadas por los usuarios de las redes sociales.
  • En todo caso, la intervención de los jueces en las redes sociales tendrá que estar presidida por la prudencia, y deberá velar de forma muy especial por preservar la apariencia de imparcialidad.
  • La expresión de opiniones, comentarios y reacciones por los jueces en las redes sociales puede afectar gravemente a la apariencia de independencia y de imparcialidad, además de ser reflejo de una conducta que ha de preservar la dignidad de la función jurisdiccional. Por eso surge el correlativo deber ético de ser extremadamente cuidadosos a la hora de expresar sus opiniones, efectuar valoraciones personales y reaccionar ante publicaciones ajenas, siempre que exista la razonable posibilidad de que puedan ser reconocidos como integrantes del Poder Judicial.
  • En todo caso, los jueces deberán evitar cualquier referencia a cuestiones directa o indirectamente relacionadas con los asuntos de los que estén conociendo.
  • El uso por el juez de fórmulas de contacto con terceras personas en las redes sociales es susceptible de generar una apariencia de favoritismo. Tal riesgo adquiere mayor relevancia en el contacto con profesionales vinculados a la Administración de Justicia que tengan alguna intervención o posibilidad de intervención en el juzgado o tribunal donde el juez ejerce sus funciones. Para evitar esta apariencia, los jueces han de valorar la procedencia de no establecer o de interrumpir aquellos contactos que pudieran contribuir a generarla.
  • No existe una obligación ética per se de limitar los contactos que los jueces mantengan en las redes sociales. Será la elemental prudencia, que debe presidir el ejercicio de la libertad de expresión del juez, la que deberá aconsejarle sobre la extensión y pluralidad en el uso de las fórmulas de contacto con terceros.
  • En la relación con los demás usuarios de las redes sociales, y en particular cuando se susciten debates sobre cuestiones polémicas, el principio de cortesía debe informar en el plano ético cualquier actuación del juez en la medida en que contribuya con ello a fomentar una actitud positiva de respeto y confianza de la sociedad en el Poder Judicial.
  • Por tanto, la prudencia y la cortesía deben determinar los términos y el tono de la participación en el debate y la decisión, en su caso, de proseguir la conversación o poner fin a la misma.

Anexo. ¡¡¡Pero bueno, los Jueces también están en las redes sociales!!!. Por David ORDÓÑEZ SOLÍS, Magistrado y miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (Diario LA LEY, nº 8762, de 16 de mayo de 2016, Nº 8762, 16 de may. de 2016).

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