Matizando el lenguaje coloquial… ¿Qué conductas son realmente delitos?

Habrán escuchado decir (o leído en los medios, pseudomedios y RRSS) que Fulanito es un sinvergüenza o Menganita una corrupta. Ustedes mismos habrán dicho alguna vez que Manolito es un ladrón o Agapita una enchufada. O quizá hayan participado en un animado debate de bar en el que se decía de Andresito que había falsificado el currículum o de Anita que ha plagiado, sin duda, su tesis doctoral. Bien. La mayoría de estas conductas, incluso resultando probadas, no son delito. Según el artículo 10 de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (modificada en “materia de corrupción” por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo): “Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. Tipicidad se llama esto. En la presente entrada vamos a intentar arrojar luz sobre 10 coloquialismos muy manidos, aclarando si son delito o no y en qué condiciones lo son, no vaya a ser que a base de repetir 1000 veces una barbaridad se convierta en cierta para la mayoría (no sería la primera vez).

1.- Corrupción: NO.

No existe un “delito de corrupción” propiamente dicho, al menos en el sentido coloquial que habitualmente se maneja, ya que dicho delito no está tipificado por la ley. Sí se tipifican, no obstante, los “Delitos contra la Administración pública”, y es esta referencia legal la que debemos tener en cuenta cuando se habla de corrupción.No obstante, estamos con Manuel-Jesús Dolz Lago (fiscal del Tribunal Supremo), cuando afirma en su artículo “Corrupción en la vida pública: Los delitos de tráfico de influencias y cohecho (publicado en la web del Consejo General de la Abogacía Española, CGAE):

La inexistencia de una sistematización de los delitos relacionados con la corrupción política bajo un mismo Título identificativo de un nuevo bien jurídico protegido, como es la protección contra la corrupción política, que abarca mucho más que la simple objetividad e imparcialidad en el ejercicio de la Función Pública, por cuanto la corrupción política socava los cimientos del Estado de Derecho, dificulta la persecución de estos delitos y, en muchas ocasiones, hace ineficaz la lucha contra los mismos.

Por ello, es evidente la necesidad de incorporar estos delitos a un Título específico del Código Penal, dentro de su Libro Segundo, que abarcara todos los delitos relacionados con la corrupción política, dado que este concepto es el relevante dentro del injusto típico, el cual excede a la protección de la Administración Pública, tal y como hoy se encuentra regulado.

Nos referimos a aspectos sustantivos, como los delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y autoridades, abusos en el ejercicio de la función, malversación de caudales públicos y fraude a la Administración Pública, y procesales, como la problemática de los aforamientos.

Por tanto, hasta que de lege ferenda se subsane este problema regulatorio, para saber por qué las cárceles están repletas de personas genéricamente denominadas “corruptos”, debemos atender esencialmente a las figuras típicas contenidas en el Título XIX del Código Penal (“Delitos contra la Administración pública”). A saber:

2.- Prevaricación: SÍ.

El Código Penal (CP) habla de prevaricación y otros comportamientos injustos. Castiga la conducta de la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. También se extiende este delito a la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello. En este tipo de delitos especiales (aquellos para cuya comisión es necesario que el autor tenga una determinada cualificación, personal o profesional, en el agente) las penas son asimismo especiales, combinando la prisión con con las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

3.- Revelación de secretos oficiales: Depende. 

El CP regula el delito de infidelidad en la custodia de documentos. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. También se aplica a la autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso, y que a sabiendas destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización. También recoge el CP el delito de violación de secretos: la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años, pena que se agrava hasta la prisión si de la revelación resultara grave daño para la causa pública o para tercero, o si se tratara de secretos de un particular. corrupcion-forges

4.- Cohecho: SÍ. 

He aquí la conducta típica más famosa, entendida popularmente como sinónimo de corrupción o “mangoneo”, consistente en la recepción o solicitud, por parte de autoridad o funcionario público -y en provecho propio o de un tercero, por sí o por persona interpuesta-, de una dádiva, favor o retribución de cualquier clase. También cuando acepta ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Se trata de un delito de bastante gravedad, punible hasta con seis años de prisión, además de las consabidas multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito. Los tipos atenuados se refieren a los supuestos de recepción o solicitud de dádiva para realizar un acto propio de su cargo, como recompensa del ya realizado, o simplemente en consideración a su cargo o función. Hablando un poco más coloquialmente, digamos que el cohecho es como una prevaricación a cambio de un regalo. Además de dinero: coches, bolsos, trajes, smartphones, jamones y hasta viagra, han sido las dádivas que han llenado las páginas de los diarios los últimos años. Eso sí, pocas veces se mencionaba el tipo penal (“cohecho”), siendo mayoritariamente utilizados los términos “soborno”, “amaño”, “tongo” o “mordida”. Por lo demás, este Capítulo V del Título XIX del CP, fue, por su rabiosa y triste actualidad, uno de los más afectados por la citada L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

5.- Tráfico de influencias: SÍ. 

Digamos que el tráfico de influencias es el tipo penal del coloquialismo “enchufe” (también podría serlo la prevaricación, que casi siempre supone un cierto enchufismo). El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero, incurrirá en las penas de prisión de seis meses a dos años, multa del tanto al duplo del beneficio perseguido u obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. Si obtuviere el beneficio perseguido, estas penas se impondrán en su mitad superior.

6.- Malversación: SÍ.

La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 del CP (administración desleal) sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

7.- Plagio: Depende. 

un plagio es una copia, un calco total o mayoritario, y en todo caso sustancial. La copia puede ser literal o hacerse mediante paráfrasis. Lo importante es que se produzca una especie de robo o usurpación de la identidad del trabajo ajeno; de todo lo novedoso o talentoso que pueda haber en él. Y hay ánimo de usurpación, sin duda, cuando el autor de la obra plagiada no cita ni al autor original ni la fuente, lo cual demuestra su voluntad de robarle la autoría, el mérito o el ingenio. El que plagia quiere hacerse pasar, en definitiva, como el nuevo autor. Menos grave, a nuestro juicio, es omitir únicamente el entrecomillado en los textos (aunque sea más que conveniente entrecomillar). Cuando además de todo lo anterior existe el ánimo de lucro, y la copia, reproducción o difusión se realiza sobre una obra debidamente registrada a nombre de una persona que ostenta la titularidad del derecho de propiedad (intelectual) sobre la misma, y dicha persona no lo autoriza, estamos ante un delito. Véase nuestra entrada ¿Qué es un plagio?.

8.- Fraude: Depende.

Esta es una palabra muy utilizada en el lenguaje popular (fraude, fraude fiscal, defraudador…). En el Código Penal existen los llamados delitos de defraudaciones, siendo el más conocido de ellos la estafa (o delito de estafa), palabra por cierto bastante manoseada también en el lenguaje coloquial. Centrando la cuestión en los cargos públicos, estamos ante un delito únicamente si se incurre en el tipo penal de Fraudes y exacciones ilegales. La autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público, incurrirá en las penas de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. Al particular que se haya concertado con la autoridad o funcionario público se le impondrá la misma pena de prisión que a éstos, así como la de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por un tiempo de dos a siete años. Otro tipo similar, dentro del mismo delito, es aquel en que incurre la autoridad o funcionario público que exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos o en cuantía mayor a la legalmente señalada. Esto, para entendernos, es lo del famoso tres per cent del Gobierno Pujol.

9.- Falsificar el Currículum: Depende.

En principio no lo es, pero presentar un documento falso en un concurso público sí podría serlo. Tener la cara dura o mentir, en abstracto, no lo es.

10.- Máster “regalado”: Depende.

Un Máster que ha sido excesivamente bien puntuado para los méritos demostrados por el alumno no origina, en principio, delito. La calificación debe ser siempre defendible desde una discrecionalidad técnica razonable,  no completamente arbitraria (en este sentido opinamos que se podría “tumbar” judicialmente un examen de matemáticas que dé por buena la respuesta de que 2 y 2 son 5, valga el ejemplo flagrante). La misma reflexión valdría para las tesis. Sí puede ser delito, desde luego, la falsificación de un expediente académico. Cambiar un suspenso por un aprobado supone, en principio, un delito de prevaricación (ya visto), muy fácil de demostrar por cierto cuando queda rastro electrónico de la acción, y más difícil desde luego en el peligroso mundo de los papeles que van y vienen. Podría ser incluso un delito de cohecho o cohecho impropio, si se considera que la dádiva o prebenda que se da u ofrece a cambio de un favor (o “en consideración a su cargo”) es la titulación académica, que en este caso equivaldría al clásico jamón.

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Anexo I. Más información.

 

Anexo II. Otras conductas tipificadas en el Código Penal.

  • Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.  La autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a siete años.
  • Abusos en el ejercicio de su función. Será castigado con la pena de prisión de uno a dos años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a 12 años, la autoridad o funcionario público que solicitare sexualmente a una persona que, para sí misma o para su cónyuge u otra persona con la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad, ascendiente, descendiente, hermano, por naturaleza, por adopción, o afín en los mismos grados, tenga pretensiones pendientes de la resolución de aquel o acerca de las cuales deba evacuar informe o elevar consulta a su superior.
  • Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos; y desobediencia y denegación de auxilio. Ubicados también en el Título XIX, no se erigen exactamente en “delitos de corrupción”, pero sí lo serían en sentido amplio si por la misma se entiende cualquier incumplimiento intencionado de las funciones y responsabilidades públicas.
  • Prevaricación “urbanística”. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses (art. 320 CP). También la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos (art. 322 CP), y la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio (art. 329 CP).
  • Financiación ilegal de los partidos políticos (Título XIII bis CP, introducido por la L.O. 1/2015, de 30 de marzo). Será castigado con una pena de multa del triplo al quíntuplo de su valor, el que reciba donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.Uno de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos.
  • Alteración de precios en concursos y subastas públicas.  Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública; los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses, así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años. Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos, se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá, en todo caso, el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período de tres a cinco años (art. 262 CP).

 

Anexo III. Falsedades.

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