Comunicación institucional: se hace poca y se hace mal

“La presente ley tiene por objeto garantizar que la gestión comunicativa pública de la implantación de nuevos servicios o la puesta en marcha de nuevas infraestructuras públicas no esté al servicio de intereses personales o partidistas” (art. 1.2 de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las infraestructuras públicas).

Más claro agua. Y debe quedar igualmente claro de una vez que la publicidad institucional, la gestión de la comunicación externa de una institución, debe estar en manos de profesionales de la comunicación, los cuales a su vez deben ser funcionarios en tanto en cuanto lo que gestionan son las Redes Corporativas y los canales oficiales de una institución. Hablamos de funcionarios de carrera y no personal de confianza. Precisamente los principios de acceso a la función pública, los que caracterizan a los funcionarios de carrera, son igualdad, mérito y capacidad. Bien encajan con la honestidad, la veracidad y la transparencia, principios, por así decirlo, clásicos del periodismo; y aún mejor con lo que debe ser el funcionamiento de la administración: objetivo, igualitario e imparcial.

Simultáneamente, los propios responsables públicos deben mejorar en el uso de sus perfiles personales, gestionándolos directamente (no hay nada más Open Government que contestar personalmente con los ciudadanos), y siendo conscientes de que no se puede separar demasiado su perfil personal del perfil institucional, actuando siempre, también desde la cuenta privada, dentro de un código ético y un ánimo servicial público.

Y esto va mucho más allá de esa fea vanidad de ponerse las medallas. Nos causa estupor comprobar cómo algunas de esas cuentas privadas de los cargos públicos o incluso los medios y redes oficiales de las instituciones públicas defienden posturas abiertamente ilegales, o linchan a una persona o institución, o redifunden noticias falsas o falseadas, o simplemente bloquean a personas con las que sencillamente no están de acuerdo. Nada de lo que hace la Administración debe ser partidista: ni el procedimiento administrativo ni la gestión de los medios (de igual manera, por mucho que el primero parezca mucho más “serio” y formal). Ni nada. La Administración defiende los intereses generales y el bien común. Las instituciones, empezando por sus representantes, deben garantizar la Ley y el orden. Y la paz social. Un cargo público lleva implícita una responsabilidad ética y social. Hay que estar a la altura de dicho cargo y de la institución que uno representa. Todos los días, sin deslices. ¿Cómo no va a generarse hostilidad si los que tienen que dar ejemplo son los primeros que encienden la mecha? Sin embargo, como señala el art. 4.6 de la citada Ley de publicidad institucional: “La publicidad institucional no debe incitar, directa o indirectamente, a la violencia ni a comportamientos antisociales, ni debe sugerir ventajas en las actitudes de violencia. Tampoco puede ofrecer argumentos que se aprovechen del miedo, el temor o las supersticiones de las personas destinatarias, ni promover prácticas peligrosas.”

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En países como Holanda, Noruega o Alemania, el personal del gabinete de un Ministro no cambia cuando hay cambio de Gobierno. Esa estabilidad garantiza, en muy alto grado, la independencia de dicho personal (y de todo lo que hace)

En esta entrada ya hablamos de las tres etapas de las RRSS: etapa de inmadurez, etapa hostil (momento actual) y etapa de madurez total. Esta última, aunque aún no ha llegado, se caracteriza por los siguientes aspectos:

  • Una gran parte de la sociedad está formada e informada, y tiene conciencia de leyes como la de protección de datos y el propio Código Penal.
  • La mayoría de personas tienen madurez emocional para procesar las noticias, las opiniones y hasta las propias emociones.
  • Se contrasta la veracidad de las noticias, castigando a las fuentes de “fakes” con el ostracismo digital. Y castigando con el desdén social a las personas que están detrás de las cuentas que agreden verbalmente (trolls, haters…).
  • Desde los gobiernos se practica la verdad institucional. Los errores se reconocen y por supuesto se tratan de enmendar. El objetivo no es la foto, sino prestar un buen servicio público, y la posibilidad de repetir mandato no influye ni remotamente en las informaciones y publicaciones institucionales.
  • El personal al servicio de dichos gobiernos es de carácter funcionario en todos los casos en los que las funciones a desempeñar afectan directamente al interés general, a la imagen de la institución y a la información o el servicio servicio público que esta ofrece.
  • Con el tiempo desaparece la demagogia, el intento de manipulación, y la instrumentalización de las desgracias y otras malas noticias, incluso en las cuentas personales.

Todo esto lo pusimos ya de manifiesto el año pasado en las en las I Jornadas de Comunicación de las AAPP:

A mayor abundamiento, y como señala Amalia López Acera en su blog:

“…hay que empezar a tener claro que en las cuentas institucionales de las administraciones públicas no se puede hacer política. Que se ha hecho hasta ahora y se hace, de acuerdo, pero hay que dejar de hacerlo.

Y como hay muchos que creen que esto no va con ellos, ya tenemos la primera sentencia judicial en la que se condena a un gobierno por utilizar las redes sociales de una administración pública para hacer política.

Hablamos de la llamada sentencia #PageCumple. Durante un tiempo el Twitter oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha utilizaba el hashtag #PageCumple en todas sus publicaciones, con lo que se quería transmitir la idea de que todo lo que se hacía desde el Gobierno de Castilla-La Mancha era mérito del Presidente Emiliano García-Page. Pues bien, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado a este gobierno y ha señalado que no se puede hacer comunicación política en las cuentas institucionales y pide al perfil institucional de Twitter de la Junta de Castilla-La Mancha que no vuelva a usar el hashtag #Pagecumple.

La sentencia argumenta que el uso del perfil oficial del Gobierno de Castilla-La Mancha “supone una ventaja clara en el juego político que rompe con la necesaria neutralidad de los medios públicos, sin olvidar que los mismos se encuentran financiados por recursos públicos y que la labor de redacción se encarga a empleados al servicio de las administraciones públicas“.

Pues eso: “La publicidad institucional debe quedar claramente desmarcada de la propaganda de los partidos políticos, tanto en el fondo como en la estética utilizada” (art. 4.3 de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional).

En definitiva, no confundamos la ética y la estética. Casi todos los gobernantes quieren mostrar (e incluso demostrar) que son muy transparentes, o dicho de una manera un tanto infantil pero muy gráfica: que son “altos, rubios y con los ojos azules”. Pero muchas veces no es verdad, sino la práctica de la preeminencia del parecer sobre el ser. Parecer sin ser es ridículo; le pillarán. Pero cuidado, ser para parecer tampoco es el camino (deportista, alto, rubio y con los ojos azules es Urdangarín, y una vez un señor dijo de él que su conducta era “no ejemplar”). Mucho mejor es ser para servir, o simplemente ser para ser. No se preocupe, que el ciudadano no es tonto y finalmente pondrá a cada cual donde le corresponda. Y si no lo hace tiene otros cuatro años para reflexionar. Deje que madure.

Y también mucho mejor es rendir cuentas. Lo mejor y lo verdaderamente transparente. La comunicación institucional es informar. E informar es decir la verdad. Decir no solo lo que hacemos bien sino también lo que quizá hemos hecho mal y simultáneamente asumir un compromiso firme e inmediato de mejorarlo. No somos perfectos pero el ciudadano tampoco nos pide que lo seamos, solo que seamos honrados y gestionemos aceptablemente bien los asuntos que nos competen y que a ellos conciernen. Sin embargo, en un alarde de miopía, muchos responsables públicos aún no lo han entendido. Tratan de dominar los medios, cual dictador de una República bananera del s. XX; tratan de mantener a toda costa su (¿buena?) imagen reputacional, quizá para que les vuelvan a votar dentro de cuatro años (o de 3, 2 ó 1). Pero falta mucho para eso. Incluso ahora, que faltan tan solo unos meses, sigue faltando mucho. Ya llegará la campaña electoral, pero antes hay que gestionar. Gestione bien, practique el buen gobierno hasta el último segundo. Y si su gestión es convincente ya le votarán. Es como estudiar mucho hasta el día de antes del examen. En nuestra mano está el ir bien preparados. Luego entran en juego otros factores, pero poco más podemos hacer. Si el resultado no es el esperado vuelva a intentarlo en otra ocasión. O retírese, siempre le quedará la satisfacción del trabajo bien hecho.

En la cultura de la apariencia los gobernantes se lavan las manos en público solo para que parezcan limpias. Pero lavarse las manos es algo que uno debería hacer en privado, sin que nadie le viese. Deberíamos lavarlas para tenerlas limpias de verdad, libres de gérmenes. Los microbios no se ven, porque son muy pequeñitos. Las manos pueden parecer limpias y no estarlo.

© Todos los derechos reservados. Nosoloaytos. Web oficial de Víctor Almonacid Lamelas 2018. Aviso legal.

Anexo. ¿Qué es publicidad institucional?

Según el art. 2 de la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional:

1. Es publicidad institucional la promovida por las administraciones públicas y realizada para:

  • a) Promover valores y conductas que consoliden la democracia, la libertad, la convivencia, la igualdad y la solidaridad.
  • b) Informar a la ciudadanía de sus derechos y sus obligaciones y de los servicios, las actividades y los programas de los que pueda hacer uso.
  • c) Fomentar actitudes y comportamientos cívicos en la ciudadanía con relación a bienes o servicios públicos de carácter educativo, cultural, social, sanitario, de fomento del empleo y otros de naturaleza equivalente.
  • d) Difundir información sobre los derechos y deberes de la ciudadanía y los servicios, actividades y programas de los que se puede beneficiar.
  • e) Anunciar medidas de prevención de riesgos, de orden o seguridad pública o de evitación o reparación de daños que afecten a las personas, su salud o sus bienes, y al medio natural.
  • f) Anunciar medidas en caso de situaciones de emergencia o catástrofe, así como las acciones a llevar a cabo por las personas afectadas para su protección.
  • g) Difundir los procesos electorales y fomentar el ejercicio del derecho al voto.
  • h) Difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad o repercusión social, aconsejan su conocimiento general.
  • i) Difundir ofertas de empleo público.
  • j) Difundir actitudes cívicas en beneficio de la colectividad y los valores de convivencia y solidaridad entre los ciudadanos y ciudadanas.
  • k) Contribuir a la difusión y mejora de la Comunitat Valenciana y de su patrimonio histórico y cultural.
  • l) La promoción de los propios valores, imagen o señas de identidad del territorio o la población de la administración anunciante.
  • m) Apoyar a los sectores económicos valencianos, mediante la promoción de la comercialización de productos valencianos, especialmente en el exterior de la Comunitat Valenciana, y de acciones que impulsen a nuestra Comunitat como destino turístico.

2. En todo caso, no se considera publicidad institucional la realizada en el trámite de cualquier expediente administrativo.

3. Las campañas institucionales y las publicaciones institucionales se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés ciudadano público y en el ejercicio de competencias propias.

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