Valor jurídico de los pantallazos de ordenador como prueba de las comunicaciones electrónicas

Hoy compartimos la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2016, recurso 1004/2015 (Ponente: D. Octavio Juan Herrero Pina), que aporta una interesante doctrina en relación al valor jurídico de los pantallazos de ordenador como prueba de las comunicaciones electrónicas, para demostrar que estas se han producido dentro de plazo (todavía bajo la regulación de la ignorada Ley 11/2007, ya sustituida por la Ley 39/2015, pero que llegó a generar relevante jurisprudencia). En definitiva, las comunicaciones electrónicas se demuestran con algún sistema de fehaciencia electrónica que acredite la constancia de la recepción.

Fuente principal: Consejo General del Poder Judicial.

Metadatos:

Roj: STS 3375/2016 – ECLI:ES:TS:2016:3375
Id Cendoj: 28079130012016100079
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1004/2015
Nº de Resolución: 1649/2016
Procedimiento: CONTENCIOSO
Ponente: OCTAVIO JUAN HERRERO PINA
Tipo de Resolución: Sentencia

Consideraciones jurídicas (selección):

En efecto, esta Sala entiende que no pueden tenerse en consideración los documentos aportados por el recurrente junto con su demanda – copias de la pantalla de su ordenador- a los efectos de tener por válidamente interpuesto el recurso de alzada, pues, conforme cabe deducir del artículo 38.4 de la Ley 30/92 , ello requiere la efectiva presentación del escrito en el registro correspondiente, sin que baste la acreditación del envío o del intento del mismo para tenerlo por presentado. A mayor abundamiento, el artículo 27.3 de la todavía vigente Ley 11/2007, de 22 de junio , de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que regula las comunicaciones y notificaciones electrónicas establece que ” las comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas”, y en el presente caso, ninguna constancia existe de la recepción de la documentación ni de la fecha de la misma, más allá de la admisión del burofax por la oficina virtual de Correos el día 14 de abril de 2015 o del registro en el Consejo General del Poder Judicial del recurso de alzada el día 15 de abril de 2014, ambas fechas fuera del plazo de interposición.

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No ha viajado usted en una máquina del tiempo. Ahora el mundo del Derecho ha sido absolutamente penetrado por las TIC (Fotograma perteneciente al film “La máquina del tiempo”, UK 1960)

(…) en relación a las notificaciones llevadas a cabo vía correo electrónico, que el recurrente cuestiona, cabe recordar que la todavía vigente Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que regula las comunicaciones y notificaciones electrónicas, que debe entenderse comprendida en la remisión efectuada por el entonces vigente artículo 142.1 de la LOPJ – actual artículo 642- a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo establece en su artículo 28 que “para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización[…] ” y el artículo 36 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, establece en su apartado 6 que “se entenderá consentida la práctica de la notificación por medios electrónicos respecto de una determinada actuación administrativa cuando, tras haber sido realizada por una de las formas válidamente reconocidas para ello, el interesado realice actuaciones que supongan en conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación. La notificación surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice dichas actuaciones”. Así, atendidos los antecedentes fácticos expuestos, se concluye que el recurrente tanto consintió la utilización de medios electrónicos de comunicación con el Consejo General del Poder Judicial como tuvo puntual conocimiento del Acuerdo contra el que interpuso el extemporáneo recurso de alzada, lo que permite excluir cualquier tipo de indefensión y, por tanto de irregularidad invalidante alguna.

Anexo.  Texto completo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de julio de 2016, recurso 1004/2015

 

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