Menores controles para los contratos menores ¿Cómo queda la cuestión?

Ante todo indicar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 se encuentra en fase de proyecto (aquí su texto consultable), y que aún debe recorrer un trecho para ser aprobada por el Congreso. Alguien podría preguntarse por qué analizamos entonces uno de sus preceptos non natos, pero igualmente les podría responder que pensamos que es en esta fase de elaboración de las normas cuando más hay que discutirlas, incluso si finalmente se ignoran o ni siquiera llegan las enmiendas, aunque lo que estamos viendo últimamente es que la tendencia es más bien esperar a que estén publicadas en el BOE y entonces desobedecerlas sistemáticamente hasta que las modifican o como mínimo las demoran.

Así las cosas, vamos a fijarnos en la Disposición final trigésima cuarta del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 (Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014).

Bien, en caso de culminar con éxito esta LPGE y por ende esta Disposición, la nueva redacción del artículo 118 LCSP quedaría así (“Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida”):

“Artículo 118. Expediente de contratación en contratos menores.

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior.
3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
5. Lo dispuesto en el apartado 2º de este artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000€.
6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.”

¿Qué es lo que cambia (o cambiaría) desde que explicamos el entonces nuevo régimen jurídico de los contratos menores a raíz de la LCSP 2017 en la entrada “Los contratos menores en la nueva LCSP (tramitación y relaciones con Ley de transparencia)”?

El art. 153 LCSP, que no aparece en el proyecto de LPGE y por tanto seguirá exactamente igual (al menos de momento) se remite al 118: “En el caso de los contratos menores definidos en el artículo 118 se acreditará su existencia con los documentos a los que se refiere dicho artículo“, artículo del que también se acuerda el 131 (“procedimiento de adjudicación”), cuando establece en su epígrafe 3º que “Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.”

Repasemos pues el tenor literal del aún vigente art. 118:

1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4.

Como vemos se exigen varios informes:

  • Informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato (como en el resto de contratos, faltaría más). Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas establezcan.
  • En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
  • Informe de no alteración del objeto del contrato. Además de todo lo anterior, se debe incorporar otro informe importante: “En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados en el artículo 168.a).2.º”.
transparencia
La transparencia es algo más que “publicar cosas”

El caso es que este régimen jurídico no era fácil de interpretar, sobre todo en relación al último informe de los citados, generando una cierta inseguridad jurídica que las Juntas Consultivas se encargaron de incrementar con su disparidad de criterios (aquí dimos cuenta del desaguisado). Pero por muy confusa que fuera la Ley, personalmente no nos agradaba tener que esperar Informes o Circulares de las Juntas Consultivas para “saber lo que hay que hacer”. No somos tan tontos. De repente nos abruman con interpretaciones que luego a su vez se reinterpretan en cada Administración para burlar quizá no la ley, pero sí su espíritu. Y en ese espíritu está la lucha contra la corrupción, para que no ocurran cosas como esta. A estas alturas ya se han pronunciado la Junta del Estado y prácticamente todos los órganos consultivos autonómicos, pero siempre hemos estado lejos de la unificación de criterios interpretativos. Esta es fue opinión sobre los criterios interpretativos. Entendemos que muchos buscan la seguridad jurídica o interpretativa en estos Dictámenes, pero la , pese a estar lejos de ser perfecta, ya pone un tablero de ajedrez. Es decisión nuestra disponer cómo jugamos las fichas. Y esto es independiente de lo que acabe diciendo el art. 118, el cual establece las reglas mínimas del juego. Repito: las mínimas.

Dicho lo cual, lo que cambia (o cambiaría) es:

  • No deja de exigirse el informe de necesidad pero sí cambiarían notablemente los términos del informe encargado de justificar que no se está alterando el objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales, eliminando por completo la comprobación de que el contratista no haya suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero del artículo 118 (los umbrales).
  • Desaparece la necesidad de realizar estos informes respecto de algunos contratos. En efecto, lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 118 del proyecto de LPGE (el informe de necesidad y el informe de que no se está alterando el objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales) no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000€. Precisamente a esos contratos se refiere el 63.4.2º párrafo LCSP (un artículo que no cambiaría y al que se refiere in fine el art. 118 que analizamos), exigiendo que se den las dos circunstancias, acumuladas, de ser el precio inferior a 5.000 euros y el sistema de pago utilizado sea el de anticipo de caja fija (o similar), para excluirlos de la publicación obligatoria, si bien igualmente se pueden publicar tanto en el Perfil de contratante como en el Portal de transparencia.
  • Por último, evidentemente el límite temporal del contrato menor permanece inalterable en el proyecto de LPGE, ya que no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga (art. 29.8 LCSP). Esta referencia podría ser obviable, pero visto lo visto nunca está de más repasar lo que ya sabemos.
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Fantástica infografía de Melián Abogados sobre el contrato menor en el Proyecto de LPGE19, destacando el control que se elimina. Fuente: https://mymabogados.com/contrato-menor-y-la-lcsp

Pero ¿qué piensa la gente de esta posible modificación? Planteamos al respecto la siguiente encuesta a través de Twitter:

Como puede observarse en los resultados finales de la encuesta, han votado 123 personas. El 68% piensa que la modificación del régimen jurídico de los contratos menores prevista en el proyecto de es “una p… vergüenza”. ¡Gracias por vuestra participación!

La conclusión es que parece evidente que a la mayoría no nos agrada que desaparezcan los controles sobre la contratación pública. La LCSP no deja de ser la transposición de una Directiva europea. A lo mejor lo que quería Europa era atar en corto la corrupción. A lo mejor lo que pretendía es que no solo se publicaran sino que también se licitaran todos los contratos, incluso los de pequeño importe, en este caso por el procedimiento abreviado simplificado (o súper simplificado) que para eso está. A lo mejor ese era el sentido lógico y teleológico de la norma.

Entendemos el argumento de los pequeños Ayuntamientos de que teniendo una papelería y una panadería en todo el pueblo resulta muy difícil evitar la adjudicación de varios contratos menores a cada uno de ellos, por lo que se ven abocados a superar los umbrales respecto de un único empresario, objeto y anualidad. Así las cosas ¿qué costaría establecer un régimen diferenciado para Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes como tantas veces y para tantas otras cosas se ha hecho?

De todas formas, y llámenme escéptico, uno ya ha llegado a una edad en la que no se cree que el Estado cambie una Ley solo porque supuesta “perjudica” la gestión en los pequeños Ayuntamientos. ¿Cuándo el legislador los ha tenido en cuenta? Al contrario, modificaciones como esta generan mal ambiente y enfrentamientos entre los Alcaldes y los Interventores.

Por el contrario, y llámenme esta vez pesimista (algo que estoy a años luz de ser), parece que se consolidan dos preocupantes malas prácticas:

1.- La llamada “microcorrupción”.

2.- La tendencia de aprobar una Ley, ver cómo se incumple sistemáticamente, y cambiar de nuevo dicha Ley (o demorar su entrada en vigor) para adaptarla al incumplimiento, premiándolo, en lugar de actuar a la inversa y hacerla cumplir.

Bien. Sea como fuere, lo cierto es que antes de esta modificación legal (si es que ve la luz), una Administración ya podía adjudicar varios contratos de pequeño importe a una única empresa… Pero licitando. Ahora podrá hacerlo directamente. Como antes.

Qué poco me gusta la palabra “antes” cuando se refiere a la Administración.

ACTUALIZACIÓN. Real Decreto-ley 3/2019, de 8 de febrero, de medidas urgentes en el ámbito de la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Universidad. Ojo a la Disposición adicional quincuagésima cuarta: “Régimen aplicable a los contratos celebrados por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación”. Sube el umbral (50.000) y bajan los controles para la celebración de contratos menores en este sector. Más información de esta novedad: Javier Vázquez Matilla.

© Todos los derechos reservados. Nosoloaytos. Web oficial de Víctor Almonacid Lamelas 2019. Aviso legal.

Anexos. ​

  1. Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con el Decreto-Ley 1/2018, de 20 de marzo, de medidas urgentes para la agilización, racionalización y transparencia de contratos del sector público de pequeña cuantía.
  2. Proyecto de Presupuestos:

3 comentarios en “Menores controles para los contratos menores ¿Cómo queda la cuestión?

  1. Víctor, estamos otra vez en lo de siempre.: contrataciones a dedo y a quien les dé la gana.
    Más claro ya no se puede ser…

  2. Creo que la publicidad y transparencia es absolutamente necesaria. Lo que si haría es facilitar realmente la simplificación pues hoy por hoy, no es nada simple ni ágil. Necesitamos métodos justos y transparentes pero que no sean engorrosos ni impidan la ejecución por colapso en la contratación de pequeños servicios.

  3. Sigo atribulada pensando cómo puede un Ayuntamiento, población hasta 35.000 habitantes, aproximadamente, cumplir: ““En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación comprobará el cumplimiento de dicha regla.” (art. 118.3 actual), cuando se insiste que con sólo una oferta económica (un sólo presupuesto de un único contratista) es suficiente, aunque la responsabilidad del contrato (por lo de la comprobación del cumplimiento de esta regla, recae en el órgano de contratación y no en el técnico jurídico informante).

    Mi tribulación está en la frase: “… para evitar la aplicación de las reglas generales de la contratación ….” con una sola oferta y sin posibilidad de conocer qué más contratos parecidos se han realizado en el Ayuntamiento o está previsto realizar.

    Por lo demás, suscribo el resultado de la votación que ha realizado en twitter sobre la modificación de este artículo por la LGPE 2019. “Una p … vergüenza” por parte del legislador.

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