10 medidas para reducir el déficit de un Ayuntamiento

Vaya por delante que el servicio público no siempre se puede valorar en términos de coste, sino en términos de valor añadido y calidad, de modo que los servicios relacionados con la sanidad y los propios servicios sociales ecajan “regular” con los tan manidos principios de economía y eficiencia, e incluso con los más recientes sostenibilidad, racionalidad y estabilidad presupuestaria, y con conceptos artificiales como coste efectivo. Dicho lo cual, obviamente la prestación de un servicio social o asistencial en ningún modo justifica el despilfarro público, por lo que de algún modo, deberá seguir siendo eficiente, sostenible y racional. Pero debemos asumir que la Administración presta (y debe prestar) servicios que jamás prestaría una empresa privada, porque son de muy dudoso lucro.

Esto significa que el servicio público tiende, per se, al déficit, lo cual unido al hecho de que en concreto las Entidades Locales están infrafinanciadas (quien fuera Comunidad Autónoma para tener el poder político de presionar), hace que nos encontremos Ayuntamientos en situación de pobreza, palabra que definitivamente vamos a acuñar por encima de déficit, pues lo cierto es que solo un porcentaje minúsculo del déficit público en España lo acumulan las Entidades Locales. A pesar de todas las dificultades: cada vez tenemos que hacer más cosas con menos dinero, sí podemos tomar medidas sencillas para optimizar recursos. Y no hablaremos de los clásicos Planes de Saneamiento Financiero y similares, sino de:

1. Ser eficientes. Mucho mejor que ser austeros. Tampoco encajan bien los principios de austeridad total y de servicio público. Es al menos mi opinión. Un Alcalde que no gaste nada no es un buen Alcalde. Debe hacer cosas por su comunidad vecinal. Mejor, por tanto, que no gastar nada, es gastar con inteligencia. Y la inteligencia viene de la estrategia, que será el siguiente punto. En cuanto a la organización y funcionamiento de la Entidad, deben estar orientados hacia la total eficiencia, y es aquí donde entra también la política de RRHH a la que ut infra nos referiremos.

2. Planes estratégicos o simplemente estrategia. Reconozco que hace años era más partidario de los grandes Planes. Ahora veo que dan mucho trabajo porque hay que redefinirlos continuamente y además no siempre se pueden cumplir. Pero de la estrategia no debemos escapar. Un amigo siempre me decía que debemos apostar al rojo o al negro, pero no a los dos, y mucho menos a ninguno. ¿A qué jugamos? Evidentemente influye el programa político, y las políticas públicas a desarrollar, pero seamos coherentes, pues cuando los esfuerzos se dispersan se pierden recursos.IMG_8372

3. Subvenciones. Cuidado que vienen con trampa. Hablábamos del insuficiente sistema de financiación local, en el que uno de los problemas es que está apoyado erróneamente en subvenciones finalistas (adiós corresponsabildiad fiscal) que, en mi opinión, solo deberíamos pedir si el objeto de la convocatoria coincide exactamente con una inversión o proyecto a desarrollar que ya teníamos previsto en la estrategia y en el Prespuesto. Pedir por pedir, no. En el mejor de los casos, luego tienes un pueblo hecho a retales.

4. Paquete de medidas económico-presupuestarias, financieras y fiscales. Tales como:

  • Refuerzo de los mecanismos de control y responsabilidad en la gestión municipal, incluyendo responsabilidades por incumplimiento de las Leyes de procedimiento, transparencia, contratos y subvenciones.
  • Aplicación de medidas tendentes a la estabilidad presupuestaria local.
  • Análisis de la repercusión económica de los ámbitos sectoriales de la actuación municipal, con especial atención al urbanismo y a los ingresos derivados de los activos inmobiliarios.
  • Mejora de la recaudación y del servicio de recaudación.
  • Obtención de rendimientos procedentes de bienes inmuebles.
  • Estudio de diversos aspectos fiscales: ¿qué impuestos paga el Ayuntamiento?, ¿cómo puede controlar sus deudas?, ¿se puede deducir el IVA soportado?

5. Organización de los servicios y de los recursos humanos.

  • Optimización en las formas de gestión de servicios públicos: elección de la forma adecuada, gestión indirecta como “preferida” por la LRSAL, amortización de servicios “impropios”, asociacionismo municipal en la prestación de servicios públicos, “gestión compartida”…
  • Planificación en materia de Recursos humanos: elaboración de instrumentos de planificación así como instrumentos de gestión de personal a partir de políticas eficientes de personal: cambios organizativos derivados de la administración electrónica, redimensión de algunos departamentos, reasignación de efectivos/optimización de la plantilla, retribuciones por objetivos o desempeño…
  • Efectiva implantación de la Administración electrónica en la organización y funcionamiento interno y externo de la Entidad, con la Oficina de Asistencia en Materia de Registros como piedra angular.

6. Gestión contractual eficiente.

  • Aplicación de medidas que fomenten una gestión contractual legal y eficiente en todas las fases de la vida de un contrato: pliegos de cláusulas administrativas ajustados a las necesidades, aplicación de criterios de adjudicación objetivos (sin desviarse de la ecuación calidad precio), licitación electrónica, control de los modificados y de los fraccionamientos ilegales, control de la contratacion menor (en relación con la Ley de transparencia)…
  • Aplicación del artículo 22 del aún vigente TRLCSP[1]. Y es que debería recurrirse sólo a la contratación cuando no sea posible atender a la necesidad con los propios medios de que se disponen, lo cual obliga a acudir al sector privado, pero no por capricho, sino por necesidad.
  • Fomento de la colaboración público privada (CPP), con especial mención de la Compra Pública Innovadora.

7. Plan de Eficiencia Económica. Más allá de su inclusión o no en un mecanismo de estas características (no confundir con el Plan de Ajuste), lo que realmente encierra son diversas medidas para reducir gastos y/o aumentar ingresos. A saber:

  • Reducción de gastos. Una medida muy concreta es la reducción del coste de los servicios, no en cuanto a su calidad, y sí en el coste, renegociando el precio pactado inicialmente con el contratista. Por ejemplo, el número de veces y los días en los que se recoge la basura de los contenedores puede optimizarse sin que el servicio sufra una merma, lo cual abarataría los costes en la prestación del servicio y consecuentemente el precio del contrato. Todo basado en cifras objetivas que obtenemos del big data. Proponemos la utilización de las modificaciones contractuales por primera vez a la baja. Una pequeña reducción (del coste) en todos los servicios podría constituir un gran ahorro total.
  • Aumento de ingresos. Entendemos que este mecanismo es más complicado. El problema de las Haciendas locales, además de su configuración constitucional teórico práctica, es el mismo problema que el de las Entidades Locales: tienen autonomía pero no el poder legislativo ni, en definitiva, el poder político de presionar, justo al contrario que las CCAA. Es por ello que la suficiencia financiera local, por desgracia, seguirá siendo la gran asignatura pendiente de nuestro Estado territorial. Medidas hay, no obstante para aumentar los  ingresos, como la utilización de las figuras contractuales que presentan sistemas de financiación más flexibles: concesión de obra, concesión de servicio y compra pública comercial y precomercial (dentro de la CPI), la venta de parcelas, la gestión de los llamados “bienes inmuebles especiales”, y algunas que se han propuesto en los últimos años lege ferenda, como la desafectación del PMS.

8. Buen gobierno. Desde un enfoque jurídico, Buen Gobierno es, por así decirlo, una parte de la Ley de transparencia. No solo de la Estatal, sino también de la valenciana, de la de La Rioja, y, con una nomenclatura que nos agrada, de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la administración pública gallega. En todo caso, si uno lee detenidamente los principios de buen gobierno listados en el art. 26 de la Ley estatal -tanto los principios generales como los principios de actuación-, observa, en efecto, una especie de repetición agrupada de diversas obligaciones que ya aparecen en normas como la legislación de incompatibilidades, la de procedimiento, la de contratos, la de régimen local o la contable. Pero sobre todo, como ya dijimos,Buen gobierno es hacer bien las cosas”.

9. Administración electrónica. ¿Pensaban que me la iba a dejar? ¡Qué poco me conocen! Además de la anterior mención a la contratación electrónica y por supuesto los cambios organizativos inherentes a la transformación digital, no nos cabe duda de que la efectiva implantación de la Administración electrónica ahorra recursos. De hecho ahorra muchísimo dinero. Para empezar, ahorra dinero en papel y en tinta. Adicionalmente ahorra dinero en recursos humanos, ya que el procedimiento electrónico realiza automáticamente trámites antes reservados a funcionarios, cuyas tareas se pueden reconfigurar y optimizar (notificaciones electrónicas versus “funcionario notificador”, entre muchas otras). Independientemente de todo lo anterior, los beneficios funcionales son evidentes. La Administración electrónica provoca un aumento exponencial en la productividad del trabajador y de la “empresa”. Esto hace que el sistema se convierta en más rápido y eficiente, y el tiempo es dinero. La reducción de costes es millonaria. Dede la óptica del ciudadano se produce una consecuente reducción de cargas administrativas. Es por todo ello que, relacionando Administración electrónica con Presupuesto, podríamos hablar de e-ficiencia.

10. Sentido común. Va incluso más allá del citado Buen gobierno. Miedo me da, y no es una reflexión política sino humana, ver una organización pública en manos de personas que ni siquiera han sido capaces de gobernar una casa, una familia o directamente su propia vida. El punto medio, el de la virtud, el que suele coincidir con la justicia y con el interés general, no suele estar en el tejado del mero populismo ni tampoco en el de “la Brigada Aranzadi”. Ni la egoísta tendencia hacia los intereses electoralistas, ni la interpretación fría y literal de una ley hecha por letrados del Estado poco puestos en el servicio público, van a solucionar los problemas de las personas. Gobernemos de forma valiente, ética, ponderada, y sin pensar en las críticas menos constructivas, que siempre las habrá. Recuerden la cita de Roosevelt. Gobernemos de forma sensata. Vean qué definición tan bonita:

 Sensatez
  1. nombre femenino
    Cualidad que tienen las personas que muestran buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones.

Pues eso.

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[1] “Los entes, organismos y entidades del sector público velarán por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los procesos de contratación pública, favorecerán la agilización de trámites, valorarán la innovación y la incorporación de alta tecnología como aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública y promoverán la participación de la pequeña y mediana empresa y el acceso sin coste a la información, en los términos previstos en la presente Ley” (art. 22.2 TRLCSP).
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