¿Puede una Administración controlar a sus trabajadores mediante cámaras de videovigilancia?

Tal y como nos recuerda José Ramón Moratalla Escudero, en su indispensable entrada Las 12 sentencias relevantes en 2016 en Derecho TIC , uno de estos top 12 pronunciamientos es la Sentencia TCo nº 39/2016 EDJ 20055 –jurisdicción social. Asunto: Videovigilancia laboral. Caso del control de cumplimiento del contrato siendo innecesario el consentimiento del trabajador-.

En ella, el TCo rectifica la doctrina que exigía a los empresarios informar a sus trabajadores, de forma previa, expresa, clara e inequívoca, sobre la finalidad de instalar cámaras de captación de la imagen en los puestos de trabajo. Los trabajadores deben ser informados genéricamente de la instalación de cámaras pero sin necesidad de que el empleador concrete los propósitos de la medida y el alcance del tratamiento de esos datos personales (FJ 4 y 5). Se emiten votos particulares.

Esta postura adoptada por el Alto Tribunal vino a ser pocas semanas después refrendada por el fallo del Tribunal Supremo Sala 4ª, Sentencia de 7 de Julio de 2016, nº 630/2016, rec. 3233/2014. EDJ 2016/152179. ROJ: STS 4070:2016, ECLI: ES:TS:2016:4070. Pnte.: Calvo Ibarlucea, Mª Milagros.

Ante un caso de despido disciplinario por sustracción, el TS, apreciando contradicción, consideró apropiado el uso de videovigilancia (prueba videográfica).

Esta Sentencia viene a rubricar la doctrina apuntada por J.R. Mercader – a continuación seguimos a MERCADER UGUINA, J.R., “Control de los trabajadores y nuevas tecnologías (repensando la empresa panóptica)”, en Estudios sobre la modernización de la Administración Local: teoría y practica, ALMONACID LAMELAS, V. (Dir.), El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Madrid, 2009-, quien nos recuerda que existen cuatro instrumentos a disposición de la empresa —entiéndase también cualquier entidad pública— utilizables para el control electrónico de sus trabajadores: videocámaras, micrófonos, herramientas de seguimiento, y seguidores de rastros informáticos.

Sobre videovigilancia, la controversia jurídica pone en juego el balance de derechos entre la intimidad de los trabajadores y el poder de organización y control empresarial, facultad derivada del principio de libertad de empresa consagrada en el art. 38 CE. La premisa mayor del silogismo jurídico en esta materia pudiera ser la de que no hay norma que prohíba la instalación de cualquier aparato televisivo de control en el lugar en donde se preste el trabajo, pero esto no significa, que se apruebe y justifique cualquier emplazamiento de un aparato con posibilidad de control de los trabajadores.

En suma, la instalación de videocámaras por el empresario para el control de la actividad de los trabajadores y de los lugares de trabajo es legal, aunque tiene determinados límites: el primero, directamente derivado del art. 20 ET, es el de respeto a la dignidad del trabajador, si bien este derecho no puede considerarse violado por el mero hecho de la instalación de videocámaras. La doctrina ha construido el conjunto de restricciones a la instalación de los referidos sistemas de control, estableciendo los siguientes límites a su uso[1]:

1.º La laboralidad del control. El establecimiento de sistemas de videovigilancia queda limitado a finalidades de control y vigilancia de la actividad laboral, no pudiendo destinarse a fines distintos a los de mero control de la actividad de los trabajadores. De ello resulta que la facultad empresarial no comprende la publicación y difusión de las imágenes captadas, ni la conservación de las mismas una vez visualizadas, salvo que se haya apreciado infracción sancionable en cuyo supuesto podrán ser conservadas a los correspondientes efectos probatorios.

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2.º La limitada geografía del control electrónico. La instalación de las cámaras debe efectuarse exclusivamente en lugares de trabajo, puesto que dentro de la empresa existen lugares que sí están protegidos por el derecho a la intimidad (tanto en su vertiente individual, como colectiva), en concreto los espacios o elementos personales de los trabajadores, como servicios higiénicos, taquillas, armarios, salas de descanso, etc…, si bien en algún caso también se indica que no se encuentran comprendidas las puertas de acceso a los lavabos, a la sala de descanso, etc…, lo que demuestra cierta imprecisión sobre la topografía del control. En todo caso, los lavabos, baños o aseos de los establecimientos públicos, son una prolongación de la privacidad.

3.º El control de los representantes de los trabajadores sobre la implantación de sistemas de control. La instalación de cámaras debe ponerse en conocimiento de los trabajadores y/o sus representantes. El art. 64.1.4 d) ET exige informe previo del comité de empresa o delegados de personal en relación con la “implantación o revisión de los sistemas de control del trabajo”. La empresa, de acuerdo con el art. 64.2 ET, deberá informar a los representantes de los trabajadores cuando proceda a la instalación de cámaras de vídeovigilancia, proporcionando a los mismos las características definitorias del mecanismo de control empleado (criterio de instalación, finalidad, grabación o no de imágenes, acceso a las mismas, conservación, etc…), aunque en esta información no es obligatorio que esté incluida la concreta ubicación de las cámaras, siempre que se garantice el respeto a los espacios de la empresa o centro, vinculados con el derecho a la intimidad.

Existen cuatro instrumentos a disposición de la empresa —entiéndase también cualquier entidad pública— utilizables para el control electrónico de sus trabajadores: videocámaras, micrófonos, herramientas de seguimiento, y seguidores de rastros informáticos.

Observa MARTÍN MORALES[2], que en la práctica, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional valora, entre otros aspectos, lo siguiente: si las cámaras se instalaron indiscriminadamente o sólo en los lugares en que era efectivamente indispensable, si se llevó a cabo ese sembrado de cámaras sin ser estrictamente necesario, si la finalidad realmente perseguida era la que se alegaba, si el tipo de actividad que se desarrollaba en el centro de trabajo justificaba semejantes medidas de seguridad, si fueron grabadas circunstancias o personas ajenas a la relación laboral o irrelevantes desde la perspectiva del control de las obligaciones laborales, si los sistemas de vigilancia eran visibles o su instalación había sido subrepticia, si quedaron claramente fuera del área vigilada los lugares de descanso o esparcimiento de los trabajadores, los lavabos, los vestuarios, etc. —vid. SSTCo 98/2000  y 186/2000 —.

En todo caso, y como doctrina general, cabe concluir que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad[3]. El citado autor entiende necesaria una respuesta positiva a ese juicio de proporcionalidad para admitir la licitud de las técnicas de vídeovigilancia.

Por último recordar que la persona o entidad que prevea la creación de cualquier fichero de vídeovigilancia habrá de notificarlo previamente a la Agencia Española de Protección de Datos.

___________________________________________________________________

[1] J.L. GOÑI SEIN, La videovigilancia empresarial y la protección de datos personales, Pamplona, Aranzadi, 2007. N.D.A.

[2] El derecho a la intimidad: grabaciones con videocámaras y microfonía oculta Por RICARDO MARTÍN MORALES Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Granada Diario La Ley, Nº 6079, Sección Doctrina, 6 Sep. 2004, Año XXV, Ref. D-175, LA LEY 1752/2004.

[3] Sobre el juego del principio de proporcionalidad como límite al ejercicio de los derechos fundamentales, vid., M. MEDINA GUERRERO, La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales, Madrid, McGraw Hill, 1996, pp. 117 ss. Nos permitimos también remitir al estudio que con proyección en lo laboral en su día efectuamos sobre esta materia, J.R. MERCADER UGUINA, Poderes del empresario y derechos fundamentales del trabajador, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 1995, Cap. IV, II, 3, pp. 248 ss. Para una reflexión de conjunto sobre el criterio de ponderación y el juego del denominado “principio de prevalencia condicionada”, vid., J.M. RODRIGUEZ DE SANTIAGO, La ponderación de bienes e intereses en el Derecho Administrativo, Madrid, Marcial Pons, 2000, espec., Capítulo II. N.D.A.

Publicado el enero 5, 2017 en Administración electrónica, Ayuntamientos, Derecho, TIC, Uncategorized. Añade a favoritos el enlace permanente. Deja un comentario.

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