Contratación pública: ¿cómo se verifican los poderes de representación de los licitadores?

Recuerdo vagamente los tiempos de administración no electrónica (en mi caso hace más de una década) cuando algunas personas pagaban una tasa al Ayuntamiento a cambio de que un servidor, como fedatario, realizara compulsas (es esa cosa absurda que hacíamos antes de las copias auténticas) o bastanteos de poderes. Ahora me suena a medieval.

No obstante, lo del bastanteo no parece ser una cosa tan antigua habida cuenta del protagonismo que aún ocupa en el procedimiento administrativo. Esta web de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia define muy bien lo que era (perdón, lo que aún es):

1. ¿Qué es el bastanteo de poderes?

Es el documento en el que se acredita la comprobación por parte de la Administración de que las facultades o poderes de una o varias personas físicas son suficientes para actuar en nombre y representación de una determinada persona jurídica en la realización de determinadas actuaciones ante la Administración Regional, sus Organismos Autónomos y sus Empresas Públicas Regionales.

2. ¿Quién realiza el bastanteo de poderes?

Corresponde al Servicio Jurídico de la Secretaría General de cada Consejería, o en su caso, de los Organismos Autónomos y Empresas Públicas Regionales, el bastanteo de poderes legalmente exigibles para la participación en procedimientos de contratación convocados por la Administración Regional, sus Organismos Autónomos y las Empresas Públicas Regionales y para la suscripción de los convenios autorizados por el Consejo de Gobierno.

Una vez efectuado el bastanteo por uno de los Servicios Jurídicos previstos en el párrafo anterior, éste surtirá efectos en el resto de las Consejerías, Organismos Autónomos y Empresas Públicas Regionales.

El bastanteo de poderes para prestar avales y seguros de caución a favor de la Administración Regional corresponde en exclusiva al Servicio Jurídico de la Consejería de Economía y Hacienda.

3. ¿Qué documentos se tienen que aportar?

Para realizar el bastanteo se requiere aportar escritura original o copia legitimada por notario del poder, donde resulten claros los datos de identificación (nombre y DNI) del apoderado, así como las facultades que ostenta, debiendo constar que dicha escritura está inscrita en el Registro Mercantil (salvo que se trate de un poder especial para un expediente de contratación específico).

El bastanteo de poderes está sujeto a la tasa T010 (Tasa General de la Administración), regulada en el Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas, Precios Públicos y Contribuciones Especiales, y las cuotas están sujetas a actualización anual; con un importe para el año 2007 de 16,27 € (bastanteo), más 1,02 € (copia compulsada), lo que hace un total de 17,29 € (si solicita más copias compulsadas se incrementará 1,02 € por cada compulsa adicional).

Se facilitará un teléfono de contacto por el solicitante del bastanteo para comunicar posibles deficiencias en la documentación aportada, susceptibles o no de subsanación, así como para comunicar la realización del bastanteo a efectos de su recogida, previo pago de la tasa correspondiente.

En fin, DNIs por aquí y tasas por allá…

¿Cómo se hace esto (o se debería hacer) hoy en día?

Ante todo cabe recordar quién puede actuar por medio de representante. Este tipo de cuestiones generalistas se responden siempre en la Ley de Procedimiento: “Los interesados con capacidad de obrar”. Y tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

  • Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
  • Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
  • Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

No obstante lo cual, de entre las anteriores, solo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas. Cuando, por así determinarlo la normativa aplicable, se le requirieran al contratista determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u otros para poder participar en el correspondiente procedimiento de adjudicación, estos deberán ser acreditados por el licitador al concurrir en el mismo. Los contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato (art 65 LCSP). Además, en los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la Ley de Contratos, el contratista también deberá acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la prohibición de contratar a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 71.

Todos estos extremos deberán quedar acreditados en el expediente de contratación, incluido el de los contratos menores: “Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.” (art. 131.3 LCSP).

LCSP
Qué faena das…

¿Y qué es o qué supone la representación? La representación o apoderamiento es una habilitación que los ciudadanos o las personas jurídicas pueden otorgar a terceros para actuar en su nombre en determinados trámites o actuaciones. Una vez acreditada la representación las actuaciones administrativas posteriores se entienden con el representante, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Otras cuestiones que resuelve la Ley de Procedimiento (y que habrá que interpretar dentro del contexto del procedimiento de contratación) son las siguientes:

  • ¿Quiénes pueden actuar en representación de otras personas? No solo los profesionales, sino cualesquiera personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas.
  • ¿Cuándo debe acreditarse la representación? Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación.
  • ¿Cómo debe acreditarse la representación? La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. No obstante, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran.

Ello nos lleva a la figura clave en esta cuestión: el Registro Electrónico de Apoderamientos Apodera. Este Registro Electrónico de Apoderamientos (REA) permite, por medios electrónicos, hacer constar y gestionar las representaciones que los interesados otorguen a terceros, con el fin de que éstos puedan actuar en su nombre de forma electrónica ante la AGE y/o sus organismos públicos vinculados o dependientes. Obviamente las Entidades Locales pueden (e incluso deben) utilizar esta misma herramienta, debiendo tener en todo caso un registro de apoderamientos (que también puede ser propio). La persona o empresa que actúa como poderdante puede apoderar a cualquier otra persona o empresa para que actúe en su nombre. Y puede crear un apoderamiento sobre un trámite o una categoría de trámites, consultar sus apoderamientos, revocarlos o modificar la vigencia de éstos. A su vez, la persona que actúa como apoderado puede representar a cualquier otro ciudadano o empresa, confirmar apoderamientos para trámites, consultar sus apoderamientos o renunciar a los mismos. Por lo demás, se trata del registro mencionado en los artículos 5 y 6 de la Ley de Procedimiento, y en desarrollo de la misma encontramos las siguientes normas (fuente):

Otra herramienta esencial, en este caso específica del procedimiento de contratación, es el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, el cual estará interconectado y será interoperable con el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

 

En efecto, los órganos de contratación consultarán el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para verificar la inscripción de los poderes. Si los poderes no estuvieran inscritos, consultarán subsidiariamente los registros generales de apoderamientos de las Administraciones Públicas. La consulta a dichos registros se realizará a través del Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado.

Una regla importante es que en caso de discrepancia entre los poderes inscritos, prevalecerá el inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público frente a los inscritos en cualquier otro registro de apoderamientos. (art. 337.4 de la la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

Volviendo a la Ley de Procedimiento:

  • ¿Como queda constancia de la representación en el expediente de la representación? El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos.
  • ¿Qué es una habilitación para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados? Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento.

También queremos referirnos a Representa. Se trata de otro servicio de la AGE que permite disponer de un punto común para la validación de la habilitación e identidad de los profesionales asociados a colectivos de representación de personas físicas o jurídicas. Dicha representación y habilitación permite la tramitación de un procedimiento administrativo en nombre del ciudadano. Representa permite: comprobar si un representante pertenece o no a un colectivo profesional, o lista de colectivos, y si está adherido a un determinado convenio que habilite a dicha persona; comprobar los tipos de trámites administrativos que puede realizar una persona en representación de otra; comprobar el estado (Activo, Inactivo, Temporal…) de una persona que pertenece a un determinado colectivo profesional; comprobar si una persona pertenece o no a un subcolectivo dentro de un colectivo profesional. Representa proporciona la información de representación a través de un servicio web. Este servicio web recibe un NIF y opcionalmente una lista de colectivos y convenios, y devuelve información sobre los colectivos a los que pertenece.

Por último una reflexión: el mayor uso y en algunos casos la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas potencia la figura de la representación. La representación, el REA, Representa… cobran un gran protagonismo en el procedimiento, ya que determinadas personas están obligadas a relacionarse con la administración por medios electrónicos ex art. 14.2 de la Ley de Procedimiento (lo cual da un nicho de mercado para los abogados, asesores, asesores fiscales y otros profesionales que realizan gestiones, ahora electrónicas, en nombre de otros), y en general se potencia la figura de la representación de los interesados. Este fenómeno ya estamos viendo, de forma incipiente, con la facturación electrónica. En la Ley 39 se incluyeron nuevos medios para acreditar la representación en el ámbito exclusivo de las Administraciones Públicas, como son el apoderamiento apud acta, presencial o también electrónico, y la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública u Organismo competente. A tal efecto se dispone, como hemos visto, la obligación de cada Administración Pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos, pudiendo (e incluso debiendo) las Administraciones territoriales en aplicación del principio de eficiencia, adherirse al del Estado.

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2 respuestas a “Contratación pública: ¿cómo se verifican los poderes de representación de los licitadores?

  1. […] 6) Aplicar la simplificación burocrática en la acreditación de la capacidad y solvencia. Siempre decimos que implantar la administración electrónica no consiste en un simple cambio de formato que suponga realizar de forma electrónica exactamente los mismos trámites que realizábamos en papel. Tampoco deberían coincidir el número de documentos obrantes en los nuevos expedientes, porque sin interoperabilidad y simplificación no hay administración electrónica. “La perfección se alcanza, no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando ya no queda nada más que quitar.” (Antoine de Saint-Exupery). En materia de contratación, los órganos de contratación deben incluir en los pliegos, junto con la exigencia de declaración responsable que sustituye la vasta documentación que exigíamos otrora sobre capacidad y solvencia, el modelo al que deberá ajustarse la misma. El modelo que recoja el pliego seguirá el formulario de documento europeo único de contratación (DEUC) que figure en la página web de e-Certis en el momento de elaborarse los pliegos. Sobre el DEUC véase el “El Documento Europeo Único de Contratación (DEUC)”. Además, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento abierto simplificado deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (conocido como ROLECE). Téngase en cuenta asimismo la herramienta APODERA, de la AGE (véase al respecto “Contratación pública: ¿cómo se verifican los poderes de representación de los licitadores?”). […]

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