¿Qué responsabilidad tienen una Administración y sus empleados “por no ser electrónicos”?

¿Qué responsabilidad tienen una Administración y sus empleados por no aplicar debidamente la Ley de procedimiento (lo cual prácticamente equivale a decir “por no tramitar de forma electrónica”)? Mucha, y no creo que ni el más ingenuo piense que alguien que se sienta agraviado por una mala tramitación administrativa vaya a esperar a 2020 para defender sus intereses. Dejaremos a un lado, para no asustar más de la cuenta, el resto de alusiones legales a las distintas responsabilidades en las que puede incurrir una entidad pública, sus autoridades y empleados públicos, centrándonos exclusivamente en los distintos preceptos de la Ley de procedimiento que regulan la cuestión. A saber:

  • Derecho de cualquier persona a exigir las responsabilidades “de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente” (art. 13. f) .
  • Responsables de la gestión de los registros. “Las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles” (art. 16.1.4º párrafo).
  • Responsabilidad en la tramitación. “Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la Administración Pública de que dependa el personal afectado” (art. 20).
  • Responsabilidad por no resolver dentro de plazo. “El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo” (art. 21.6).

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    Resumen visual de los artículos referidos. Fuente: Depositphotos
  • Derecho de los interesados a conocer la identidad de los responsables de la tramitación. Y en concreto: “A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos” (art. 53.1.b).
  • Responsabilidad patrimonial. Con base en el art. 106.2 de la Constitución, se exige por cualquier perjuicio, en sentido amplio, que un mal funcionamiento de la Administración ocasione en los bienes, derechos o incluso intereses de los particulares. Especialidades procedimentales en los arts. 65, 67, 81, 91, 92.
  • Responsabilidad por un inadecuado impulso del expediente (ojo que puede ocasionar la remoción del puesto de trabajo).
    1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.
    2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria del infractor y, en su caso, será causa de remoción del puesto de trabajo.
    3. Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los plazos establecidos (art. 71).
  • El “chivato” del gestor de expedientes respecto de la responsabilidad en los actos de instrucción. “Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos” (art. 75.2).
  • Responsabilidad derivada de la presentación de alegaciones durante el procedimiento. “En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria” (art. 76.2).
  • Responsabilidad por no emisión de un informe dentro de plazo. “De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra d) del apartado 1 del artículo 22” (art. 80.3).
  • Los convenios no afectarán a las responsabilidades. “Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos, ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos” (art. 86.4).
  • Responsabilidad del órgano que dicta un acto administrativo de darle trámite a un recurso de alzada contra dicho acto. “El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior” (art. 121.2).
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