Nuestra aportación a la Ley de prevención de malas prácticas

Esta semana hemos comparecido (vía telemática, desde Ibiza) en la ponencia de les Corts Valencianes creada para el estudio del Proyecto de Ley de la Generalitat, de inspección general de servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.

Esta ley en tramitación de la Generalitat Valenciana aparece como una medida legislativa claramente encaminada a la lucha contra la corrupción, desde un triple punto de vista:
1. Establecer la competencia, funciones y principios de actuación de Inspección General de Servicios.
2. Crear el sistema preventivo de alertas dirigido a detectar irregularidades y malas prácticas administrativas, en el ámbito de la gestión pública de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
3. Establecer las relaciones de colaboración con el resto de órganos e instituciones de control, tanto internas como externas.

Su ámbito subjetivo de aplicación es es el de la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental, entendiendo éste en los términos definidos en la legislación de la Generalitat reguladora del sector público instrumental.

A continuación compartimos públicamente unas notas que resumen lo que fue nuestra aportación:
  • Valoramos positivamente la oportunidad de la Ley, pero debe tener en cuenta los principios de la better regulation recogidos en la Ley de procedimiento a fin de no sobrecargar con duplicidades el ordenamiento jurídico, además de ser coherente con el mismo. En este sentido se debería tener en cuenta lo establecido en otras leyes, e incluso establecer la coordinación de los mecanismos de inspección y alertas regulados en la norma que debatimos con los establecidos en el resto de normas sobre control y fiscalización de la acción política y administrativa.
  • La ley se aplica en principio a la Generalitat y su sector instrumental. Podría valorarse su aplicación a la Administración Local, bien desde el principio o al menos en un momento posterior en el que se haya verificado la eficacia del sistema de alertas.
  • Debería ponerse en valor el perfil de funcionario de carrera, profesional, desde dos puntos de vista: a) que se cubran de forma correcta las plazas cuya provisión está reservada a los mismos; b) que se asegure la participación de estos funcionarios profesionales e independientes en las fases iniciales de los procedimientos y de los proyectos, integrando en su caso en los mismos trámites específicos de control previo, ya que las normas tienen establecidos, por lo general, mecanismos de control a posteriori, y una ley preventiva como la presente debería potenciar las medidas a priori. Todo ello sin solapar, como apuntábamos, lo ya establecido en otras leyes, como por ejemplo la Ley de Contratos del Sector Público, que prevé estos trámites o informes en la fase de preparación de los contratos.
  • Entre los funcionarios aludidos en el punto anterior, se encuentran los funcionarios con habilitación de carácter nacional, Secretarios, Interventores y Tesoreros, los cuales merecen mención especial por nuestra parte por representar el paradigma de aquella profesionalidad e independencia. Se considera interesante que sean tenidos en cuenta de cara a la buena aplicación de las medidas previstas en esta Ley, máxime si finalmente se amplía su ámbito de aplicación a la Administración Local.

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    Un momento de nuestra comparecencia telemática
  • La ley se apoya en la cooperación y colaboración de las distintas instancias públicas, las cuales se relacionarán en todo caso por medios electrónicos, porque en todo caso lo dice la Ley de Régimen Jurídico (se echa de menos alguna mención a la misma). Sí se menciona en el Proyecto de ley que nos ocupa el uso de bases de datos, a fin de remitirlos o trabajar con ellos, por lo que se consideran imprescindibles las correspondientes alusiones legales a la citada Ley de Régimen Jurídico, a los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad, y a la LOPD (ahora también en tramitación) en este último caso para el supuesto de que los datos tengan la consideración de carácter personal. Cualquier tratamiento de los mismos deberá hacerse conforme a la citada normativa. En todo caso, si entre las funciones o potestades públicas de una institución, como la Inspección General de Servicios o la Agencia Antifraude, se encuentra la de fiscalizar los actos o expedientes de otras instancias públicas, existe un deber de “puesta a disposición” de los datos (expresión más propia que la de “remisión”), conforme a la Ley de régimen jurídico y los citados Esquemas (ENS y ENI).EF0B614E-D36A-427B-BCA7-2CB86039AAE8
  • Las referencias a las Leyes de procedimiento y régimen jurídico (así como los Esquemas) no deberían ser las únicas alusiones a la administración electrónica, ya que del mismo modo que poníamos en valor el ejercicio de una función pública profesional e independiente, debemos hacerlo igualmente, en lo formal, con el procedimiento y el documento electrónico. La trazabilidad, el rastro electrónico y la fehaciencia temporal de los procedimientos y los certificados electrónicos son la mejor herramienta preventiva, por lo que la ley debería insistir de algún modo en el uso de este formato como “buena práctica”, en cumplimiento de las leyes citadas, de procedimiento, y también como modus actuandi del quehacer administrativo, incluyendo las relaciones extraprocedimentales.Todo ello sin perjuicio de lo señalado anteriormente por lo que respecta a las relaciones interadministrativas o interinstitucionales, en cuanto a la cooperación/colaboración y puesta a disposición de datos e información, que deriven de la presente ley.
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ACTUALIZACIÓN. Ley 22/2018, de 6 de noviembre, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.

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