¿En qué se diferencian la consulta popular y la iniciativa popular?

Se trata de dos mecanismos de participación ciudadana en los Ayuntamientos, obviamente construidos a imagen y semejanza de las instituciones constitucionales del referéndum y la iniciativa legislativa popular. Están previstos, respectivamente, en los arts. 71 y 70.bis (incorporado en 2003) de la LBRL. Tienen puntos en común, e incluso las iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, pero se diferencian esencialmente en el origen de la iniciativa, municipal en el primer caso y ciudadana en el segundo.

Así, por un lado, según el citado art. 71, de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma[1], cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para ello, los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos, con excepción de los relativos a la Hacienda local.

Se trata de un mecanismo avanzado de participación, equiparable por analogía al referéndum[2] estatal, el cual, al contrario que el de «iniciativa popular», ya estaba previsto en la redacción original de la Ley 7/85, además de en numerosas Ordenanzas de Participación Ciudadana. No obstante, su utilización real hasta ahora ha sido mínima. La práctica parece confirmar que la mera encuesta popular representa un mecanismo más «útil» a los intereses políticos, ya que también constituye un instrumento de «sondeo de opinión», y además su resultado no vincula. Obviamente, el avance de las nuevas tecnologías da mucha cancha a estos mecanismos de participación (ya dentro de la llamada participación 2.0), a través esencialmente de “encuestas electrónicas”, realizadas como consulta popular o no, y en todo caso celebradas con todas las garantías de seguridad y fehaciencia (sugerimos articular mecanismos de identificación electrónica utilizando como censo el electoral o el propio Padrón, normalmente).

Si hablamos de ese otro ámbito participativo que no es stricto sensu una consulta popular del art. 71, la cual además de ser muy formal excluye los asuntos relativos a la Hacienda local, un ámbito en el que la consulta ciudadana resulta especialmente recomendable, siempre que se utilice de un modo correcto, es el de los presupuestos participativos o la priorización de las inversiones. Véase en todo caso al respecto el documento “10 principios de la participación ciudadana en las políticas fiscales“.

Por otro lado, la Ley 57/03 añadió un nuevo apartado h) al epígrafe primero del art. 18 LBRL (derechos de los vecinos): ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el art. 70 bis. No obstante, aunque ambos preceptos [18.h) y 70 bis] se añaden por la citada Ley, cabe aclarar que no estamos ante un derecho nuevo y original, sino en todo caso «nuevo» en la LBRL, ya que también aparece regulado, desde hace muchos años, en numerosas Ordenanzas de Participación Ciudadana, como la antigua Carta de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, que recogía el derecho de «iniciativa ciudadana».

Por su parte, el mencionado art. 70 bis, dispone en su apartado 2:

«2. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio:

  • a) Hasta 5.000 habitantes, el 20%.
  • b) De 001 a 20.000 habitantes, el 15%.
  • c) A partir de 20.001 habitantes, el 10%.

Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del Secretario del ayuntamiento, así como el informe del Interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del Ayuntamiento. En los municipios de gran población el informe de legalidad será emitido por el Secretario General del Pleno y cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico, el informe será emitido por el Interventor general municipal. Todo ello sin perjuicio de la legislación autonómica en esta materia. Además, tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el art. 71.

presupuestosparticipativos
Participación ciudadana, uno de los pilares del Gobierno abierto

Como indicamos al principio, si al hablar de la consulta popular decíamos que se trataba de un derecho equiparable por analogía al referéndum constitucional, debemos concluir que el derecho de iniciativa popular resulta por su parte equiparable a la iniciativa legislativa. No obstante, se trata de una figura independiente que presenta sus propios caracteres. Destacaremos su triple objeto, ya que la iniciativa se puede referir a propuestas de acuerdos, propuestas de actuaciones, y proyectos de reglamentos, todos ellos a su vez referidos necesariamente, como es lógico, a materias de la competencia municipal (como ocurría con la consulta popular).

Anexo. Regulación en la Carta de participación ciudadana del Ayuntamiento de Alzira:

TÍTULO SÉPTIMO

DE LA INICIATIVA CIUDADANA

 

Artículo 32.-

1. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales, en nombre propio o a través de entidades o asociaciones, podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el 10% de los vecinos del municipio.

  1. Tales iniciativas deberán ser sometidas a debate y votación en el Pleno, sin perjuicio de que sean resueltas por el órgano competente por razón de la materia. En todo caso, se requerirá el previo informe de legalidad del Secretario del Ayuntamiento, así como el informe del Interventor cuando la iniciativa afecte a derechos y obligaciones de contenido económico del Ayuntamiento.
  2. Tales iniciativas pueden llevar incorporada una propuesta de consulta popular local, que será tramitada en tal caso por el procedimiento y con los requisitos previstos en el Título Sexto de la presente Carta.

Artículo 33.-

En sus Presupuestos anuales, el Ayuntamiento tendrá en cuenta las iniciativas ciudadanas aprobadas, cuidando de que todas ellas dispongan de dotación presupuestaria suficiente para poder llevarlas a efecto, todo ello sin perjuicio de los informes a los que se refiere el apartado 2º del artículo anterior.

 TÍTULO OCTAVO

DE LA CONSULTA POPULAR

 

Artículo 34.-

  1. El Alcalde, previo acuerdo de la mayoría absoluta del Pleno y con la autorización del Gobierno de la Nación, podrá someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de la comunidad vecinal, con la sola excepción de los relativos a la Hacienda Local.
  2. En los demás casos en los que no sean preceptivas las formalidades indicadas en el apartado anterior, el Ayuntamiento tiene la potestad de consultar con la ciudadanía cualquier otra cuestión de interés local, a fin de recabar su opinión.
  3. Las consultas populares referidas en este artículo se celebrarán preferiblemente por medios electrónicos. Se garantizará que dichos sistemas gocen al menos de las mismas garantías jurídicas que los sistemas de participación tradicionales, utilizando para ellos sistemas de identificación electrónica fehacientes para el ejercicio del derecho al voto.

Artículo 35.-

La consulta popular contemplará, en todo caso:

  1. El derecho de todo ciudadano censado a ser consultado.
  2. El derecho a que la consulta expresa las posibles soluciones alternativas con la máxima información escrita y gráfica posible.

Artículo 36.-

  1. Corresponde al Ayuntamiento realizar los trámites pertinentes para la celebración de la consulta sobre materias propias de su competencia.
  2. También podrá solicitarse la celebración de consulta popular, previa a la resolución de los acuerdos interesados, por iniciativa ciudadana, de conformidad con lo previsto en la presente Carta y en la legislación vigente.
  3. En lo no previsto en el presente Título, se estará a lo dispuesto en la legislación estatal o de la Comunidad Autónoma, en especial de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, Reguladora de las distintas modalidades de Referéndum.
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NOTAS AL PIE:

[1] Véase la controvertida pero interesante Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum. Los artículos 1 a 30 fueron suspendidos de vigencia y aplicación por Providencia TC de 15 de febrero de 2011. Recurso de inconstitucionalidad n.º 8912-2010, en relación a los artículos 1 a 30, 43 y 45 de la Ley de Cataluña 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum («B.O.E.» 23 febrero). Más adelante, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó levantar la suspensión de los artículos 1 a 30, 43 y 45 de la Ley, mediante Auto de 9 de junio 2011 .

[2] Y de hecho esta forma de participación aparece con el nombre de «referéndum» en algunas normas sobre participación ciudadana, como la propia Carta Europea de Autonomía Local (art. 3.2), o la Carta de participación ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, que se refiere al «referéndum consultivo sobre asuntos de interés local».

 

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