¿Es legal que los cuerpos de Policía Local refuercen el servicio de otros municipios?

Este es un supuesto “muy veraniego”, y es legal de acuerdo con lo que dispongan las leyes autonómicas sobre coordinación de las policías locales. Según la fuente EcoDiario.es, “los ayuntamientos andaluces han firmado un total de 648 convenios de colaboración durante 2015 y los meses transcurridos de 2016 para compartir sus cuerpos de Policía Local por un tiempo determinado cuando haya necesidad de reforzar el servicio, según recoge la estadística de la Consejería de Justicia e Interior, encargada de registrar este tipo de acuerdos”.

Estos convenios de colaboración permiten que policías locales, individualmente especificados, puedan actuar en otros municipios que no sean los suyos por un tiempo determinado, cuando por necesidades del servicio sea necesario reforzar la dotación de una plantilla.

La labor que lleven a cabo los policías locales fuera de su propio término municipal se tienen que hacer bajo la superior jefatura del alcalde del ayuntamiento donde presten su servicio. Además, el alcalde de ese municipio debe designar el mando operativo para esos agentes, en función de la naturaleza y peculiaridades del servicio.

policia-localLa colaboración entre cuerpos de Policía Local de diferentes municipios se incluye en el anteproyecto de ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, que ha pasado ya el primer trámite por el Consejo de Gobierno para actualizar la regulación de un colectivo integrado por más de 12.000 agentes en 529 municipios de la comunidad autónoma. En relación con las funciones de los agentes, el anteproyecto regula que la actuación de los cuerpos de policía local trascienda de su ámbito municipal en situaciones de emergencia y para la prestación de servicios conjuntos. En el texto se establece, por otra parte, que todos los municipios con población igual o superior a 5.000 habitantes deberán contar con una plantilla mínima de cinco agentes de policía local. El resto de las localidades podrán disponer de estos efectivos previa autorización de la Junta o bien atribuir las funciones a los denominados vigilantes municipales.

Por su parte, el artículo 38 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana regula la Provisión de puestos por causas estacionales y extraordinarias en los siguientes términos:

Los municipios que por especiales circunstancias tengan sobrecarga de servicios policiales en determinadas épocas del año, que no requieran un aumento permanente de la plantilla de la policía local, de acuerdo con sus previsiones presupuestarias, podrán reforzarla por medio de acuerdos bilaterales con otros municipios, con el fin de que los policías locales de éstos puedan actuar en el término municipal del solicitante, por un tiempo determinado y en régimen de comisión de servicios, en los términos que se establezcan reglamentariamente.

Todo esto no hace sino reforzar el mecanismo de la movilidad en la función pública -aunque sea provisional, como en estos casos, y preferiblemente definitiva-, una de nuestras insistentes reivindicaciones en esta materia. Dicho mecanismo se encuentra recogido en el RDLeg. 5/2015 de 30 de octubre, por el que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, de forma concreta en su art. 84, especialmente en la parte que dispone:

Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial u otros instrumentos de colaboración (epígrade 1º del art. 84 TREBEP).

Partiendo de este precepto, un estudio interesante es el realizado por el GRUPO DE TRABAJO SOBRE MOVILIDAD ADMINISTRATIVA (DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO) en 2013, cuyo texto completo se puede consultar aquí. En su apartado de conclusiones señala: “la opción finalmente elegida como herramienta de trabajo fue la de acudir a la vía convencional, línea ésta que es la que propone por otra parte el artículo 84 del Estatuto Básico del Empleado Público. Centrados ya los trabajos en la segunda opción barajada, la vía convencional, y aunque quedan muchas cuestiones abiertas de difícil solución, las principales conclusiones alcanzadas fueron las siguientes:

1 Posibilidad de establecer Acuerdos, bien de carácter bilateral, bien de carácter multilateral, en los que se identifique el colectivo al que van dirigidos y se establezca el principio de reciprocidad.

2 Establecer en el texto del Acuerdo de que se trate un cupo mínimo de puestos abierto a otras Administraciones Públicas, y en donde se determinen las características del mismo (sistema de provisión de los puestos que integran el cupo: concurso, libre designación).

3 De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, en caso de cese o supresión del puesto, el empleado público debería quedarse en su lugar de destino (por tanto, asignación de un puesto por la Administración de destino).

4 Facilitar y ampliar los traslados en supuestos de especial protección, como violencia de género y motivos de otra índole (familiares, salud,…).

5 Indicar que habrá algún tipo de proceso de “homologación” de formación o mínimos para la equivalencia de los puestos desempeñados en la administración de origen y la de destino”.

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