10 razones por las que España NO es un país transparente

transparenciaPues resulta que no era transparencia, era apariencia. “Transapariencia” la llamamos en una ocasión (bueno, más de una). “Transparencia de cartón piedra”, suele decir Conchi Campos para referirse a lo mismo. No es la primera vez que somos críticos con este asunto. Un par de entradas muy leídas en este blog fueron “El paripé de la transparencia” y “10 razones para no implantar el Gobierno abierto”, y fuera del mismo el artículo “Control de la legalidad, pero sobre todo interiorización de la ética” (publicado en el blog de Levante EMV)-. Co-coordinamos y co-escribimos la Ordenanza de transparencia de la FEMP. Hasta publicamos el Libro Implantación Práctica de la Ley de Transparencia en los Ayuntamientos, que se vendió bastante, incluso, suponemos, se leyó. Pero no se implantó (implantar era el verbo) la transparencia.

El caso es que España NO es un país transparente. No. Vamos a pensar que aún no. Motivos:

1.- Se retrasa la administración electrónica; se retrasa la transparencia. Así de claro. No queremos entrar de nuevo en este debate (ya expresamos nuestra opinión), ni discutimos las razones estratégicas que han llevado al Estado a demorar algunos aspectos “electrónicos” de la Ley de procedimiento (para muchos “todos los aspectos”) hasta 2020, pero no cabe duda de que el procedimiento, el documento y el archivo electrónicos son la base misma de la publicidad activa y el derecho de acceso a la información. El procedimiento electrónico, con toda su trazabilidad y su reguero de firmas electrónicas, es mucho más fehaciente, legal y transparente. El portal de transparencia debe ser interoperable, y la información reutilizable. El acceso es o debe ser preferiblemente electrónico, y de este modo, entre otras ventajas, “el acceso es la copia“. En definitiva, un país que no apuesta decididamente por la administración electrónica tampoco apuesta por la transparencia. Son primas hermanas. Lo hemos verbalizado tantas veces que pensamos que vale más remitirnos a lo ya dicho para quien desee ahondar en la idea que repetirnos hasta la saciedad:

2.- No se ha dado el paso definitivo para asegurar la transparencia en la contratación. Modificados ilegales de contratos, adjudicaciones a ofertas claramente temerarias, contratos adjudicados gracias a las “mejoras”, fraccionamientos ilegales, errores “no forzados” en la calificación jurídica del contrato, picardías para evitar las normas sobre procedimiento y concurrencia… Todo esto se sigue haciendo. Añadan la interpretación de juristas de desconocido prestigio que defienden que la licitación electrónica también entra en vigor en 2020. Especial referencia en todo esto a los contratos menores, esos que se adjudican directamente por razones de supuesta agilidad, pero que, en teoría, no escapan al deber de publicación ni del deber de remisión (véase “Los contratos menores en la nueva LCSP (tramitación y relaciones con Ley de transparencia)”). En definitiva, un país en el que se sigue mangoneando con la contratación pública no es un país transparente.

3.- Desinterés por el Consejo de transparencia. Hemos planteado la siguiente encuesta en Twitter, a la cual han respondido amablemente 83 personas:

La mayoría piensan (pensamos) pues que no hay interés alguno en estas instituciones, y uno de los reflejos es la no cobertura de las vacantes de máximos responsables. En el caso concreto del Consejo de Transparencia, y tras una excelente gestión de Esther Arizmendi al frente, la Presidencia lleva más de un año vacante tras su triste fallecimiento. Es cuanto menos contradictorio defender la transparencia despreciando de ese modo el máximo órgano que la representa. Podría incluso defenderse que un órgano más bien liviano podría funcionar con un alto cargo menos, pero para eso que se elimine la Vicepresidencia y que se nombre Presidente por ejemplo al actual vicepresidente Javier Amorós, y así volver a dignificar una institución independiente que, quizá por eso, es empujada al ostracismo. Por tanto, un país en el que no importa el Consejo de Transparencia no es un país transparente.

4.- Se sigue utilizando la protección de datos como límite recurrente. La protección de datos siempre se ha visto, e incluso se ha utilizado, como la contrapartida de la transparencia. Pero este aparente conflicto es más sencillo de resolver de lo que parece si simplemente aplicamos el ordenamiento jurídico de forma coordinada (ver “LOPD y transparencia: dos caras de la misma moneda”). Precisamente la nueva ley, de aprobación inminente, modifica la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el sentido de proteger, es lógico, los datos más sensibles de los afectados por una solicitud concreta de información. Eso está bien. Pero si cada vez que se esgrime tímidamente algún aspecto de la transparencia vamos a salir con la espada de la protección de datos, se desequilibrará un derecho en favor de otro. Derechos además del mismo rango (sí, el acceso a la información es, según la doctrina internacional, un derecho fundamental). La próxima vez que les digan que determinada información no se puede publicar o facilitar porque vulnera la Ley de protección de datos respondan: “¿Sí? ¿Qué artículo?”. En resumen, un país que mira con recelo el derecho de acceso a la información no es un país transparente.

5.- La transparencia es un medio, no un fin. Es un instrumento esencial al servicio de un nuevo modelo de gobernanza, un peldaño más del Gobierno abierto, no un objetivo meramente estético ni mucho menos político. No creo que sea siempre cierto eso de que una imagen vale más que mil palabras, pero en este caso sí. No diré más cuando puedo ilustrar la idea con la fantástica infografía de Alberto Ortiz de Zarate (“Alorza”), quien ha sabido ver perfectamente este círculo virtuoso (más bien espiral) que comienza en los datos y acaba en el cambio social:

Círculo gobierno abierto Alorza

En definitiva, un país en el que la transparencia no es un medio al servicio de un modelo evolutivo de nueva gobernanza sino un fin meramente estético, no es un país transparente.

6.- Baja la corrupción, pero sube la microcorrupción. Ya hemos hablado de la contratación; añadan las subvenciones… Añadan los nombramientos de altos cargos, a los que más abajo nos referimos. Y añadan otras malas prácticas (siendo suaves en la calificación) por parte de algunos políticos, funcionarios, sindicatos, medios… Aún se observan fallos del sistema o interpretaciones torticeras del mismo que ocultan (aunque a veces ni se molestan en hacerlo) una intención real de no servir al interés general, y sí a los intereses particulares, políticos o partidistas. Los aspectos éticos, esos a los que siempre nos referimos, se encuentran en la base misma de la transparencia. Quizá haya más miedo que hace 20 años por ir a la cárcel, y seguramente ha descendido aquella indigna sensación de impunidad, pero no ha desaparecido, ni mucho menos, ese mal uso de “hecha la Ley hecha la trampa”. Y hasta con la administración electrónica, y mira que me duele decirlo, se pueden hacer trampas (obviamente en mucho menor grado que con el papel). La corrupción desaparecerá no cuando desaparezca el papel, sino cuando desaparezcan los corruptos. Por todo ello, un país que sigue anteponiendo los intereses particulares a los generales y maniene una gestión pública poco ética, no es un país transparente.

7.- Se publican los documentos, pero no los datos. Salvo honrosas excepciones, como la Diputación de Castellón (y algún otro). Esto puede deberse a dos motivos: no se entiende en qué consiste realmente esto de la transparencia (ni el Open Data, ni la reutilización de los datos, ni la gestión de los mismos, ni la Smart City), o se entiende pero no interesa. Ninguna de las dos me agrada. En definitiva, un país que desconoce o quiere desconocer aspectos esenciales de la transparencia, en sentido amplio, como la apertura de datos o la utilización de los mismos para mejorar la gestión pública, la participación/colaboración ciudadana, y el servicio público, no es un país transparente.

8.- Clientelismo en el acceso a los altos cargos. ¿Cómo puede considerarse transparente un país que cambia toda su cúpula administrativa cada vez que hay elecciones? La transparencia formal no nos sirve. La transparencia debe ser real. Tanto que hemos criticado la libre designación (provocando incluso Una sentencia del TSJ que obliga a los políticos a motivar los cargos de libre designación), la preferimos absolutamente al libre nombramiento (y libre cese), sobre todo ahora que la jurisprudencia reconoce que debe ser algo muy parecido a un concurso de méritos. Pero como ya apuntamos en “Personal directivo versus personal eventual: a vueltas con los dedazos en los altos cargos”, para cubrir algunos cargos, precisamente los más altos, aquí el único mérito sigue siendo la afinidad:

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En países como Holanda, Noruega o Alemania, el personal del gabinete de un Ministro no cambia cuando hay cambio de Gobierno. Esa estabilidad garantiza, en muy alto grado, la independencia de dicho personal

Lectura: un país que tiene tres semáforos rojos en la anterior tabla no puede ser considerado, a nuestro modo de ver, un país transparente.

9.- Politización de otras instituciones/baja calidad institucional. Además de que la Administración se encuentra politizada por este diseño interesado de las formas de cobertura de los altos cargos, otras instituciones esenciales del Estado mantienen, pese al paso de los años, análogos sistemas de provisión que, como mínimo, dan argumentos para plantear el debate de su total independencia. No vamos a entrar en la demagogia, en ocasiones mucho más politizada que dichos sistemas, de los que utilizan las RRSS para opinar interesada y/o desinformadamente sobre la última Sentencia de impacto popular. Pero no cabe duda de que mientras altísimas instituciones como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional se sigan nutriendo de miembros designados por los partidos políticos, la sombra de la no independencia permanecerá (véase el Manifiesto de Transparencia Internacional y propuestas para combatir la corrupción y aumentar la transparencia y la independencia de la Fiscalía General). Y no solo hablamos de las altas instituciones del Estado, también podríamos hacerlo de otras instituciones menores, pero que manejan mucho dinero, como la Federación Española de Fútbol (ver “Nota de difusión: histórico de advertencias de Transparencia Internacional sobre la corrupción en el fútbol español” y “Huida de la #transparencia: RFEF (y otras)”). Y por último, la baja calidad de las instituciones sale cara. No dejen de leer el estudio “Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España” (por Francisco Alcalá Agulló y Fernando Jiménez Sánchez para la Fundación BBVA). En resumen, un país al que los expertos le atribuyen una baja calidad institucional (véase el Anexo a la presente entrada) no es un país transparente.

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“Implantación práctica de la Ley de Transparencia en los Ayuntamientos”
Almonacid Lamelas, Víctor
ISBN: 9788415573715
Editorial: El Derecho Editores, S.A.

10.- Publicidad institucional “del siglo XX”. Por último, pero no menos importante, falta objetividad en la forma que tienen las instituciones de comunicarse con los ciudadanos. En este punto nos vamos a remitir, por no repetirnos, a nuestra reciente entrada “Comunicación institucional: se hace poca y se hace mal”, cuyo mejor resumen sería este: “La publicidad institucional debe quedar claramente desmarcada de la propaganda de los partidos políticos, tanto en el fondo como en la estética utilizada” (art. 4.3 de la interesante Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional). En definitiva, un país en el que la gestión de los medios institucionales (webs oficiales, RRSS, boletines de información municipal, incluso grandes medios de comunicación públicos) tiene manchas partidistas, no es un país transparente.

En conclusión, España NO es un país transparente. Y lo decimos, documentando la afirmación, para que esto mejore y cambie.

© Todos los derechos reservados. Nosoloaytos. Web oficial de Víctor Almonacid Lamelas 2018. Aviso legal.
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Artículo de opinión basado en la presente entrada (El Mundo, 9 de diciembre de 2018)

Anexo. Estudios e indicadores internacionales sobre calidad institucional (especial referencia a la posición relativa de España). Fuente: “¿Qué es eso de la calidad de las instituciones?“, por (:

La siguiente tabla resume varios de los principales indicadores:

Índice

(institución / fecha de publicación)

Principales elementos del índice y valoración de España.
Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional /enero) Grado de percepción de la corrupción en el sector público según empresarios y analistas.España: puesto 41 de 176 países
Índice de Democracia(The Economist / febrero) Valora el grado de democracia atendiendo a los procesos electorales y pluralismo; las libertades civiles; el funcionamiento del gobierno; y la  participación y cultura política.España: puesto 17 de 167. Aparece como una de las 20 democracias plenas
Índice de Libertad Económica (Heritage Foundation y The Wall Street Journal / febrero). Índice de corte neoliberal que mide libertades (ausencia de regulación) en 10 dimensiones, incluyendo derechos de propiedad, regulación laboral y empresarial, comercial, de inversión y financiera, o ausencia de corrupción.España: 60.7 sobre 100 (media de los 176 países). Grupo de países moderadamente libres junto con Francia, Portugal o Italia.
Índice de libertad de prensa(Reporteros sin fronteras/ abril) Mide libertad de prensa a partir de los criterios de pluralismo, independencia, autocensura, trasparencia, infraestructura, entorno legislativo y abusos a la prensa.España: puesto 34 de 180
Going for Growth(OCDE / febrero) Publicación anual que compara situación y políticas estructurales de los países de la OCDE.España: destaca por ser el país con mayor debilidad en el mercado de trabajo. Prioriza políticas de reinserción de jóvenes y paro de larga duración.
Índice de Competitividad Global(World Economic Forum /  septiembre) Mide 12 pilares de competitividad, incluyendo aspectos como instituciones, infraestructuras, educación y salud, tecnología, innovación macroeconomía, o eficiencia de mercado.España: puesto 32 de 138 países, y el 55 en el pilar de instituciones públicas y privadas
Indice de integridad pública(European Research Centre for Anti-Corruption and State-Building/septiembre) Valoración de 6 pilares públicos: independencia judicial, cargas administrativas, apertura comercial, transparencia presupuestaria, libertad de prensa y ciudadanía digital.España: puesto 20 de 105. Puestos 58 en independencia del poder judicial y 50 en carga administrativas
Índice de Presupuesto Abierto(International Budget Partnership/ septiembre, bienal) Valoración del ciclo presupuestario y su grado de información pública.España: puntuación de 58, sobre 100, en el grupo de países con calidad presupuestaria limitada. España débil en oportunidades que se le ofrecen al público para participar en el proceso presupuestario y en vigilancia durante la fase de implementación.
Doing Business(Banco Mundial / octubre) Facilidad para hacer negocios, incluyendo dimensiones como registro, electricidad, licencias, quiebra, cumplimento de contratos.España: puesto 32 de 200 países. Puntuaciones muy bajas en permisos de apertura y construcción, y en acceso al crédito
Worldwide Governance(Banco Mundial, quinquenal/ultimo de 2015) Valora 6 dimensiones de gobernanza: voz y asunción de responsabilidades, estabilidad política y ausencia de violencia, eficacia administración, calidad regulatoria y de las leyes, y control de la corrupción.España: en percentiles por debajo del 75% en calidad regulatoria, estabilidad política y control de la corrupción

Como puede observarse, “en la mayoría de estos indicadores, España aparece por debajo de las principales economías de la UE, y en muchos casos, muy por debajo de los niveles que nos corresponderían de acuerdo con nuestro nivel de PIB –ocupamos el puesto 14 en el mundo en PIB nominal y el 27 en PIB per cápita–, si se tiene en cuenta que suele existir una correlación positiva entre riqueza y calidad institucional” (Andrea Lucai).

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