Pocos gestores públicos dudan a estas alturas de que una buena conectividad es la base de los servicios públicos de generación smart, pues a partir de la conexión universal se generan millones de datos que pueden ser útiles para todos, empezando por la propia Administración prestadora de servicios públicos.
Dicho de forma ampliada, el elemento tecnológico primordial para el desarrollo de los servicios inteligentes es la conectividad, porque aumentando y sobre todo controlando –en el buen sentido- las conexiones, la Administración obtendrá miles de millones de datos (Big data), bastantes de los cuales podrá compartir con el tejido social y empresarial (Open data), de modo que cada usuario de esta gran cantidad de datos podrá (re)utilizarlos en beneficio de sus intereses, siendo siempre los de la administración de carácter público, y los del resto a veces público (participación ciudadana) y a veces privado (emprendimiento).
En efecto, en cuanto a conectividad, por un lado opinamos que el “servicio municipal de WiFi” es poco menos que obligatorio si es que los Ayuntamientos quieren facilitar el uso de los medios electrónicos, siempre con ayuda de las Diputaciones claro está, y en los términos previstos en el art. 9.3 de la Ley General de Telecomunicaciones.
Lo bueno es que el WiFi será más y mejor, y ya podemos decir que va a experimentar una evolución en cantidad y calidad sin precedentes. En cantidad, porque llegará a todos los rincones del mundo, y en calidad, porque la conectividad 5G es algo inminente. Según la fuente Wikipedia, en telecomunicaciones, 5G son las siglas utilizadas para referirse a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil. Es la sucesora de la tecnología 4G. Actualmente se encuentra sin estandarizar y las empresas de telecomunicación están desarrollando sus prototipos, pero está previsto que su uso común ya sea en 2018. Hablamos de velocidades nunca vistas de descarga, mínimas de 20 Gbps, y 10 Gbps de subida, y una latencia de 4ms. Se pretende optimizar los dispositivos para hacerlo lo más eficiente posibles para el Internet de las cosas (IoT). Está previsto que todo el mundo utilice esta conectividad en 2025. En particular, el Proyecto METIS 2020 fue impulsado por un fabricante de automóviles y varias empresas de telecomunicaciones, y prevé llegar a un consenso mundial sobre el futuro sistema de comunicaciones móviles. A raíz de esto, en 2013, otro proyecto se inició, llamado 5Green, ligado al proyecto METIS y con objetivo de desarrollar redes verdes 5G Móviles. Aquí, el objetivo es desarrollar directrices para la definición de la red de nueva generación con atención especial a aspectos de eficiencia energética, sostenibilidad y acessibilidad.
En cuanto al Big Data, nos permite tomar decisiones inteligentes. Como bien señala Borja Adsuara constantemente, los datos no pertenecen a nadie, deben circular, pero garantizando la intimidad y el honor, que es lo que la Constitución protege. La forma de hacerlo es garantizando la protección de los datos asociados a las personas, abriendo la veda a la libre circulación de los datos disociados. El Internet de las cosas (IoT), también llamado “fase 4.0”, tiene mucha relevancia para el servicio público. Nos da una información cuantiosa y de calidad que nos permite reajustar el servicio público de acuerdo con la “experiencia de cliente”. Carl Sagan dijo: “Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es sólo información, sino también juicio, la manera en que se recoge y maneja la información”. Y hablando de inteligencia, la próxima parada en el viaje de la Humanidad por la Historia es inteligencia artificial (cuyas siglas “oficiales” AI, por cierto, coinciden con Administración Inteligente).
Una buena parte de esa gran cantidad de datos se abrirá al gran público. El Open Data permitirá, en efecto, una participación de calidad. Como hemos indicado, para cubrir las necesidades y demandas de los ciudadanos que, legítimamente, no deseen participar o colaborar en lo público, la Administración acudirá igualmente a ese customer experience. En cuanto a los más activos, se dimensionarán las estructuras organizativas y funcionales de forma orientada a la participación de las personas: ciudadanos, asociaciones, empresas, empleados públicos y otros actores de lo público.
Lo importante siempre será la mejora de la calidad de vida, y esta será la razón de ser última de cualquier institución pública. Poco quedará de esa Administración emisora de certificados, puesto que el Blockchain ocupará ese lugar.
Nosoloaytos 