¿Qué es una “empresa mixta”?

La manera más sencilla de definir “sociedad mercantil de capital mixto” (expresión sinónima pero mucho más precisa que “empresa mixta”) es la de forma de gestión indirecta de los servicios públicos que supone la creación de una mercantil cuyo capital han aportado y pertenece a dos o más entidades públicas y privadas, al menos una de cada clase (arts. 85.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LBRL,  y 277.d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el aún vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, TRLCSP).

Como notas características de dicha forma de gestión podemos destacar las siguientes:

  • No es posible respecto de los servicios que impliquen el ejercicio de autoridad.
  • La necesidad de que el servicio tenga un contenido económico, ya que “la Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por particulares” (art. 275 TRLCSP).
  • Se trata de una fórmula contemplada legalmente para dos posibles supuestos: la gestión de un servicio público (de carácter económico), que suele ser lo más habitual; y también la iniciativa pública económica (arts. 95.1 y 97.1.b) TRRL) siempre en régimen de libre concurrencia, y no de monopolio en este caso, por ser inaceptable para el Derecho europeo tal posición respecto del capital privado.
UE2

Las sociedades  de capital míxto pueden ser una fórmula muy válida de colaboración público privada, pero Europa opina, con razón, que en España se han utilizado para “huir del Derecho administrativo”, o como decimos nosotros: “huir del Derecho, en general“.

Por lo demás, al tener su base en la colaboración de capital público y privado, debe resaltarse la especial naturaleza de estas sociedades. Según BROSETA PONT –Manual de Derecho Mercantil, Ed. TECNOS S.A., Madrid-, “en estas sociedades se respeta la base personal colectiva –existen dos o más accionistas-, lo cual podría hacer pensar que desde un punto de vista jurídico nada les separa o distingue de las restantes sociedades anónimas privadas, y que le es plenamente aplicable el régimen jurídico contenido en la LSA. Sin embargo, un atento examen de la realidad nos pone de manifiesto que en ellas existen singularidades y derogaciones a aquel régimen, entre las que, debido a la presencia en su seno de un ente público, destacan las siguientes: las acciones se declaran intransmisibles o se someten a un procedimiento especial para su enajenación; las modificaciones de los estatutos suelen condicionarse a una autorización administrativa; los administradores representantes del ente público suelen nombrarse fuera de la Junta General y, normalmente, por un acto administrativo; los accionistas públicos suelen reservarse un derecho de veto sobre los acuerdos de la Junta General y del Consejo de Administración, que reduce la soberanía y debida autonomía de estos órganos; y, finalmente, en estas sociedades late frecuentemente un conflicto entre el interés del capital privado y del capital público”. Por todo ello el autor califica estas sociedades como “sui generis”.

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Publicado el enero 8, 2017 en Ayuntamientos, CPP. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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