El inestable futuro (a corto y medio plazo) de la Administración

Publicado originalmente bajo el título “2018, el año en el que por fin cambió la Administración” (El Mundo, 15/01/2018).

2018 es un año en el que las Administraciones Públicas deben dar el salto definitivo al S. XXI, dado que ya finaliza el supuesto plazo máximo (en nuestra opinión debió hacerse mucho antes) para la implantación de las Leyes 39 y 40 de 2015, que respectivamente regulan el procedimiento y el régimen jurídico de las entidades públicas estableciendo claramente un funcionamiento electrónico… Ojo, para la Administración y a nivel interno, porque el esforzado contribuyente, si es persona física, puede seguir relacionándose presencialmente con las nuevas y mejoradas Oficinas de Asistencia en materia de Registro (OAR). Faltaría más. Otra ventana, la de la Sede electrónica de la Administración, se abre definitivamente. Porque el ciudadano no tiene el deber, pero sí el derecho de relacionarse con la Administración de forma telemática. El Reglamento de desarrollo de las Leyes citadas, ahora en tramitación, definirá detalladamente los requisitos de identificación y acceso necesarios, si bien nosotros sin duda abogamos por sistemas ágiles de identificación electrónica en lugar del cuestionado eDNI.

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Por otra parte, aunque muy relacionado, entrará en vigor la nueva legislación sobre contratación y sobre protección de datos. Sobre la primera, se dice que la nueva Ley de contratos es la que más decididamente lucha contra la corrupción, principalmente también a través de la tramitación electrónica (ya saben, lo electrónico deja rastro) y de la rendición de cuentas. Y lo hace incluso de manera más decidida que la Ley de transparencia de 2013, cuyo Reglamento de desarrollo, por cierto, también verá la luz este nuevo año.

En cuanto a la protección de datos, la nueva Ley Orgánica incorporará las novedades del Reglamento Europeo, incluyendo todo un catálogo de derechos de los ciudadanos (en el que destaca el famoso «derecho al olvido»), y algunas obligaciones para las AAPP, que deberán tener, por ejemplo, un Delegado de Protección de Datos. Esta protección de datos, además, deberá hacerse de modo compatible con la transparencia pública y con la propia apertura de los datos (Open Data), lo cual supondrá no solo un instrumento potencial para la participación ciudadana sino también un importante motor para la economía emprendedora.

En este escenario de numerosos cambios legales lo importante es el servicio público, poniendo en el centro a la persona. Por todo ello, yo no utilizaría la expresión recurrente de decir, como hemos escuchado, que 2018 es el año en el que entra en vigor la administración electrónica, sino que más bien es el año en el que la Administración entra en el s. XXI (con casi dos décadas de retraso). Y si no entra… Está muerta: blockchain (sobre todo), AI (inteligencia artificial) y robótica, fehaciencia electrónica, machine learning (aprendizaje automático), cloud (nube), big data, lobbies, “empresas sociales”… Habrá competencia, concurrencia, como en otros sectores, y la Administración no parece muy competitiva, la verdad, para el caso de que tenga que competir. Y en todo caso vaticinamos que en el medio plazo, y aún haciéndolo todo bien, morirá… Desaparecerá por lo menos en cuanto a su faceta burocrática de emisión de permisos, certificados y registros. No se trata de una privatización, sino de una evolución. También de una europeización. En este sentido parece claro que el modelo anglosajón (o abierto) de administración pública encaja mejor en la modernidad y en el Derecho europeo que el continental (o burocrático), probablemente con la importante excepción de los servicios asistenciales.

Ójala la Administración sea capaz de implantar toda esta la normativa; la que según algunos entra en vigor el año nuevo y no antes (Ley de Procedimiento), y también la que de verdad entra en vigor en 2018 (Ley de Contratos, Ley Orgánica de Protección de Datos), sin perjuicio de que la mayoría de las nuevas normas vienen en realidad de Directivas europeas que son anteriores. Y si no lo hace… Bien, no veo que al ciudadano le quede mucha paciencia.

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